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7/12/2019

Juan Collado operó fraude con Caja Libertad: FGR y Unidad de Inteligencia Financiera


La FGR y la UIF señalan al abogado Juan Collado –amigo de los expresidentes Salinas y Peña Nieto– de haber operado directamente el desvío ilegal de fondos de Caja Libertad a distintas entidades mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por medio de “un elaborado esquema operativo” para lavar el dinero. Los recursos se habrían triangulado a España y al paraíso fiscal de Andorra, revela expediente

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo ­–amigo de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de haber organizado un grupo para delinquir y, ante todo, de haber desviado fondos de la institución financiera Libertad Servicios Financieros, SA de CV LFD (Caja Libertad), de su destino legal y con ello configurar el delito de lavado de dinero.
La carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 señala que los activos defraudados se enviaron a distintas entidades mercantiles “justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos”. Los beneficiarios finales, aseguran ambas instituciones, fueron el propio Collado Mocelo y su socio José Antonio Rico Rico.
La UIF indica que, a partir de la denuncia interpuesta por el presunto defraudado –Sergio Hugo Bustamante Figueroa–, se comprobaron una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, SA de CV, y adquirido por Libertad Servicios Financieros.
Estas operaciones, refiere la institución encabezada por Santiago Nieto, podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el sistema financiero nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son.

La denuncia

Horas después de la detención del abogado de la familia Salinas de Gortari –ocurrida el pasado 9 de julio en la Ciudad de México–, la FGR señaló que los delitos imputados eran dos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó a Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, la declaración del denunciante, estados de cuenta [de Banorte y BBVA Bancomer] vinculados a la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, así como diversos recibos de pago y de transferencias de esa misma compañía directamente involucrada en la defraudación.
De acuerdo con el expediente de la causa penal 269/2019 –cuya orden de aprehensión consta de 141 páginas y de la que Contralínea posee copia–, la denuncia de hechos presentada por Bustamante Figueroa el 7 de junio de 2019 es la que revela la ruta de los presuntos crímenes, y los documentos aportados tanto por la UIF como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el  Servicio de Administración Tributaria la comprueban.
La testimonial de Bustamante Figueroa refiere que desde el 21 de abril de 2010 es accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, con participación del 50 por ciento del capital, mientras que el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.
Según la ruta del presunto fraude, la empresa adquirió un inmueble con superficie de 3 mil 877.17 metros cuadrados en la llamada Zona Comercial Centro Sur de Querétaro, donde edificó un inmueble de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento, con valor actual de 700 millones de pesos. Para entonces, el administrador único de la empresa era el señor J Guadalupe Aboites Hernández.
El denunciante señaló en su denuncia que, en Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 30 de julio de 2013 –“a la cual nunca fui convocado y mucho menos validé con firma alguna”– se hizo un cambio de accionistas a favor de José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.
Para el 25 de marzo de 2015, Cárdenas Rico otorgó un poder a José Antonio Vargas Hernández para vender en 156 millones de pesos el inmueble. Quince días después, Operadora de Inmuebles del Centro depositó a Juan Collado –presidente del Consejo de Administración–, 24 millones de pesos mediante transferencia SPEI.
Días antes, la empresa también realizó transferencias a Administradora Ario, SA de CV, con RFC AAR100302JM6, por 70 millones; dos a la empresa con RFC AAR100302JM6, por un total de 25 millones 750 mil pesos; a Despacho Integral de Inmuebles, con RFC DID121221JC7, por 1 millón 291 mil; y a la persona moral con RFC MRI110214BJA, por 493 mil pesos.
La denuncia señala que esos recursos pagados por la venta del inmueble y las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro “fueron sustraídos ilegalmente por el presidente del Consejo de Administración de la empresa Libertad Servicios Financieros, SA de CV, Juan Ramón Collado Mucelo, e inmediatamente retirados en diversas partidas a diversas empresas propiedad de José Antonio Rico Rico”.
E identifica a la contadora de Operadora de Inmuebles del Centro, Tania Patricia García Ortega, como quien administró, representó y firmó las cuentas donde se depositó el dinero a las diversas empresas de Rico Rico: Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles, y Administradora Ario.
El denunciante –Bustamante Figueroa– se enteró de la venta en marzo de 2015, último mes que recibió el pago del 50 por ciento de la renta del inmueble (852 mil pesos). “Se me informó que no pagarían la renta y que ya habían vendido el inmueble a Libertad Servicios Financieros”.
En abril de 2015, Bustamante se dirigió con la contadora García Ortega: “A quien le reclamé el motivo por el cual no se me había realizado el deposito correspondiente, manifestándome que me dirigiera con José Antonio Rico, ya que éste le había dado la instrucción de que no hiciera el depósito, según ella ignorando la razón”.
Al reunirse con éste, Rico Rico habría admitido la venta del inmueble “dado que había asumido el compromiso con Javier Rodríguez Borgio de venderle el edificio de mi propiedad, esto a razón de que Javier Rodríguez Borgio pretendía comprar la administración de Libertad Servicios Financieros, poniendo como condicionante la adquisición del inmueble”.
En una tercera reunión, Rico Rico le aseguró que Rodríguez Borgio (de los casinos Big Bola) ya no compraría la Caja Libertad porque “estaba bloqueado por el sistema financiero por sus antecedentes”. Y añadió que Collado fue quien compró la administración de sociedad financiera popular.
La condición para comprar el edificio fue que se le entregaran los 24 millones de pesos del total del precio de 173 millones 282 mil. De este último monto, se indica que 17 millones 282 mil pesos corresponden al pago de 16 por ciento del impuesto del valor agregado.
Luego de esto, Bustamante presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, y una demanda civil. El demandante observó que, a título personal, realizó sus propias investigaciones y descubrió que “a partir de la ilegal compra venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como España y Andorra”.
Agregó que el esquema al que se recurrió “es utilizado como método para blanquear el dinero, razón por la que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países antes mencionados, todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes en particular los de Juan Ramón Collado Mocelo y José Antonio Rico Rico, así como los familiares de ambos personajes”.
Según Bustamante, Caja Libertad “es utilizada para hacer movimientos financieros inusuales que seguramente constituyen graves delitos financieros, por ejemplo: créditos de montos muy altos con sustentos muy débiles, pagos de servicios como mantenimiento, seguros cobrados con los créditos, asesorías y todo tipo de servicio que se les ocurra, cuyos únicos beneficiados son los principales directivos”. Y entre éstos citó a Rico Rico y Collado Mocelo.
Aunado a lo anterior, señaló que la Caja Libertad “maneja un esquema de recompra de acciones a cada uno de los más de 1 millón de socios que el día de hoy forman la sociedad, dichos titulares de crédito están sujetos a compra hormiga, cuyos titulares finales son José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y compañía”.
Para el denunciante, ambos celebraron contratos con Rodríguez Borgio “(este último considerado el Zar de los casinos en México)” para conservar la propiedad de Libertad Servicios Financieros, “con el propósito o finalidad de hacerse ilícitamente de la propiedad y la mayor parte de las acciones de la institución financiera, todo con la complacencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

La conexión con Europa

En su relatoría, Bustamante sostuvo que Rico Rico y el licenciado Jesús Beltrán González le manifestaron verbalmente que “realizan transferencias al exterior muy cuantiosas y a diversos bancos en el país de España y de Andorra y en otras partes de Europa, a fin de ocultar recursos desde el punto de vista fiscal, el lavar dinero y además enviarlos a paraísos fiscales”.
Con dichos recursos obtenidos fraudulentamente, agregó, “han realizado compras fraudulentas de gran valor, como por ejemplo Plaza Bulevares en la ciudad de Querétaro, propiedad de Rico Rico y su socio Rodríguez Borgio, y a través de desarrollos inmobiliarios en diversas partes de la República”.
Para ello, indicó, utilizaban a los hijos y esposa del primero: José Antonio y Karla Denisse Rico García y Sandra Patricia García Olvera, “para ocultar sus propiedades obtenidas con los recursos ilícitos y las empresas que son de su propiedad que también participan en las conductas ilícitas son las siguientes: Plaza Plus, SA de CV; Accimax, SA de CV; y Maxiplus, SA de CV”.
Un día después de su detención y luego de que le fue dictada la privación de la libertad para que no evada la acción de la justicia, el 10 de julio Juan Collado renunció a la presidencia de Caja Libertad. Horas antes, la empresa mandó un comunicado asegurando que la institución no corría peligro por las investigaciones.
Para el juez Vázquez Rea, quien libró la orden de captura contra Juan Collado, José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República “son suficientes para establecer que se han cometido los hechos con apariencia de delito y que exista la probabilidad de que los indiciados los cometieron o participaron en su comisión”.
Nancy Flores

7/10/2019

Empresario liga a Salinas, Peña y al Gobernador de Querétaro en caso de lavado contra Collado


Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del ex Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, estarían involucrados en el caso de la Caja Libertad Servicios Financieros, que tiene hoy al abogado Juan Collado en prisión. La Fiscalía General de la República detuvo este martes por lavado de dinero a Collado, quien fue abogado de Raúl Salinas de Gortari y concretó el divorcio de Peña Nieto.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, quien presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel al abogado Juan Collado, aseguró que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, según información de medios que tuvieron acceso a la orden de aprehensión y que estuvieron presentes en la audiencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el martes por lavado de dinero a Juan Collado, quien fue abogado de Raúl Salinas de Gortari y concretó el divorcio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información de la prensa nacional sobre las constancias de la audiencia inicial llevada a cabo desde la noche de ayer y la madrugada de este miércoles en el área de juzgados federales con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, el empresario Sergio Hugo Bustamente denunció que Collado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.
También precisó que la Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña del Gobernador queretano.

A mediados de mayo el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el abogado Juan Collado fueron captados juntos en la boda de la hija del litigante. Foto: Captura de video.
La denuncia de Sergio Hugo Bustamente, propietario de un terreno que se localiza en el estado de Querétaro, se convirtió en un caso que involucró a Collado Mocelo, al llamado “Rey de los Casinos” Javier Rodríguez Borgio y al ex presidente de Caja Libertad, acusado de fraude en 2010, José Antonio Rico Ricos.
El diario Reforma da más detalles sobre el tema, pero cita la comparecencia del empresario Sergio Bustamante ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 10 de junio:
“Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros”.

Raúl Salinas de Gortari cuando fue liberado por su presunta participación en el asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Sus abogados: Juan Collado, y Alonso Aguilar Zincer. Foto: Nelly Salas, Cuartoscuro.
El empresario denunciante, según Reforma, afirma que Jesús Beltrán González, cuando fungía como director General de Libertad Servicios Financieros, le corroboró que los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular eran los políticos y el casinero Rodríguez Borgio.
Sin embargo, dijo no contar con más pruebas que impliquen a los ex presidentes priistas y al Gobernador de Querétaro.
Hasta el momento la Fiscalía General no tiene denuncias en contra de los políticos.
En la detención de Collado, el día de ayer, la Fiscalía informó que agentes de la institución cumplimentaron en la Ciudad de México una orden de aprehensión en su contra “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Peña Nieto y el líder del sindicato petrolero de México, Carlos Romero Deschamps fueron vistos en la mesa del abogado durante la boda de la hija de éste celebrada en mayo pasado.
La Fiscalía indicó que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del Juez, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales.
Apuntó que el abogado fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

4/15/2019

Presunto lavado en la UAEH pone en entredicho alianzas de Morena

 En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
aseguran que en la institución no se mueve una escoba
 si el presidente del patronato, Gerardo Sosa Castelán,
 no lo determina.

La decisión de dos jueces federales de negar sendos amparos definitivos a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y al rector de la institución, Adolfo Pontigo Loyola, por el presunto lavado de 156 millones de dólares de las arcas universitarias en una investigación a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, representa la primera gran confrontación entre seguidores de la misma causa política en la era Morena en el gobierno.
Además pone en evidencia los costos iniciales de las alianzas y el pragmatismo electoral de ese partido en los comicios del año pasado.
Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad –que controla esa institución desde hace casi 40 años, renunció al PRI en febrero de 2018.
Meses antes a su dimisión entró en contacto con Morena y ofreció votos y recursos financieros. Entre otros, se reunió entonces con la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky; con el hoy coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García, y con Octavio Romero Oropeza, actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Y el 17 de febrero de 2018 lo hizo en Pachuca con el propio Andrés Manuel López Obrador.
Ganancia política
Sus gestiones rindieron frutos. Aunque no obtuvo la posición senatorial que pretendía, sí consiguió una gran tajada política para sus incondicionales: nueve curules en el Congreso de Hidalgo y dos en el federal.
Pasados los comicios, todo parecía favorecer el ímpetu político de Gerardo Sosa, cuya obsesión, lo saben todos, es ser gobernador de Hidalgo.
Todavía en enero pasado celebraba, en reuniones con sus más cercanos, el triunfo para su causa desde la plataforma de Morena, al tiempo que alentaba los conflictos políticos desde el propio Congreso con el gobierno estatal del priísta Omar Fayad.
Pero un mes después, el 26 de febrero, nubes de tormenta aparecieron en el horizonte.
La UIF reveló haber recibido un reporte en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal con depósitos y transferencias provenientes de más de 22 países.
Aunque la cifra ha variado –hasta ubicarla en 156 millones de dólares–, la oficina de Santiago Nieto, designado por López Obrador desde la transición, informó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza. Ante eso, bloqueó esas cuentas, atendiendo la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.
Tres días después –primero de marzo– se conoció que se trataba de la UAEH. Y Nieto Castillo, al confirmarlo, precisó su obligación de investigar el origen y destino de tales recursos, sin importar quién sea, si es una persona cercana a Morena o a cualquier otro partido político, (porque) no hay persecución política bajo ninguna circunstancia.
Al enterarse de la medida de la UIF, Pontigo demandó la suspensión contra el embargo en el juzgado segundo de distrito en Pachuca. Pedía se le permitiera el libre manejo de las cuentas, siempre que no se encuentre demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible.
Dicha petición le fue negada el pasado viernes 29 de marzo, aunque aún puede interponer un recurso de revisión ante un tribunal federal.
Simultáneamente, en la Ciudad de México Sosa Castelán había interpuesto uno de los llamados amparos buscadores para evitar ser privado de la libertad mientras se realizan las investigaciones de la UIF. La solicitud se presentó ante el juzgado decimoprimero de distrito de amparo en materia penal y le fue negada el 28 de marzo. También tiene aún la posibilidad de impugnarla.
Sin embargo, el 15 de marzo Sosa Castelán tramitó otro amparo ante un juzgado federal en Pachuca. Esto porque, según su escrito, tres personas identificadas como agentes de la Policía Federal Ministerial intentaron detenerlo por la fuerza, el 8 de ese mes en la Ciudad de México. Argumentó entonces temer por su integridad física y libertad, y que quienes intentaron detenerlo dijeron llevar una orden de aprehensión.
Más allá de declararse ajeno a cualquier mal manejo de las finanzas universitarias, en una conferencia de prensa en San Lázaro el 7 de marzo –organizada por diputados hidalguenses de su grupo político– y en la comparecencia a modo en el Congreso de Hidalgo (sólo ante legisladores afines a su causa) el 22 de marzo, a Sosa Castelán le ha interesado sobre todo esgrimir razones políticas en la acción de la UIF.
En el diario El Independiente, propiedad de la UAEH, el 2 de marzo su editorial asegura que la investigación no es obra de la casualidad y añade que un grupo político poderoso está muy molesto con la universidad “y con quienes han estado atrás de su ascenso durante los últimos años.
¿A quién le conviene detener el ascenso de la UAEH? ¿Quién cree que va a obtener los puntos que pierda la universidad como si fuera una operación aritmética simple? Quien está detrás de esta estrategia, está calculando mal, sostiene la publicación.
A su vez, Pontigo, Sosa Castelán y sus incondicionales no cesan de repetir que la acción de las autoridades es guerra sucia y que ni un solo peso de las cuentas bloqueadas es mal habido y que por tanto la UIF comete un error.
Sosa ha argüido: La inversión se hizo en Credit Suisse; fue porque ofrecía mejor interés y buscamos ganar más recursos en esos fondos; la institución bancaria tiene una banca de segundo piso y esa manda los recursos a su sede en Suiza. Pero cuando HSBC nos ofrece más interés, ordenamos que los recursos que estaban en Credit Suisse se trasladen a HSBC. En la UIF confundieron traslado de dinero con lavado...
El feudo de Sosa
En Hidalgo, tierra legendaria de caciques, Gerardo Sosa actúa sin contrapesos donde por antonomasia debiera respirarse libertad creativa, de pensamiento y asociación: la universidad estatal.
Presidente del patronato desde 2009, coronó su pretensión de mantenerse como autoridad universitaria –fue rector en el periodo 1991-1998– con las reformas a la Ley Orgánica de 2015.
Ese órgano se encarga del manejo y disposición de las finanzas universitarias, pero aquí nadie duda que él detenta además el control de todo cuanto ocurre en la institución.
De ese modo, la UAEH tiene dos autoridades del mismo nivel: Adolfo Pontigo y Gerardo Sosa.
Voceros de la UAEH así lo precisan cuando excusan al rector de una solicitud de entrevista sobre la investigación. Y aclaran: eso corresponde sólo al patronato.
El control de Gerardo Sosa sobre el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, máximas instancias en la institución, donde participan también los sindicatos académico y de trabajadores y empleados, así como las representaciones estudiantiles, llevan a muchos a asegurar: En la universidad no se mueve una escoba si Sosa Castelán no lo determina.
En 2015, el entonces gobernador José Francisco Olvera (2011-2016) y quien como Sosa también fue líder de la otrora poderosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Hidalgo, expidió las reformas a la Ley Orgánica universitaria donde se otorga rango de autoridad al patronato.
Para afianzar la supremacía de ese órgano en la institución, sus cinco integrantes son designados por tiempo indefinido, de manera honoraria y sin retribución alguna.
Para allegarse recursos más allá de los presupuestales, la UAEH tiene 21 empresas de diverso giro, todas ellas bajo control del patronato. Incluyen desde un periódico hasta un rancho productor de quesos kosher, gasolineras, centros comerciales, salones de fiesta, clubes deportivos y un hotel, entre otras.
Hoy, el feudo de Sosa Castelán en la universidad parece haber entrado en una pendiente irrefrenable, y precisamente desde el propio gobierno a cuyo partido estratégicamente se alió en el verano de 2018.
Ahora resta por conocerse el resultado de las pesquisas de las 
Foto La Jornada
Rosa Elvira Vargas
Periódico La Jornada
Lunes 15 de abril de 2019, p. 4

1/15/2019

Detecta Hacienda lavado de dinero de gasolineros por 10 mil milones de pesos

La guerra al huachicol
Congela 15 cuentas
Consignan expedientes de funcionarios involucrados


Foto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó lavado de dinero por un monto de 10 mil millones de pesos en operaciones vinculadas a cuentas de empresarios operadores de estaciones de servicio de gasolina cuyas ventas superan la adquisición de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que ya hay 15 personas a las que se les han bloqueado las cuentas y 24 más están en procedimiento.
El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, informó de la consignación al Poder Judicial del expediente de los tres funcionarios de Pemex encargados del monitoreo de ductos a los que se encontró responsabilidad penal y administrativa en su desempeño. Aunque hasta ahora no hay detenidos, se aguarda la asignación del caso al juzgado correspondiente.
Durante la presentación del informe de acciones emprendidas por el gobierno federal contra el robo de combustible, precisó que se abrieron mil 700 carpetas de investigación y se han incautado 4.5 millones de barriles de gasolina y 60 pipas que transportaban el hidrocarburo obtenido de forma ilegal.
En el reporte de las acciones, la responsable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó del hallazgo de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el reporte del impuesto sobre la renta de estaciones de gasolina por una suma de 3 mil 217 millones de pesos, de los cuales mil 742 millones se concentraron en Michoacán, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Baja California, estado de México y Tamaulipas
Este lunes, el gobierno federal presentó el informe sobre la instrumentación del plan en contra del robo de combustible, cuyos resultados en materia penal y de procedimientos administrativos refieren que la UIF identificó 14 mil operaciones inusuales y relevantes que amparan el movimiento de 10 mil millones de pesos.
Nieto Castillo sostuvo que “muchas gasolineras, a partir de la reforma energética lo que hacen es comprar a Pemex e importar combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa del Estado. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”.
Subrayó que de las indagatorias compartidas con el SAT de 32 casos específicos ya procesados –200 más que se acaban de recibir–, en cinco ya se solicitó a la PGR la pronta judicialización. “Estamos en presencia de empresarios, servidores públicos, como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y un ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Precisó el esquema para el blanqueo de dinero: “el modus operandi implica no sólo la comercialización del huachicol, del combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero, a través de diversas operaciones. Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan, en ocasiones, en más de 2 millones de dólares, además de la adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo.
Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y de sus familiares o personas cercanas. Y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos.
A su vez, Ríos-Farjat señaló que se realizaron auditorías y confrontas con los datos fiscales de 2017 para verificar el reporte de los impuestos enterados al fisco, de lo cual surgió la detección de los 3 mil 217 millones de pesos de inconsistencias fiscales. Subrayó que en tanto que estos contribuyentes –concesionarios de gasolineras– no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones.
Gertz Manero por su parte precisó que no ha habido detenidos dado que sólo ingresan los que son sorprendidos en flagrancia, en caso contrario uno tiene que llevar a cabo todo el procedimiento en carpeta y someterla al juez.
Refirió que para agilizar el procesamiento de las mil 700 carpetas, se incorporarán a los mil policías federales ministeriales que realizaban tareas de custodio de funcionarios hasta hace poco.
Reiteró que solamente ingresan los que son sorprendidos en flagrancia. Cuando no hay flagrancia, uno tiene que llevar a cabo todo el procedimiento de la carpeta, someterla al juez y éste nos dice si nos da oportunidad de sujetarlo a proceso o tenemos que llenar algún otro requisito.
En esta situación es en la que está este caso, quiero que quede muy claro para que no haya duda.
Por otro lado, consideró una calumnia la información que relaciona a las empresas que transportan gasolina a Pemex con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y rechazó cualquier vínculo.

Periódico La Jornada

Suma 45 mil millones de pesos la cifra blanqueada en gasolineras

Será creada una guardia financiera


En entrevista con La Jornada, anticipa la creación de una guardia financiera, encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos delictivos. En México, estima, el blanqueo de fondos obtenidos por la delincuencia organizada alcanza 30 mil millones de dólares al año. Revela que el siguiente objetivo de la UIF, entidad que reporta directamente al titular de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, es atacar el flujo de fondos de las bandas dedicadas a la trata. Además, dio a conocer que se han detectado más servidores públicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles.
–Mencionó por la mañana (ayer) que es de 10 mil millones de pesos el lavado de dinero obtenido por robo de combustible.
–Son 10 mil millones de pesos para los años 2017 y 2018. Esa cifra corresponde sólo a reportes bancarios relacionados con el sector financiero. La cantidad puede ser mayor, porque cuando detectamos a una persona empezamos a ver alrededor suyo cómo se ha movido el dinero y eso se va incrementando. El dato de origen son 10 mil millones por los reportes de los bancos, pero evidentemente es mayor.
–¿Cuánto es mayor?
–En reportes bancarios tenemos 45 mil millones de pesos, solamente en temas relacionados con gasolineras que reciben de forma inusual recursos en efectivo. Esos 45 mil millones serían el universo general que pudiera ser lavado. De ese monto, 10 mil millones son los que encontramos específicamente en hidrocarburos, pero insisto en que es una parte menor de todas las dimensiones del problema.
–¿Esos 45 mil millones son el dinero en efectivo de las gasolineras?
–La cifra puede aumentar. El asunto es que si no se supera un determinado umbral (de depósitos en efectivo), entonces los bancos no lo reportan a la UIF, a pesar de que se trate de una persona vinculada con el robo de hidrocarburos o una persona que esté haciendo depósitos inusuales de recursos en efectivo. (Los bancos reportan operaciones mayores al equivalente a 10 mil dólares, unos 200 mil pesos).
–Para poner la cifra en dimensión, ¿cuál es el universo de lavado del crimen organizado en el país?
–Se calcula en 30 mil millones de dólares, por la (Secretaría de la) Función Pública. Es el dato más fidedigno. Setenta por ciento de recursos del crimen organizado se blanquea en América Latina, en México, Panamá, Brasil y Argentina. No es un tema sólo de nuestro país.
“Lo que quiero comentar es que estas son las primeras investigaciones. Los números, ciertamente, aumentarán conforme vayamos avanzando, y quiero referir que solamente es 2017 y 2018 lo que se tomó como parámetro. Si fuéramos hacia atrás, podríamos encontrar datos peores relacionados con el país.
–¿En los casos de robo de combustible y operaciones con efectivo en gasolineras se está hablando de delincuencia organizada?
–Sí, de corrupción política, delincuencia organizada, defraudación fiscal por empresarios, políticos y grupos delincuenciales en perjuicio de Pemex y de la sociedad.
Cincuenta empresas
–Con la información que ha recolectado la UIF hasta hoy sobre el robo de combustible, ¿qué sigue?
–Vamos a seguir analizando a las 50 empresas en que detectamos un mayor uso de recursos en efectivo, más otras 32 compañías, personas físicas y morales, que encontramos por entidad federativa y que tienen un grado de calificación más alto en nuestro modelo de riesgos y los 194 contribuyentes que nos ha pedido el Servicio de Administración Tributaria para presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República y congelar las cuentas.
Foto“Evidentemente esas personas físicas y morales se van a defender jurídicamente, pero nosotros hemos hecho un compromiso, la Fiscalía General de la República, el doctor (Alejandro) Gertz Manero y yo, para que vayamos acompañando, como coadyuvantes, el seguimiento de los casos al momento de formular la imputación ante los jueces y que se siga llevando el procedimiento penal.
▲ Santiago Nieto, en la conferencia de prensa de ayer por la mañana en Palacio Nacional.Foto Jesús Villaseca
Son tres objetivos: dar mayor número de casos a los tribunales; tener más sentencias y, finalmente, lograr la extinción de dominio de esos recursos que provinieron de los grupos de delincuencia. Hablo del huachicol.
–Mencionó que el lavado de dinero por huachicoleo se ha realizado en el sistema financiero. ¿Qué otros intermediarios, además de los bancos?
–Aparte del sistema financiero tenemos a notarios, corredores públicos, vendedores de arte, joyas, autos, desarrolladores inmobiliarios, sobre todo en el esquema de preventa, y activos virtuales, entre otros espacios donde puede haber blanqueo.
–¿Y otros intermediarios, como los centros cambiarios o casas de bolsa?
–Centros cambiarios, exactamente, casas de bolsa, dispensadores de efectivo. Todos ellos tienen la obligación de reportar a la UIF. De hecho lo hacen en otro tipo de temas.
El tema relacionado con la trata: los dispensadores de efectivo, los centros cambiarios, los hoteles y moteles son espacios que nos llevan a información para poder tener un esquema de ataque y de combate a la trata, que va a ser el siguiente modelo que vamos a estar desarrollando después del robo de hidrocarburos.
–¿Cuál es la diferencia en el trabajo que está haciendo ahora la UIF respecto del pasado?
–Existe una transformación del modelo de hacer las cosas, de la inteligencia financiera, a partir de elementos conceptuales. Empezar a trabajar esto del robo de hidrocarburos, la corrupción política como elemento conceptual y mover los modelos de riesgo de los sistemas informáticos de la UIF para encontrar elementos coincidentes y casos que pudieran ser llevados ante el Ministerio Público y después ante los tribunales. Eso es una variación relevante. Por otro lado, la idea de generar una institución que sea proactiva para atender los problemas que se encuentran presentes en la sociedad mexicana.
“Hay un punto importante que se empieza a reflexionar y es que el Plan Nacional de Paz y Seguridad establece la creación de una guardia financiera, que puede ser un paso importante a efecto de poner a estos agentes de la policía financiera como primeros responsables de recibir la información para que cuando se presenten las denuncias ya vengan acompañadas de los datos de prueba que faciliten al Ministerio Público ejercer la acción penal. En la medida en que ajustemos los tiempos en la investigación financiera, podemos generar un mejor esquema de trabajo para que las autoridades correspondientes ejerzan más rápido la acción penal en contra de la persona responsable.
–¿Se puede establecer algún tipo de conexión entre los grupos dedicados al robo y venta de combustibles con otras actividades de crimen organizado?
–A escala municipal se puede medir que los lugares por donde pasan los ductos de Pemex son aquellos donde tenemos mayor número de reportes de actividades inusuales, donde tenemos un mayor número de tomas clandestinas y donde, de acuerdo con la Unidad de Información de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales, se incrementa también otro tipo de conductas delictivas, como homicidio y secuestro. Al haber una identidad geográfica, intuimos, o esa es la hipótesis, que están relacionadas esas actividades delictivas con el robo de hidrocarburos.
–¿Se ha encontrado alguna relación con personas políticamente expuestas?
–Sí. Tenemos en este momento unos casos. De los cinco denunciados, tres están relacionados con personas políticamente expuestas; dos eran autoridades de carácter local, y uno federal. En el siguiente modelo, en el siguiente corte de información, ya hemos detectado también otros servidores públicos involucrados en ese tema. Me quisiera esperar hasta que tengamos la información completa. “La idea es que podamos generar cortes mensuales o quincenales reportando los avances de las denuncias y de las investigaciones. Ahora el objetivo es que cada denuncia que se presente vaya acompañada del congelamiento de las cuentas de los sujetos denunciados, para efecto de que el dinero sea resguardado en una primera instancia por los bancos y en su momento asegurado por el Ministerio Público, con la finalidad de conseguir la extinción de dominio y al final el proceso penal.

 Periódico La Jornada

5/08/2018

Juez impide al gobierno de Chihuahua participar en audiencia federal del caso Gutiérrez

El juez de Control, Gerardo Moreno, determinó que el gobierno de Javier Corral ya no es ofendido en el proceso penal, por lo que pidió al abogado Fernando Gómez-Mont dejar el estrado


Un juez de Control impidió al ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, participar en la segunda audiencia del caso Alejandro Gutiérrez que se realiza en la Ciudad de México, luego de que la imputación penal por peculado que se le sigue al ex Secretario General Adjunto del PRI fuera declarada competencia del fuero federal por petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al dictar su resolución, el juez Gerardo Moreno García, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, argumentó que no podía reconocer el carácter de ofendido al gobierno de Chihuahua en una causa penal que él mismo consideró de competencia federal derivado de que los recursos presuntamente desviados provenían del presupuesto asignado a educación por la Secretaría de Cŕedito Público (SHCP).
El abogado Fernando Gómez-Mont acudió a la audiencia del caso Gutiérrez Gutiérrez en calidad de asesor victimal del gobierno de Chihuahua, por lo que estaba acompañado del Consejero Jurídico del gobierno de Javier Corral, Jorge Alberto Espinoza Cortés; y por la Coordinadora Jurídica de la Secretaría de Hacienda estatal, Ángela Mónica Ferreira Aguilar.
La determinación del juez Moreno García se dio en la segunda audiencia del proceso penal federal que se sigue contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (AGG) y dos ex funcionarios de Hacienda de Chihuahua, Gerardo Villegas Mandriles y Antonio Enrique Tarín García, imputados por el presunto desvío de 250 millones de pesos provenientes del erario y el financiamiento ilícito a campañas electorales del PRI en los comicios para gobernador del 2016.
La resolución sorprendió a Gómez-Mont, quien acudió a la audiencia judicial en calidad de abogado auxiliar o  coadyuvante del Gobierno de Chihuahua.
El fallo del juez Gerardo Moreno implicó que el ex secretario de Gobernación y los otros dos representantes legales del gobierno de Corral que estaban presentes en la audiencia celebrada el pasado viernes 4 de mayo, tuvieran que dejar el lugar que ocupaban en el estrado, a la izquierda del impartidor de justicia, sitio que se asigna a los asesores victimales y a los ofendidos en un proceso penal.
La imputación inicial contra Gutiérrez y sus dos acusados fue formulada por la Fiscalía General de Chihuahua, pero a solicitud expresa de la PGR, el Juez de Control resolvió que el caso era competencia de la Federación, con el argumento de que los fondos presuntamente desviados eran recursos federales destinados al gasto educativo.
En febrero pasado, el juez Moreno García se declaró competente para conocer el caso y ordenó a la Fiscalía de Chihuahua y al Poder Judicial de esa entidad entregar todo el contenido de la carpeta de investigación sobre el caso Gutiérrez; así como de las resoluciones judiciales que ya se habían dictado dentro del proceso.
Pese a las impugnaciones presentadas por los juzgados de Chihuahua y por la propia Fiscalía Estatal para tratar de conservar el caso de Alejandro Gutiérrez, el pasado mes de abril un tribunal colegiado resolvió de manera definitiva que el proceso penal contra el ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones y dos de sus coacusados, era competencia exclusiva del fuero federal, por lo que dejó el caso en manos del juez de Control, Gerardo Moreno.

Una decisión sorpresiva para el ex secretario de Gobernación

Desde el inicio de la audiencia el juez de Control, Gerardo Moreno García, mostró cierta hostilidad con la representación del gobierno de Chihuahua, puesto que al solicitar los datos de Gómez-Mont y sus acompañantes preguntó la calidad en la que se encontraban.
Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas estuvieron presentes mediante videoconferencia desde un juzgado del fuero común de Chihuahua. La audiencia había sido convocada a petición de los abogados defensores para retirar los criterios de oportunidad a dos testigos de identidad reservada.
En otras palabras, la defensa de Tarín y Villegas iba a solicitar al juez de Control retirar los beneficios procesales concedidos por la Fiscalía de Chihuahua a los testigos de identidad reservada, sentenciados mediante procedimiento abreviado, que involucraron a los imputados en la llamada “Operación Záfiro” y el presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales del PRI.
Conocida la petición de la defensa, la representación legal del gobierno de Chihuahua se encontraba en la sala para defender la investigación realizada por el Fiscal César Augusto Peniche Espejel y sus colaboradores. Estaban armados con libros de derecho y varios legajos del expediente.
Pero una vez iniciada la audiencia y concluidas las presentaciones respectivas, el juez Moreno García volvió a cuestionar a Fernando Gómez-Mont y los funcionarios del gobierno de Chihuahua en qué calidad se encontraban. La respuesta fue la misma: eran los abogados de la parte ofendida, es decir, del gobierno chihuahuense.
El juez preguntó a la defensa si tenía algo que manifestar al respecto. El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana fue tajante: dado que ya se había declarado la incompetencia del fuero común para continuar con el proceso penal, el gobierno de Chihuahua ya no era víctima o sujeto pasivo del delito, por lo que ya no tenían derecho a estar presentes.
La defensa de Gutiérrez se sumó a la postura de los abogados de sus coacusados. “No hay carácter de ofendido para el gobierno de Chihuahua, la acusación se refería a recursos federales y no estatales”, sentenciaron los litigantes Antonio Collado y José Javier López.
Los abogados de los tres imputados cumplieron así con la obligación de defender a sus representados, pero todavía faltaba la postura del impartidor de justicia.
Pero la determinación del juez de Control, Gerardo Moreno García, fue casi inmediata y sin debate de por medio: al no reconocer el carácter de ofendido al gobierno de Chihuahua ni siquiera permitió a Fernando Gómez-Mont, en su calidad de coadyuvante, ni al Consejero Jurídico, Jorge Alberto Espinoza, oponerse a su determinación.
“Hubo una audiencia previa en la que estuvieron presentes otras personas, en esa primera audiencia se discutió la competencia o incompetencia de las autoridades estatales para seguir este proceso, en esa audiencia si tenían legitimación para estar presentes por tratarse de un debate sobre el carácter del proceso”.
“Sin embargo, en esta audiencia no puede reconocerles esa misma calidad, puesto que ya se tomó la determinación de que el proceso es competencia del fuero federal y el gobierno del Estado y la Fiscalía estatal ya no tienen calidad de ofendidos en este caso. Por esa misma razón, no puedo permitirles que expongan argumentos en esta audiencia”, prosiguió.
Si Gómez-Mont estaba preparado para la posibilidad de que no se les reconociera como parte ofendida, al momento en que se les negó la posibilidad de argumentar y defender su calidad de asesores victimales en la audiencia, expresó sorpresa y molestia.
“Su señoría, hay una confusión o se confunde, creo que tenemos derecho al contradictorio”, expresó, en referencia a la posibilidad que ofrece el sistema de justicia penal acusatorio de debatir cada una de las determinaciones del juzgador y de sus contrapartes en el proceso.
Pero el juez Moreno García reviró y cortó sus palabras. “Puedo estar confundido, soy 100 por ciento humano, pero reiteró mi determinación de que no pueden permanecer en la sala con carácter de ofendidos, por lo que los invito a que pasen a la parte del público, puesto que es una audiencia pública; o en caso contrario, me veré obligado a pedirles que se retiren y a aplicarles la medida de apremio consistente en el pago de una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA)”.
La UMA es el monto previsto en la ley que sustituyó el pago a los días de salario mínimo para el pago de multas y que para el 2018 es de 80.60 pesos por día.
Ante dicha determinación, los tres representantes del gobierno de Chihuahua decidieron abandonar la sala de audiencias: resistirse a la orden del juzgador se hubiera considerado un desacato y habría permitido al impartidor de justicia solicitar el uso de la fuerza pública para desalojar al ex secretario de Gobernación y sus dos acompañantes.

El fin de la audiencia y la “magia negra”

Tras el retiro de la representación del gobierno de Chihuahua, el juez de Control, Gerardo Moreno García, advirtió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a los defensores de los tres imputados que “no podía hacer magia negra”, por lo que no podría continuar la audiencia cuando ambas partes habían manifestado que todavía no tenían acceso completo al expediente del caso.
“No voy a hacer un papelón resolviendo un expediente que no conozco y que las autoridades de Chihuahua me entregaron en un sobre lacrado cuando todavía se discutía la incompetencia”, manifestó.
Por lo anterior, solicitó a la defensa de los tres imputados y a los fiscales de la PGR que estaban presentes hacer una lista de las actuaciones que faltaban en el expediente: 16 entrevistas, el acta del Ministerio Público de Chihuahua en la que se concedieron beneficios procesales a dos testigos de identidad reservada y los oficios relacionados con los llamados criterios de oportunidad que se aplicaron para lograr la colaboración de dichos testigos.
De esta forma, la audiencia se dio por concluida y se va a reprogramar hasta que las partes autorizadas, es decir, la PGR y la defensa de los tres imputados, tenga acceso pleno al expediente.
Pero el riesgo, a decir de la Fiscalía de Chihuahua, es que los testigos de identidad reservada pierdan ese carácter y que la PGR intente variar la teoría del caso, invalidando así los testimonios que existen en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Mandriles.
Cabe señalar que al principio de la audiencia, las partes solicitaron guardar los datos personales de los imputados y se recordó que no deben ser expuestos como culpables de un delito, pero al tratarse de hechos públicos y notorios por los cuales se conocen los nombres de los tres procesados, la reserva ya estaba acotada de manera previa.

3/01/2018

4 diferencias entre el caso de Anaya y otras investigaciones de PGR



En el caso de lavado de dinero en donde estaría relacionado el candidato de la alianza Por México al Frente, la PGR ha mostrado celeridad en las investigaciones contrarios a otros casos que han implicado a exgobernadores o figuras públicas.

En un hecho inédito, la Procuraduría General de la República (PGR) reveló imágenes de una cámara de seguridad interna de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), instalación de alta seguridad, donde se muestra la visita del candidato de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, acompañado de sus abogados, el pasado domingo 25 de febrero.
Se trata, según informó la propia PGR a través del comunicado 166/18, de “la videograbación íntegra que el sistema institucional de control de acceso registró” el día en que “un aspirante a la Presidencia” ingresó a la SEIDO junto con una comitiva y luego se retiró.
Este comunicado, que junto con el video fue difundido a través de Whatsapp a reporteros y en todas sus cuentas de Twitter, añade que la razón por la que se revela la información es el “interés público mostrado por los medios de comunicación respecto a lo que aconteció el pasado 25 de febrero”
En el video, de poco más de 11 minutos, se incluye una conversación entre Anaya y su abogado Diego Fernández de Cevallos.

Primera diferencia: Sobre la privacidad

Con ninguna otra persona relacionada con lavado de dinero u otro delito que involucre actos de corrupción, se han difundido grabaciones.
La PGR nunca difundió la visitas que hicieron a la procuraduría el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado, así como la visita del gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, éste último quien acudió a la delegación estatal de la dependencia para deslindarse de cualquier vínculo en el caso del presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos que implica al Partido del Trabajo (PT).
Tampoco alguna comparecencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de corrupción.

Segunda diferencia: La localización de Barreiro

El 21 de febrero pasado la PGR emitió el comunicado titulado “Investiga PGR hechos posiblemente constitutivos de lavado de dinero”. Esto luego de que dos empresarios revelaron, en una conferencia de prensa, que existía una investigación que involucra a Ricardo Anaya.
En ese mismo comunicado dijo que “había solicitado alertas migratorias” relacionadas con esta averiguación.
La PGR tardó un día en localizar en Canadá a Manuel Barreiro, empresario presuntamente vinculado con este caso, según un cable de Notimex, organismo público desconcentrado.
Esta celeridad contrasta con la de otras personas perseguidas por la justicia y que posiblemente están en el extranjero, las cuales, hasta el día de hoy, no han sido ubicadas.
Es el caso de Moises Mansur, que  cuenta con orden de aprehensión desde 2016 por la PGR por su presunta vinculación con el exgobernador Javier Duarte y quien hasta ahora sigue sin ser ubicado ni tampoco hay noticia de su procedimiento de extradición. Se presume que también está en Canadá.
Otro ejemplo: el exgobernador de Chihuahua César Duarte no ha sido localizado o al menos la PGR no ha considerado conveniente informar nada sobre el caso, a pesar incluso de que ya se solicitó su extradición.
En el caso con el que se vincula a Anaya – que no se ha judicializado y sigue en integración–, la PGR ha emitido ya tres comunicados y desde el primero de ellos, el número 140/18, dio a conocer que se trataba de un caso de “posible lavado de dinero” y que había emitido alertas migratorias.

Tercera diferencia: Sobre las responsabilidades 

Por la investigación de Odebrechet, el exfiscal electoral de la PGR, Santiago Nieto, encargado de investigar a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, fue removido del cargo bajo el argumento de violar procedimientos al revelar información respecto a esta investigación.
El exdirector de Pemex fue señalado de presuntamente recibir sobornos en 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investigó el caso por posibles delitos electorales y durante el proceso, el fiscal Santiago Nieto Castillo declaró al periódico Reforma que Lozoya le había enviado una carta en la cual le pedía que hiciera “un pronunciamiento público sobre su inocencia”. Un día después, la PGR lo destituyó del cargo argumentando que esta declaración había violado el código de conducta de la institución al revelar datos de una investigación.
El caso Odebrecht involucra a 12 países en los que supuestamente la empresa entregó sobornos a funcionarios y políticos a cambio de la adjudicación de proyectos de construcción. Sobre esto, el exprocurador, Raúl Cervantes, declaró antes de renunciar en octubre de 2017 que la PGR había concluido las investigaciones respecto a uno de los “mayores esquemas de corrupción internacional que se haya visto en América Latina y México”.  Cuatro meses después no se sabe nada, incluso pese a la solicitud del Congreso exhorto del Sistema Nacional Anticorrupción de conocer los avances.
En este caso, el video fue difundido oficialmente.

Cuarta diferencia: Sobre la celeridad

La celeridad mostrada en la investigación del candidato Anaya contrasta con el tiempo invertido en otros casos donde hay empresas fantasma involucradas con montos millonarios.
La PGR tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con La Estafa Maestra, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la cual involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados, aun cuando desde 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó este esquema.
Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V, la empresa con la que supuestamente se lavó dinero a favor de Anaya, fue señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma sólo 18 meses después de su constitución. La compañía ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V, la mayor beneficiaria en el esquema de La Estafa Maestra, pudo operar durante ocho años hasta que apareció en la lista de empresas fantasma.
ESGER fue la empresa que más dinero recibió en el esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra: 683 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La Auditoría señaló a dicha empresa en la Cuenta Pública de 2013 como la beneficiaria de los recursos después de la triangulación. Sin embargo, apareció en la lista del SAT cinco años después, al comprobarse que carecía de capital, infraestructura y empleados que sustentara sus operaciones y, por tanto, no podría cumplir con servicio alguno.
Otro caso fue el de la Estela de Luz. El caso de corrupción más mediático de la pasada administración. La ASF presentó denuncia penal en noviembre de 2012 por simulación de reintegros contra Banjército, y la empresa I.I.I. Servicios S.A de CV, derivado de un millonario daño patrimonial por irregularidades en la construcción de este monumento.
En sus informes, la ASF detectó severas irregularidades como la subcontratación, sin pasar por ningún proceso de licitación pública, de la citada empresa la cual no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni el personal suficiente para llevar a cabo la obra del monumento, por lo que acabó triangulando 394 millones de pesos entre otras empresas.
La ASF concluyó que esta situación provocó que la obra se entregara un año y cuatro meses después de la fecha prevista para su inauguración, y con un costo adicional del 192%: de 394 millones presupuestados originalmente para la obra, se acabó pagando mil 146 millones de pesos.
A pesar de la gravedad de las irregularidades expuestas por la ASF, la denuncia tardó algo más de dos años en generar algún resultado: de acuerdo con un boletín publicado en la web de la PGR, no fue hasta el 2 de enero de 2015 que la autoridad anunció que se ejercitó “acción penal” contra los integrantes del Comité de Obras Públicas de la empresa I.I.I. Servicios SA de CV, librándose órdenes de aprehensión en su contra.

10/30/2016

Autoridades financieras, cómplices del lavado de gobernadores y políticos


By Nancy Flores / @Nancy_Contra

512-agenda-corrupcion-wpEn días recientes se confirmó que la acusación en contra del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa es por el delito de lavado de dinero. Ello, por operaciones que supuestamente realizó con recursos procedentes de un quebranto millonario a las finanzas de Veracruz.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el defenestrado priísta habría blanqueado 253 millones de pesos que supuestamente desfalcó a las secretarías estatales de Salud y Educación, y que de forma ilegal habría transferido a varias empresas fantasma para después destinarlo, en su mayoría, a la adquisición del rancho Las Mesas, en el Estado de México.
Sin embargo, el monto del daño al erario podría ser mucho mayor. Y es que los desfalcos a las arcas veracruzanas suman miles de millones de pesos, y no centavos como pretende hacernos creer la PGR.
Tan sólo en los ejercicios de 2011 a 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en ese gobierno estatal por 27 mil 503.5 millones de pesos, correspondientes sólo al gasto federalizado: 13 mil 456.4 millones del periodo de 2011 a 2013 y 14 mil 47.1 millones de 2014.
A esas cifras multimillonarias de desvíos y demás corruptelas se deberán sumar las anomalías que detecte la ASF en las evaluaciones a los ejercicios 2015 y 2016, también responsabilidad del exgobernador Duarte, que inició funciones el 1 de diciembre de 2010.
Pero eso no importa, pues la averiguación en contra de Duarte de Ochoa se hizo porque ya era insostenible mantenerlo en la impunidad, y no porque realmente prevalezca el estado de derecho en México o porque las autoridades se ocupen de hacer justicia. Para nadie es un secreto que la estructura gubernamental protege a sus corruptos hasta que ya no puede.
Por ello, hasta hace unos días esas alertas que ha venido haciendo la Auditoría Superior sobre los fraudes en Veracruz le pasaron de noche a las autoridades financieras, entre las que sobresalen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) –dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– y la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR. Ello incluso a pesar de que el máximo órgano de fiscalización del país interpuso varias denuncias penales contra la administración veracruzana.
Sobre esta ausencia de actuación no se puede exculpar a las autoridades financieras aduciendo incapacidad para detectar, primero, el fraude contra el erario y, luego, el lavado de dinero. Es claro que lo que hubo y hay es franca complicidad.
Una complicidad que ha permitido que muchos gobernantes defrauden sus estados, como sería el caso de Jorge Torres, exgobernador interino de Coahuila, acusado en 2013 de lavar 2.8 millones de dólares en Bermuda, pero no por la justicia mexicana, sino por una corte federal de Estados Unidos.
Lo mismo ocurrió con Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, señalado por una corte estadunidense en 2015 de blanqueo de capitales; y con Humberto Moreira, de Coahuila, cuyo proceso en España no prosperó. Un último caso es el del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien enfrenta cargos de lavado ante la justicia mexicana.
Sin duda, los casos de Duarte, Padrés, Torres, Hernández y Moreira evidencian la fragilidad de las instituciones encargadas de combatir el lavado, mismas que se doblan ante los intereses particulares de gobiernos y partidos. Fragilidad que, por desgracia, se traduce en complicidad para proteger actualmente a otros funcionarios, políticos, integrantes del poder judicial y gobernantes corruptos.
Éstos engrosan la lista de personas políticamente expuestas y ni así son escrupulosamente fiscalizados. Dicha lista –elaborada por la Secretaría de Hacienda y que debería servir para vigilar con lupa las finanzas de quienes ejercen cargos públicos– también incluye al presidente de la República, a los secretarios de Estado, a los titulares de organismos paraestatales, a los ministros, magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura; a los titulares de órganos autónomos –como el Instituto Nacional Electoral–; a los senadores y diputados, entre otros.
Pero hasta ahora, esos controles han sido inútiles para evitar el lavado de dinero desde la esfera de los poderes político, gubernamental y judicial. Eso lo demuestra la escasez de investigaciones y, en consecuencia, la casi nula actuación contra quienes resulten responsables.
Por lo pronto, la CNBV, la UIF, el SAT y la ???Unidad Especial de la PGR podrían empezar por vigilar a esas personas políticamente expuestas; en especial a los 32 gobernadores, pues la ASF ha detectado irregularidades en todas las entidades federativas.
En el periodo de 2011 a 2014, las anomalías ascendieron a 175 mil 295.6 millones de pesos, monto que incluye sólo los recursos fiscalizados por la “Auditoría especial del gasto federalizado”, pero que no engloba las cifras observadas en auditorías al gobierno federal.
De acuerdo con la ASF, en términos de probables desfalcos a las finanzas estatales, después de Veracruz sigue Michoacán, que en el mismo periodo registró irregularidades por 21 mil 745.8 millones de pesos.
A ésta le sigue Jalisco, con anomalías por 16 mil 352.6 millones; el Estado de México, por 14 mil 898.3 millones; Chiapas, por 9 mil 625.9 millones; Guerrero, por 8 mil 757.7 millones; Oaxaca, por 7 mil 195.6 millones; Guanajuato, por 6 mil 973.8 millones, por mencionar sólo algunos casos.
Las autoridades financieras tienen herramientas legales para investigar y castigar estos delitos, sólo falta voluntad política para actuar contra quienes se corrompen y quebrantan las finanzas públicas de este lastimado país.
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Nancy Flores

1/19/2016

Caso Moreira ameritaba investigación en México, reconoce ex presidenta del PRI en CNN


En el gobierno de Humberto Moreira "la deuda creció de 323 millones hasta 36 mil 600 millones de pesos", recordó el periodista Arturo González González, de El Siglo de Torreón.
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(Foto: Xinhua)

Humberto Moreira, ex gobernador priista de Coahuila y ex presidente del PRI, detenido en España por presunto lavado de dinero, cohecho, organización criminal y malversación declarará el viernes ante el juez español Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, y decidirá si enfrenta en prisión o en libertad el juicio por los diversos delitos por los que fue detenido el pasado viernes.
Sobre el caso, la ex presidenta del PRI, Dulce María Sauri, lamentó que “habiendo elementos sobrados, porque ya la mera falsificación de un Diario Oficial de un estado para acreditar una sesión del Congreso que autorizara un endeudamiento, ya hubiese ameritado una investigación a fondo sobre el asunto. Si además de ello a habido una serie de documentados cuestionamientos sobre el destino de los cuantiosos recursos que salieron del presupuesto estatal y que no se sabe a ciencia cierta en qué se gastaron, estos serían elementos por sí para abrir una investigación”.
Pero si a esto “le sumamos lo que ha estado pasando en los Estados Unidos en razón tanto del ex gobernador interino (Jorge Torres) como del ex tesorero del estado (Javier Villarreal), que tienen procesos en su contra, ya es otra severa llamada de atención”, reconoció en entrevista para Aristegui CNN.
Dijo que lo “que acaba de acontecer con el ex gobernador Moreira, solamente refuerza la sensación de impotencia frente a un hecho que al menos merecería una investigación, ni siquiera presumiendo la culpabilidad de determinadas personas, simplemente algo que por ser tan cuantioso debía haber llamado la atención de las autoridades y establecer de acuerdo a los mecanismos que da la ley, una investigación que arrojara luz sobre la situación”.
Agregó que la detención de Moreira en España “es como llover sobre mojado, pero sobre un mojado que está harto de que la impunidad simple y llanamente siga en el país”.
“En la medida en la que no haya información sobre el destino de los recursos (de Coahuila), te da pie a cualquier tipo de especulación, por eso considero que el presidente Enrique Peña Nieto, el propio gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, son los más interesados en que se conozca con claridad el destino de los recursos. La detención de Humberto Moreira, independientemente de lo que los jueces españoles decidan, es una oportunidad para hacer lo que debió haberse hecho hace ya varios años”, finalizó la ex presidenta del PRI.
La deuda y la investigación en EU
Por su parte Arturo González González, periodista del Siglo de Torreón dijo que “hasta el momento lo que se ha manejado con bastante información es lo relacionado con la detención de Moreira y esta investigación en España que realiza la Fiscalía anticorrupción por presunto lavado de dinero, cohecho, organización criminal y malversación de recursos públicos”.
Lo anterior “de alguna manera puede vincularse con la investigación que se está siguiendo desde hace varios años ya en Estados Unidos, donde están involucrados otros personajes como el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, quien se declaró culpable… y el empresario Rolando González, se dio a conocer el año pasado su acuerdo de culpabilidad para declararse responsable de haber conspirado para transportar dinero presuntamente robado de las arcas públicas de Ciahuila y lavado de dinero.
Sin embargo, continuó el periodista, “esta historia tiene mucho más antecedente... Humberto Moreira antes de ser presidente del PRI en 2011, fue gobernador de Coahuila, en su gobierno la deuda creció de 323 millones hasta 36 mil 600 millones de pesos, una cifra que se ha actualizado recientemente por información de la Auditoría Superior del estado de Coahuila y que asciende ya a 41 mil millones de pesos, estamos hablando que se incrementó la deuda 127 veces”.
“Es una deuda que se dio en total opacidad, mientras que el gobierno de Humberto Moreira reportaba una deuda de siete mil millones de pesos, esta deuda se estaba incrementando sin que los coahuilenses se dieran cuenta de ello porque no había información oficial”.
Por lo tanto, “fue el entonces secretario de Hacienda que dio la información de que la deuda superaba los 30 mil millones de pesos, esto fue en 2011. Otro detalle muy importante es que parte de esta deuda se contrató con documentos apócrifos al menos en cinco mil 300 millones de pesos”.
Además “la mitad de los 36 mil 600 millones de pesos reportados hasta entonces, alrededor de 18 mil se contrataron sin autorización del Congreso de Coahuila, son datos que no podemos perder de vista”
Otros datos que reveló son que “en el informe que entregó Jorge Torres López, gobernador interino cuando Humberto Moreia dejó el cargo para ir a la presidencia del PRI, no se explica alrededor de 18 mil millones de pesos de esa deuda, es decir, es fecha que no conocemos el destino de esos 18 mil millones”.
También señaló que “antes de ser gobernador interino, Jorge Torres, quien por cierto de acuerdo a las autoridades norteamericanas se enecuentra prófugo de la justicia, fue secretario de Desarrollo Social.  En 2010, un año antes de que tomara el cargo como gobernador interino ejerció en su dependencia un presupuesto récord… casi 44 por ciento del presupuesto total del estado en ese año”.
Una vez que sale Jorge Torres López “entrega un informe en 2011 en noviembre, en donde no explica a dónde fue a parar ese recurso. Ante las constantes preguntas que se han hecho por parte de la prensa en Coahuila al actual gobernador, Rubén Moreira, la postura ha sido negativa, no han querido dar los pormenores de en qué se invirtió este dinero”.
Audio completo de la entrevista: