Basta entrar a redes sociales o acercarse a los medios para corroborar que, pese a los discursos triunfalistas de autoridades locales y federales, la violencia contra mujeres y niñas sigue sembrando muerte y destrucción. No es exagerado decir que México es un infierno para las mujeres, tampoco afirmar que los gobiernos mantienen una negligencia criminal, aun cuando resuelvan algún caso, en general por presión mediática. Si con la pandemia la situación laboral y económica de las mujeres ha retrocedido de 10 a 20 años (CEPAL), la persistencia de las violencias machistas agrava el deterioro de su vida personal y social.
Imposible e insoportable sería trazar aquí un panorama exhaustivo de las violencias cotidianas que degradan la vida y el bienestar de las mujeres. Llevamos años acumulando datos, analizando distintas manifestaciones de agresión, abuso y crueldad, planteando la urgencia de dar prioridad a la prevención para frenar esta espiral demoledora. ¿Cómo se responde a las denuncias y señalamientos? Con aseveraciones falsas sobre la dimensión de los delitos, con iniciativas punitivistas o con nuevas leyes, que de poco servirán mientras no cambien las fiscalías, no se castigue a los agresores y a funcionarios omisos o corruptos y no se actúe de manera integral contra la normalización de la violencia en el ámbito laboral y escolar, en la casa y en la calle, en los medios y en el discurso oficial.
Veamos sólo algunos ejemplos. A unos meses del feminicidio de Debanhi, que causó particular indignación por la usual culpabilización de la víctima por medios y autoridades, Ariadna, asesinada en la Ciudad de México y tirada en Morelos, fue revictimizada por diversos medios y usada como botín político por la máxima autoridad capitalina. ¿Dónde queda la justicia? Distorsionada o inexistente. En un descampado.
El feminicidio sigue siendo un delito negado, ocultado como homicidio doloso, culposo o suicidio, para no “alertar” a la sociedad. Quienes denuncian un intento de feminicidio o maltrato grave se siguen topando con MPs que les aconsejan no exagerar porque siguen vivas. Si quieren justicia, ellas, como las familias de chicas asesinadas, pasarán meses o años en procesos judiciales tortuosos. La madre de Ingrid Escamilla tuvo que perseverar más de dos años para que se dictara sentencia contra el asesino de su hija; Irinea Buendía ha esperado más de 12 años y aún no hay justicia para Mariana Lima. Ambos son casos mediáticos; del segundo se deriva una Sentencia de la SCJN que obliga a investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio desde 2015, aunque apenas el Ministro Zaldívar lo recuerde. Como afirma el OCNF, “justicia no expedita no es justicia”.
La negligencia de las autoridades ante el feminicidio desde los años 90, y la expansión de la violencia extrema, han favorecido su generalización e impunidad. Las consecuencias de la omisión o colusión ante el crimen son tan evidentes que indigna que el Estado pretenda seguir ocultando la magnitud de las violencias machistas y se aferre a “estrategias de seguridad” que no frenan ni al crimen organizado ni al “común”. Así, lo mismo que el feminicidio, se van multiplicando las desapariciones de niñas y adolescentes ante autoridades omisas, incapaces o desbordadas. Según datos de la REDIM en 2021, en este sexenio se ha triplicado la cifra de desapariciones de menores de 18 documentada para 2012-2018, en un 20% de estos casos no se ha encontrado a las víctimas, unos 710 se encontraron sin vida. Algunos casos recientes en la CdMx sugieren que, cuando la sociedad presiona, las autoridades logran ubicar a las víctimas. La semana pasada, por, fortuna, encontraron con vida a tres de cuatro niñas desaparecidas en Álvaro Obregón. ¿A cuántas más no han siquiera buscado? ¿En cuántos casos habrán argumentado que se fueron “por su propia voluntad”? Lo mismo se decía de las chicas desaparecidas en Cd. Juárez. Luego se les encontraba cruelmente asesinadas.
Además de la violencia letal y la desaparición (intermitente o de largo plazo), niñas, niños y adolescentes son víctimas de acoso y pornografía infantil sin que hasta ahora las autoridades hayan tomado medidas serias. Hoy, México es el segundo productor de material pornográfico que usa a menores de edad y el primer difusor de éste. Hace más de 15 años, Lydia Cacho se atrevió a denunciar redes de pederastia; desde hace años se han denunciado en medios el turismo sexual, el abuso sexual en escuelas. ¿Qué castigos se han impuesto a los criminales? ¿Se les ha buscado? ¿A quiénes beneficia esta impunidad?
En vez de descalificar y desoír las exigencias de justicia que sin duda resonarán hoy #25N en las calles del país, las autoridades deberían reconocer el hoyo negro que han contribuido a cavar, dar prioridad a la prevención con programas en escuelas y barrios, abandonar su fallida “estrategia de seguridad”, acabar con la impunidad de criminales y funcionarios/as omisos/as, cumplir con su obligación de garantizar la vida y los derechos de niñas, jóvenes y mujeres, de todas y todos nosotros.
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