Nuevos partidos, viejos métodos
En una maratónica jornada de aproximadamente 20 horas, que concluyó la madrugada de ayer, Patricia Mercado y sus simpatizantes se hicieron con la mayoría de los delegados –15 de 27– durante la reposición de la asamblea ordinaria del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) en el Distrito Federal. Así, la ex candidata presidencial recuperó su calidad de consejera nacional de ese instituto político y podrá competir por la dirigencia nacional de la organización el próximo 12 de julio.
Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que la reunión iniciada el domingo hubo de celebrarse tras un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que el pasado 11 de junio anuló las asambleas capitalina y nacional –realizadas el 16 y 30 de marzo, respectivamente–, que habían concluido con la relección de Alberto Begné al frente de ese instituto político.
La decisión de los magistrados obedeció primordialmente a que durante las reuniones referidas se produjeron violentas agresiones en contra de militantes del ala mercadista, como dan cuenta los videos difundidos a través de Internet y en poder del órgano de justicia electoral. Significativamente, y aunque los comicios repetidos ayer se llevaron a cabo bajo condiciones de seguridad para la militancia, no dejaron de proliferar las denuncias por la presunta compra y coacción de votos.
Lo ocurrido en el PAS da cuenta de la repetición, en el seno de un instituto político “nuevo” –obtuvo el registro hace poco más de dos años–, de prácticas políticas antiguas, antidemocráticas y deleznables, como el empleo de golpeadores en asambleas o la compra de sufragios. Los jaloneos en el interior de ese partido dan cuenta de liderazgos dispuestos a todo con tal de mantener el control sobre ese organismo, sin importar que sus acciones constituyan un muestrario de lo opuesto a la “izquierda moderna” que se postula en los documentos fundamentales del PAS y, en general, a la democracia y la participación ciudadana, el compromiso con la civilidad, la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones.
Ciertamente, las prácticas señaladas ocurren en el resto de los llamados partidos emergentes y, en escala ampliada, en los tres institutos políticos mayoritarios y tradicionales. Pero en el caso de los primeros resulta claro el sentido empresarial que afecta a los logotipos políticos que han proliferado en años recientes. En términos formales, la existencia de tales institutos políticos obedece a un espíritu de pluralidad y a la necesidad de dar voz a las minorías que no se sientan representadas por los partidos grandes; en los hechos, los organismos políticos menores suelen convertirse en cotos de intereses monetarios y de poder de grupos y familias cuyas posturas políticas e ideológicas varían en función de la conveniencia y de las alianzas de coyuntura. El caso emblemático es el Partido Verde Ecologista del México, obligado en 2005 a reformar sus estatutos al ser considerados por el TEPJF como “anticonstitucionales y antidemocráticos”. Otro ejemplo lamentable de los malos manejos al amparo de siglas con registro partidista fue el del extinto Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), cuyo líder, Gustavo Riojas, canalizó prácticamente todos los recursos públicos a las empresas de su propiedad.
En suma, la multiplicación de esta clase de partidos, lejos de reflejar respeto a la pluralidad y a los valores democráticos, es riesgosa y nociva para la vigencia de la maltrecha institucionalidad política del país y constituye una oportunidad de negocios privados a costa del erario. Ante estos elementos de juicio, sería recomendable revisar la pertinencia de establecer criterios más rigurosos para el registro de organizaciones políticas de nueva formación, así como instrumentos para fiscalizar el uso de las prerrogativas oficiales por parte de los partidos. Pero, por desgracia, no existe una institución nacional con la credibilidad ni la autoridad moral requeridas para encargarse de esas tareas.
En una maratónica jornada de aproximadamente 20 horas, que concluyó la madrugada de ayer, Patricia Mercado y sus simpatizantes se hicieron con la mayoría de los delegados –15 de 27– durante la reposición de la asamblea ordinaria del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) en el Distrito Federal. Así, la ex candidata presidencial recuperó su calidad de consejera nacional de ese instituto político y podrá competir por la dirigencia nacional de la organización el próximo 12 de julio.
Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que la reunión iniciada el domingo hubo de celebrarse tras un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que el pasado 11 de junio anuló las asambleas capitalina y nacional –realizadas el 16 y 30 de marzo, respectivamente–, que habían concluido con la relección de Alberto Begné al frente de ese instituto político.
La decisión de los magistrados obedeció primordialmente a que durante las reuniones referidas se produjeron violentas agresiones en contra de militantes del ala mercadista, como dan cuenta los videos difundidos a través de Internet y en poder del órgano de justicia electoral. Significativamente, y aunque los comicios repetidos ayer se llevaron a cabo bajo condiciones de seguridad para la militancia, no dejaron de proliferar las denuncias por la presunta compra y coacción de votos.
Lo ocurrido en el PAS da cuenta de la repetición, en el seno de un instituto político “nuevo” –obtuvo el registro hace poco más de dos años–, de prácticas políticas antiguas, antidemocráticas y deleznables, como el empleo de golpeadores en asambleas o la compra de sufragios. Los jaloneos en el interior de ese partido dan cuenta de liderazgos dispuestos a todo con tal de mantener el control sobre ese organismo, sin importar que sus acciones constituyan un muestrario de lo opuesto a la “izquierda moderna” que se postula en los documentos fundamentales del PAS y, en general, a la democracia y la participación ciudadana, el compromiso con la civilidad, la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones.
Ciertamente, las prácticas señaladas ocurren en el resto de los llamados partidos emergentes y, en escala ampliada, en los tres institutos políticos mayoritarios y tradicionales. Pero en el caso de los primeros resulta claro el sentido empresarial que afecta a los logotipos políticos que han proliferado en años recientes. En términos formales, la existencia de tales institutos políticos obedece a un espíritu de pluralidad y a la necesidad de dar voz a las minorías que no se sientan representadas por los partidos grandes; en los hechos, los organismos políticos menores suelen convertirse en cotos de intereses monetarios y de poder de grupos y familias cuyas posturas políticas e ideológicas varían en función de la conveniencia y de las alianzas de coyuntura. El caso emblemático es el Partido Verde Ecologista del México, obligado en 2005 a reformar sus estatutos al ser considerados por el TEPJF como “anticonstitucionales y antidemocráticos”. Otro ejemplo lamentable de los malos manejos al amparo de siglas con registro partidista fue el del extinto Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), cuyo líder, Gustavo Riojas, canalizó prácticamente todos los recursos públicos a las empresas de su propiedad.
En suma, la multiplicación de esta clase de partidos, lejos de reflejar respeto a la pluralidad y a los valores democráticos, es riesgosa y nociva para la vigencia de la maltrecha institucionalidad política del país y constituye una oportunidad de negocios privados a costa del erario. Ante estos elementos de juicio, sería recomendable revisar la pertinencia de establecer criterios más rigurosos para el registro de organizaciones políticas de nueva formación, así como instrumentos para fiscalizar el uso de las prerrogativas oficiales por parte de los partidos. Pero, por desgracia, no existe una institución nacional con la credibilidad ni la autoridad moral requeridas para encargarse de esas tareas.
Sostiene que no habrá impunidad en el caso News Divine
Ebrard: en el DF operan 150 antros de riesgo extremo
Detalla la tragedia
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, exhibió a periodistas dos videos y una fotografía donde se muestra parte del operativo en la discoteca News Divine. En las imágenes ofrecidas se observa el tapón policial en la entrada del lugar, el cual derivó en un tumulto en el que 12 personas murieron asfixiadas Foto María Luisa Severiano
"Corresponde a delegaciones regularlos; se investiga corrupción"
En esta desgracia se actuará con honestidad, "sea al costo que sea"
Zayas, responsable del operativo, fue acusado de homicidio culposo
Quienes incurrieron en errores no van a ser protegidos: Joel Ortega
Más información en la sección de Capital
"Sí indagamos", responde la comisión
La CNDH, "cómplice del gobierno federal": EPR
Comisión de mediación
Carlos Montemayor/ I
El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) envió ayer un comunicado a la comisión de mediación y a la opinión pública en el cual señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es “cómplice” del gobierno federal y no protege ni investiga la violación de los derechos fundamentales que “el Estado comete”. En este caso, se refirió a la desaparición de dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en mayo de 2007.
En el comunicado de diez puntos el EPR reconoce “las valerosas y legales” resoluciones judiciales que ordenaron la presentación de sus militantes desaparecidos y agradece “el esfuerzo y el valor” de la comisión de mediación ante personeros del gobierno que buscan encubrir delitos de lesa humanidad.
La CNDH, sostiene el EPR, “ha brillado por su ausencia, confirmando que juega más un papel de remozamiento del sistema político, convirtiéndose en cómplice de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, que en una institución que realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos que el Estado comete”.
Apunta que la sistematización que la comisión de mediación ha realizado de las acciones jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos confirma que están haciendo lo necesario para exigir la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
El EPR destaca que “aunque el resultado es hasta el momento el mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos priístas en la negra noche conocida como “guerra sucia”, ya que se enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las autoridades, que niegan de facto la existencia de del delito de desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de justicia”.
No obstante, agradece el esfuerzo de la comisión de mediación para presentar con vida a sus militantes, y considera que “un punto clave en la investigación sobre la detención-desaparición de nuestros compañeros lo constituye la desaparición del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de Oaxaca, el cual también debe ser presentado con vida, cuya familia ha sido amenazada de muerte por autoridades de Oaxaca por reclamar o mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero”.
El comunicado fue enviado por el EPR a la comisión de mediación que integran Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García, Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, y Juan de Dios Hernández Monge.
En ese texto reafirma su aval a los planteamientos y los trabajos que está realizando dicho órgano de mediación.
El EPR demanda que “el gobierno mexicano debe concretar ¡ya!, dando a conocer los alcances de la investigación y la solución de este grave problema, ofreciendo muestras claras de buena voluntad, respondiendo inmediatamente a los planteamientos de la comisión de mediación que avalamos plenamente”.
Asevera que “el delito de lesa humanidad es imprescriptible, por tanto: ¡seguimos exigiendo la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros! Ese es el único camino posible para remediar este crimen de Estado”.
En el comunicado de diez puntos el EPR reconoce “las valerosas y legales” resoluciones judiciales que ordenaron la presentación de sus militantes desaparecidos y agradece “el esfuerzo y el valor” de la comisión de mediación ante personeros del gobierno que buscan encubrir delitos de lesa humanidad.
La CNDH, sostiene el EPR, “ha brillado por su ausencia, confirmando que juega más un papel de remozamiento del sistema político, convirtiéndose en cómplice de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, que en una institución que realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos que el Estado comete”.
Apunta que la sistematización que la comisión de mediación ha realizado de las acciones jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos confirma que están haciendo lo necesario para exigir la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
El EPR destaca que “aunque el resultado es hasta el momento el mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos priístas en la negra noche conocida como “guerra sucia”, ya que se enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las autoridades, que niegan de facto la existencia de del delito de desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de justicia”.
No obstante, agradece el esfuerzo de la comisión de mediación para presentar con vida a sus militantes, y considera que “un punto clave en la investigación sobre la detención-desaparición de nuestros compañeros lo constituye la desaparición del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de Oaxaca, el cual también debe ser presentado con vida, cuya familia ha sido amenazada de muerte por autoridades de Oaxaca por reclamar o mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero”.
El comunicado fue enviado por el EPR a la comisión de mediación que integran Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García, Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, y Juan de Dios Hernández Monge.
En ese texto reafirma su aval a los planteamientos y los trabajos que está realizando dicho órgano de mediación.
El EPR demanda que “el gobierno mexicano debe concretar ¡ya!, dando a conocer los alcances de la investigación y la solución de este grave problema, ofreciendo muestras claras de buena voluntad, respondiendo inmediatamente a los planteamientos de la comisión de mediación que avalamos plenamente”.
Asevera que “el delito de lesa humanidad es imprescriptible, por tanto: ¡seguimos exigiendo la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros! Ese es el único camino posible para remediar este crimen de Estado”.
El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.
En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.
Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.
La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.
Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.
Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.
A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx
En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.
El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.
En el primer documento, Aspectos procesales, se asienta que la primera denuncia formal de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya la presentó su hija Nadín Reyes Maldonado el 13 de junio de 2007, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formulando una Queja por Desaparición Forzada, registrada con el número 2007/111, ante el Área de Presuntos Desaparecidos. Hasta la fecha no existe recomendación alguna respecto de esa queja.
El 27 de junio de 2007, la señora Eulalia Amaya Pérez interpuso demanda de amparo a favor de su hijo Edmundo Reyes Amaya por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Oaxaca con número 788/2007, Mesa II-B. A la fecha está suspendido ese juicio constitucional.
El 17 de julio de 2007, ante la negativa de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca para iniciar averiguación previa por el delito de desaparición forzada de persona, en agravio de Edmundo Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado se trasladó al DF y presentó por escrito, ante la oficialía de partes, la denuncia formal por desaparición forzada de persona, radicada bajo el número de A. P. PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. Sin embargo, la PGR inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y hasta la fecha no se ha recibido información de adelanto alguno.
El 31 de julio de 2007, Margarita Cruz Reyes, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpuso demanda de amparo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado primero de distrito, en la ciudad de Oaxaca, con número 949/2007, Mesa V-A. A la fecha el juicio está suspendido.
A principios de julio de 2007, Nadín Reyes Maldonado envió una carta al Poder Ejecutivo federal por medio de la cual hizo saber la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Se le respondió con el oficio 210074828-9, de fecha 27 de agosto de 2007, informándole que su documento se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Tampoco se han notificado avances.
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, abrió el expediente número 68/2007, con relación a la carta referida en el punto anterior. Hasta la fecha no se conocen resultados.
El 10 de agosto de 2007 los familiares recibieron de Felipe Edgardo Canseco la siguiente versión: un militar no identificado informó que los desaparecidos estaban en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México; por ese motivo promovieron otro juicio constitucional, ahora ante el juez sexto de distrito de amparo en materia penal (número 732/2007), el cual ordenó realizar una inspección ocular por conducto de un actuario judicial, que resultó negativa. Como la inspección se anunció públicamente con varios días de anticipación, no se cuidó la debida reserva procesal.
Con fecha 7 de septiembre los jueces segundo y primero de Distrito, de la ciudad de Oaxaca, en los juicios de amparo números 788/2007, Mesa II-B. (Edmundo Reyes Amaya) y 949/2007, Mesa V-A., (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) respectivamente, acordaron suspender el procedimiento y se limitaron a ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, en virtud de que las señaladas como autoridades responsables, al rendir los informes previos y justificados, negaron el acto reclamado.
El 26 de abril de 2008, en Oaxaca, fueron detenidos nueve policías y cinco peritos, de la procuraduría estatal, entre ellos Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial, por su presunta participación en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo, la averiguación previa que se inició fue radicada por terrorismo y tráfico de armas como PGR/SIEDO/UEITTA/047-8. A la fecha sólo dos de esas personas están arraigadas.
El 28 de abril de 2008, en un hecho insólito por su falta de lógica jurídica, la PGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 (por secuestro) pidió a los familiares muestras biológicas (ADN) para investigar unos cadáveres encontrados, únicamente porque no habían sido reconocidos, “para descartar la posibilidad” de que se tratara de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los integrantes de la comisión subrayamos, sin embargo, el valor histórico de dos resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas. El día 20 de septiembre de 2007 se amplió la demanda de amparo de Edmundo Reyes Amaya por el delito de Desaparición Forzada ante el juez segundo de Distrito, en Oaxaca, el cual dictó un acuerdo por el que concede y decreta la suspensión de plano del acto atentatorio, para que “cese de inmediato… (y) para que las autoridades los hagan aparecer… en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino...” En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el juez cuarto de distrito judicial de Oaxaca, en el expediente 1174/2007, Mesa 1, señalando como acto reclamado la desaparición forzada, decretó mediante auto de fecha 3 de octubre de 2007 la suspensión de oficio respecto del acto reclamado “consistente en la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que ésta cese de inmediato y las autoridades responsables lo hagan aparecer…” En ambos casos, empero, los acuerdos no produjeron efecto jurídico ni material alguno.
Las actuaciones descritas de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para la presentación con vida de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, como veremos en la próxima entrega, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona.
En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.
Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.
La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.
Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.
Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.
A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx
En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.
El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.
En el primer documento, Aspectos procesales, se asienta que la primera denuncia formal de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya la presentó su hija Nadín Reyes Maldonado el 13 de junio de 2007, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formulando una Queja por Desaparición Forzada, registrada con el número 2007/111, ante el Área de Presuntos Desaparecidos. Hasta la fecha no existe recomendación alguna respecto de esa queja.
El 27 de junio de 2007, la señora Eulalia Amaya Pérez interpuso demanda de amparo a favor de su hijo Edmundo Reyes Amaya por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Oaxaca con número 788/2007, Mesa II-B. A la fecha está suspendido ese juicio constitucional.
El 17 de julio de 2007, ante la negativa de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca para iniciar averiguación previa por el delito de desaparición forzada de persona, en agravio de Edmundo Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado se trasladó al DF y presentó por escrito, ante la oficialía de partes, la denuncia formal por desaparición forzada de persona, radicada bajo el número de A. P. PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. Sin embargo, la PGR inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y hasta la fecha no se ha recibido información de adelanto alguno.
El 31 de julio de 2007, Margarita Cruz Reyes, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpuso demanda de amparo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado primero de distrito, en la ciudad de Oaxaca, con número 949/2007, Mesa V-A. A la fecha el juicio está suspendido.
A principios de julio de 2007, Nadín Reyes Maldonado envió una carta al Poder Ejecutivo federal por medio de la cual hizo saber la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Se le respondió con el oficio 210074828-9, de fecha 27 de agosto de 2007, informándole que su documento se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Tampoco se han notificado avances.
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, abrió el expediente número 68/2007, con relación a la carta referida en el punto anterior. Hasta la fecha no se conocen resultados.
El 10 de agosto de 2007 los familiares recibieron de Felipe Edgardo Canseco la siguiente versión: un militar no identificado informó que los desaparecidos estaban en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México; por ese motivo promovieron otro juicio constitucional, ahora ante el juez sexto de distrito de amparo en materia penal (número 732/2007), el cual ordenó realizar una inspección ocular por conducto de un actuario judicial, que resultó negativa. Como la inspección se anunció públicamente con varios días de anticipación, no se cuidó la debida reserva procesal.
Con fecha 7 de septiembre los jueces segundo y primero de Distrito, de la ciudad de Oaxaca, en los juicios de amparo números 788/2007, Mesa II-B. (Edmundo Reyes Amaya) y 949/2007, Mesa V-A., (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) respectivamente, acordaron suspender el procedimiento y se limitaron a ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, en virtud de que las señaladas como autoridades responsables, al rendir los informes previos y justificados, negaron el acto reclamado.
El 26 de abril de 2008, en Oaxaca, fueron detenidos nueve policías y cinco peritos, de la procuraduría estatal, entre ellos Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial, por su presunta participación en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo, la averiguación previa que se inició fue radicada por terrorismo y tráfico de armas como PGR/SIEDO/UEITTA/047-8. A la fecha sólo dos de esas personas están arraigadas.
El 28 de abril de 2008, en un hecho insólito por su falta de lógica jurídica, la PGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 (por secuestro) pidió a los familiares muestras biológicas (ADN) para investigar unos cadáveres encontrados, únicamente porque no habían sido reconocidos, “para descartar la posibilidad” de que se tratara de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los integrantes de la comisión subrayamos, sin embargo, el valor histórico de dos resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas. El día 20 de septiembre de 2007 se amplió la demanda de amparo de Edmundo Reyes Amaya por el delito de Desaparición Forzada ante el juez segundo de Distrito, en Oaxaca, el cual dictó un acuerdo por el que concede y decreta la suspensión de plano del acto atentatorio, para que “cese de inmediato… (y) para que las autoridades los hagan aparecer… en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino...” En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el juez cuarto de distrito judicial de Oaxaca, en el expediente 1174/2007, Mesa 1, señalando como acto reclamado la desaparición forzada, decretó mediante auto de fecha 3 de octubre de 2007 la suspensión de oficio respecto del acto reclamado “consistente en la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que ésta cese de inmediato y las autoridades responsables lo hagan aparecer…” En ambos casos, empero, los acuerdos no produjeron efecto jurídico ni material alguno.
Las actuaciones descritas de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para la presentación con vida de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, como veremos en la próxima entrega, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona.
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Columnas
Julio Hernández López : Astillero Muertos los niños, a “replantear los operativos policiacos en giros negros”. Renuncias expiatorias, consignaciones mitigantes y declaraciones de sonoridad y vehemencia como las que siempre se producen ante todas las desgracias en las que participan autoridades o políticos: hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, sin protecciones ni complicidades. Palabrería de ocasión en espera de que la tempestad amaine y las rutinas sabidas y consentidas vuelvan a instalarse, hasta que otra desgracia aparezca y los administradores de la institucionalidad macabra vuelvan a pronunciar los discursos de cajón.
El secretario Joel Ortega se vuelve objeto de caza de la infantería felipista deseosa de galones que ya no sean de utilería: el protector de la corrupción federal, Germán Martínez, se lanza contra Marcelo Ebrard, al que acusa de gastar el tiempo en consultas petroleras y festejos bicentenarios y centenarios (¿por qué acentuar el tema independentista, como si lo revolucionario no quisiese ser evocado?). Germancito que ve la paja en el partido ajeno y no la viga de Mouriño en el propio (y las muchas otras vigas de las administraciones panistas federal, estatales y municipales que parecieran jugar competencias respecto a corrupción y pifias). Y el no legítimo Calderón (¿el IFE V. Zurita ordenará fusilamientos para quienes califiquen al michoacano de “no legítimo”?) desliza condolencias por el infortunio focalizado en el DF cuando sus “operativos” militares por el país han provocado más muertes de jóvenes inocentes en retenes y ataques que el igualmente deplorable y criticable asunto de la discoteca capitalina.
Pero el blanco verdadero es Marcelo Ebrard, a quien le pretenden cobrar su adherencia a López Obrador, el desconocimiento sostenido del licenciado Calderón (siendo el del DF el único mandatario local que se ha negado a compartir escenarios con el esposo de la señora Margarita) y la condición de eventual relevo de AMLO en la candidatura presidencial de 2012. Joel Ortega es miembro distinguido del equipo central de trabajo de Ebrard y golpearlo a él es hacerlo con el esposo de la señora Mariagna. Alentar, por otro lado, la idea de la destitución de Ortega, colocaría a Marcelo, en el supuesto de que triunfara ese intento, en la necesidad de recurrir formalmente al ocupante de la Presidencia de la República para que designe al nuevo titular, supuesto que no se dio abiertamente en la nueva administración capitalina porque Ortega venía de la anterior y solamente fue confirmado en el cargo. Un ejemplo de las negociaciones y trascendentes concesiones al felipismo que deben hacerse en aras de cumplir con la normatividad que reserva a Los Pinos la designación del jefe de la policía capitalina y del procurador de Justicia están a la vista en el caso de Rodolfo Félix Cárdenas, el litigante involucrado en la defensa de Carlos Ahumada que ocupa la citada procuraduría merced a arreglos con el calderonismo que impidieron a ME colocar allí a una persona de plena afinidad con la línea política de eso que llaman perredismo. Por lo pronto, ayer, Ebrard se acomidió a anunciar que enviará a la Presidencia de la República un reporte de lo sucedido en la News Divine, no a la de López Obrador, sino a la de Calderón, en lo que rápidamente ha sido difundido oficialistamente como el primer reconocimiento del rejego Marcelo a la realidad felipense.
Astillas
El secretario federal de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, no podrá alegar más delante que ignoraba las denuncias de que en el municipio Tuxtla Chico, de Chiapas, se han dado casos de encefalitis equina que obviamente amenazan a los humanos. Un comunicado de los habitantes de esa zona fue hecho llegar desde trujillosergiotrasplantado@hotmail.com a las oficinas del jalisciense que debería sentirse alarmado, pues su apodo político de 2006 era El caballo negro. El reporte ciudadano menciona que “debido a la grave enfermedad de encefalitis equina, han muerto ya alrededor de 10 a 15 caballos en las comunidades de Silvano Gatica, Miguel Hidalgo, entre otras que forman parte del municipio de Tuxtla Chico, sin que hasta el momento las autoridades de la Sagarpa, con sede en Tapachula, hayan hecho algo al respecto, a pesar de la denuncia que se le ha hecho llegar personalmente mediante la Asociación Ganadera, así como de los medios de comunicación, y no han hecho nada al respecto, sin que les preocupe tal situación”. Pues bien, el secretario equino oscuro tomó la valiente y resolutoria decisión de comisionar a alguien de su equipo, Alexandra Vitard, para que desde alberto.cardenas@sagarpa.gob.mx reenviara la información, “para que sea atendida con carácter de urgente” a José Ángel del Valle, director general de salud animal de un área de la Sagarpa... Amanda Bautista es una de las Adelitas y opina que “el músico Heberto Castillo, conocido en Coyoacán como el Delegado Autista, no ha funcionado y, peor, corre la versión de que es el pelele del chuchista empanizado Mauricio Toledo, diputado asambleísta; ambos están haciendo hasta lo imposible porque el PRD pierda esta delegación. Por ejemplo, mantener como bombardeado el centro de reunión familiar que es la Plaza Hidalgo”. Bautista, junto con Igor Sánchez Peón, participa en la organización Por el Desarrollo Integral de Niños y Niñas (DINN) y, habiendo solicitado el parque de su colonia, Ejidos de San Francisco Culhuacán, para un taller cultural educativo, recibieron por respuesta una negativa mientras “dos veces por mes viene a filmar Televisión Azteca, ¿por qué ésta sí y nosotros no?”... Alberto Enríquez del Valle comenta que Guillermo Zayas González (el director del Programa de Mando Único Policial, Unipol, en la delegación Gustavo A. Madero, destituido y consignado a raíz de lo sucedido en la discoteca News Divine) fue un fiscal especial del caso Digna Ochoa que “se prestó a fortalecer la hipótesis de que ella se había suicidado, lo que para la mayoría de los mexicanos fue increíble”. Sin embargo, Zayas insistió en el punto, persiguiendo u obedeciendo tal vez a intereses siniestros” Enríquez tituló el correo, enviado a esta columna, “Justicia divina y Digna”... ¡Hasta mañana!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Marco Buenrostro y Cristina Barros : Itacate
Colombia Moya : Andanzas
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Javier Jiménez Espriú/ II : La reforma energética. Las verdades a medias
José Blanco : El consenso de casa
Luis Hernández Navarro : Salvador Allende el hurto y la memoria
Marco Rascón : Del viejo presidencialismo... al vacío
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Javier Flores : Neurobiología de la homosexualidad
Teresa del Conde/ II y última : En el MUCA campus
Vilma Fuentes : París: música, ruido y silencio
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Más que buscar un chivo expiatorio, se debe indagar a fondo
Investigar a fondo, demandan legisladores locales y federales
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Desarrolla la OMS plan global preventivo por agua contaminada
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