Managua, Nic. En la parada de buses frente a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, en el centro de la capital, dos mujeres desafiaron la prohibición del gobierno de realizar marchas o protestas, para manifestar su repudio al feminicidio de dos niñas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
En la rápida protesta gritaron a coro: ¡las niñas no se tocan, no se violan no se matan!, durante algunos minutos, luego se fueron a prisa antes de ser arrestadas por la policía.
Diferentes voces desde el gobierno y la sociedad civil en Nicaragua condenaron el feminicidio de las hermanas de 10 y 12 años de edad, ocurridas en una zona rural del municipio de Mulukukú, en el Caribe Norte de Nicaragua.
La vicepresidenta Rosario Murillo, al condenar los hechos, informó que el presidente Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia preparar un anteproyecto de ley para reformar el Código Penal y castigar con cadena perpetua los crímenes de odio y no permitir los indultos para las personas que cometan estos delitos. El Código Penal actualmente establece una pena máxima de 30 años para los asesinos.
La Federación de organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia (CODENI), demandó al “Estado nicaragüense asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de la niñez y la adolescencia, disponiendo de los recursos humanos y económicos necesarios y voluntad política para garantizar la aplicación del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes”.
La CODENI condenó las reiteradas violaciones y abusos sexuales que se cometen contra la niñez y la adolescencia, cuya violencia de género en el 2020 ha cobrado la vida de 11 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio.
Para Elia Palacios, del Colectivo de Mujeres Axayacatl de la ciudad de Masaya, al oriente de Managua, lo que cabe es aplicar la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual establece medidas preventivas para estos casos y el castigo para los agresores.
La defensora dijo que el agresor, un hombre de 33 años de edad, era el principal responsable y debe ser sancionado con todo el rigor de la ley, pero además reclamó al Estado por la indefensión que viven las niñas y las mujeres en Nicaragua.
“Son los agresores, pero también el Estado cuando no sanciona, cuando no previene, cuando no atiende esta problemática, cuántas niñas más tienen que ser abusadas o asesinadas para que el Estado se dé cuenta que tienen que dar una respuesta oportuna y de calidad, que tienen que monitorear y revisar de qué manera está actuando su personal en la llamada ruta de acceso a la justicia”, dijo Palacios.
La mamá de las víctimas relató a medios locales que la niña de 12 años había sido violada en dos ocasiones y que fue a presentar la denuncia ante la policía y no le dieron respuesta.
El Estado a través de sus instituciones también es responsable por estos hechos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, al no investigar las denuncias ni dar seguimiento a los casos, dijo por su parte Martha Flores, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Pero además las mujeres no pueden salir ni a las calles a exigir justicia porque el gobierno, desde septiembre de 2018, prohibió todo tipo de protestas opositoras o de reclamos sociales, como este caso, lamentó Flores, quien agregó que a pesar de la censura van a seguir demandando justicia.
La Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) calificó de farsa la propuesta del gobierno de reformar el Código Penal para castigar con cadena perpetua a los asesinos, pues señalan que son las mismas autoridades las que han liberado a los agresores.
Mediante redes sociales la RMCV señaló que “los mismos que no atienden las denuncias de abusos y violaciones en contra de niñas y mujeres, los mismos que mandan a mediar a las víctimas con sus agresores. El mismo Estado que ha liberado a muchos otros femicidas/feminicidas, violadores y delincuentes, vienen ahora con otra medida contradictoria a lo que en la práctica están haciendo. ¡Basta ¡”
Unas 20 mujeres que salieron a la céntrica carretera a Masaya a protestar por el asesinato de las niñas, denunciaron que fueron golpeadas y desalojadas por la Policía Nacional.
Las manifestantes narraron que mientras realizaban la protesta de forma pacífica a la orilla de la carretera sin interrumpir el tráfico ni dañar ninguna propiedad, fueron agredidas por la policía que irrumpió con violencia en el lugar y les arrebataron sus teléfonos celulares y sus pañoletas de colores verde y morado.
20/NR/LGL
