Por provocar un aborto y por tortura
Castaños: Coprovvi presenta dos denuncias más contra militares
Por Soledad Jarquín Edgar/enviada
Monclova, Coah., 24 junio 08 (CIMAC).- Dos nuevas denuncias fueron presentadas por parte del Comité de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi) contra los militares que el 11 de julio de 2006 violaron a 14 mujeres en la zona de tolerancia del municipio de Castaños: una por provocar un aborto como resultado de la violación y otra por tortura, luego de que fueron privadas de su libertad durante el ataque.
Sandra de Luna, presidenta de esa organización civil, explicó que en tanto esperan los resultados de las apelaciones contra las resoluciones emitidas por el juez de primera instancia en materia Penal, Hiradier Huerta Rodríguez, se dio curso a las dos nuevas denuncias que quedaron pendientes y se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) siga de oficio –ahora sí-- la denuncia por el robo de uniformes, armas y vehículos propiedad del Ejército Mexicano utilizados por los militares durante el asalto.
La abogada señaló que una de las trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños abortó un producto de tres meses de gestación, al día siguiente del ataque sexual al que fue sometida por parte de elementos del 14 regimiento de Caballería Motorizado, la madrugada del 11 de julio de 2006.
Incluso el hecho fue consignado en la recomendación número 37/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al citar que “como consecuencia de los atentados a la libertad sexual y a la integridad personal, a una mujer embarazada se le provocó un aborto”.
De igual forma, se presentó una segunda denuncia contra los militares que participaron en el ataque a las trabajadoras de los salones Las Playas y El Pérsico, luego de que fueron privadas de su libertad, además de someterlas a actos degradantes y amenazas con armas de fuego.
Sobre la tortura, el mismo organismo nacional refiere que de acuerdo con la opinión médica una de las personas presenta lesiones “con características de uso de la fuerza innecesaria, lo que asemeja a maniobras de tortura”.
Ambas denuncias se presentaron ante el representante social de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Castaños y se espera que se integren las averiguaciones que ya están consignadas dentro de los expedientes, es decir, planteó la entrevistada, se dará seguimiento a las denuncias y recomendaciones hechas por la CNDH.
En el caso de aborto provocado será más simple, el responsable de este delito es Juan José Gaytán Santiago, militar que acusado por seis de las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia se encuentra en prisión condenado a una pena de 21 años de cárcel, por tanto “está acreditada la participación y responsabilidad del militar y el delito se acumula”.
En el caso del delito de tortura, tiene competencia la Procuraduría General de la República, institución a la que le consignarán las averiguaciones sobre este hecho y se esperaría una nueva sentencia en ese sentido.
Por otra parte, De Luna lamentó que a casi dos años del ataque por parte de militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, la PGR no haya seguido de oficio el delito de robo y utilización de armamento, uniformes y vehículos del Ejército Mexicano que utilizaban los soldados esa madrugada cuando por más de cuatro horas mantuvieron cerrada la zona de tolerancia.
Señaló que aunque de acuerdo con los expedientes se desprende que los militares son desertores, porque abandonaron el puesto de vigilancia de las instalaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) donde se encontraban asignados para cuidar las boletas del proceso electoral del 2 de julio de ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debió iniciar una investigación por robo de uniformes, dos vehículos Hummer y armamento de uso exclusivo del Ejército.
No sabemos por qué las autoridades castrenses o, en su caso, la PGR no iniciaron la investigación ni denunciaron los hechos, pues ambos tenían copia de los expedientes desde el principio y ahí se consigna la participación de los militares, portando armamento, vehículos y uniformes propiedad de la Nación.
Por tanto, están obligados a iniciar la denuncia e investigación, asevera tajante la presidenta de Coprovvi, quien por otra parte señaló que se espera que como resultado de la apelación, “ahora sí haya una justicia real para las mujeres violentadas, así como para los seis policías que esa noche laboraban en los salones El Pérsico y Las Playas, donde se cometieron los abusos”.
Presentadas por defensa de soldados y representación social
En septiembre resolverá justicia apelaciones en caso Castaños
Por Soledad Jarquín Edgar/enviada
Monclova, Coah., 25 junio 08 (CIMAC).- En septiembre próximo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila resolverá la apelación presentada por la defensa de los cuatro militares condenados a prisión por el delito de violación contra trabajadoras de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.
La sentencia del juez penal Hiradier Huerta Rodríguez, emitida el 1 de octubre de 2007, también fue apelada por la representación social (Ministerio Público).
Luego de la denuncia presentada por algunas víctimas del ataque sexual, que cometieron de 20 a 25 soldados contra 14 mujeres trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, pequeño municipio ubicado en la zona central del norteño estado de Coahuila, el Juez emitió sentencia condenatoria contra cuatro de los ocho militares detenidos desde agosto de 2006 por el ataque sexual y por otros agravios a trabajadoras y trabajadores de la zona de tolerancia.
Los hechos que ocurrieron el 11 de julio de 2006 provocaron que por primera vez y argumentando que los militares habían abandonado su puesto de vigilancia en las instalaciones del IFE, los soldados fueran juzgados por el fuero común y no por el militar, como había sucedido “históricamente” en México, contraviniendo el Artículo 13 de la Constitución Mexicana.
La máxima sentencia del juez Hiradier Rodríguez, quien meses antes de emitirla había hablado de que podrían alcanzar casi 100 años de prisión, fue de 41 años para Omar Alejandro Rangel Fuentes; Juan José Gaytán recibió una sentencia de 21 años, y Fernando Adrián Madrid fue castigado con 31 años.
En tanto que un cuarto soldado, José Antonio Hernández Niño, acusado por la violación de una de las mujeres, pagó una fianza de 20 mil 843 pesos y quedó en libertad al día siguiente.
Los otros cuatro fueron absueltos por la justicia civil, pero “se supone” que siguen por ahora detenidos en la prisión de Mazatlán, Sinaloa, donde la Procuraduría Militar les fincó responsabilidades por el abandono de sus funciones castrenses, informó la abogada Sandra de Luna, presidenta del organismo civil que acompañó la defensa legal de 12 de las mujeres violentadas.
Tanto los abogados defensores de los militares, como el Ministerio Público Penal de Monclova, Roberto Hernández, apelaron la determinación del juez Hiradier Huerta, quien en marzo pasado demandó a los tres poderes del estado de Coahuila, porque no fue incluido como candidato a ocupar un cargo como Magistrado del TSJ, argumentando que se merecía ese cargo.
El mismo juez había denunciado al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ante autoridades del Vaticano, denuncia de la que hasta ahora el obispo dominico no tiene conocimiento.
Se espera que sea el Tribunal Superior de Justicia, a través de su Sala penal, quien determine si revoca, modifica o confirma las sentencias contra los soldados, explica el presidente de la sala penal, Omar Aarón Nájera Davis.
El magistrado añadió que será el 7 de agosto próximo cuando se de a conocer el nombre del magistrado –mismo que se escogerá por sorteo entre los seis que integran la sala-- que resolverá sobre las apelaciones presentadas por la defensa de los militares y por el representante social de Monclova.
Así también estimó que la sentencia podría darse a conocer a mediados de septiembre o quizá un poco después.
Hasta ahora, sólo tres de ocho soldados están detenidos y fueron condenados. Uno pagó fianza. Cuatro fueron absueltos: Norberto González Estada, Norberto Francisco Vargas, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández, todos con denuncias de violación por parte de una mujer cada uno.
Tres más se encuentran prófugos de la justicia: Ricardo Hernández Hernández, reconocido por las afectadas como “el líder”, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez, mientras que un cuarto, Héctor Méndez de la Cruz, fue detenido en enero de 2007, sin embargo, fue liberado ocho días después, tras el testimonio presentado por un superior jerárquico, sin que se escuchara el testimonio de una de sus víctimas, señaló la abogada de Coprovvi.
Ocho soldados detenidos y llevados a juicio. Tres con sentencias condenatorias. Uno más que pagó fianza, tres prófugos y uno que fue liberado sin juicio. En total 12 soldados de un total de 20 ó 25 que conformaban el grupo militar, según las declaraciones de las afectadas, guardias de seguridad, cantineros y encargados de los salones El Pérsico y las Playas que fueron atacados el 11 de julio de 2006.
Castaños: Coprovvi presenta dos denuncias más contra militares
Por Soledad Jarquín Edgar/enviada
Monclova, Coah., 24 junio 08 (CIMAC).- Dos nuevas denuncias fueron presentadas por parte del Comité de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi) contra los militares que el 11 de julio de 2006 violaron a 14 mujeres en la zona de tolerancia del municipio de Castaños: una por provocar un aborto como resultado de la violación y otra por tortura, luego de que fueron privadas de su libertad durante el ataque.
Sandra de Luna, presidenta de esa organización civil, explicó que en tanto esperan los resultados de las apelaciones contra las resoluciones emitidas por el juez de primera instancia en materia Penal, Hiradier Huerta Rodríguez, se dio curso a las dos nuevas denuncias que quedaron pendientes y se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) siga de oficio –ahora sí-- la denuncia por el robo de uniformes, armas y vehículos propiedad del Ejército Mexicano utilizados por los militares durante el asalto.
La abogada señaló que una de las trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños abortó un producto de tres meses de gestación, al día siguiente del ataque sexual al que fue sometida por parte de elementos del 14 regimiento de Caballería Motorizado, la madrugada del 11 de julio de 2006.
Incluso el hecho fue consignado en la recomendación número 37/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al citar que “como consecuencia de los atentados a la libertad sexual y a la integridad personal, a una mujer embarazada se le provocó un aborto”.
De igual forma, se presentó una segunda denuncia contra los militares que participaron en el ataque a las trabajadoras de los salones Las Playas y El Pérsico, luego de que fueron privadas de su libertad, además de someterlas a actos degradantes y amenazas con armas de fuego.
Sobre la tortura, el mismo organismo nacional refiere que de acuerdo con la opinión médica una de las personas presenta lesiones “con características de uso de la fuerza innecesaria, lo que asemeja a maniobras de tortura”.
Ambas denuncias se presentaron ante el representante social de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Castaños y se espera que se integren las averiguaciones que ya están consignadas dentro de los expedientes, es decir, planteó la entrevistada, se dará seguimiento a las denuncias y recomendaciones hechas por la CNDH.
En el caso de aborto provocado será más simple, el responsable de este delito es Juan José Gaytán Santiago, militar que acusado por seis de las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia se encuentra en prisión condenado a una pena de 21 años de cárcel, por tanto “está acreditada la participación y responsabilidad del militar y el delito se acumula”.
En el caso del delito de tortura, tiene competencia la Procuraduría General de la República, institución a la que le consignarán las averiguaciones sobre este hecho y se esperaría una nueva sentencia en ese sentido.
Por otra parte, De Luna lamentó que a casi dos años del ataque por parte de militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, la PGR no haya seguido de oficio el delito de robo y utilización de armamento, uniformes y vehículos del Ejército Mexicano que utilizaban los soldados esa madrugada cuando por más de cuatro horas mantuvieron cerrada la zona de tolerancia.
Señaló que aunque de acuerdo con los expedientes se desprende que los militares son desertores, porque abandonaron el puesto de vigilancia de las instalaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) donde se encontraban asignados para cuidar las boletas del proceso electoral del 2 de julio de ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debió iniciar una investigación por robo de uniformes, dos vehículos Hummer y armamento de uso exclusivo del Ejército.
No sabemos por qué las autoridades castrenses o, en su caso, la PGR no iniciaron la investigación ni denunciaron los hechos, pues ambos tenían copia de los expedientes desde el principio y ahí se consigna la participación de los militares, portando armamento, vehículos y uniformes propiedad de la Nación.
Por tanto, están obligados a iniciar la denuncia e investigación, asevera tajante la presidenta de Coprovvi, quien por otra parte señaló que se espera que como resultado de la apelación, “ahora sí haya una justicia real para las mujeres violentadas, así como para los seis policías que esa noche laboraban en los salones El Pérsico y Las Playas, donde se cometieron los abusos”.
Presentadas por defensa de soldados y representación social
En septiembre resolverá justicia apelaciones en caso Castaños
Por Soledad Jarquín Edgar/enviada
Monclova, Coah., 25 junio 08 (CIMAC).- En septiembre próximo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila resolverá la apelación presentada por la defensa de los cuatro militares condenados a prisión por el delito de violación contra trabajadoras de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.
La sentencia del juez penal Hiradier Huerta Rodríguez, emitida el 1 de octubre de 2007, también fue apelada por la representación social (Ministerio Público).
Luego de la denuncia presentada por algunas víctimas del ataque sexual, que cometieron de 20 a 25 soldados contra 14 mujeres trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, pequeño municipio ubicado en la zona central del norteño estado de Coahuila, el Juez emitió sentencia condenatoria contra cuatro de los ocho militares detenidos desde agosto de 2006 por el ataque sexual y por otros agravios a trabajadoras y trabajadores de la zona de tolerancia.
Los hechos que ocurrieron el 11 de julio de 2006 provocaron que por primera vez y argumentando que los militares habían abandonado su puesto de vigilancia en las instalaciones del IFE, los soldados fueran juzgados por el fuero común y no por el militar, como había sucedido “históricamente” en México, contraviniendo el Artículo 13 de la Constitución Mexicana.
La máxima sentencia del juez Hiradier Rodríguez, quien meses antes de emitirla había hablado de que podrían alcanzar casi 100 años de prisión, fue de 41 años para Omar Alejandro Rangel Fuentes; Juan José Gaytán recibió una sentencia de 21 años, y Fernando Adrián Madrid fue castigado con 31 años.
En tanto que un cuarto soldado, José Antonio Hernández Niño, acusado por la violación de una de las mujeres, pagó una fianza de 20 mil 843 pesos y quedó en libertad al día siguiente.
Los otros cuatro fueron absueltos por la justicia civil, pero “se supone” que siguen por ahora detenidos en la prisión de Mazatlán, Sinaloa, donde la Procuraduría Militar les fincó responsabilidades por el abandono de sus funciones castrenses, informó la abogada Sandra de Luna, presidenta del organismo civil que acompañó la defensa legal de 12 de las mujeres violentadas.
Tanto los abogados defensores de los militares, como el Ministerio Público Penal de Monclova, Roberto Hernández, apelaron la determinación del juez Hiradier Huerta, quien en marzo pasado demandó a los tres poderes del estado de Coahuila, porque no fue incluido como candidato a ocupar un cargo como Magistrado del TSJ, argumentando que se merecía ese cargo.
El mismo juez había denunciado al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ante autoridades del Vaticano, denuncia de la que hasta ahora el obispo dominico no tiene conocimiento.
Se espera que sea el Tribunal Superior de Justicia, a través de su Sala penal, quien determine si revoca, modifica o confirma las sentencias contra los soldados, explica el presidente de la sala penal, Omar Aarón Nájera Davis.
El magistrado añadió que será el 7 de agosto próximo cuando se de a conocer el nombre del magistrado –mismo que se escogerá por sorteo entre los seis que integran la sala-- que resolverá sobre las apelaciones presentadas por la defensa de los militares y por el representante social de Monclova.
Así también estimó que la sentencia podría darse a conocer a mediados de septiembre o quizá un poco después.
Hasta ahora, sólo tres de ocho soldados están detenidos y fueron condenados. Uno pagó fianza. Cuatro fueron absueltos: Norberto González Estada, Norberto Francisco Vargas, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández, todos con denuncias de violación por parte de una mujer cada uno.
Tres más se encuentran prófugos de la justicia: Ricardo Hernández Hernández, reconocido por las afectadas como “el líder”, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez, mientras que un cuarto, Héctor Méndez de la Cruz, fue detenido en enero de 2007, sin embargo, fue liberado ocho días después, tras el testimonio presentado por un superior jerárquico, sin que se escuchara el testimonio de una de sus víctimas, señaló la abogada de Coprovvi.
Ocho soldados detenidos y llevados a juicio. Tres con sentencias condenatorias. Uno más que pagó fianza, tres prófugos y uno que fue liberado sin juicio. En total 12 soldados de un total de 20 ó 25 que conformaban el grupo militar, según las declaraciones de las afectadas, guardias de seguridad, cantineros y encargados de los salones El Pérsico y las Playas que fueron atacados el 11 de julio de 2006.
A otras, el Gobierno les dio carritos para vender tacos
Soledad Jarquín Edgar/enviada
Monclova, Coah., 26 junio 08 (CIMAC).- De las 14 mujeres que el 11 de julio de 2006 fueron atacadas por el pelotón MK-19 pertenecientes al 14 Regimiento de Caballería Motorizado del Ejército Mexicano en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, sólo quedan seis en los salones El Pérsico y Las Playas, “las demás se han ido poco a poco”.
Castaños es un pequeño municipio conurbado a Monclova. La zona de tolerancia se ubica a 10 minutos de Monclova en el kilómetro 180 de la carretera 57 que comunica a ambos municipios, los cuales están localizados a poco menos de 200 kilómetros de Saltillo, la capital del norteño estado de Coahuila.
De Wendy, quien junto con otra compañera se retractara de sus dichos sobre la violación cometida en su contra, tras acusar a terceras personas de que le habrían pagado para denunciar a los militares, nada se sabe.
Alguna vez, explica una de las afectadas, supimos que Wendy estaba en una maquiladora. “La última vez que la vio una de las compañeras la correteó”, explica, y sostiene que la retractación de Wendy y de otra ex compañera de El Pérsico influyó para que no fueran castigados todos los responsables.
Entrevistada en su casa, la joven señala que desconoce cómo va la apelación en el Tribunal de Justicia del Estado. Y, “como yo, las otras tampoco saben nada. No es que no tengamos interés, pero desde el día de la sentencia (1 de octubre de 2007) no hemos platicado y menos ahora que las cosas están tan difíciles”.
El cansancio del trabajo de bailarina en Las Playas se refleja en su rostro, mientras el tono de su voz denota preocupación. Ya no está la mayoría, se fueron poco a poco. A unas (el Gobierno) les dio carritos para vender tacos, hot dog o hamburguesas. Yo sigo estudiando computación, porque quiero salir pronto de ahí. Otras pues tuvieron hijos y sus parejas no quieren que vuelvan a trabajar. Otras se cambiaron a otros bares en el centro de Monclova. Así que de manera regular vamos nada más como seis.
En la muy pequeña sala de su casa, el calor de más de 40 grados agobia, como los recuerdos que le vienen a la memoria de aquella noche cuando el grupo de unos 20 militares uniformados y armados entraron a Las Playas.
HACE DOS AÑOS
Aquella noche, narra la mujer, con el pretexto de realizar un operativo sorpresa, los soldados sometieron a golpes a los guardias y al cantinero. Luego la sacaron junto con otra compañera del lugar. Frente a la pared y de espaldas a la “tropa”, les pidieron que se desnudaran. Abran las piernas, les dijeron a gritos y con insultos. Incluso, un soldado les separó las piernas con su arma. De reojo y sin atreverse a mirar de frente y llena de miedo observó lo que le hacían a su compañera. El soldado, burlándose de ellas, les metió los dedos en la vagina y las lastimó. Ellas suplicaron para que se detuviera, pero el juego y las burlas siguieron.
Los mismos soldados siguieron su camino cuando terminaron de humillar a las mujeres de Las Playas. Entraron al Pérsico y durante varias horas cometieron tropelías con 12 mujeres más. Algunas fueron atacadas por tres, cuatro y hasta seis soldados.
De los participantes en aquel episodio únicamente tres soldados fueron condenados a pagar con prisión, determinó el juez Hiradier Huerta Rodríguez. Uno pagó fianza y salió el 2 de octubre pasado. El resto de los ocho hombres detenidos en agosto de 2006 no recibió ningún castigo.
Dicen que el “Richard” – uno de los tres militares que nunca fueron detenidos y que están prófugos de la justicia— “sigue como soldado”. Nadie en realidad sabe dónde, es un rumor pero el recuerdo de “Richard” quién lideró el ataque sexual a las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños sigue presente y causa intranquilidad en sus vidas.
Si el juez hubiera sido justo habríamos tenido justicia, señala la mujer, molesta por los resultados de un largo proceso donde enfrentaron a los militares que las atacaron, acudieron muchas veces como testigos unas de otras y hasta pasaron por una audiencia de inspección en la zona de tolerancia.
“Para mí que el juez se quedó corto con los años que les echó a los tres que están detenidos y que hubo lana para que los otros no fueran castigados, porque elementos tenía, estamos nosotras las víctimas de violación, las agresiones, las amenazas, los golpes que sufrimos aquella noche”, sostiene con indignación.
TODO CAMBIÓ
Desde hace dos años, la zona de tolerancia ha ido a menos, casi ya no van los clientes como antes. El otro día, era sábado y las chavas llevaban 40 pesos nada más, comenta con angustia, la mujer sobre la “crisis económica” que padecen.
A Las Playas iba pura gente “efectiva”, clientes que ya conocíamos, muchos ya no van. En el Pérsico es otra cosa, ahí va de todo, aunque también tiene poca gente. Pero siempre había muchas personas y nos iba bien. Ahora no, sostiene preocupada, pues asegura que sus ingresos apenas le alcanzan para mantener a sus dos hijas, una ahijada y ahora un nieto.
Explica que la situación es tan difícil que antes tenían un sueldo semanal y podían completar sus ingresos con las propinas de los clientes o con el extra que les daban por cada cerveza que bebían con los parroquianos. Ahora ya no. Cuando mucho te llevas 100 pesos, si te va bien te llevas 300. Pero antes cuando te iba mal eran 900 a la semana, a veces tenía hasta dos mil.
Pero la gente tiene miedo de que vuelva a ocurrir otro ataque. Luego vienen personas que se nota que son soldados y pues nadie quiere estar con ellos. Hay mucho temor.
La zona de tolerancia sigue igual que hace dos años, rodeada de terrenos baldíos y una carretera sin pavimentar. Sobre las paredes de los salones El Pérsico y Las Playas no hay pintura nueva. Es, según las trabajadoras, un lugar inseguro desde el 11 de julio de 2006. “Luego dicen que ahora andan levantando a las chavas. ¿Quiénes? Pues dicen que son Zetas, pero mientras no haya castigo seguirán pasando estas cosas.
08/SJE/GG
Soledad Jarquín Edgar/enviada
Monclova, Coah., 26 junio 08 (CIMAC).- De las 14 mujeres que el 11 de julio de 2006 fueron atacadas por el pelotón MK-19 pertenecientes al 14 Regimiento de Caballería Motorizado del Ejército Mexicano en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, sólo quedan seis en los salones El Pérsico y Las Playas, “las demás se han ido poco a poco”.
Castaños es un pequeño municipio conurbado a Monclova. La zona de tolerancia se ubica a 10 minutos de Monclova en el kilómetro 180 de la carretera 57 que comunica a ambos municipios, los cuales están localizados a poco menos de 200 kilómetros de Saltillo, la capital del norteño estado de Coahuila.
De Wendy, quien junto con otra compañera se retractara de sus dichos sobre la violación cometida en su contra, tras acusar a terceras personas de que le habrían pagado para denunciar a los militares, nada se sabe.
Alguna vez, explica una de las afectadas, supimos que Wendy estaba en una maquiladora. “La última vez que la vio una de las compañeras la correteó”, explica, y sostiene que la retractación de Wendy y de otra ex compañera de El Pérsico influyó para que no fueran castigados todos los responsables.
Entrevistada en su casa, la joven señala que desconoce cómo va la apelación en el Tribunal de Justicia del Estado. Y, “como yo, las otras tampoco saben nada. No es que no tengamos interés, pero desde el día de la sentencia (1 de octubre de 2007) no hemos platicado y menos ahora que las cosas están tan difíciles”.
El cansancio del trabajo de bailarina en Las Playas se refleja en su rostro, mientras el tono de su voz denota preocupación. Ya no está la mayoría, se fueron poco a poco. A unas (el Gobierno) les dio carritos para vender tacos, hot dog o hamburguesas. Yo sigo estudiando computación, porque quiero salir pronto de ahí. Otras pues tuvieron hijos y sus parejas no quieren que vuelvan a trabajar. Otras se cambiaron a otros bares en el centro de Monclova. Así que de manera regular vamos nada más como seis.
En la muy pequeña sala de su casa, el calor de más de 40 grados agobia, como los recuerdos que le vienen a la memoria de aquella noche cuando el grupo de unos 20 militares uniformados y armados entraron a Las Playas.
HACE DOS AÑOS
Aquella noche, narra la mujer, con el pretexto de realizar un operativo sorpresa, los soldados sometieron a golpes a los guardias y al cantinero. Luego la sacaron junto con otra compañera del lugar. Frente a la pared y de espaldas a la “tropa”, les pidieron que se desnudaran. Abran las piernas, les dijeron a gritos y con insultos. Incluso, un soldado les separó las piernas con su arma. De reojo y sin atreverse a mirar de frente y llena de miedo observó lo que le hacían a su compañera. El soldado, burlándose de ellas, les metió los dedos en la vagina y las lastimó. Ellas suplicaron para que se detuviera, pero el juego y las burlas siguieron.
Los mismos soldados siguieron su camino cuando terminaron de humillar a las mujeres de Las Playas. Entraron al Pérsico y durante varias horas cometieron tropelías con 12 mujeres más. Algunas fueron atacadas por tres, cuatro y hasta seis soldados.
De los participantes en aquel episodio únicamente tres soldados fueron condenados a pagar con prisión, determinó el juez Hiradier Huerta Rodríguez. Uno pagó fianza y salió el 2 de octubre pasado. El resto de los ocho hombres detenidos en agosto de 2006 no recibió ningún castigo.
Dicen que el “Richard” – uno de los tres militares que nunca fueron detenidos y que están prófugos de la justicia— “sigue como soldado”. Nadie en realidad sabe dónde, es un rumor pero el recuerdo de “Richard” quién lideró el ataque sexual a las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños sigue presente y causa intranquilidad en sus vidas.
Si el juez hubiera sido justo habríamos tenido justicia, señala la mujer, molesta por los resultados de un largo proceso donde enfrentaron a los militares que las atacaron, acudieron muchas veces como testigos unas de otras y hasta pasaron por una audiencia de inspección en la zona de tolerancia.
“Para mí que el juez se quedó corto con los años que les echó a los tres que están detenidos y que hubo lana para que los otros no fueran castigados, porque elementos tenía, estamos nosotras las víctimas de violación, las agresiones, las amenazas, los golpes que sufrimos aquella noche”, sostiene con indignación.
TODO CAMBIÓ
Desde hace dos años, la zona de tolerancia ha ido a menos, casi ya no van los clientes como antes. El otro día, era sábado y las chavas llevaban 40 pesos nada más, comenta con angustia, la mujer sobre la “crisis económica” que padecen.
A Las Playas iba pura gente “efectiva”, clientes que ya conocíamos, muchos ya no van. En el Pérsico es otra cosa, ahí va de todo, aunque también tiene poca gente. Pero siempre había muchas personas y nos iba bien. Ahora no, sostiene preocupada, pues asegura que sus ingresos apenas le alcanzan para mantener a sus dos hijas, una ahijada y ahora un nieto.
Explica que la situación es tan difícil que antes tenían un sueldo semanal y podían completar sus ingresos con las propinas de los clientes o con el extra que les daban por cada cerveza que bebían con los parroquianos. Ahora ya no. Cuando mucho te llevas 100 pesos, si te va bien te llevas 300. Pero antes cuando te iba mal eran 900 a la semana, a veces tenía hasta dos mil.
Pero la gente tiene miedo de que vuelva a ocurrir otro ataque. Luego vienen personas que se nota que son soldados y pues nadie quiere estar con ellos. Hay mucho temor.
La zona de tolerancia sigue igual que hace dos años, rodeada de terrenos baldíos y una carretera sin pavimentar. Sobre las paredes de los salones El Pérsico y Las Playas no hay pintura nueva. Es, según las trabajadoras, un lugar inseguro desde el 11 de julio de 2006. “Luego dicen que ahora andan levantando a las chavas. ¿Quiénes? Pues dicen que son Zetas, pero mientras no haya castigo seguirán pasando estas cosas.
08/SJE/GG
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