6/28/2008

Pronunciamiento del grupo Paz con Democracia sobre el patrimonio petrolero de México


Para nosotros el tema del petróleo mexicano no es un asunto de “opiniones”, sino de información objetiva y verificable. Aportamos datos, argumentos y aludimos a hechos científicamente comprobados y comprobables por cualquier ciudadano/a honrado/a. Rechazamos la perversión de declarar inválidos la razón y el derecho cuando son contrarios a los intereses del gran capital y de transformarlos en legítimos cuando sirven a sus intereses.

México ha vivido y está viviendo un proceso de ocupación integral, a la vez abierto y silencioso. […] La economía mexicana se encuentra hoy mucho más integrada a un proceso que inicia y termina fuera del país. Constituye una pieza intermedia de un rompecabezas que se arma y se decide en el extranjero y de acuerdo con una lógica ajena a las necesidades y voluntades internas. El mercado interno es alimentado por bienes importados y la producción interna nutre las cadenas mundiales. Esto es signo de una vulnerabilidad económica acrecentada y de una pérdida de autosuficiencia y soberanía. (Paz con Democracia, Llamamiento a la nación, noviembre 2007).

México se encuentra en situación de emergencia, decíamos en noviembre de 2007. Hoy, con la virtual aprobación de la Iniciativa Mérida y con el proyecto de entregar el petróleo mexicano a intereses particulares, nacionales y extranjeros, nos acercamos al peligro de perder a México como nación.

Con el desmantelamiento del Estado aconsejado por las políticas neoliberales, que significó la venta de más de 3 mil empresas públicas al tiempo que la producción petrolera crecía y se orientaba hacia el abastecimiento del insaciable mercado estadounidense, PEMEX se convirtió en la principal fuente fresca de recursos tanto para el funcionamiento administrativo de los gobiernos en turno como para financiar las políticas públicas. Se modificó la legislación para privatizar casi toda la producción de derivados, que es la parte más rentable del negocio petrolero, dejando como petroquímicos básicos, que son los campos exclusivos del Estado, sólo 9 de los 34 productos anteriormente comprendidos en esta clasificación que a partir de ese momento fueron incluidos en la petroquímica secundaria para ponerlos a disposición del capital privado.

A los ingresos de PEMEX se les aplicó una tasa impositiva del 63 %, que sólo en 2006 fue ajustada al 55 %. Nadie en este país paga semejante monto de impuestos. Mientras PEMEX pagaba el equivalente a todo el gasto público anual en educación, salud y seguridad social, los grandes contribuyentes (con ingresos anuales brutos mayores a 500 millones de pesos) recibían beneficios escandalosos, como asienta el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2005: “Se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, mientras que otros 50 de esta clasificación de contribuyentes pagaron hasta 67 pesos por concepto de IVA.”.
PEMEX trasladó, así, todos sus dividendos, al punto de quedar en situación de descapitalización. Es decir, ni siquiera conservaba los recursos para inversiones de mantenimiento y menos aun de expansión. El patrimonio consolidado de PEMEX, sus recursos acumulados para fines de capitalización, descendieron de 82.6 miles de millones de pesos en 1995 a 33.8 en 2001, a una tasa de 6.8 % anual, para acelerar su ritmo (7.3 % anual) de entonces a la fecha, en que las arcas quedaron completamente vacías. En 12 años se llevó completamente a PEMEX a la ruina porque, adicionalmente a este saqueo, se contrajeron deudas en Pidiregas que representan hoy el 89 % del valor total de la paraestatal.

El costo de pasar la deuda externa del país, incluida la de PEMEX, a deuda interna ha sido muy alto. Este traslado cuesta entre 1 500 y 2 000 millones de pesos anuales porque las tasas de interés internas son más de 10 veces las externas. Se podría pensar que esta medida, aunque costosa, es sana para aliviar la dependencia. No obstante, teniendo en cuenta que los bancos mexicanos ya casi no existen, resulta que nuevamente los bancos extranjeros son los beneficiarios del negocio, sólo que ahora con rendimientos diez veces mayores.

Los impuestos de PEMEX cubren hoy el 40.8 % del gasto público federal. “…al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45 por ciento, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero...” (Di Costanzo, Mario “La burra no era arisca, la hicieron” en La Jornada, 4/04/08). El gobierno no solamente saquea PEMEX sino que mantiene montos crecientes de endeudamiento, en gran parte ligados al Fobaproa-IPAB, o sea, a la transferencia de recursos de la sociedad hacia el sector privado.

Con el aumento de precios del petróleo los ingresos por este rubro pasaron de alrededor de 23 mil millones de dólares a casi 38 mmd solamente en 2007. La diferencia, de 15 mmd, es el 85 % de los recursos de inversión que requirió PEMEX en los últimos 8 años. Sus ingresos adicionales de un año que, según el Secretario de Hacienda parecen haberse esfumado en la compra al exterior de derivados del petróleo que se podrían producir en México (las exportaciones de petróleo crecen al 18 % anual mientras que las de las importaciones de petrolíferos lo hacen al 25 %), servirían para el mantenimiento de 8 años de la paraestatal. Es el equivalente de lo que PEMEX, por las argucias de estas políticas fiscales y económicas, se ve obligada a contratar en préstamo a través de los Pidiregas y a ir así privatizando y extranjerizando el recurso más valioso con que cuenta el pueblo de México. (“Sólo las transnacionales Schlumberger y Halliburton detentan más de 500 contratos vigentes con la paraestatal” (Zúñiga, Juan y Rodríguez, Israel “Arrastra Pemex deuda por Pidiregas que supera en 30% el valor de la empresa” en La Jornada, 2/04/08)).

Con el fin de favorecer la privatización del petróleo se han expresado argumentos contradictorios; primero se señala la necesidad de tecnologías que sólo las grandes transnacionales extranjeras poseen para explotar los tesoros del fondo del mar, después se dice que ya casi no hay petróleo y que es necesario entonces inyectar recursos (que PEMEX no tiene por todo lo anterior) para aprovechar lo poco que queda. La realidad es que en las profundidades del Golfo de México hay alrededor de 30 mil millones de barriles de petróleo (Gutiérrez, Nelly “Disputa por contratos para el Golfo de México” en Petróleo y electricidad 113, nov. 2007) que se encuentran en disputa. Además de lo alojado en las aguas territoriales de México, Cuba y Estados Unidos, hay una carrera por apropiarse lo contenido en los hoyos de dona formados por las aguas internacionales. El hoyo occidental ya fue negociado entre México y Estados Unidos, países que lo circundan, pero el hoyo oriental, sobre el que todavía no hay acuerdo y que tendría que ser compartido también con Cuba, se muestra en los mapas de Estados Unidos con una frontera “…totalmente corrida: engullendo toda la Dona oriental” (Barbosa, Fabio y Segura, Luis “Bush engulle la Dona oriental” en Petróleo y electricidad 113, nov. 2007). Los directivos de PEMEX se confrontan entre sí: algunos, como el director de aguas profundas, argumentan que PEMEX puede avanzar sólo contratando alguna tecnología y otros, como el director de PEMEX exploración y producción, insisten en la asociación.

La manera irregular en que se ha ido haciendo esta privatización subrepticia parece sustentarse adicionalmente en un esquema de corrupción y sobornos que evidentemente se facilita cuando hay contratos de por medio. Funcionarios, empresarios privados (como la familia Mouriño o la transnacional de la guerra Halliburton) y el sindicato (STPRM) han sido los beneficiarios directos y visibles del saqueo. No obstante, la insistencia por privatizar el petróleo mexicano (y el gas y la electricidad) no se explica solamente ni principalmente por la voracidad inmediatista vinculada a la corrupción. Ni siquiera sólo por la gestión económica irresponsable y vendepatrias de los gobernantes neoliberales, legítimos o no.

Desde 2001 el Departamento de Energía de Estados Unidos declaraba que su país se encontraba en la crisis energética más seria desde la de la OPEP, en los años setenta. Su producción de petróleo era ya 39 % menor que la de esos años mientras se calculaba un consumo 33 % mayor para los siguientes 20 años, que se incrementó con las guerras de Afganistán e Irak. Con éstas no sólo se requiere más petróleo sino que su disponibilidad se reduce por la situación incierta del Medio Oriente, donde se encuentra el 65 % del petróleo mundial. En estas circunstancias el suministro proveniente del propio continente americano se ha tornado vital. Los cuatro primeros proveedores de Estados Unidos son Canadá, Arabia Saudí, México y Venezuela, pero mientras Venezuela pelea por su independencia y pierde el tercer lugar, México se entrega y se somete a la nueva conquista.

Por esta razón la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) asume toda el área como “territorio interno (homeland)” y tiene como sus dos brazos principales la seguridad y la integración energética.

Quienes gobiernan hoy en América del Norte y en México saben bien que el petróleo sigue siendo el pilar de la soberanía y el desarrollo del pueblo de México y que su privatización, así sea disfrazada, provoca un amplio rechazo. Quienes gobiernan están llevando al país a una situación de violencia que por un lado multiplica los problemas buscando distraernos de lo fundamental y, por otro, pretende justificar la actuación cada vez más cotidiana de los cuerpos policíacos y el desvío del ejército hacia actividades de seguridad interna (de control y represión de la población y de una supuesta lucha contra el narcotráfico). La política se va militarizando y México se somete cada vez más a los intereses de Estados Unidos y las grandes transnacionales, y a las doctrinas y conducción del Comando Norte.

Frente a esta situación límite a la que nos quieren empujar las iniciativas para reformar PEMEX y las medidas y pactos ilegítimos de control de nuestras prácticas y decisiones políticas, reclamamos con toda energía el respeto a los principios fundamentales de la Constitución de 1917 (asentados por el Constituyente originante en representación del pueblo de México) y rechazamos su vulneración con el propósito de reformar indebidamente la propia Constitución. Nos sumamos a la exigencia de realización de un referéndum nacional para resolver si se aprueban o no las reformas propuestas y nos pronunciamos por la institucionalización del referéndum como forma de consulta obligada y vinculante para todas las decisiones fundamentales de la nación.

La nación sigue siendo el espacio de nuestras luchas de resistencia, y la base estratégica de nuestra articulación con las resistencias de las naciones y los pueblos del mundo entero al capitalismo y al imperialismo, que vuelven a hablar de la ingobernabilidad de México, contribuyendo a provocarla, intentando justificar una nueva invasión anunciada.

El pueblo de México, conciente de la situación peligrosa en que se está colocando a la nación, ha salido a las calles, se moviliza en sus sectores, investiga, debate y se organiza contra la entrega del petróleo. Con él estamos; de él somos parte.

Por eso reiteramos nuestro llamado a la nación mexicana:

Ante esta situación de verdadera emergencia nacional en que nos encontramos, […] es necesaria e impostergable la organización de comunidades autónomas en todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen y se autogobiernen democráticamente para la producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus artículos de primera necesidad, su educación y concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para la defensa de la vida, del patrimonio público, de los pueblos y de la nación, para la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias ideológicas y de valores compartidos.

Ciudad de México, mayo 2008

Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha, Magdalena Gómez, Ana Esther Ceceña, Oscar González, Miguel Álvarez, Pablo Romo, Héctor de la Cueva, Alicia Castellanos, Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro, Juan Brom

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