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10/03/2026

Más tarde para casarse, más temprano para divorciarse: ¿qué dicen los datos del INEGI?

 

Las mujeres en México se casan cada vez más tarde, pero las desigualdades relacionadas con el trabajo y los cuidados permanecen. Las estadísticas de matrimonios y divorcios correspondientes a 2025, publicadas este 29 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que la edad promedio de las mujeres al contraer matrimonio llegó a 32.5 años, mientras que la de los hombres fue de 35.4.

Los datos también muestran una diferencia marcada en la participación laboral: 58.3% de las mujeres que contrajeron matrimonio declaró tener trabajo, frente a 94.4% de los hombres.

El contraste es todavía mayor entre quienes no participaban en el mercado laboral. De las mujeres en esta condición, 93.4% señaló que se dedicaba a los quehaceres del hogar. En el caso de los hombres, 77.6% declaró ser jubilado o pensionado.

Las cifras forman parte de la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2025 y la Estadística de Divorcios (ED) 2025, elaboradas a partir de registros administrativos de las Oficialías del Registro Civil y de los juzgados correspondientes.

Las mujeres llegan al matrimonio a mayor edad

Durante 2025 se registraron 491 mil 640 matrimonios en México, 1% más que en 2024.

Sin embargo, la tasa de matrimonios fue de 5.4 por cada mil habitantes de 18 años y más, menor a la registrada en 2016, cuando fue de 6.6.

La edad promedio también cambió durante este periodo. Entre 2016 y 2025, aumentó 4.1 años tanto para mujeres como para hombres.

En las mujeres pasó de 28.4 a 32.5 años, mientras que en los hombres pasó de 31.3 a 35.4 años.

El grupo de edad con mayor proporción de matrimonios para ambos sexos fue el de 25 a 29 años.

Quintana Roo registró la tasa de matrimonios más alta, con 8.6 por cada mil habitantes de 18 años y más. Le siguieron Campeche y Sinaloa, con 7.0 cada una.

En contraste, las tasas más bajas se registraron en Ciudad de México, con 3.0; Tlaxcala, con 3.3, y Guerrero, con 3.6.

El trabajo remunerado no se distribuye igual

Los registros del INEGI muestran una diferencia de 36.1 puntos porcentuales entre mujeres y hombres que declararon tener trabajo al momento de casarse.

Mientras 58.3% de las mujeres señaló que trabajaba, la proporción entre los hombres llegó a 94.4%.

Entre quienes sí tenían una actividad laboral, la posición más frecuente fue la de empleada o empleado: representó 77.8% entre las mujeres y 70% entre los hombres.

La segunda posición más frecuente fue el trabajo por cuenta propia, con 14.7% para las mujeres y 13.6% para los hombres.

Pero el dato que muestra con mayor claridad la división sexual del trabajo aparece entre las personas que no participaban en el mercado laboral.

En este grupo, 93.4% de las mujeres declaró dedicarse a los quehaceres del hogar, mientras que entre los hombres la principal actividad fue ser jubilado o pensionado, con 77.6%.

Los datos no permiten establecer por sí mismos las razones por las que las personas se encontraban fuera del mercado laboral, pero sí muestran una diferencia importante en las actividades declaradas por mujeres y hombres al momento de contraer matrimonio.

En 2025 hubo 155 mil divorcios

El INEGI registró 155 mil 254 divorcios durante 2025.

De estos, 88.3% se resolvió por la vía judicial y 11.7% por la vía administrativa. La tasa fue de 1.7 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más, la misma registrada en 2016.

La principal causa registrada fue el divorcio incausado, con 66.4% de los casos. Le siguió el mutuo consentimiento, con 32.5%.

La edad promedio al iniciar los trámites de divorcio fue de 41.1 años para las mujeres y 43.6 para los hombres.

La autonomía económica también aparece en los divorcios

Las diferencias en la participación laboral no desaparecen cuando termina el matrimonio.

En 2025, 52.9% de las mujeres divorciadas declaró que trabajaba, frente a 66.8% de los hombres.

Entre quienes tenían un trabajo, la posición más frecuente fue la de empleada o empleado: 80.1% de las mujeres y 72.8% de los hombres.

La estadística también muestra que las separaciones legales involucran dimensiones relacionadas con los cuidados. Entre los divorcios judiciales, 22.1% correspondía a matrimonios con una hija o hijo menor de edad; 15.7% tenía dos y 5.2% más de dos.

En 37.2% de los divorcios judiciales, la custodia de las hijas e hijos fue asignada a alguna de las personas divorciantes; en 5.7% se concedió a ambas.

La pensión alimenticia se asignó a las hijas e hijos en 37.7% de los divorcios judiciales.

Matrimonio y divorcio: más allá de las cifras

Durante 2025 hubo 491 mil 640 matrimonios y 155 mil 254 divorcios. Esto representó 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios, una relación que aumentó 5.9 puntos entre 2016 y 2025.

Las estadísticas muestran así transformaciones en la vida conyugal: las personas llegan al matrimonio a edades mayores y los divorcios continúan formando parte de las trayectorias familiares.

Pero, al observar los datos con perspectiva de género, también aparecen diferencias que trascienden el estado civil. La participación laboral de las mujeres sigue siendo menor que la de los hombres y, entre quienes no tienen un empleo, los quehaceres del hogar continúan concentrándose de manera marcada en ellas.

Los registros del INEGI permiten, de esta manera, mirar el matrimonio y el divorcio no sólo como acontecimientos personales, sino también como fenómenos vinculados con el trabajo, los cuidados y las condiciones económicas que atraviesan la vida de mujeres y hombres en México.

5/24/2016

En debate de nueva Constitución, los derechos de las capitalinas



   Candidatas y activistas se unen en defensa de garantías de género

De cara a los comicios del próximo domingo 5 de junio para integrar la Asamblea Constituyente que analizará y aprobará la Carta Magna de la Ciudad de México, las feministas hacen escuchar su voz para que la futura Constitución capitalina estipule, refuerce y garantice los derechos de las mujeres en esta urbe.

Ya sea por la vía partidista, independiente o a través de grupos civiles y sindicalistas, las mujeres han presentado una diversidad de propuestas con miras a que la ley suprema de la capital del país estipule la no discriminación y la no violencia, y preserve la conquista legal alcanzada en 2007 para decidir libremente sobre la maternidad.

La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputaciones, 40 por designación y 60 electas por la ciudadanía. Su función será analizar y aprobar el borrador del texto que elabora una Comisión Redactora, integrada por 28 especialistas, de los cuales 13 son mujeres.

“CONTRATO SOCIAL DE GÉNERO”

Así por ejemplo, una de las candidatas externas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Constituyente, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos planteó –al presentar sus propuestas en un evento organizado por el sol azteca capitalino– que el próximo texto constitucional debe ser un “contrato social de género”, que redefina normas de convivencia democrática, de desarrollo sustentable y solidario, además de los derechos de las mujeres.

Dijo que de llegar a la Asamblea pugnará porque las garantías a favor de las capitalinas estén “de manera integral y transversal, desde la primera hasta la última página” de la futura Carta Magna.

La autora de “Los cautiverios de las mujeres: madres, monjas, putas, presas y locas” tiene amplias posibilidades de lograr una curul, al ocupar el tercer lugar en la lista de candidaturas del PRD.

Lagarde es ampliamente reconocida como una de las principales teóricas del feminismo en México y América Latina. En 2003 fue diputada federal por el sol azteca y desde el Congreso redactó y promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se estipulan el delito de feminicidio y la Alerta de Violencia de Género (AVG), actualmente en operación en los estados de México, Morelos y Jalisco.

La también docente de la UNAM y fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres destacó que en la Constitución debe asentarse la obligación del gobierno local de realizar acciones puntuales y eficaces, para eliminar la desigualdad, la “supremacía masculina y la subordinación de las mujeres”.

A decir de la experta en género, la Carta Magna capitalina deberá incluir el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas, a la participación política en igualdad, a la educación y comunicación libre de estereotipos, a una vida libre de violencia, y a la libre expresión de ideas y de manifestación.

Marcela Lagarde acotó que algunas mujeres en la urbe ya gozan de los derechos sexuales, sociales, económicos, políticos o culturales alcanzados en la ciudad, pero otros son derechos aún anhelados y necesarios, que no goza la mayoría de las capitalinas.

La antropóloga también dijo que la Constitución será redactada con un lenguaje incluyente y respetuoso de la diversidad.

INDEPENDIENTES EN LUCHA

En el mismo tenor, las feministas y candidatas independientes Elsa Conde Rodríguez y Orfe Castillo Osorio, titular y suplente respectivamente, informaron que su plataforma de campaña se sustenta en tres ejes: autonomía económica, reproductiva y política para las mujeres.

Este lunes 16 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral otorgar el registro a ambas aspirantes, luego de que en un primer momento el INE invalidó las miles de firmas de apoyo ciudadano presentadas por Elsa Conde y Orfe Castillo, para acceder a las candidaturas independientes.

Conde fue diputada federal por el Partido Alternativa Social Demócrata y militó en México Posible, y ahora es integrante de la Red Mujeres en Plural y de otras campañas feministas.

En tanto, Orfe Castillo fue directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y actualmente forma parte de Asociadas por lo Justo y de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Fue también funcionaria en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Entre sus propuestas rumbo a la Constituyente, destaca la inclusión de principios ya vigentes en la ley como el Estado laico, y derechos en la ciudad como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como el matrimonio entre las personas del mismo sexo.

Igualmente, las candidatas han remarcado su posición a favor de los derechos sexuales y reproductivos, la libre orientación sexual, y políticas para conciliar la vida laboral y familiar, así como las escuelas de tiempo completo, todo a favor de las mujeres.

Ambas feministas apuestan a que la Carta Magna contemple principios rectores que se desarrollen luego en leyes secundarias en temas como la denuncia ante el acoso u hostigamiento sexual, o las políticas de movilidad y de justicia con visión de género.

DERECHOS LABORALES SIN REGATEOS

En paralelo, activistas y sindicalistas feministas propusieron que la próxima Constitución Política de esta capital estipule el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia y el acceso a la justicia laboral para las mujeres.

Integrantes de la Campaña Trabajo Digno y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) entregaron a Porfirio Muñoz Ledo, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución local, una propuesta ciudadana sobre derechos laborales con enfoque de género.

Norma Malagón Serrano, de la RMS, resaltó cuatro ejes primordiales que deberían quedar plasmados en la Constitución: el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia, y el acceso a la justicia laboral.

La sindicalista advirtió que otras propuestas en materia laboral rumbo a la Constituyente han omitido la necesidad de garantizar la estabilidad en el empleo para las trabajadoras, lo que se traduciría en hacer efectivo el acceso a la seguridad social para todas, y evitar despidos injustificados.

“Estos temas constituyen la raíz de la desigualdad laboral y salarial que enfrentan las mujeres”, observó la experta en Derechos Humanos laborales.

Asimismo, para integrantes de la Campaña Trabajo Digno otro tema ausente en las propuestas es el acceso a la justicia laboral con enfoque de género. Y es que –señalaron– las instancias judiciales juzgan todos los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo o violencia laboral como despidos injustificados, lo que “invisibiliza” las causas que originan estos abusos.

Y es que según datos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, en 2015 cerca de 10 mil solicitudes de asesoría por abusos laborales fueron de mujeres; más de 5 mil correspondieron a trabajadoras de entre 31 y 60 años, y más de 6 mil fueron de empleadas con un ingreso inferior a los tres salarios mínimos.

En los casos considerados como “especiales de género” se reportaron asesorías para trabajadoras del hogar, mujeres hostigadas, despidos por embarazo y discriminación.

Otra propuesta de la Campaña Trabajo Digno es que la Constitución reconozca para las trabajadoras del hogar remuneradas todos los derechos que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad social obligatoria y prestaciones, garantías que a nivel federal son negadas ante la falta de ratificación del Estado mexicano a ese convenio.

*Con información de Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rafael Maya Barradas*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-