¿Gobernar y vivir entre ruinas?
Terminado el desfile, ¿qué sigue para quienes no creen ciegamente en el discurso oficial que presume supuestos logros en todas o casi todas las dimensiones del devenir nacional? Si la ciudadanía crítica marchó en defensa del INE, ahora toca a los partidos de oposición rechazar la iniciativa de ley que pretende devolver el control de las elecciones (de nuestro voto) a un gobierno centralista y autoritario.
Mientras esperamos que el Poder Legislativo – incluidos los representantes de Morena- recuerden su compromiso de responder a la ciudadanía y cumplir con la Constitución (que les impone obligaciones y establece la división de poderes) y cualquiera que sea el resultado, toca a la sociedad ejercer su derecho a participar en la vida pública más allá de las elecciones. Toca también a quienes tienen poder de decisión ejercer la autocrítica.
Centrarse en denostar al presidente o a los y las gobernantes estatales no resolverá los problemas. Si acaso, contribuirá a profundizar la polarización fomentada desde el Ejecutivo. El “divide y vencerás” puede beneficiar al régimen – y sólo hasta cierto punto- pero en nada contribuye a la construcción de un país mejor para todos y todas. Hay asuntos que corresponden al Estado, en que este gobierno ha fallado, desde poner freno a la violencia criminal hasta surtir medicinas y recursos suficientes a hospitales y personas enfermas; desde proteger el medio ambiente hasta preservar y mejorar la infraestructura.
Hay otros en que la sociedad es corresponsable, aun cuando la mala gestión o la negligencia del gobierno obstaculicen cualquier mejora, desde respetar las leyes o las normas de tránsito hasta garantizar empleos dignos, libres de acoso y violencia; desde rechazar la corrupción hasta evitar la violencia en casa. En muchas áreas que no atañen sólo al Estado, la sociedad mexicana, en particular quienes tienen poder económico o pueden incidir en el ámbito laboral, en la educación o en la salud o en la justicia, quedan mucho a deber.
Pensemos sólo en la Ciudad de México. El gobierno (si así puede llamársele) ha ejercido con opacidad los recursos públicos, caído en subejercicios en rubros tan importantes como el Metro, ha dejado al garete la regulación del tránsito y ha debilitado la normatividad en materia de construcción y desarrollo urbano, ha callado ante la quema de combustóleo que nos condena a recurrentes contingencias ambientales (declaradas o no) que afectan nuestra salud.
¿Cómo ha respondido la ciudadanía? Quienes padecen el transporte público, con resignación ¿Y los concesionarios que podrían mejorar el servicio de autobuses? Aprovechan la negligencia gubernamental para seguir maltratando al público con unidades atiborradas, en mal estado y choferes que no respetan ni paradas ni límites de velocidad. Quienes circulan en la ciudad en auto, moto o bicicleta aprovechan la ausencia de agentes de tránsito para estacionarse en doble fila, pasarse el alto, mirar su celular, sin considerar a los peatones.
Empresarios que podrían contribuir a un mínimo equilibrio social y ecológico ignoran las regulaciones, tiran árboles, se apropian de calles, construyen monstruosos edificios, sin considerar las necesidades de agua, un bien básico limitado, del entorno. No hablemos de hospitales privados con precios excesivos y denuncias por acoso sexual de médicos, ni de escuelas privadas que fomentan el clasismo y/o la misoginia. Sí, el gobierno debería impedir excesos y abusos pero quienes pisotean las normas o los simples principios de respeto a los otros, por afán de riqueza y poder, bien podrían asumir su propia responsabilidad.
En el ámbito laboral hay así mismo cuentas pendientes. Existen normas laborales que deberían impedir el acoso laboral y sexual, garantizar condiciones de trabajo y salarios dignos. El gobierno las viola con sus sueldos “austeros” y jornadas ilimitadas pero el sector privado también acumula violaciones a la LFT, denuncias de violencia (que no atiende), y la crisis le ha servido para justificar disminución de personal y sueldos. Si al menos las empresas asumieran su corresponsabilidad, podrían mejorar la vida de millones de personas.
La lista de fallas es larga pero no se trata aquí de acumular ejemplos de vicios o ilegalidades. La pregunta es ¿qué país queremos? A los gobernantes y sus potenciales sucesores, por lo visto, no les importa(ría) acabar gobernando sobre ruinas. Nosotros, ciudadanos/as de a pie o privilegiados/as, ¿queremos también vivir entre ruinas?
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