Soslaya la demanda de presentar a los rebeldes desaparecidos
Carolina Gómez Mena
Carolina Gómez Mena
La propuesta que hizo el gobierno federal al Ejército Popular Revolucionario (EPR), por conducto de la Secretaría de Gobernación, “pone un estándar muy alto que prácticamente hace imposible” cualquier intento por lograr un acuerdo que permita la presentación con vida de los dos integrantes de ese grupo guerrillero, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los de Derechos Humanos (Limeddh).
En entrevista, comentó que el gobierno, con su propuesta casi imposible de cumplir, muestra que no le importa la demanda del EPR de que sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sean presentados con vida, no obstante que la “desaparición forzada está calificada de delito de lesa humanidad”. Asimismo, indica que “intenta desviar el centro de origen de la petición”.
Precisó que el gobierno “tiene obligación y responsabilidad de vigilar y proteger los derechos humanos en todo momento, circunstancia, en el territorio nacional y para cualquier persona”.
Precisó que el gobierno “tiene obligación y responsabilidad de vigilar y proteger los derechos humanos en todo momento, circunstancia, en el territorio nacional y para cualquier persona”.
Remarcó que la petición que presentó el EPR el mes pasado es que se atendiera esa situación; no se trataba de entablar un diálogo con el gobierno ni dejar sus actividades. Por esta razón, el llamado de (Felipe) Calderón queda fuera de todo contexto y proporcionalidad, y sólo pone “un estándar muy alto, que prácticamente hace imposible cualquier acuerdo para la presentación con vida de los desaparecidos”.
Criticó que Calderón, mediante la Secretaría de Gobernación, pida que “prácticamente el EPR se rinda y dialogue directamente sin clandestinidad”, además de que deja en claro que, independientemente del eventual diálogo, “igual le van a aplicar el estado del derecho, porque el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley”.
Cruz Sánchez subrayó que la propuesta oficial “no abona en dar cumplimiento a la petición concreta” del EPR, y señaló que tampoco se ve voluntad gubernamental de lograrlo, “cuando la Procuraduría General de la República no da trato adecuado a los familiares de los desaparecidos ni ha permitido que la investigación sea conocida por ellos, ni ha reclasificado el delito y lo mantiene en privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en lugar de desaparición forzada, el cual es de orden federal y de lesa humanidad”.
El presidente de la Limedh consideró que al cerrar la posibilidad de que sean presentados con vida los desaparecidos del EPR, el gobierno “no está respondiendo a lo que dictan las instancias de derechos humanos internacionales”.
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