PORTADAS EL UNIVERSAL: REVIRA EU: DROGAS, UNA PLAGA EN MÉXICO EXCÉLSIOR: EL ABANDONO FRÍE AL ARROZ MILENIO: MÉXICO TAMBIÉN PONE ADICTOS, RESPONDE EU LA JORNADA: EXIGEN A CALDERÓN EXPLICAR CABILDEO DE SOLÁ EN MADRID LA CRÓNICA: EBRARD: REFERÉNDUM SOBRE PEMEX, CON O SIN EL IFE
Por unafuente
EL UNIVERSAL: REVIRA EU: DROGAS, UNA PLAGA EN MÉXICO El embajador Antonio O. Garza aseguró que “todos saben” que las drogas son una plaga tanto para México como para Estados Unidos. En un mensaje de la representación estadounidense, Garza mencionó que México también es un país consumidor de drogas y muchas familias son destruidas por la drogadicción en ambos lados de la frontera. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: EL ABANDONO FRÍE AL ARROZAl arroz mexicano se lo comió el abandono y la apertura comercial. Hace 20 años, la producción del país satisfacía la demanda de los mexicanos. Ahora, la nación debe importar de Estados Unidos 80% del arroz, con lo cual se coloca como el alimento básico más dependiente del exterior. “Hasta 1989 fuimos autosuficientes. Pero ese año vino la apertura al arroz asiático y en dos años, del 89 al 91, nos devastaron 50% de la producción nacional.” VER NOTA COMPLETAMILENIO: MÉXICO TAMBIÉN PONE ADICTOS, RESPONDE EUEl embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, replicó al gobierno mexicano y afirmó que en nuestro país también se consumen drogas, mientras que gente inocente es asesinada en territorio estadunidense como consecuencia de la disputa entre bandas de narcotraficantes. Lo anterior, luego de que el presidente Felipe Calderón reprochó ante gobernadores fronterizos de México y Estados Unidos la falta de apoyo y asegurara que los principales consumidores son de EU. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: EXIGEN A CALDERÓN EXPLICAR CABILDEO DE SOLÁ EN MADRIDSenadores y diputados de PRD, PRI, PT, Alternativa y Convergencia advirtieron que la cancillería y la embajada de México en España deben dar una explicación puntual sobre las actividades del español Antonio Solá, quien promociona inversión extranjera en la industria petrolera, pese a que el Congreso no ha aprobado las modificaciones legales que permitirían la entrada de capitales foráneos en el sector energético. Exigieron una postura oficial en torno a por qué el español maneja información privilegiada. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: EBRARD: REFERÉNDUM SOBRE PEMEX, CON O SIN EL IFEEl jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, instruyó a la Secretaría de Gobierno para ponerse en contacto con el Instituto Federal Electoral y con el Instituto Electoral del Distrito Federal con el fin de que la consulta sobre la reforma energética se realice a nivel nacional y local. No obstante, el mandatario capitalino advirtió que si las autoridades electorales se niegan a participar en la organización, su administración buscará otros instrumentos para realizar este ejercicio de participación ciudadana y destacó que su adminsitración la podría tener lista en una semana. VER NOTA COMPLETA
Por unafuente
EL UNIVERSAL: REVIRA EU: DROGAS, UNA PLAGA EN MÉXICO El embajador Antonio O. Garza aseguró que “todos saben” que las drogas son una plaga tanto para México como para Estados Unidos. En un mensaje de la representación estadounidense, Garza mencionó que México también es un país consumidor de drogas y muchas familias son destruidas por la drogadicción en ambos lados de la frontera. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: EL ABANDONO FRÍE AL ARROZAl arroz mexicano se lo comió el abandono y la apertura comercial. Hace 20 años, la producción del país satisfacía la demanda de los mexicanos. Ahora, la nación debe importar de Estados Unidos 80% del arroz, con lo cual se coloca como el alimento básico más dependiente del exterior. “Hasta 1989 fuimos autosuficientes. Pero ese año vino la apertura al arroz asiático y en dos años, del 89 al 91, nos devastaron 50% de la producción nacional.” VER NOTA COMPLETAMILENIO: MÉXICO TAMBIÉN PONE ADICTOS, RESPONDE EUEl embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, replicó al gobierno mexicano y afirmó que en nuestro país también se consumen drogas, mientras que gente inocente es asesinada en territorio estadunidense como consecuencia de la disputa entre bandas de narcotraficantes. Lo anterior, luego de que el presidente Felipe Calderón reprochó ante gobernadores fronterizos de México y Estados Unidos la falta de apoyo y asegurara que los principales consumidores son de EU. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: EXIGEN A CALDERÓN EXPLICAR CABILDEO DE SOLÁ EN MADRIDSenadores y diputados de PRD, PRI, PT, Alternativa y Convergencia advirtieron que la cancillería y la embajada de México en España deben dar una explicación puntual sobre las actividades del español Antonio Solá, quien promociona inversión extranjera en la industria petrolera, pese a que el Congreso no ha aprobado las modificaciones legales que permitirían la entrada de capitales foráneos en el sector energético. Exigieron una postura oficial en torno a por qué el español maneja información privilegiada. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: EBRARD: REFERÉNDUM SOBRE PEMEX, CON O SIN EL IFEEl jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, instruyó a la Secretaría de Gobierno para ponerse en contacto con el Instituto Federal Electoral y con el Instituto Electoral del Distrito Federal con el fin de que la consulta sobre la reforma energética se realice a nivel nacional y local. No obstante, el mandatario capitalino advirtió que si las autoridades electorales se niegan a participar en la organización, su administración buscará otros instrumentos para realizar este ejercicio de participación ciudadana y destacó que su adminsitración la podría tener lista en una semana. VER NOTA COMPLETA
Editorial
Petróleo: pertinencia de la consulta
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó ayer que su proyecto de llevar a cabo una consulta popular –prevista para el próximo 27 de julio– en torno al paquete de iniciativas de reforma petrolera que el titular del Ejecutivo federal presentó el pasado 8 de abril al Senado ha recibido respaldo en 15 entidades federativas. Al mismo tiempo, el mandatario local dijo que en breve iniciará gestiones ante los institutos electorales correspondientes, a fin de que se encarguen de organizar la mencionada consulta.
Al margen de que se confirme en los próximos días los apoyos estatales referidos por Ebrard, lo cual, por su parte, hablaría de un consenso significativo –casi la mitad de las entidades del país–, la sola disposición del gobierno capitalino para realizar la consulta mencionada debe saludarse, porque encierra un espíritu democrático destacable y porque recoge el sentir de amplios sectores de la sociedad mexicana con respecto a un tema en el que no sólo se juega el destino de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino la vigencia y observancia de lo expresado en la Constitución e incluso la viabilidad del país.
Es conveniente recordar los señalamientos que, respecto del mismo tema, planteó la semana pasada el connotado jurista y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, en el sentido de que es necesario someter las iniciativas de reforma petrolera a escrutinio de la población, pues ella es la “titular exclusiva de las riquezas del subsuelo”, y dado que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
No obstante tales consideraciones, que sustentan la pertinencia y hasta la necesidad de llevar a cabo la consulta, el grupo en el poder ha exhibido una vez más su propensión a actuar de espaldas a la gente. Dicha actitud, signo del gobierno en turno, se había manifestado anteriormente con la elaboración del diagnóstico catastrofista que presentó la Secretaría de Energía sobre el estado actual de Pemex, que no es más que un listado de las dolencias de la paraestatal que no abunda en las causas de fondo de las mismas; con la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética, que pretende la privatización de segmentos enteros de la industria petrolera nacional y, posteriormente, con sus apenas veladas intenciones de hacer aprobar esa iniciativa por medio de un albazo legislativo, impedido por las acciones de resistencia civil del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y por la toma de las tribunas legislativas en San Lázaro y Xicoténcatl. A tono con esta misma lógica, ahora se pretende cancelar de antemano la perspectiva de la consulta popular por considerarla una “táctica dilatoria”, como sostuvo ayer mismo el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, en un intento por subvertir principios que debieran ser primordiales en un régimen pretendidamente democrático.
Por lo demás, la demanda de preguntar a la ciudadanía sobre los temas de sumo interés general, en este caso el futuro de la industria petrolera, cobra especial pertinencia en una circunstancia como la actual, en que las instituciones políticas acusan un profundo descrédito, en el que persiste una aguda crisis de representatividad y un resquebrajamiento alarmante entre el gobierno y la sociedad. La no realización de esta consulta implicaría negar a la ciudadanía uno de los últimos reductos de expresión que al día de hoy resulta fundamental. Por añadidura, ello agudizaría, a no dudarlo, la polarización que actualmente recorre el país, ante la perspectiva de que parte del patrimonio nacional sea entregada a particulares.
Petróleo: pertinencia de la consulta
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó ayer que su proyecto de llevar a cabo una consulta popular –prevista para el próximo 27 de julio– en torno al paquete de iniciativas de reforma petrolera que el titular del Ejecutivo federal presentó el pasado 8 de abril al Senado ha recibido respaldo en 15 entidades federativas. Al mismo tiempo, el mandatario local dijo que en breve iniciará gestiones ante los institutos electorales correspondientes, a fin de que se encarguen de organizar la mencionada consulta.
Al margen de que se confirme en los próximos días los apoyos estatales referidos por Ebrard, lo cual, por su parte, hablaría de un consenso significativo –casi la mitad de las entidades del país–, la sola disposición del gobierno capitalino para realizar la consulta mencionada debe saludarse, porque encierra un espíritu democrático destacable y porque recoge el sentir de amplios sectores de la sociedad mexicana con respecto a un tema en el que no sólo se juega el destino de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino la vigencia y observancia de lo expresado en la Constitución e incluso la viabilidad del país.
Es conveniente recordar los señalamientos que, respecto del mismo tema, planteó la semana pasada el connotado jurista y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, en el sentido de que es necesario someter las iniciativas de reforma petrolera a escrutinio de la población, pues ella es la “titular exclusiva de las riquezas del subsuelo”, y dado que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
No obstante tales consideraciones, que sustentan la pertinencia y hasta la necesidad de llevar a cabo la consulta, el grupo en el poder ha exhibido una vez más su propensión a actuar de espaldas a la gente. Dicha actitud, signo del gobierno en turno, se había manifestado anteriormente con la elaboración del diagnóstico catastrofista que presentó la Secretaría de Energía sobre el estado actual de Pemex, que no es más que un listado de las dolencias de la paraestatal que no abunda en las causas de fondo de las mismas; con la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética, que pretende la privatización de segmentos enteros de la industria petrolera nacional y, posteriormente, con sus apenas veladas intenciones de hacer aprobar esa iniciativa por medio de un albazo legislativo, impedido por las acciones de resistencia civil del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y por la toma de las tribunas legislativas en San Lázaro y Xicoténcatl. A tono con esta misma lógica, ahora se pretende cancelar de antemano la perspectiva de la consulta popular por considerarla una “táctica dilatoria”, como sostuvo ayer mismo el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, en un intento por subvertir principios que debieran ser primordiales en un régimen pretendidamente democrático.
Por lo demás, la demanda de preguntar a la ciudadanía sobre los temas de sumo interés general, en este caso el futuro de la industria petrolera, cobra especial pertinencia en una circunstancia como la actual, en que las instituciones políticas acusan un profundo descrédito, en el que persiste una aguda crisis de representatividad y un resquebrajamiento alarmante entre el gobierno y la sociedad. La no realización de esta consulta implicaría negar a la ciudadanía uno de los últimos reductos de expresión que al día de hoy resulta fundamental. Por añadidura, ello agudizaría, a no dudarlo, la polarización que actualmente recorre el país, ante la perspectiva de que parte del patrimonio nacional sea entregada a particulares.
Accidentes aéreos en Honduras y España dejan 7 muertos
Al menos cinco personas perecieron y 65 resultaron heridas –incluidos algunos mexicanos– luego de que un avión de la empresa TACA se salió de la pista al tratar de aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa, según informes de autoridades. Entre los fallecidos se encuentra el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el nicaragüense Harry Brautigam. Por otra parte, en Toledo, España, murieron dos personas y cuatro sufrieron lesiones al estrellarse una avioneta, de la cual lograron saltar nueve paracaidistas, que así salvaron la vida Foto Reuters
Usa en forma dolosa datos privilegiados, señalan legisladores
Exigen a Calderón explicar cabildeo de Solá en Madrid
El publicista hispano, personaje oscuro y carente de ética, denuncian
"Es parte de un sistema de corrupción y tráfico de influencias"
Andrea Becerril y Roberto Garduño
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Tal proceder no debería sorprendernos de un gobierno usurpador, dice diputado del PT
Condenan legisladores las actividades del español Solá en nombre de México
■ “Todo esto forma parte de un sistema de corrupción y de tráfico de influencias” señala perredista
Condenan legisladores las actividades del español Solá en nombre de México
■ “Todo esto forma parte de un sistema de corrupción y de tráfico de influencias” señala perredista
Senadores y diputados de PRD, PRI, PT, Alternativa y Convergencia advirtieron que la cancillería y la embajada de México en España deben dar una explicación puntual sobre las actividades del español Antonio Solá, quien promociona inversión extranjera en la industria petrolera, pese a que el Congreso no ha aprobado las modificaciones legales que permitirían la entrada de capitales foráneos en el sector energético.
Exigieron a Felipe Calderón una explicación de por qué Solá actúa como promotor del gobierno, pero ante todo una postura oficial en torno a por qué el español maneja información privilegiada.
Calderón sigue los pasos de Vicente Fox, de ofrecer fuera del país negocios con el petróleo, aunque ello está prohibido en la Constitución, coincidieron los senadores Arturo Núñez y Pablo Gómez. Ambos resaltaron la falta de respeto al Congreso de la Unión, que en estos momentos analiza las cinco iniciativas calderonistas que proponen la apertura de Pemex al capital privado.
Plantear que “es casi segura la apertura de los energéticos” es considerar un simple trámite burocrático lo que es una decisión trascendente del Congreso y de la sociedad mexicanos, recalcó Nuñez.
Deploraron que el promotor de las inversiones españolas en la industria petrolera mexicana sea alguien como Solá, el autor de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006.
Además, “es condenable que utilice ese tipo de gente para promover lo que soberanamente no decide todavía el país”, agregó Nuñez, mientras Gómez dijo que es obvio que el publicista de Calderón “anda de embajador de México en España”, ya que en el gobierno federal se actúa como si la función pública fuera una actividad “de grupo, de pandilla”.
La diputada perredista Mónica Fernández consideró que “es terriblemente denigrante” para el país que un personaje oscuro, como Solá “ofrezca al mejor postor las riquezas y los intereses de México”. Todo ello, insistió, forma parte de un sistema de corrupción y de tráfico de influencias, para beneficiar a socios y amigos.
Su compañero de bancada, Alfonso Suárez del Real, dijo que Solá no tiene ética, ya que considera la Constitución mexicana “un producto de segunda” y está utilizando de manera dolosa información privilegiada, con la autorización de Calderón.
El perredista se preguntó si las acciones de Solá son indicativas de que a pesar del rechazo popular a una reforma inconstitucional como la energética, el gobierno pretende aprobarla por la fuerza.
Por su parte, José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia reprochó a Calderón haber otorgado a Solá prerrogativas para promover los intereses y sectores estratégicos de México. “Nadie puede comprometer el futuro del país y mucho menos puede asegurar que habrá reforma energética”.
Para la coordinadora de Alternativa en San Lázaro, Marina Arvizu, el gobierno debe ser muy cuidadoso, pues “ya tuvimos un desastre con el caso Mouriño; no debe aventurarse la administración federal a emitir juicios que den por hecho la aprobación de la reforma energética”.
Para Silvano Garay, diputado del PT, es paradójico “que un gobierno usurpador como el de Calderón no recurra a la ley ni a las instancias oficiales para tratar de salvar del naufragio su barco. Sería ingenuo pensar que así lo haría y, por tanto, recurre a hechos y situaciones como en la que ahora se ve involucrado el publicista Solá, que están fuera de la ley. Tanta irresponsabilidad no debería sorprendernos”.
Ahumada Kurtz, detenido en Argentina; se pide extraditarlo
El empresario niega el arresto, reportado por mandos policiacos
P. Mónaco, F. Martínez y agencias
Con los precios por las nubes, el país importará más alimentos
Roberto González Amador
Ebrard inicia gestiones para hacer consulta sobre Pemex
El gobernante informa que ha comenzado contactos con institutos electorales
El ejercicio propuesto es factible jurídicamente, afirma el sol azteca
Perredistas buscan alargar el debate hasta septiembre, asevera Diódoro Carrasco
Á. Bolaños y R. Garduño
Exigieron a Felipe Calderón una explicación de por qué Solá actúa como promotor del gobierno, pero ante todo una postura oficial en torno a por qué el español maneja información privilegiada.
Calderón sigue los pasos de Vicente Fox, de ofrecer fuera del país negocios con el petróleo, aunque ello está prohibido en la Constitución, coincidieron los senadores Arturo Núñez y Pablo Gómez. Ambos resaltaron la falta de respeto al Congreso de la Unión, que en estos momentos analiza las cinco iniciativas calderonistas que proponen la apertura de Pemex al capital privado.
Plantear que “es casi segura la apertura de los energéticos” es considerar un simple trámite burocrático lo que es una decisión trascendente del Congreso y de la sociedad mexicanos, recalcó Nuñez.
Deploraron que el promotor de las inversiones españolas en la industria petrolera mexicana sea alguien como Solá, el autor de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006.
Además, “es condenable que utilice ese tipo de gente para promover lo que soberanamente no decide todavía el país”, agregó Nuñez, mientras Gómez dijo que es obvio que el publicista de Calderón “anda de embajador de México en España”, ya que en el gobierno federal se actúa como si la función pública fuera una actividad “de grupo, de pandilla”.
La diputada perredista Mónica Fernández consideró que “es terriblemente denigrante” para el país que un personaje oscuro, como Solá “ofrezca al mejor postor las riquezas y los intereses de México”. Todo ello, insistió, forma parte de un sistema de corrupción y de tráfico de influencias, para beneficiar a socios y amigos.
Su compañero de bancada, Alfonso Suárez del Real, dijo que Solá no tiene ética, ya que considera la Constitución mexicana “un producto de segunda” y está utilizando de manera dolosa información privilegiada, con la autorización de Calderón.
El perredista se preguntó si las acciones de Solá son indicativas de que a pesar del rechazo popular a una reforma inconstitucional como la energética, el gobierno pretende aprobarla por la fuerza.
Por su parte, José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia reprochó a Calderón haber otorgado a Solá prerrogativas para promover los intereses y sectores estratégicos de México. “Nadie puede comprometer el futuro del país y mucho menos puede asegurar que habrá reforma energética”.
Para la coordinadora de Alternativa en San Lázaro, Marina Arvizu, el gobierno debe ser muy cuidadoso, pues “ya tuvimos un desastre con el caso Mouriño; no debe aventurarse la administración federal a emitir juicios que den por hecho la aprobación de la reforma energética”.
Para Silvano Garay, diputado del PT, es paradójico “que un gobierno usurpador como el de Calderón no recurra a la ley ni a las instancias oficiales para tratar de salvar del naufragio su barco. Sería ingenuo pensar que así lo haría y, por tanto, recurre a hechos y situaciones como en la que ahora se ve involucrado el publicista Solá, que están fuera de la ley. Tanta irresponsabilidad no debería sorprendernos”.
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Á. Bolaños y R. Garduño
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que inició ayer contactos con los institutos electorales local y nacional (IEDF e IFE), así como con autoridades de 15 ciudades del país interesadas en emprender la consulta popular sobre la reforma energética el 27 de julio próximo, como propuso el jueves pasado al participar en los debates del Senado sobre el tema.
Dijo que la consulta es una decisión política y se puede hacer de dos maneras, por convocatoria del Ejecutivo federal o mediante los estados e instó al gobierno federal a decir si quiere o no consultar a la población: “si no se quiere, que se diga”.
Entrevistado en el edificio de gobierno del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino señaló además que hay disposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para participar en la promoción nacional de la consulta. Esto según expresó el presidente sustituto del sol azteca, Guadalupe Acosta Naranjo, con quien Ebrard se reunió por la mañana en su oficina alterna de la colonia Condesa.
Aclaró que la participación del PRD no implicará la partidización de la consulta: “posiciones políticas habrá, pero estamos procurando que sea por conducto de los institutos electorales para que sea una consulta totalmente imparcial, y que cada partido tome su postura”, señaló.
Comentó que además del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, otros mandatarios estatales manifestaron su respaldo a dicha consulta, pero se abstuvo de identificarlos para no comprometerlos y que sean ellos quienes den una respuesta.
El objetivo, independientemente del costo que pudiera tener dicho ejercicio de participación ciudadana, es que se realice en el mayor número de ciudades y entidades federativas.
“Hay dos rutas para llevar a cabo esa consulta: una es que el Ejecutivo convocara como está previsto en el artículo 26 de la Constitución. Que se pretenda decir que no se puede porque no hay bases jurídicas es solamente un pretexto. Ahora que si no quiere el Ejecutivo someter a consulta lo que está proponiendo, pues entonces hagámosla los estados, porque todas las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, están incluidas en la Constitución y en nuestras leyes locales hay varios mecanismos de consulta establecidos”, afirmó.
En un tema tan importante como este –“estamos hablando de más o menos 40 por ciento de los ingresos del país”, apuntó Ebrard–, se requiere que las personas conozcan y decidan sobre lo que se pretende hacer.
En el caso particular del Distrito Federal, señaló que espera que el proceso de renovación de consejeros del Instituto Electoral local, iniciado por la Asamblea Legislativa, no signifique un obstáculo para que el órgano se haga cargo de la consulta; de no ser así, dijo, se buscará algún otro mecanismo de carácter ciudadano, pero de preferencia deben ser tanto el IEDF como el IFE y los institutos estatales los que la efectúen.
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Fracaso en derechos humanos
Este año, cuando se cumple el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los líderes mundiales deberían ofrecer disculpas por el fracaso sobre el respeto a los derechos humanos en estas seis décadas y comprometerse a adoptar medidas concretas que mejoren la situación.
En 1948, mediante una iniciativa extraordinaria, las Naciones Unidas adoptaron la declaración que hoy, para innumerables millones de personas en todo el planeta, no significa más que un papel lleno de promesas.
El Informe 2008 de Amnistía Internacional describe un cuadro sombrío sobre el estado de los derechos humanos en 150 países. En conflictos arraigados, las actividades militares de los gobiernos y de los grupos armados cobran víctimas entre civiles inermes. La violencia contra las mujeres es generalizada en todas las regiones del mundo. Disminuye la observancia de la prohibición absoluta contra la tortura. La disidencia política es reprimida en muchos países y los periodistas y los activistas son atacados y silenciados. Cientos de miles de refugiados, emigrantes y solicitantes de asilo son dejados sin protección. Las grandes empresas en gran medida no reparan en el impacto que causan sobre los derechos humanos.
Agréguese la subsistencia de gravísimos conflictos en Darfur, Zimbabue, Gaza y Birmania. El candente imperativo a intervenir es claro, pero, ¿dónde están el liderazgo y la voluntad política?
El año pasado se caracterizó por la impotencia de los gobiernos occidentales y por la reticencia de las potencias emergentes para hacer frente a violaciones de los derechos humanos.
Los gobiernos occidentales han perdido autoridad moral para presentarse como campeones mundiales de los derechos humanos por no haber respetado los mismos principios que predican a los demás. El gobierno de Estados Unidos ha menoscabado los más fundamentales principios humanitarios en nombre del antiterrorismo. Cientos de prisioneros en Guantánamo y Bagram y miles en Irak continúan detenidos sin juicio. El presidente estadunidense autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a continuar con las detenciones e interrogatorios secretos, contrarias al derecho internacional. En 2007 se reveló que algunos países de la Unión Europea (UE) actuaron en connivencia con la CIA para secuestrar y transferir ilegalmente prisioneros a países donde fueron sometidos a torturas.
Estos comportamientos no ayudan a la lucha contra el terrorismo y disminuyen la capacidad de Estados Unidos y Europa para inducir a otros países a respetar los derechos humanos. El ejemplo más patente fue el caso de Birmania en 2007. La junta militar reprimió violentamente las demostraciones pacíficas encabezadas por monjes budistas, asaltó monasterios, destruyó propiedades, baleó a manifestantes. Estados Unidos y la UE condenaron esas acciones y reforzaron sus embargos comerciales y de armas, sin obtener algún efecto concreto.
Así como en Birmania, también en Darfur, Sudán, los gobiernos occidentales fracasaron en influir decisivamente en la desesperante situación humanitaria. Una amplia movilización a escala global grabó el nombre de Darfur en la conciencia pública pero sólo logró pequeños cambios en favor del sufriente pueblo de esa región.
Ya sea en relación a Darfur o Birmania, el mundo miraba a China en procura de iniciativa. Como primer socio comercial de Sudán y segundo de Birmania, China tenía el peso político y económico necesario para obtener en ambos casos resultados en materia de derechos humanos. Bajo la presión de la comunidad internacional, China corrigió su posición sobre Darfur en el Consejo de Seguridad de la ONU y ejerció presión sobre la junta militar de Birmania para que abriera el diálogo con la ONU. Pero China desde hace tiempo sostiene que los derechos humanos son asuntos internos de los estados y no una cuestión de política internacional, una posición que sirve a sus propios intereses.
A semejanza de China, Rusia, otro protagonista en la escena mundial, deja mucho que desear en cuanto a derechos humanos. Se reprime a los disidentes políticos, se presiona a los periodistas independientes y se limita el papel de las organizaciones no gubernamentales mediante control legislativo, mientras la impunidad prevalece en Chechenia.
El orden geopolítico mundial está experimentando cambios tectónicos, pero las viejas potencias no son capaces de honrar sus promesas en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son, entonces, las perspectivas en relación con los nuevos liderazgos?
Con una bien establecida democracia liberal, una fuerte tradición legalista y un Poder Judicial independiente, India tiene los elementos necesarios para desempeñarse como un modelo. Pero debe operar con más energía para afianzar los derechos humanos en el plano nacional y asumir con mayor decisión la defensa de esos valores en el plano internacional. Países como Brasil y México se muestran fuertes en promover internacionalmente los derechos humanos pero débiles en la observancia interna. La capacidad de Sudáfrica para un liderazgo regional está siendo puesta a prueba por su renuente actitud para enfrentar el caso de Zimbabue. Por su parte, el nuevo gobierno de Australia se muestra ansioso por establecer una nueva agenda de derechos humanos.
El camino hacia delante es inseguro pero también hay razones para ser optimistas. Hay actualmente un movimiento global de ciudadanos que se levanta en defensa de sus derechos y para pedirle cuentas a los gobiernos. Algunas de las más impresionantes imágenes de 2007 fueron las de las protestas de los monjes en Birmania, de los abogados en Pakistán y de las mujeres activistas en Irán. En todo el mundo, la gente afectada por promesas incumplidas está demandando justicia, libertad e igualdad.
Nuevos líderes están llegando al poder en países clave. Nuevas potencias están emergiendo en el escenario mundial. Existen por lo tanto oportunidades sin precedentes para establecer un nuevo liderazgo en materia de derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es tan válida como programa para los líderes progresistas de hoy como lo fue en 1948.
Londres, mayo de 2008
© IPS
* Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI)
Miguel Concha : Promesas incumplidas Miguel Concha
Promesas incumplidas
Así titula este año Amnistía Internacional (AI) la Introducción a su Informe 2008 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, correspondiente al año 2007, y que fue presentado a escala mundial y nacional el miércoles pasado.
En ella hace un breve recuento de las principales causas que han generado a escala internacional el incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo sexagésimo aniversario se conmemora este año, y la pérdida de consenso en cuanto a su validez como paradigma para garantizar estados democráticos de derecho y un mundo libre, equitativo y justo. Entre ellos cronológicamente menciona los enfrentamientos entre las dos “superpotencias” durante la guerra fría; el estallido de los conflictos étnicos y la desintegración de algunos estados en Europa, luego de la caída del Muro de Berlín, y los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Por lo que se refiere a los últimos años, el informe señala el desafío del gobierno estadunidense al derecho internacional en su lucha contra el terrorismo; la ambigüedad y doble moral de los gobiernos europeos, así como la pérdida de su capacidad para exigir a sus estados miembros el rendir cuentas sobre asuntos de derechos humanos, que no abarca el derecho comunitario. A lo que habría que añadir el incumplimiento hasta ahora de China de sus compromisos en derechos humanos, con ocasión de las Olimpiadas de Pekín; la impunidad en Chechenia; la negatividad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlos valer, y su empeño por debilitarlos; las deficiencias de potencias emergentes como India y Sudáfrica para cumplirlos a nivel nacional, por encima de cálculos económicos y políticos, y la disparidad entre la actuación vistosa en el escenario internacional de países como Brasil y México, y su actuación en el ámbito interno.
A nivel continental, cabe señalar la actuación de los gobiernos militares y autoritarios, correspondientes a las ideologías de la seguridad nacional en las décadas de los 70 y 80; el uso tradicionalmente faccioso del sistema de justicia para reprimir a los disidentes políticos y luchadores sociales; la “guerra contra el terror” del actual gobierno de Estados Unidos; los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en Colombia por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros; la persistencia en la imposición de la pena de muerte en algunos estados, a pesar de que el año pasado la Asamblea General de la ONU aprobó ampliamente una resolución para suspenderla; las diferentes situaciones de violencia contra las mujeres; la impunidad de los crímenes del pasado; el rechazo o la falta de congruencia interna para garantizar plenamente la jurisdicción universal de los estados en materia de derechos humanos, y la discriminación social y económica, sobre todo contra los indígenas, campesinos, mujeres, homosexuales y lesbianas, enfermos de VIH/sida, así como la represión contra líderes sociales y comunitarios.
Y en medio de todo esto el manipuleo ideológico de los derechos humanos, la falta de voluntad política para reconocerlos y cumplirlos, la distancia entre las palabras y los hechos, y la pérdida de legitimidad para exigirlos a escala internacional.
Por ello el informe inserta este año una didáctica sección, en la que Amnistía Internacional va contraponiendo de manera elocuente cada una de las promesas formuladas en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con los principales datos y cifras de lo que lamentablemente todavía hoy ocurre en el mundo.
Todo esto ha hecho que cobren especial relieve los movimientos sociales por los derechos humanos, pues la gente cree en las exigencias de justicia, libertad e igualdad, que están en el origen de la misma, y no va a quedarse callada o a resignarse si continúa ensanchándose el abismo entre sus reivindicaciones por los derechos humanos y la negativa de sus gobiernos por respetarlos, protegerlos, garantizarlos y cumplirlos.
“Están surgiendo movimientos diversos, polifacéticos y dinámicos –expresa AI–, que hacen frente a este problema y que están desarrollando nuevas formas de activismo y potenciación de los derechos. Estos movimientos exigen que todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos sean una realidad para todas las personas”. Y por ello la organización escribe su Informe 2008 “en solidaridad con los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo”, quienes son los verdaderos protagonistas de los derechos humanos, al cumplirse los 60 años de la Declaración.
Aunque también plantea la urgente necesidad de que los gobiernos recuperen su liderazgo en la promoción y defensa de los derechos humanos, por encima de intereses económicos parcializados, cálculos políticos unilaterales y usos facciosos del poder. Pero antes de todo ello, tienen la obligación moral de pedir perdón a todos sus pueblos, “por no haber atendido la promesa de justicia e igualdad recogida en la Declaración”, y haber mostrado “más interés en ejercer el abuso de poder o en perseguir el provecho político personal que en respetar los derechos de las personas que gobiernan”.
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Dijo que la consulta es una decisión política y se puede hacer de dos maneras, por convocatoria del Ejecutivo federal o mediante los estados e instó al gobierno federal a decir si quiere o no consultar a la población: “si no se quiere, que se diga”.
Entrevistado en el edificio de gobierno del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino señaló además que hay disposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para participar en la promoción nacional de la consulta. Esto según expresó el presidente sustituto del sol azteca, Guadalupe Acosta Naranjo, con quien Ebrard se reunió por la mañana en su oficina alterna de la colonia Condesa.
Aclaró que la participación del PRD no implicará la partidización de la consulta: “posiciones políticas habrá, pero estamos procurando que sea por conducto de los institutos electorales para que sea una consulta totalmente imparcial, y que cada partido tome su postura”, señaló.
Comentó que además del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, otros mandatarios estatales manifestaron su respaldo a dicha consulta, pero se abstuvo de identificarlos para no comprometerlos y que sean ellos quienes den una respuesta.
El objetivo, independientemente del costo que pudiera tener dicho ejercicio de participación ciudadana, es que se realice en el mayor número de ciudades y entidades federativas.
“Hay dos rutas para llevar a cabo esa consulta: una es que el Ejecutivo convocara como está previsto en el artículo 26 de la Constitución. Que se pretenda decir que no se puede porque no hay bases jurídicas es solamente un pretexto. Ahora que si no quiere el Ejecutivo someter a consulta lo que está proponiendo, pues entonces hagámosla los estados, porque todas las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, están incluidas en la Constitución y en nuestras leyes locales hay varios mecanismos de consulta establecidos”, afirmó.
En un tema tan importante como este –“estamos hablando de más o menos 40 por ciento de los ingresos del país”, apuntó Ebrard–, se requiere que las personas conozcan y decidan sobre lo que se pretende hacer.
En el caso particular del Distrito Federal, señaló que espera que el proceso de renovación de consejeros del Instituto Electoral local, iniciado por la Asamblea Legislativa, no signifique un obstáculo para que el órgano se haga cargo de la consulta; de no ser así, dijo, se buscará algún otro mecanismo de carácter ciudadano, pero de preferencia deben ser tanto el IEDF como el IFE y los institutos estatales los que la efectúen.
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Fracaso en derechos humanos
Este año, cuando se cumple el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los líderes mundiales deberían ofrecer disculpas por el fracaso sobre el respeto a los derechos humanos en estas seis décadas y comprometerse a adoptar medidas concretas que mejoren la situación.
En 1948, mediante una iniciativa extraordinaria, las Naciones Unidas adoptaron la declaración que hoy, para innumerables millones de personas en todo el planeta, no significa más que un papel lleno de promesas.
El Informe 2008 de Amnistía Internacional describe un cuadro sombrío sobre el estado de los derechos humanos en 150 países. En conflictos arraigados, las actividades militares de los gobiernos y de los grupos armados cobran víctimas entre civiles inermes. La violencia contra las mujeres es generalizada en todas las regiones del mundo. Disminuye la observancia de la prohibición absoluta contra la tortura. La disidencia política es reprimida en muchos países y los periodistas y los activistas son atacados y silenciados. Cientos de miles de refugiados, emigrantes y solicitantes de asilo son dejados sin protección. Las grandes empresas en gran medida no reparan en el impacto que causan sobre los derechos humanos.
Agréguese la subsistencia de gravísimos conflictos en Darfur, Zimbabue, Gaza y Birmania. El candente imperativo a intervenir es claro, pero, ¿dónde están el liderazgo y la voluntad política?
El año pasado se caracterizó por la impotencia de los gobiernos occidentales y por la reticencia de las potencias emergentes para hacer frente a violaciones de los derechos humanos.
Los gobiernos occidentales han perdido autoridad moral para presentarse como campeones mundiales de los derechos humanos por no haber respetado los mismos principios que predican a los demás. El gobierno de Estados Unidos ha menoscabado los más fundamentales principios humanitarios en nombre del antiterrorismo. Cientos de prisioneros en Guantánamo y Bagram y miles en Irak continúan detenidos sin juicio. El presidente estadunidense autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a continuar con las detenciones e interrogatorios secretos, contrarias al derecho internacional. En 2007 se reveló que algunos países de la Unión Europea (UE) actuaron en connivencia con la CIA para secuestrar y transferir ilegalmente prisioneros a países donde fueron sometidos a torturas.
Estos comportamientos no ayudan a la lucha contra el terrorismo y disminuyen la capacidad de Estados Unidos y Europa para inducir a otros países a respetar los derechos humanos. El ejemplo más patente fue el caso de Birmania en 2007. La junta militar reprimió violentamente las demostraciones pacíficas encabezadas por monjes budistas, asaltó monasterios, destruyó propiedades, baleó a manifestantes. Estados Unidos y la UE condenaron esas acciones y reforzaron sus embargos comerciales y de armas, sin obtener algún efecto concreto.
Así como en Birmania, también en Darfur, Sudán, los gobiernos occidentales fracasaron en influir decisivamente en la desesperante situación humanitaria. Una amplia movilización a escala global grabó el nombre de Darfur en la conciencia pública pero sólo logró pequeños cambios en favor del sufriente pueblo de esa región.
Ya sea en relación a Darfur o Birmania, el mundo miraba a China en procura de iniciativa. Como primer socio comercial de Sudán y segundo de Birmania, China tenía el peso político y económico necesario para obtener en ambos casos resultados en materia de derechos humanos. Bajo la presión de la comunidad internacional, China corrigió su posición sobre Darfur en el Consejo de Seguridad de la ONU y ejerció presión sobre la junta militar de Birmania para que abriera el diálogo con la ONU. Pero China desde hace tiempo sostiene que los derechos humanos son asuntos internos de los estados y no una cuestión de política internacional, una posición que sirve a sus propios intereses.
A semejanza de China, Rusia, otro protagonista en la escena mundial, deja mucho que desear en cuanto a derechos humanos. Se reprime a los disidentes políticos, se presiona a los periodistas independientes y se limita el papel de las organizaciones no gubernamentales mediante control legislativo, mientras la impunidad prevalece en Chechenia.
El orden geopolítico mundial está experimentando cambios tectónicos, pero las viejas potencias no son capaces de honrar sus promesas en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son, entonces, las perspectivas en relación con los nuevos liderazgos?
Con una bien establecida democracia liberal, una fuerte tradición legalista y un Poder Judicial independiente, India tiene los elementos necesarios para desempeñarse como un modelo. Pero debe operar con más energía para afianzar los derechos humanos en el plano nacional y asumir con mayor decisión la defensa de esos valores en el plano internacional. Países como Brasil y México se muestran fuertes en promover internacionalmente los derechos humanos pero débiles en la observancia interna. La capacidad de Sudáfrica para un liderazgo regional está siendo puesta a prueba por su renuente actitud para enfrentar el caso de Zimbabue. Por su parte, el nuevo gobierno de Australia se muestra ansioso por establecer una nueva agenda de derechos humanos.
El camino hacia delante es inseguro pero también hay razones para ser optimistas. Hay actualmente un movimiento global de ciudadanos que se levanta en defensa de sus derechos y para pedirle cuentas a los gobiernos. Algunas de las más impresionantes imágenes de 2007 fueron las de las protestas de los monjes en Birmania, de los abogados en Pakistán y de las mujeres activistas en Irán. En todo el mundo, la gente afectada por promesas incumplidas está demandando justicia, libertad e igualdad.
Nuevos líderes están llegando al poder en países clave. Nuevas potencias están emergiendo en el escenario mundial. Existen por lo tanto oportunidades sin precedentes para establecer un nuevo liderazgo en materia de derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es tan válida como programa para los líderes progresistas de hoy como lo fue en 1948.
Londres, mayo de 2008
© IPS
* Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI)
Miguel Concha : Promesas incumplidas Miguel Concha
Promesas incumplidas
Así titula este año Amnistía Internacional (AI) la Introducción a su Informe 2008 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, correspondiente al año 2007, y que fue presentado a escala mundial y nacional el miércoles pasado.
En ella hace un breve recuento de las principales causas que han generado a escala internacional el incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo sexagésimo aniversario se conmemora este año, y la pérdida de consenso en cuanto a su validez como paradigma para garantizar estados democráticos de derecho y un mundo libre, equitativo y justo. Entre ellos cronológicamente menciona los enfrentamientos entre las dos “superpotencias” durante la guerra fría; el estallido de los conflictos étnicos y la desintegración de algunos estados en Europa, luego de la caída del Muro de Berlín, y los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Por lo que se refiere a los últimos años, el informe señala el desafío del gobierno estadunidense al derecho internacional en su lucha contra el terrorismo; la ambigüedad y doble moral de los gobiernos europeos, así como la pérdida de su capacidad para exigir a sus estados miembros el rendir cuentas sobre asuntos de derechos humanos, que no abarca el derecho comunitario. A lo que habría que añadir el incumplimiento hasta ahora de China de sus compromisos en derechos humanos, con ocasión de las Olimpiadas de Pekín; la impunidad en Chechenia; la negatividad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlos valer, y su empeño por debilitarlos; las deficiencias de potencias emergentes como India y Sudáfrica para cumplirlos a nivel nacional, por encima de cálculos económicos y políticos, y la disparidad entre la actuación vistosa en el escenario internacional de países como Brasil y México, y su actuación en el ámbito interno.
A nivel continental, cabe señalar la actuación de los gobiernos militares y autoritarios, correspondientes a las ideologías de la seguridad nacional en las décadas de los 70 y 80; el uso tradicionalmente faccioso del sistema de justicia para reprimir a los disidentes políticos y luchadores sociales; la “guerra contra el terror” del actual gobierno de Estados Unidos; los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en Colombia por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros; la persistencia en la imposición de la pena de muerte en algunos estados, a pesar de que el año pasado la Asamblea General de la ONU aprobó ampliamente una resolución para suspenderla; las diferentes situaciones de violencia contra las mujeres; la impunidad de los crímenes del pasado; el rechazo o la falta de congruencia interna para garantizar plenamente la jurisdicción universal de los estados en materia de derechos humanos, y la discriminación social y económica, sobre todo contra los indígenas, campesinos, mujeres, homosexuales y lesbianas, enfermos de VIH/sida, así como la represión contra líderes sociales y comunitarios.
Y en medio de todo esto el manipuleo ideológico de los derechos humanos, la falta de voluntad política para reconocerlos y cumplirlos, la distancia entre las palabras y los hechos, y la pérdida de legitimidad para exigirlos a escala internacional.
Por ello el informe inserta este año una didáctica sección, en la que Amnistía Internacional va contraponiendo de manera elocuente cada una de las promesas formuladas en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con los principales datos y cifras de lo que lamentablemente todavía hoy ocurre en el mundo.
Todo esto ha hecho que cobren especial relieve los movimientos sociales por los derechos humanos, pues la gente cree en las exigencias de justicia, libertad e igualdad, que están en el origen de la misma, y no va a quedarse callada o a resignarse si continúa ensanchándose el abismo entre sus reivindicaciones por los derechos humanos y la negativa de sus gobiernos por respetarlos, protegerlos, garantizarlos y cumplirlos.
“Están surgiendo movimientos diversos, polifacéticos y dinámicos –expresa AI–, que hacen frente a este problema y que están desarrollando nuevas formas de activismo y potenciación de los derechos. Estos movimientos exigen que todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos sean una realidad para todas las personas”. Y por ello la organización escribe su Informe 2008 “en solidaridad con los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo”, quienes son los verdaderos protagonistas de los derechos humanos, al cumplirse los 60 años de la Declaración.
Aunque también plantea la urgente necesidad de que los gobiernos recuperen su liderazgo en la promoción y defensa de los derechos humanos, por encima de intereses económicos parcializados, cálculos políticos unilaterales y usos facciosos del poder. Pero antes de todo ello, tienen la obligación moral de pedir perdón a todos sus pueblos, “por no haber atendido la promesa de justicia e igualdad recogida en la Declaración”, y haber mostrado “más interés en ejercer el abuso de poder o en perseguir el provecho político personal que en respetar los derechos de las personas que gobiernan”.
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Soberanes presentó acción contra el aborto sin informar a consejeros
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presentó la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto sin informar ni tomar en cuenta la opinión de los integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, reveló Juliana González Valenzuela, quien añadió que cinco de los diez consejeros consideran que la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es constitucional y que el análisis del tema debe manejarse con criterio laico y sin consideraciones políticas.
En la cuarta audiencia pública que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tema en la que hablaron quienes están por la constitucionalidad de la interrupción del embarazo, el dirigente del Partido Socialdemócrata (PSD), Alberto Begné criticó que Soberanes haya actuado “animado por sus creencias personales”, lo que va en contra de la laicidad de nuestro orden constitucional.
En alusión directa a la postura asumida por el ombudsman nacional, Begné añadió que el debate “nada tiene que ver con creencias religiosas o las cuestiones morales que, en el marco de un Estado laico, son inherentes al ámbito de las garantías individuales”. A su vez, Juan Antonio Cruz Parcero, director de la revista Isonomía, criticó que los argumentos que esgrimen la PGR y la CNDH estén influenciados “por un dogmatismo religioso”, ya que conciben el derecho a la vida como un derecho superior a las demás garantías fundamentales, lo cual es contrario a la Constitución.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Leticia Quezada, dijo que es preocupante e indignante que visiones “reduccionistas y misóginas” como las expresadas por los titulares de la PGR (Eduardo Medina Mora) y la CNDH, pretendan frenar el reconocimiento jurídico de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres capitalinas.
Una de las razones que impulsaron las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del Distrito Federal para despenalizar el aborto fue precisamente para garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso a la salud y a la vida de las mujeres que por razones de exclusión social y pobreza no contaban con los elementos necesarios para ejercer de manera libre y responsable su derecho a decidir, apuntó.
Ante nueve ministros –faltaron Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel–, Juliana González destacó a su vez que, hablaba en nombre de cinco consejeros, incluida ella, que no comparten la visión de Soberanes sobre este asunto. Evidenció a Soberanes al señalar que éste ni siquiera les informó que interpondría la acción de inconstitucionalidad en contra de la despenalización del aborto y añadió que ella junto con Jorge Serrano Migallón, Ricardo Pozas Horcasitas, Paulette Dieterlen y Miguel Carbonell consideraron que era importante deslindarse de la postura asumida por Soberanes.
Pero nada comentó sobre la postura de los otros integrantes del Consejo que son Joaquín López Dóriga, Héctor Fix Zamudio, Miriam Cárdenas Cantú, Graciela Rodríguez Ortega y María Patricia Kurckzyn.
Al igual que otros participantes (en total fueron 15), González sostuvo que el aborto es un tema controvertido, porque hasta la fecha, no está definido por ejemplo, cuándo inicia la vida humana. También coincidió en exhortar a los ministros a que no se abstraigan de las condiciones reales de las mujeres que recurren al aborto como última opción, particularmente de aquellas que lo hacen en situaciones de pobreza y de marginación.
Fátima Juárez, quien habló en nombre de un grupo de investigadores del Colegio de México, destacó que la despenalización del aborto reduce las tasas de legrados lo cual en su momento ocurrirá en el Distrito Federal, además destacó que el gobierno capitalino impulsa también una campaña de prevención y uso de métodos anticonceptivos para disminuir los legrados legales.
Aseguró que una investigación de campo a cargo de Population Council-México realizada en abril pasado, indica que 66 por ciento de la población considera que la nueva ley evita que mujeres recurran a abortos clandestinos e inseguros, y a la pregunta de si la Corte debe validar dicha ley, 65 por ciento voto que se debe mantener, 12 por ciento no tenía opinión y el resto estaba en contra de la legislación.
Por otra parte, se presentó fray Julián Crusalta de Magdala, Instituto de Asistencia Integral, quien sostuvo que la Iglesia ha entendido que en cuestiones que tienen que ver con las libertades, se debe respetar la Constitución y añadió que Santo Tomás de Aquino decía que a veces hay que elegir de entre dos males, el menos peor.
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Pero nada comentó sobre la postura de los otros integrantes del Consejo que son Joaquín López Dóriga, Héctor Fix Zamudio, Miriam Cárdenas Cantú, Graciela Rodríguez Ortega y María Patricia Kurckzyn.
Al igual que otros participantes (en total fueron 15), González sostuvo que el aborto es un tema controvertido, porque hasta la fecha, no está definido por ejemplo, cuándo inicia la vida humana. También coincidió en exhortar a los ministros a que no se abstraigan de las condiciones reales de las mujeres que recurren al aborto como última opción, particularmente de aquellas que lo hacen en situaciones de pobreza y de marginación.
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Aseguró que una investigación de campo a cargo de Population Council-México realizada en abril pasado, indica que 66 por ciento de la población considera que la nueva ley evita que mujeres recurran a abortos clandestinos e inseguros, y a la pregunta de si la Corte debe validar dicha ley, 65 por ciento voto que se debe mantener, 12 por ciento no tenía opinión y el resto estaba en contra de la legislación.
Por otra parte, se presentó fray Julián Crusalta de Magdala, Instituto de Asistencia Integral, quien sostuvo que la Iglesia ha entendido que en cuestiones que tienen que ver con las libertades, se debe respetar la Constitución y añadió que Santo Tomás de Aquino decía que a veces hay que elegir de entre dos males, el menos peor.
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Réplica a 'El peligro de la wiki' de Juan Manuel Mancebo FuertesWikipedia, los tenedores y los cuchillos
Àngel Ferrero
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