Ponencia de La maestra Ifigenia Martínez.

La maestra Ifigenia Martínez, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM.

Y cuenta además con una maestría en Economía por la Universidad de Harvard, donde aprobó los exámenes generales para el doctorado.

Fue investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y directora de la Facultad de Economía de la UNAM, en donde Rolando y yo fuimos sus maestros.

En el sector público fue directora de Descentralización Administrativa de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.

Participó en dos ocasiones en comisiones de reforma fiscal. También ha sido jefa de Asesores de la Presidencia de la República y Embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas.

Ha sido dos veces diputada federal y senadora de la República.Felicito a la Junta de Coordinación Política del H. Senado de la República, por la decisión de asumir el debate, en torno a la reforma energética. Asunto de la máxima relevancia para el progreso de México y el bienestar del pueblo.

Y agradezco haberme invitado a participar, como economista y ciudadana en el tema: Destino de la renta petrolera.La reforma energética es asunto de todos, y amerita un amplio debate entre nuestros técnicos y especialistas, no sólo del sector estatal y paraestatal, sino de la Academia, los centros de investigación, las asociaciones de profesionales y de trabajadores en toda la República.

Y, por tanto, entre la ciudadanía, pues se trata de un recurso, que constitucionalmente es propiedad de todos y el destino cuya renta ha sido decidido por muy pocos.En la economía clásica, renta es el pago por el uso de un recurso, que puede ser la tierra, el trabajo, un equipo, ideas o dinero. La renta que produce el trabajo, se denomina: salarios. El pago por el uso de la tierra y equipos: renta. Por el uso de una idea: regalía. Y por el uso del dinero: interés. Los economistas mexicanos hemos denominado renta petrolera, al ingreso por la venta de un recurso no renovable, cuyo precio se fija en el mercado mundial, independientemente de su costo de extracción.

Hemos utilizado el término renta, bajo el supuesto de que siendo los hidrocarburos, propiedad de la Nación; el beneficio obtenido por su venta, debe reinvertirse en la ampliación de la capacidad productiva del sector y del país, para transformar así, el beneficio obtenido de un recurso no renovable, propiedad de todos, en un capital productivo, generador permanente de bienes, de ingresos y de empleo.En términos simbólicos de algún presidente, cuando se tomó la decisión de exportar crudo, se pretendía sembrar el petróleo. Es decir, invertirlo en ampliación de la capacidad productiva, y ése es el significado que le damos a la renta petrolera.

Su importancia deriva del hecho que proviene de la venta o aprovechamiento, como dije ya, de un recurso no renovable. Cuyo uso industrial ha aumentado, debido no sólo a su consumo como fuente de energía, sino a la extensión universal del transporte y al desarrollo de la petroquímica, entre otros.Pemex extrae y vende un recurso no renovable de la Nación, y tiene la obligación de transformarlo en un aumento permanente de la capacidad productiva, así como de apoyar la investigación e impulsar el desarrollo de las industria de fertilizantes, petroquímica y siderúrgica; además de coordinar a las entidades paraestatales del ramo y fomentar el desarrollo de los energéticos de la industria básica, estratégica y naviera.

Es decir, también se incluye a los transportes. Así lo prescribe la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En México, desde la primera mitad del siglo pasado, la propiedad, uso y destino del recurso, es un asunto de dominio público. Es decir, es al Estado al que le toca decidir sobre su uso. Ello requiere una visión histórica, así sea vuelo de pájaro para comprender el significado que ha tenido su uso y abuso, como dijimos, la propiedad del petróleo es un tema ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación, el establecimiento de las tres constituciones que nos han regido implicó cruentas batallas y pérdidas de vida. La Constitución de 1917 reafirmó la propiedad de las tierras y aguas territoriales y circundantes como originaria de la nación y su dominio directo de todos lo recursos naturales, incluyendo los yacimientos minerales y orgánicos concretamente el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.

Sin embargo es hasta 1938 cuando gracias a la expropiación de las concesiones e instalaciones de las compañías extranjeras a favor de la nación y la sucesiva creación de PEMEX para manejarlas, es posible establecer las bases jurídicas e institucionales para explotar el recurso en beneficio de la independencia, desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional, igualmente por mandato constitucional, al Gobierno Federal le corresponde la propiedad y control de los organismos que manejan los recursos energéticos y es por tanto la autoridad responsable de su desempeño.

Si me atrevo a hacer estos recordatorios en este recinto en donde todos ustedes los tienen presentes es porque deseo remarcar que los funcionarios públicos encabezados por el Presidente de la República en turno, son plena y directamente responsables del buen uso y manejo de los recursos nacionales a su cargo.Durante cerca de medio siglo, podríamos decir, de 1939 a 1982, el gobierno realizó una política deliberada de desarrollo y en la cual PEMEX como organismo público descentralizado satisfizo las crecientes necesidades del recurso.

Hasta principios de la década de los 70's, PEMEX industrializó al petróleo, diversificó la producción y se establecieron importantes plantas petroquímicas. Todo ello con ingenieros técnicos y trabajadores mexicanos. Asimismo se amplió la enseñanza de las ingenierías del ramo en la UNAM y el Instituto Politécnico y puede afirmarse que en este largo periodo el petróleo funcionó como motor y palanca del desarrollo.

El crecimiento continuo del producto requirió eventuales ajustes del tipo de cambio, que ocasionan manifestaciones de inconformidad social asimiladas durante el mismo proceso de continúa expansión de la economía. Sin embargo, la desigual distribución de los beneficios que se asoció con la pérdida de poder adquisitivo, motivó crecientes protestas. En 1976 hubo necesidad de ajustar el tipo de cambio que se mantuvo fijo durante 22 años, a pesar de la devaluación del dólar que ocurrió en 1971 cuando el PRESIDENTE Nixon, de Estados Unidos, abandonó literalmente el patrón oro-dólar establecido en Bretón Woods.

En ese tiempo la expansión económica y alza de precios, el gobierno tomó la decisión de convertir al país en exportador de crudo tratando de aprovechar su mayor cotización en el mercado internacional. La economía se recupera rápidamente y continuó el proceso de industrialización.La crisis de la deuda externa ocurrida en 1982 provocada por el alza sin precedente de las tasas de interés del mercado mundial, acompañada por el descenso de los precios del petróleo y otros productos de exportación, obligaron a un cambio radical de la política económica.

Más aún: propiciaron el advenimiento del neoliberalismo, o sea, la transferencia de las funciones económicas del Estado al mercado, que ha resultado en bajas tasas de crecimiento del PIB, de la inversión y del empleo, en el mantenimiento de un tipo de cambio -así sea sobrevaluado- y un relativo equilibrio en la balanza de pagos gracias al influjo de capitales externo. Toda esta serie de medidas restrictivas y perjudiciales conocidas como el consenso de Washington, reducen el papel del Estado en la economía, desaparecen o liquidan las instituciones que operan el gasto y la inversión públicas, incluyendo las de crédito a favor del mercado de bienes, servicios y capitales.

Esta política se asume, primero, con el pretexto de pagar la deuda externa y con una serie de campañas "denunciando la excesiva intervención del Estado y del ciclo inflación de evaluación". Sin embargo se minimiza el hecho de que la rentabilidad de precios en esa época era mundial y que a pesar de las devaluaciones, la economía creció y el país se industrializó, no a niveles óptimos, pero sí permitió crear una clase media que acudió a la escuela, que educó y empezó a reclamar sus derechos de acceso a una vida mejor. La no política industrial del neoliberalismo quedó firmemente sellada con la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 1994. Previamente se había aprobado en 1992 la Ley Reglamentaria de la energía eléctrica que permitió la entrada de capital privada en áreas consideradas como de uso no público de energía, cambio conceptual que ha propiciado que actualmente cerca del 40 porciento de la generación de energía eléctrica sea un gran negocio de propiedad privada.

En 1992 se inicia el proceso de desintegración de PEMEX al fraccionar el organismo en cuatro subsidiarias para separar el proceso de exploración y producción de crudo y su creciente exportación de su transformación y relegar la industrialización del sector y la petroquímica, procesos que resultan con pérdidas al aplicarle los precios que resultan, al aplicarle los precios de transferencia internacionales. Así se manejó PEMEX como una institución fragmentada y carente de unidad de propósito.

La fragmentación del organismo en subsidiarias facilitó el saqueo fiscal de PEMEX, aumentó su carga, pues de representar el 7 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal en 1945, fue subiendo hasta representar actualmente el 39 por ciento. Esta etapa se caracteriza: por una fragmentación de la empresa que se lleva a cabo abandonando los proyectos de industrialización del petróleo y el gas; el deterioro de múltiples instalaciones alegando obsolescencia; despido de personal técnica calificado y establecimiento de sistemas de administración que propiciaron grave corrupción en lo medianos y altos mandos de la empresa.

Igualmente se lamenta el deterioro de las áreas de investigación y desarrollo del Instituto Mexicano del Petróleo y su falta de preparación para los cambios del entorno internacional.El desastre en el manejo de operación de PEMEX se ha minimizado y disfrazado debido a la ausencia de un sistema de planeación nacional del desarrollo. Este largo periodo se caracteriza asimismo por un exceso de facultades que asume la Secretaría de Hacienda y que tratan de sustituir a un verdadero sistema de planeación democrática, función constitucional que seencuentra arrinconada en una oficina de la Subsecretaría de Ingresos.

En esas condiciones, Hacienda aumenta inmoderadamente la carga fiscal de PEMEX. Se desvía la renta petrolera para pagar la deuda externa, y aunque todavía se hacen algunos esfuerzos para que el organismo continúe satisfaciendo la demanda interna, aumenta la importación d gasolina, refinados y petroquímicos hasta llegar a representar ahora el 40 por ciento del consumo nacional.Ese proceso de desindustrialización, yo creo que es una de las más graves cargas con que carga la política neoliberal.

Se abandona la política que otorgaba el Estado la responsabilidad de impulsar el desarrollo, facultad que se deja a los particulares y se asumen para su beneficio las corporaciones transnacionales; así la liberación opera a favor de los intereses del exterior y en contra de la empresa nacional. Se alega que uno de los beneficios de la nueva política económica fue que las exportaciones aumentaron gracias al Tratado de Libre Comercio, pero se soslaya que las importaciones aumentaron un poco más, o sea, que la política económica de apertura sin planeación ha convertido al país en un importador de materias primas que así se procesan con mano de obra barata en empresas ensambladoras para ser exportadas, dejándole al país un mínimo valor agregado de bajos salarios e impuestos y migración.

Se cuenta con elementos analíticos, estadísticos, escritos y orales altamente calificados para sostener que ha ocurrido un grave deterioro en PEMEX, la empresa más importante del país, ocasionado por una errónea política económica, en un entorno internacional de aumento de la demanda y altos precios del petróleo. En esta situación se está llevando a cabo una transición energética y revolución tecnológica de la cual somos parte, pues concurrimos al mercado mundial para satisfacer con el 50 por ciento de nuestra producción de crudo a Estados Unidos, cuyo déficit y vinculación es con la economía en políticas internacionales, son la causa estructural y profunda de la alza de precios del mercado internacional.

No es una cuestión pasajera el alza del precio del petróleo, obedece a profundas razones estructurales de oferta y demanda. Claro que también hay abuso y hay especulación, pero básicamente es un cambio muy significativo, al cual nosotros no estamos preparados.Los estudios y previsiones de la oferta y demanda de energéticos a nivel internacional señalan la escasez y término eventual del petróleo como combustible. Si bien se puede sustituir en hidrocarburo por el carbón y hasta por ciertos vegetales como combustibles, la transición a nuevas fuentes de energía será larga y costosa. En este panorama, el país no debe tener duda.

El petróleo que queda debe ser, antes que nada, para satisfacer los requerimientos energéticos y petroquímicos de nuestra economía. Deseo agregar un elemento de reflexión, el que se refiere al concepto de renta petrolera y es la que capta la Secretaría de Hacienda para esgrimir los recursos excedentes de PEMEX, mediante el recurso fiscal llamado derechos. El problema, desde mi punto de vista, es que al hablar del petróleo estamos partiendo de una base equivocada porque no se puede pretender extraer de ella ningún tipo de regalía, llámese como se le llame, para gastarla como si se tratara de cualquier recurso o producto.

Lo que trato de decir es que el concepto derecho es engañoso. Primero porque hay que insistir en que el petróleo es un bien que es propiedad de la nación, no del gobierno federal; y segundo, porque además es un bien prescriptible y no renovable.

El petróleo no es lo que está en el subsuelo, el petróleo forma parte del subsuelo y cuando los consumismos sin reinvertirlo estamos empobreciendo al país, que es lo que han hecho durante estos últimos años. La recaudación proveniente de la venta del petróleo crudo no proviene de un derecho fiscal, aunque así se llame, es un ingreso de capital por venta de patrimonio. Por tanto la única forma en que se puede justificar la expropiación de la renta petrolera sería que su destino no perdiera su carácter de imprescriptible, sino que conservara su carácter permanente como recurso de capital. Y como eso no se puede hacer con el petróleo, se debe utilizar la renta petrolera de tal modo que lo que estamos perdiendo en este recurso al venderlo se restituya a la nación como una adición a su capacidad de producción.

Una conclusión es que no se trata, repito, de un recurso cuya utilidad sea perecedera, debe preservar su carácter de riqueza imprescriptible, lo cual sólo se logra reinvirtiendo la renta petrolera. O sea que toda ganancia proveniente de la venta del petróleo debe ser invertida, ya sea en fomento industrial, primero que nada de la propia rama, del propio petrolero, de la propia energética, infraestructura de desarrollo, etcétera. No puede haber otro destino para la renta petrolera más que ese, la inversión, so pena de estar violando el espíritu del artículo 27 de la Constitución y empobreciendo a la nación.La restitución para el dueño originario del recurso, que es la nación, corresponde hacerle al gobierno federal mediante inversiones decididas en forma adecuada con los gobiernos estatales, por una comisión o gabinete de energía en un esquema de planeación, de desarrollo regional.

Además hay otro factor que hay que tener en cuenta y que se ha soslayado completamente, es el derecho intergeneracional de la renta petrolera. Es decir, estamos utilizando un recurso que también corresponde a las futuras generaciones. Por lo tanto sólo invirtiendo esta renta es como se garantiza este derecho intergeneracional.Espero que como resultado de este debate tengamos hoy más elementos de juicio y que con toda la información de que disponemos entendamos que defender el petróleo es defender a la patria. Para ello y de inmediato se requiere una gran campaña de rechazo a las iniciativas calderonistas que sólo tratan de legalizar las prácticas de concesiones a los contratistas nacionales y extranjeros, los contratos de servicios múltiples, los pidiregas, desperdiciar la capacidad de los técnicos y los profesionales mexicanos a los que ya corrieron y que ahora como no tienen, pues que recurrir a los contratos y suplir las deficiencias recaudatorias de la Secretaría de Hacienda, que son ya un escándalo internacional.

El Ejecutivo Federal presenta un manojo de seis iniciativas para el futuro manejo del petróleo que no hacen si no confirmar la actual dirección de privatizar muchas de sus operaciones y de desvincular tan importante recurso del desarrollo industrial de México. Los objetivos… ya no quiero yo meterme, porque veo que ya se me acabó el tiempo, pero yo creo que ha quedado bastanteclaro el por qué estamos contra estas iniciativas.Estoy sumamente preocupada porque, por un lado, yo creo que todos los comentaristas que ha habido aquí, estoy segurísima que podríamos hacer un gran proyecto, incluyendo desde luego al doctor Alejandro Hernández Delgado, con quien podríamos tener un bonito debate y yo creo que sí podríamos llegar a acuerdos. Pero de plano con el representante de la Secretaría de Hacienda, con el doctor Alejandro Werner, resulta imposible.

Y, entonces, es obvio que él está inmiscuido, él representa a los que hicieron las iniciativas. Y resulta que el Ejecutivo Federal, el manojo de las 6 iniciativas para el futuro manejo del petróleo, nos llevan a que simplemente se trate de confirmar la actual dirección de privatizar muchas de sus operaciones y desvincular tan importante recurso del desarrollo industrial de México. Y somos muchos los que queremos que ese desarrollo industrial se realice.
Los objetivos de la reforma a grandes rasgos son: Primero. Fortalecer el gobierno corporativo que se ha ido conformando desde la reforma de 1992, con la preferencia que tiene la exploración y explotación de petróleo crudo. Segundo. Regular la operación del corporativo y ampliar sus posibilidades y alcances, pero sin vincularlos con un proyecto de industrialización del país con visión de largo plazo y generador de empleos.

Tercero. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión, pero dentro de la tendencia de liberar el régimen de deuda que agobia la paraestatal sin necesidad, porque es gran productora de una renta y, sin embargo, está endeudadísima. Y darle mayor autonomía presupuestal dentro de los cánones de un gran corporativo, desvinculado de los objetivos de industrialización del país.Esto es lo que es la propuesta. El manejo y operación de PEMEX de 1992 a la fecha, ha consistido en reducir su radio de acción en materia de industrialización y vinculación con la economía nacional para dar preferencia a la explotación y producción de petróleo crudo que es de mayor lucratividad y responde a la demanda y compromisos con Estados Unidos. Y muchos nos tememos que esta, digamos, este deseo de ir a las aguas profundas, es exactamente dentro de este mismo esquema.

Por lo tanto, estamos en contra de las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional que amplía la definición de contratos y de actividades que le han llegado hastaPEMEX.Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, amplían las atribuciones de la Secretaría de Energía para intervenir en el manejo de PEMEX. Nosotros hemos hablado que debe la Secretaría de Energía de tener mayores atribuciones, sí, pero no así, sino alrededor de un plan nacional con visión de largo plazo. La nueva Ley Orgánica de PEMEX, pone énfasis en las actividades de exploración, perforación, refinación, transporte y almacenamiento de gas y petrolíferos, pero lo autoriza para contratar refinación con particulares y ofrece concesiones al capital privado para construir y operar instalaciones, ductos y equipos.

La Ley de la Comisión del Petróleo pretende regular las actividades de PEMEX con contratistas particulares. Esto lo han dicho en muchos foros académicos y en muchos foros de profesionales. Y las modificaciones, las reformas a la Comisión Reguladora de Energía son en el mismo sentido. Las reformas a la Ley de Derechos, por último, presentada últimamente, es la sexta iniciativa que llegó, no hace mas que dar pequeñas concesiones a los que se vayan a aguas profundas. Pero otra vez, otra vez es captar todo el recurso de PEMEX, como lo viene haciendo ahorita, para beneficio de la Secretaría de Hacienda y no es en beneficio de la empresa. Por lo tanto, me apena mucho, pero estamos y seguimos y estamos en contra de todo el juego de estas iniciativas.Pues yo creo que aquí lo que tenemos que tener en mente, fundamentalmente, es si este recurso, que es el petróleo, lo vamos a tratar como política de Estado o como política de mercado.

Yo creo que es muy importante, aquí que recordemos, la expropiación, 1938, toda la legislación que ha habido, y que los mexicanos hemos decidido y yo creo que estamos todos de acuerdo, en que la energía, la producción de energía es un elemento tan indispensable para la convivencia, para la vida, para la modernidad que se decidió, y así lo hemos seguido, que el suministro de energía es una cuestión de Estado y es política de Estado, por eso es por lo que tenemos también a la Comisión Federal de Electricidad la expropiación de la industria eléctrica y así deben de seguir funcionando.Eso no quiere decir, desde luego que no se tomen en cuenta consideraciones de mercado, absolutamente, pero una de las que se tomó fue cuando se decidió convertir a México en exportador de Petróleo, pero de todas maneras no debemos de olvidar lo fundamental, y entonces en eso es fundamental que le demos ese manejo y que las políticas de inversión y acumulación de este sector no están nada más guiadas por si van a tener o no van a tener utilidades, y a mí me parece que una de las cuestiones aquí fundamentales que fueron mencionadas por el senador Pablo Gómez es que el presupuesto de estas empresas debe estar separado del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y del Presupuesto del Gobierno Federal.

Eso no quiere decir que después no haya un presupuesto considerado del sector público como se hacía antes, antes de 1965, 64, los presupuestos estaban separados y entonces era más claro ver cuál era la política de inversiones de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, los préstamos que recibían, en fin, su actuación en el mercado, se unieron, las unió el licenciadoOrtiz Mena para dar un mejor espectáculo hacia el exterior y poder conseguir créditos, pero nada más se pensó que era una cuestión temporal y ya se quedaron, ahora están tan unidos, que vean ustedes, que incluso el mismo déficit total que se presenta, pues de gobierno federal y lo peor de todo es que los famosos derechos se asimilan al ingreso totalmente al ingreso del gobierno federal cuando que son derechos que deberíamos de tener separados para financiar todo el presupuesto energético y sobre todo el presupuesto de Petróleos.

De manera que es una cosa muy importante.La otra cuestión es la cuestión de plantear que la educación, claro que la educación es también muy importante, y sobre todo la educación pública, que desde finales del siglo antepasado se decidió que era una de las obligaciones del estado, y ahora hay una nueva obligación derivada de esa que es la de investigación y desarrollo científico y tecnológico, que es otra obligación, lo que pasa es que todas esas obligaciones que debe de tener un estado moderno con una población como la nuestra es materialmente imposible de satisfacerlas con 9 por ciento del ingreso nacional que es lo que capta la Secretaría, es lo que se capta fiscalmente para financiar todo el presupuesto.Entonces lo que pasa y lo que dice todo el mundo, bueno, pero por qué cosa no existe una reforma fiscal en donde como todo el mundo se grave el impuesto fundamental es el Impuesto Sobre la Renta y son dos impuestos, no es un impuesto, son dos impuestos, uno es el impuesto sobre la renta de las empresas que tiene su propia lógica y otro es el impuesto sobre la renta de las personas que tiene también su otra lógica.

Ahora, aquellas personas que son empresas, bueno, pues obviamente tienen que tener un cierto trato especial, pero son dos impuestos y aquí en nuestra legislación fiscal no es así, y entonces por eso es por lo que ya somos vergüenza internacional la baja recaudación que hace México y además también es obvio que la distribución del ingreso aquí es otra de las cuestiones que también nos debería de avergonzar y todo esto se debe al pésimo sistema de tributación que tenemos. De manera que ahí hay otra cosa que hay que revisar cuanto antes.