PORTADAS EL UNIVERSAL: EL IFE “MATA” A PARTIDO EN UN DÍA EXCÉLSIOR: ZAYAS: CUMPLÍ ÓRDENES MILENIO: EXPLOTA LA PUGNA SSP-PROCURADURÍA LA JORNADA: ASESINAN A POLICÍAS ENCARGADOS DE PLAN CONTRA NARCOMENUDISTAS, EN CULIACÁN LA CRÓNICA: ABUSOS A JOVENCITAS, CUANDO JOEL ORTEGA TENÍA EL CONTROL NOROESTE DE SINALOA: EXHIBE MASACRE DEBILIDAD POLICIAL NORTE DE CIUDAD JUÁREZ: ATACARÁN SECUESTROS ESTADO Y FEDERACIÓN
EL UNIVERSAL: EL IFE “MATA” A PARTIDO EN UN DÍAEl aval a la creación del partido Unión Nacional Sinarquista (Solidaridad) sobrevivió sólo 24 horas en la mesa de los consejeros electorales. En una radical modificación, el IFE determinó negar el registro a dicho partido. Según los documentos del caso Solidaridad, luego de un análisis técnico y jurídico de toda la documentación se acreditaban 22 asambleas estatales que superan las 20 requeridas por ley para constituirse en partido político, pese a que se hacían notar anomalías en algunas de ellas. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: ZAYAS: CUMPLÍ ÓRDENESGuillermo Zayas, quien ayer fue encarcelado como presunto responsable de la muerte de 12 personas en la discoteca News Divine, dio su versión de la tragedia: Se ausentó mientras cientos de jóvenes intentaban salir entre empujones del antro, el viernes pasado. Zayas aseguró que él siguió al pie de la letra la “orden de operación” que se firma antes de realizar cada operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: EXPLOTA LA PUGNA SSP-PROCURADURÍA La difusión de fotografías de menores detenidos tras el operativo en el New’s Divine, en la forma como se toman las fichas a los delincuentes, generó un enfrentamiento entre la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Joel Ortega, responsabilizó al Ministerio Público de la filtración de las imágenes. A través de un comunicado, la PGJDF afirmó que las declaraciones de Ortega son “imprecisas” y que dichas fotografías “no obran en poder de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: ASESINAN A POLICÍAS ENCARGADOS DE PLAN CONTRA NARCOMENUDISTAS, EN CULIACÁNSeis policías de diversas corporaciones, que formaban parte de un operativo especial contra el narcomenudeo, fueron ejecutados la noche del jueves en Culiacán, Sinaloa. El grupo de sicarios atacó a mansalva a los policías que viajaban en una camioneta pick up descubierta. El ataque a los uniformados ocurrió dos horas después de que militares adscritos a las Bases Operativas Mixtas Urbanas (BOMU) interceptaron a un grupo de individuos armados que viajaban en varias unidades y les respondieron con disparos. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: ABUSOS A JOVENCITAS, CUANDO JOEL ORTEGA TENÍA EL CONTROLLa Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que Joel Ortega, jefe de la policía, podría ser responsable de las vejaciones en contra de 34 jovencitas debido a que él ya estaba al frente del operativo cuando sucedieron estos hechos. Ante ello, el titular del organismo, Emilio Álvarez Icaza, informó que ya inició una queja de oficio para deslindar responsabilidades. VER NOTA COMPLETA
NOROESTE DE SINALOA: EXHIBE MASACRE DEBILIDAD POLICIAL La noche del jueves no solamente masacraron a seis agentes de seguridad, sino que también la delincuencia organizada exhibió la debilidad de las corporaciones policiales, cuyas bajas suman ya 52 elementos en lo que va del año. Esa noche, el exceso de confianza, la falta de chalecos antibalas en algunos elementos y el hecho de que los policías patrullaran solos en la unidad 1232 de la Policía Estatal Preventiva, derivó en que los sicarios los sorprendieran en el cruce de Las América y Universitarios y no pudieran repeler 458 disparos de AK-47. VER NOTA COMPLETA
NORTE DE CIUDAD JUÁREZ: ATACARÁN SECUESTROS ESTADO Y FEDERACIÓN La PGJE realiza trabajos con la Secretaría de Seguridad Pública Federal para iniciar la contraofensiva en contra del crimen organizado que ha amenazado con secuestrar a empresarios, informó su titular, Patricia González Rodríguez. La procuradora indicó que han insistido a todas las personas que han sido amenazadas para que presenten su denuncia ante la Procuraduría estatal “para poder procesar esa información y dar resultados”. Manifestó que ya hubo acercamientos con algunos de los grupos empresariales que han manifestado su preocupación por ser blanco de los secuestradores. VER NOTA COMPLETA
Advierten sindicatos que nada detendrá su lucha contra la Ley del ISSSTE
Organizaciones sindicales anunciaron que tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reforzarán su lucha política y legal hasta lograr la derogación de ese ordenamiento, anuncia LA JORNADA. En un mitin efectuado frente a la SCJN, luego de marchar desde el Monumento a la Revolución, los representantes sindicales advirtieron que nada detendrá su rechazo a dicha ley. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Sindical Mexicano (FSM) participaron en la movilización de este viernes. En entrevista, el secretario General de la Sección 18 de la CNTE, Artemio Ortiz Hurtado, adelantó que reforzarán el plantón que mantienen frente a la oficinas del ISSSTE. Por la vía legal, explicó que recurrirán a organismos internacionales para que influyan en el gobierno mexicano, con el fin de que modifique su postura en torno de la nueva Ley del ISSSTE, en la cual se modificó el régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, añade LA JORNADA. Notas relacionadas:-Sindicatos afiliados al ISSSTE anuncian radicalización de protestas--PRÓXIMO PARO DE LABORES CONTRA LEY DEL ISSSTE: 7 DE MAYO
Se realiza última audiencia pública en la SCJN sobre despenalización del aborto
Este viernes se realiza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la VI y última audiencia pública sobre la despenalización del aborto en el DF hasta las 12 semanas de embarazo, informa GRUPO FÓRMULA. En esta ocasión están programadas 13 organizaciones que están a favor de la legalización del aborto. Se prevé que la audiencia termine alrededor de las 2 de la tarde. El siguiente paso en este proceso es que el ministro Salvador Aguirre se encargue de elaborar el proyecto de sentencia para determinar si estas reformas son constitucionales o no. El proyecto podría estar listo en octubre de este año, destaca GRUPO FÓRMULA.
Primera audiencia sobre despenalización del aborto. FUENTE: Tomado de YOUTUBE
Notas relacionadas:-Legalizan el aborto en Portugal durante las primeras 10 semanas de gestación-Legisladores se reúnen en la SCJN para discutir con los ministros la despenalización del aborto-ACUSA DIPUTADO AMENAZAS DEL CARDENAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN EL DF
FUNCIONARIOS DE EU ABANDONAN BOLIVIA POR AMENAZAS DE COCALEROS ESTADOS UNIDOS CALIFICA DE INAMISTOSO EL DISCURSO DE EVO
Funcionarios de la Agencia Estadounidense de Cooperación (Usaid) abandonan la provincia boliviana del Chapare, en el centro del país, ante las amenazas de expulsión de los cocaleros, reporta EL PAÍS. Los estadounidenses salieron de la región un día antes de que se cumpliera el ultimátum lanzado esta semana por los sindicatos de cocaleros, que habían advertido de que declararían la zona "territorio libre de Usaid" y "libre de injerencias". Los cocaleros justifican su decisión porque Usaid los chantajea y está envuelta en conspiraciones contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien sigue siendo su máximo dirigente sindical, aunque ya de forma simbólica.
"Nuestro país ha dejado de ser un país mendigo", dijo el dirigente del sector Julio Salazar, quien adelantó que los proyectos impulsados por Usaid pendientes de finalizar los asumirán los municipios, publica EL PAÍS.
.ESTADOS UNIDOS CALIFICA DE INAMISTOSO EL DISCURSO DE EVO La declaración del presidente Evo Morales, quien apoyó la expulsión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) del Chapare, irritó a Estados Unidos, que señaló primero que "se tomará en serio la amenaza" y más tarde complementó que lo que dijo el Mandatario fue "inapropiado, inamistoso y lamentable", menciona el diario boliviano LA RAZÓN. Por la mañana, la portavoz del Departamento de Estado, Heide M. Bronke, según reflejó la agencia EFE, dijo que "nos tomamos seriamente cualquier amenaza". Sin embargo, estas declaraciones "no reflejan la manera en que entendemos nuestras relaciones bilaterales y la realidad de la ayuda de EU para el desarrollo y para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia", indica Bronke, quien añade que el embajador Philip Goldberg sigue en este país, señala LA RAZÓN.Notas relacionadas:-Bolivia pide cambiar nombre a Coca Cola; pide quitarle el nombre de "coca"-Ratifican como líder cocalero a Evo Morales
La Procuraduría mexiquense realiza una nueva "depuración" de las estadísticas históricas sobre los feminicidios que se han registrado en la entidad en los últimos años y de los cuales más de 80% siguen impunes; pese a que hay cientos de actas, en la mayoría no hay detenidos, informa EL UNIVERSAL. El procurador Alberto Bazbaz admitió haber ordenado sacar de la página web de la dependencia las estadísticas para "revisar" los casos, no obstante que en 2006 —cuando las cifras comenzaron a alcanzar niveles alarmantes— el gobierno mexiquense, ordenó una "depuración" en el Instituto de la Mujer del Estado. Al solicitarle una explicación de esta nueva depuración, el funcionario explicó que se están definiendo nuevos "parámetros" para determinar cuándo el asesinato de una mujer debe ser considerado como "feminicidio" y por lo tanto estar dentro de las estadísticas oficiales, apunta EL UNIVERSAL.Notas relacionadas:-Estado de México rebasa el número de feminicidios a Ciudad Juárez-Ecatepec: alza en feminicidios-Imparables los feminicidios en Ciudad Juárez; ONU denuncia 16 muertes en 2007
Editorial La Jornada.
Petróleo: la oposición a la consulta
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, aseguró anteayer que la consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y que se realizará el próximo 27 de julio, no será tomada en cuenta por el Senado de la República, dado que ya existe un compromiso para que el 22 de ese mismo mes, una vez concluidos los foros de discusión que se celebran en la casona de Xicoténcatl, los legisladores comiencen a dictaminar las iniciativas presentadas el pasado 8 de abril por el Ejecutivo federal.
Por principio de cuentas, la pretensión de comenzar los dictámenes legislativos una vez que concluyan los debates petroleros reviste una inconsecuencia mayúscula que contraviene el espíritu original de dichas reuniones de discusión. En efecto, la demanda de la realización de tales ejercicios obedeció a la opacidad con que se venía conduciendo el gobierno federal en torno al tema, y a la necesidad de sentar las bases para una discusión sana y plural, con base en la cual la sociedad en su conjunto pudiera asumir una postura respecto de la propuesta presidencial. Así, el paso natural a seguir sería la celebración de una consulta en la que se viera reflejada la efectividad del debate, a fin de que los representantes populares recojan el sentir de la ciudadanía y dictaminen en consecuencia, en el entendido de que, como lo dijo el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas en relación con las afirmaciones de Kessel: “es imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”. Queda claro, pues, que los señalamientos de la titular de Energía representan un intento más desde el Ejecutivo por romper el diálogo y subvertir uno de los principios fundamentales de las democracias modernas: el de la participación ciudadana.
Por lo demás, las declaraciones de Kessel en torno a la supuesta “inutilidad” de la consulta ciudadana abonan a los intentos discursivos del oficialismo por descalificar la convocatoria del mandatario capitalino, tanto desde el punto de vista político –se le ha llamado “táctica dilatoria”–, como desde una perspectiva legal –se ha argumentado la carencia de facultades del Ejecutivo local para realizar dicho ejercicio–. Al respecto, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia e incluso la necesidad de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos. Como botón de muestra, ha de mencionarse lo expuesto por el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, en el sentido de que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
Acaso la razón principal de la reticencia del gobierno federal a la celebración de la consulta sea que en la opinión pública nacional, sobre todo a raíz de los debates públicos que tienen lugar en el Senado, avanza la convicción de que las iniciativas calderonistas contradicen lo establecido en la Constitución, y que son inviables desde los puntos de vista legal, económico y hasta político. En ese caso, lo ideal sería que la administración en turno repiense su estrategia, desista de sus intenciones privatizadoras y transite hacia una visión de Estado en el manejo de los recursos energéticos. Con los asertos de Kessel, en cambio, la actual administración revela su premura por entregar la industria petrolera a manos privadas, desacredita a priori un ejercicio popular deseable y necesario, y deja entrever, con ello, su carácter autoritario y antidemocrático.
Petróleo: la oposición a la consulta
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, aseguró anteayer que la consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y que se realizará el próximo 27 de julio, no será tomada en cuenta por el Senado de la República, dado que ya existe un compromiso para que el 22 de ese mismo mes, una vez concluidos los foros de discusión que se celebran en la casona de Xicoténcatl, los legisladores comiencen a dictaminar las iniciativas presentadas el pasado 8 de abril por el Ejecutivo federal.
Por principio de cuentas, la pretensión de comenzar los dictámenes legislativos una vez que concluyan los debates petroleros reviste una inconsecuencia mayúscula que contraviene el espíritu original de dichas reuniones de discusión. En efecto, la demanda de la realización de tales ejercicios obedeció a la opacidad con que se venía conduciendo el gobierno federal en torno al tema, y a la necesidad de sentar las bases para una discusión sana y plural, con base en la cual la sociedad en su conjunto pudiera asumir una postura respecto de la propuesta presidencial. Así, el paso natural a seguir sería la celebración de una consulta en la que se viera reflejada la efectividad del debate, a fin de que los representantes populares recojan el sentir de la ciudadanía y dictaminen en consecuencia, en el entendido de que, como lo dijo el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas en relación con las afirmaciones de Kessel: “es imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”. Queda claro, pues, que los señalamientos de la titular de Energía representan un intento más desde el Ejecutivo por romper el diálogo y subvertir uno de los principios fundamentales de las democracias modernas: el de la participación ciudadana.
Por lo demás, las declaraciones de Kessel en torno a la supuesta “inutilidad” de la consulta ciudadana abonan a los intentos discursivos del oficialismo por descalificar la convocatoria del mandatario capitalino, tanto desde el punto de vista político –se le ha llamado “táctica dilatoria”–, como desde una perspectiva legal –se ha argumentado la carencia de facultades del Ejecutivo local para realizar dicho ejercicio–. Al respecto, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia e incluso la necesidad de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos. Como botón de muestra, ha de mencionarse lo expuesto por el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, en el sentido de que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
Acaso la razón principal de la reticencia del gobierno federal a la celebración de la consulta sea que en la opinión pública nacional, sobre todo a raíz de los debates públicos que tienen lugar en el Senado, avanza la convicción de que las iniciativas calderonistas contradicen lo establecido en la Constitución, y que son inviables desde los puntos de vista legal, económico y hasta político. En ese caso, lo ideal sería que la administración en turno repiense su estrategia, desista de sus intenciones privatizadoras y transite hacia una visión de Estado en el manejo de los recursos energéticos. Con los asertos de Kessel, en cambio, la actual administración revela su premura por entregar la industria petrolera a manos privadas, desacredita a priori un ejercicio popular deseable y necesario, y deja entrever, con ello, su carácter autoritario y antidemocrático.
Improcedente, culpar a Zayas de homicidio doloso: penalistas
Expertos opinan que el ex funcionario podría ser imputado de homicidio culposo por omisión de funciones. La imagen corresponde al traslado del ex mando policial (con gafas) al Reclusorio Oriente, la tarde de ayer Foto Alfredo Domínguez
En una noche, seis policías ejecutados en un operativo en Culiacán
Espiral de violencia imparable: matan a 16 en cinco estados
En Tlalnepantla, dos ultimados a tiros en la cabeza; asesinos dejan rótulo
La avenida más transitada de Ciudad Juárez, escenario de un doble crimen
Investigan a los hermanos Beltrán Leyva por el caso de Igor Labastida
Corresponsales y Gustavo Castillo
Descartar la consulta petrolera, una "injuria", dice Carrancá y Rivas
Carrancá: legal, consulta sobre Pemex
Laura Poy Solano
El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas calificó de “injuria” la afirmación de la administración federal respecto a que no se tomará en cuenta la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, al considerar que en un país democrático es “imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”.
Interrogado sobre la declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que los resultados de la consulta no incidirán en la dictaminación de las iniciativas sobre la reforma, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM afirmó que si bien no son vinculatorios “ni la consulta ni los foros, sí es vital atender el criterio de múltiples especialistas y mexicanos que estamos interesados en un asunto fundamental para la nación”.
Carrancá y Rivas insistió en que ante la polémica sobre el sustento jurídico para convocar a una consulta ciudadana sobre el tema energético, “destacadísimos juristas han afirmado que no hay necesidad de tanto alboroto, porque el gobernante puede consultar a quien quiera”, y señaló que es “absurdo” que se intente negar ese derecho, “cuando hay un claro sustento legal, y lo establece el artículo 27 constitucional, lo permite la Ley de Participación Ciudadana y el Estatuto de Gobierno del DF”.
Tras participar en el debate universitario sobre la reforma a Pemex, en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Tlatelolco, Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, afirmó que este domingo se darán a conocer la organización y fechas en que se realizará la consulta en todo el país durante la concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador.
Al insistir en que ese ejercicio ciudadano es una alternativa a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón, convocó a la población a manifestar su opinión, y consideró “ridículo, absurdo y hasta triste” que el gobierno federal “ni siquiera reconozca los foros que se realizan en el Senado de la República, porque están empeñados en aprobar su reforma, y eso no va a ocurrir”.
Senadores objetan asertos de Kessel; el gobierno está desesperado, señala Núñez “Absurdo y lamentable, decir que no se considerará la consulta popular”
Andrea Becerril
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, no es portavoz del Senado, y sus declaraciones recientes, en el sentido de que no se tomará en cuenta la consulta popular para dictaminar la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que prueba es “la desesperación de Felipe Calderón y sus funcionarios, al no poder posicionar sus iniciativas privatizadoras”, advirtió el senador perredista Arturo Núñez.
En esto coincidió el también perredista Ricardo Monreal, y ambos pidieron a Kessel no confundirse, toda vez que el acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas en abril pasado, al concluir la toma de las tribunas de ambas cámaras, precisa que al finalizar los foros de discusión se iniciará el trabajo legislativo, no que se procederá a votar la reforma.
Por separado, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa, comentó que después de la conclusión de los foros de consulta –el próximo 22 de julio–, los integrantes de las comisiones dictaminadoras comenzarán a reunirse. Dijo que no podría calcular cuánto tiempo les llevará la discusión jurídica y la búsqueda de acuerdos en torno a los cambios que realizarán.
Cuestionado sobre la consulta popular que efectuarán los perredistas en algunos estados, consideró que todo partido tiene derecho a aplicar ese tipo de mecanismos ciudadanos, pero los senadores están en la obligación de legislar y llevar a cabo las modificaciones correspondientes a las iniciativas de Calderón.
Integrante de las comisiones dictaminadoras, el senador Núñez consideró “absurdas y lamentables” las afirmaciones de Kessel de que se dictaminará la reforma de Pemex sin tomar en cuenta la consulta popular que se llevará a cabo. “Esa decisión corresponde a los senadores, no a una empleada del Ejecutivo”, advirtió.
“Es evidente que en el gobierno de Calderón están desesperados porque no han logrado el respaldo para su reforma. Removieron incluso al coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel; trataron de desacreditar los foros de debate y ahora quieren modificar las reglas, al traer directamente a funcionarios de Hacienda y otros servidores públicos, porque no han encontrado a nadie que abiertamente dé la cara por una propuesta que pretende entregar el petróleo a intereses extranjeros”, destacó.
Por separado, Monreal Ávila comentó que a Calderón le preocupa también mucho la fuerza que ha ido cobrando el movimiento en defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y de ahí “los desatinos del gobierno de facto”.
Adelantó que no se opondrá a la decisión de la Junta de Coordinación Política de hacer descuentos en los salarios de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que faltaron a sesiones el pasado periodo ordinario, por mantener las tomas de tribunas.
“En mi caso, si quieren rebajarme todo abril o todo el año, no tengo ningún inconveniente, porque con ese movimiento logramos detener que se aprobara al vapor la reforma privatizadora de Pemex”.
Resaltó que ha sido esencial la realización del debate en el Senado, porque en voz de técnicos, académicos y expertos en el tema se ha puesto de manifiesto que la propuesta de Calderón viola la Constitución y pone en riesgo el futuro del país al proponer que la renta petrolera pase a manos de trasnacionales.
La secretaria, por mantener la extracción en lugar de hacer más refinerías
Niega el IFE registro como partidos a dos agrupaciones
Los sinarquistas fueron rechazados por unanimidad
Titubeos para desechar a Rumbo a la Democracia
Alonso Urrutia
En el DF no se criminaliza a jóvenes, afirma Marcelo Ebrard
Demanda al Presidente respetar el luto en la ciudad debido a la tragedia
La política del GDF hacia los adolescentes es de apoyo a sus estudios y el sano esparcimiento, dice
Expertos opinan que el ex funcionario podría ser imputado de homicidio culposo por omisión de funciones. La imagen corresponde al traslado del ex mando policial (con gafas) al Reclusorio Oriente, la tarde de ayer Foto Alfredo Domínguez
En una noche, seis policías ejecutados en un operativo en Culiacán
Espiral de violencia imparable: matan a 16 en cinco estados
En Tlalnepantla, dos ultimados a tiros en la cabeza; asesinos dejan rótulo
La avenida más transitada de Ciudad Juárez, escenario de un doble crimen
Investigan a los hermanos Beltrán Leyva por el caso de Igor Labastida
Corresponsales y Gustavo Castillo
Descartar la consulta petrolera, una "injuria", dice Carrancá y Rivas
Carrancá: legal, consulta sobre Pemex
Laura Poy Solano
El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas calificó de “injuria” la afirmación de la administración federal respecto a que no se tomará en cuenta la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, al considerar que en un país democrático es “imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”.
Interrogado sobre la declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que los resultados de la consulta no incidirán en la dictaminación de las iniciativas sobre la reforma, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM afirmó que si bien no son vinculatorios “ni la consulta ni los foros, sí es vital atender el criterio de múltiples especialistas y mexicanos que estamos interesados en un asunto fundamental para la nación”.
Carrancá y Rivas insistió en que ante la polémica sobre el sustento jurídico para convocar a una consulta ciudadana sobre el tema energético, “destacadísimos juristas han afirmado que no hay necesidad de tanto alboroto, porque el gobernante puede consultar a quien quiera”, y señaló que es “absurdo” que se intente negar ese derecho, “cuando hay un claro sustento legal, y lo establece el artículo 27 constitucional, lo permite la Ley de Participación Ciudadana y el Estatuto de Gobierno del DF”.
Tras participar en el debate universitario sobre la reforma a Pemex, en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Tlatelolco, Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, afirmó que este domingo se darán a conocer la organización y fechas en que se realizará la consulta en todo el país durante la concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador.
Al insistir en que ese ejercicio ciudadano es una alternativa a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón, convocó a la población a manifestar su opinión, y consideró “ridículo, absurdo y hasta triste” que el gobierno federal “ni siquiera reconozca los foros que se realizan en el Senado de la República, porque están empeñados en aprobar su reforma, y eso no va a ocurrir”.
Senadores objetan asertos de Kessel; el gobierno está desesperado, señala Núñez “Absurdo y lamentable, decir que no se considerará la consulta popular”
Andrea Becerril
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, no es portavoz del Senado, y sus declaraciones recientes, en el sentido de que no se tomará en cuenta la consulta popular para dictaminar la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que prueba es “la desesperación de Felipe Calderón y sus funcionarios, al no poder posicionar sus iniciativas privatizadoras”, advirtió el senador perredista Arturo Núñez.
En esto coincidió el también perredista Ricardo Monreal, y ambos pidieron a Kessel no confundirse, toda vez que el acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas en abril pasado, al concluir la toma de las tribunas de ambas cámaras, precisa que al finalizar los foros de discusión se iniciará el trabajo legislativo, no que se procederá a votar la reforma.
Por separado, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa, comentó que después de la conclusión de los foros de consulta –el próximo 22 de julio–, los integrantes de las comisiones dictaminadoras comenzarán a reunirse. Dijo que no podría calcular cuánto tiempo les llevará la discusión jurídica y la búsqueda de acuerdos en torno a los cambios que realizarán.
Cuestionado sobre la consulta popular que efectuarán los perredistas en algunos estados, consideró que todo partido tiene derecho a aplicar ese tipo de mecanismos ciudadanos, pero los senadores están en la obligación de legislar y llevar a cabo las modificaciones correspondientes a las iniciativas de Calderón.
Integrante de las comisiones dictaminadoras, el senador Núñez consideró “absurdas y lamentables” las afirmaciones de Kessel de que se dictaminará la reforma de Pemex sin tomar en cuenta la consulta popular que se llevará a cabo. “Esa decisión corresponde a los senadores, no a una empleada del Ejecutivo”, advirtió.
“Es evidente que en el gobierno de Calderón están desesperados porque no han logrado el respaldo para su reforma. Removieron incluso al coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel; trataron de desacreditar los foros de debate y ahora quieren modificar las reglas, al traer directamente a funcionarios de Hacienda y otros servidores públicos, porque no han encontrado a nadie que abiertamente dé la cara por una propuesta que pretende entregar el petróleo a intereses extranjeros”, destacó.
Por separado, Monreal Ávila comentó que a Calderón le preocupa también mucho la fuerza que ha ido cobrando el movimiento en defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y de ahí “los desatinos del gobierno de facto”.
Adelantó que no se opondrá a la decisión de la Junta de Coordinación Política de hacer descuentos en los salarios de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que faltaron a sesiones el pasado periodo ordinario, por mantener las tomas de tribunas.
“En mi caso, si quieren rebajarme todo abril o todo el año, no tengo ningún inconveniente, porque con ese movimiento logramos detener que se aprobara al vapor la reforma privatizadora de Pemex”.
Resaltó que ha sido esencial la realización del debate en el Senado, porque en voz de técnicos, académicos y expertos en el tema se ha puesto de manifiesto que la propuesta de Calderón viola la Constitución y pone en riesgo el futuro del país al proponer que la renta petrolera pase a manos de trasnacionales.
La secretaria, por mantener la extracción en lugar de hacer más refinerías
Niega el IFE registro como partidos a dos agrupaciones
Los sinarquistas fueron rechazados por unanimidad
Titubeos para desechar a Rumbo a la Democracia
Alonso Urrutia
En el DF no se criminaliza a jóvenes, afirma Marcelo Ebrard
Demanda al Presidente respetar el luto en la ciudad debido a la tragedia
La política del GDF hacia los adolescentes es de apoyo a sus estudios y el sano esparcimiento, dice
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que se acordó con el comisionado de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, tomar medidas específicas ante las amenazas que han recibido por teléfono jóvenes testigos de la tragedia en la discoteca News Divine.
Al negar que en el DF se criminalice a los jóvenes, el mandatario capitalino calificó las acciones cometidas por algunos oficiales durante el operativo, encabezado por Guillermo Zayas González –en el que se marcó con plumón a las adolescentes, se les tomó fotografías y se les pidió que se desnudaran–, de “alta traición” a los principios y políticas que guían las acciones de su administración hacia este sector de la población y exigió que los responsables sean sancionados.
Luego de que Felipe Calderón dijo, en alusión al caso News Divine que las autoridades capitalinas deben perseguir a los verdaderos delincuentes y no criminalizar a los jóvenes, el mandatario local pidió respeto para la ciudad, para sus habitantes y las familias de las víctimas por el luto que guardan ante esta tragedia y afirmó que la política de su gobierno hacia los jóvenes se centra en el apoyo para que no abandonen sus estudios, como es el programa de becas para estudiantes de bachillerato y a que accedan a un sano esparcimiento, con los conciertos que se han organizado, y la recuperación de espacios públicos.
En ese sentido, señaló que las declaraciones del presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, quien lo acusó de ser ciento por ciento responsable de la tragedia, era lo que podría esperarse del dirigente blanquiazul para confirmar que “lo único que están viendo es cómo sacar provecho” de esto y aseguró que no entrará a ese tipo de discusión política en este momento.
“Respecto a lo que afirmó Felipe Calderón quiero decir esto: él sabe muy bien, que la política del gobierno de la ciudad nunca ha sido criminalizar a los jóvenes, esta acción fue una grave violación a la ley, hay responsables directos que se apartaron de los principios y la filosofía de esta administración y yo me hago cargo de que no habrá impunidad”, señaló.
“Esta ciudad –agregó el mandatario local– está viviendo una tragedia. Yo pido respeto, no a mi persona, porque evaluarme a mí le corresponde a los ciudadanos, hablo de respeto a la ciudad, a sus habitantes y a las familias afectadas, más aun cuando se sabe que hemos estado actuando, investigando y sancionando. Por nosotros hablarán nuestros hechos.”
El jefe de Gobierno fue entrevistado tras un recorrido por estaciones del Corredor Insurgentes del Metrobús, donde informó que en una reunión que sostuvo el jueves con el presidente de la CDHDF, se acordó aplicar una serie de medidas, las cuales se abstuvo de precisar para evitar que perdieran su eficacia.
Ebrard, señaló que lo ocurrido deja muchas lecciones que obligan a tomar acciones inmediatas, adicionales, que irá anunciando en los próximos días, “pero lo que puedo decir el día de hoy es que en todo momento me he conducido con la verdad, haciéndome cargo de lo que representa, no eludo, no evado ni encubro. Voy a actuar conforme a los principios de honestidad, veracidad y contundencia en todo lo que sea necesario”.
Sobre la necesidad de replantear el concepto de Sistema de Coordinación Policial, conocida como Unipol, Ebrard aseguró que el problema no es que se realicen operativos conjuntos, sino que un grupo de mandos tomaron decisiones que se apartaron de la ley.
El jefe de Gobierno debe asumir las decisiones políticas del caso: Mouriño
Más información en la sección de Capital
Cobra Gordillo en el Edomex como maestra y directora: SEIEM
Llueva o truene, ella "recuperará" la sección 9, prevén en el CEN del SNTE
La lideresa aprieta el paso y emplea todo recurso material y hasta amenazas
Corresponsales y Arturo Cano
Al negar que en el DF se criminalice a los jóvenes, el mandatario capitalino calificó las acciones cometidas por algunos oficiales durante el operativo, encabezado por Guillermo Zayas González –en el que se marcó con plumón a las adolescentes, se les tomó fotografías y se les pidió que se desnudaran–, de “alta traición” a los principios y políticas que guían las acciones de su administración hacia este sector de la población y exigió que los responsables sean sancionados.
Luego de que Felipe Calderón dijo, en alusión al caso News Divine que las autoridades capitalinas deben perseguir a los verdaderos delincuentes y no criminalizar a los jóvenes, el mandatario local pidió respeto para la ciudad, para sus habitantes y las familias de las víctimas por el luto que guardan ante esta tragedia y afirmó que la política de su gobierno hacia los jóvenes se centra en el apoyo para que no abandonen sus estudios, como es el programa de becas para estudiantes de bachillerato y a que accedan a un sano esparcimiento, con los conciertos que se han organizado, y la recuperación de espacios públicos.
En ese sentido, señaló que las declaraciones del presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, quien lo acusó de ser ciento por ciento responsable de la tragedia, era lo que podría esperarse del dirigente blanquiazul para confirmar que “lo único que están viendo es cómo sacar provecho” de esto y aseguró que no entrará a ese tipo de discusión política en este momento.
“Respecto a lo que afirmó Felipe Calderón quiero decir esto: él sabe muy bien, que la política del gobierno de la ciudad nunca ha sido criminalizar a los jóvenes, esta acción fue una grave violación a la ley, hay responsables directos que se apartaron de los principios y la filosofía de esta administración y yo me hago cargo de que no habrá impunidad”, señaló.
“Esta ciudad –agregó el mandatario local– está viviendo una tragedia. Yo pido respeto, no a mi persona, porque evaluarme a mí le corresponde a los ciudadanos, hablo de respeto a la ciudad, a sus habitantes y a las familias afectadas, más aun cuando se sabe que hemos estado actuando, investigando y sancionando. Por nosotros hablarán nuestros hechos.”
El jefe de Gobierno fue entrevistado tras un recorrido por estaciones del Corredor Insurgentes del Metrobús, donde informó que en una reunión que sostuvo el jueves con el presidente de la CDHDF, se acordó aplicar una serie de medidas, las cuales se abstuvo de precisar para evitar que perdieran su eficacia.
Ebrard, señaló que lo ocurrido deja muchas lecciones que obligan a tomar acciones inmediatas, adicionales, que irá anunciando en los próximos días, “pero lo que puedo decir el día de hoy es que en todo momento me he conducido con la verdad, haciéndome cargo de lo que representa, no eludo, no evado ni encubro. Voy a actuar conforme a los principios de honestidad, veracidad y contundencia en todo lo que sea necesario”.
Sobre la necesidad de replantear el concepto de Sistema de Coordinación Policial, conocida como Unipol, Ebrard aseguró que el problema no es que se realicen operativos conjuntos, sino que un grupo de mandos tomaron decisiones que se apartaron de la ley.
El jefe de Gobierno debe asumir las decisiones políticas del caso: Mouriño
Más información en la sección de Capital
Cobra Gordillo en el Edomex como maestra y directora: SEIEM
Llueva o truene, ella "recuperará" la sección 9, prevén en el CEN del SNTE
La lideresa aprieta el paso y emplea todo recurso material y hasta amenazas
Corresponsales y Arturo Cano
Como cientos de profesores, tiene comisión con goce de sueldo para realizar tareas en el SNTE
Sin trabajar, Gordillo cobra 2 salarios en Edomex: como directora y maestra
■ Según información de los SEIEM, en la misma situación está Rafael Ochoa, secreNezahualcóyotl, Méx., 27 de junio. La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, cobra dos salarios dentro del magisterio mexiquense: uno de directora y otro de profesora de primaria. Sin embargo no ejerce ninguna de las dos funciones, pues como cientos de profesores de todo el país, está comisionada –licencia con goce de sueldo– para realizar tareas en el sindicato.
En la misma situación se encuentra el secretario general, Rafael Ochoa Guzmán, sólo que éste ocupa la plaza de jefe de sector de educación primaria, cuya licencia con goce de sueldo le fue renovada el pasado primero de enero con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
No obstante, el dirigente sindical de la sección 36, Alberto Hernández Meneses, dijo a este diario: “No podemos dar información de eso, lo desconozco; los compañeros electos trabajamos para mejorar la educación, reivindicar a los trabajadores y fortalecer al sindicato”.
En la sección 36 están afiliados 55 mil profesores, distribuidos en 2 mil 800 planteles educativos de 58 municipios, divididos en seis regiones.
Según la página electrónica oficial del SNTE, en sus seis sedes regionales en los municipios de Naucalpan, Cuautitlán, Tecámac, Ecatepec, Valle de Chalco y Neza, cuentan en total con 645 “secretarios delegacionales y representantes de centro de trabajo”.
Mediante una solicitud de información pública presentada ante los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), dependencia estatal encargada de administrar las escuelas federalizadas que existen en la entidad mexiquense, se conoció que Elba Esther ocupa dos plazas con categorías de director de primaria, foráneo y maestro de grupo de primaria, foráneo.
En un inicio, la dependencia se negó a responder a la solicitud hecha por un ciudadano y, además, no reveló los sueldos que cobran Gordillo Morales y Ochoa Guzmán, con el argumento de que las plazas que ocupan no son de alto ni mediano rangos.
Sin embargo, profesores que ocupan plazas similares en el magisterio federalizado, señalaron que un director de primaria foráneo cobra 14 mil pesos mensuales, un profesor de primaria 7 mil y un jefe de sector de educación primaria 16 mil, cantidades que parecen insignificantes ante la riqueza que han mostrado ambos líderes sindicales.
La información fue proporcionada por los SEIEM a partir de una solicitud de acceso a la información, cuya respuesta, en primera instancia, fue que la información era reservada y confidencial. Después de cuatro meses, por votación unánime, los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), decidieron desclasificar los datos solicitados, tras analizar un recurso de inconformidad presentado por el mismo interesado contra la primera resolución del SEIEM.
La profesora de Neza
Elba Esther Gordillo inició su actividad dentro del SNTE en los años 70 cuando era profesora de una primaria en Nezahualcóyotl, estado de México. Sin embargo, el SEIEM informó que actualmente Gordillo Morales no se encuentra asignada a ningún plantel específico de la entidad, pues tiene permiso para realizar tareas sindicales.
Según datos del gobierno mexiquense, 227 profesores, de los más de 50 mil que laboran en la entidad, están “comisionados” a alguna actividad sindical. Sin embargo, para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los llamados comisionados realizarían actividades partidistas en favor de PRI, Nueva Alianza y PAN, y en especial de Felipe Calderón.
Pedro Ramírez Vázquez miembro de la dirección política de la CNTE –ala disidente– explicó que las ausencias de los profesores son justificadas por el SNTE, con el argumento de que se asigna personal a actividades de distintas áreas de escuelas públicas o de administración.
Hasta diciembre del año pasado y en el actual ciclo escolar, sostiene, los SEIEM contaba con una lista de 550 profesores que en la entidad se ausentan para operar como “comisionados”.
Al mismo tiempo, la Oficialía mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un listado de 500 profesores más que tienen permiso para desempeñarse como personal de apoyo o “comisionados”, también al servicio del sindicato.
En total podrían ser hasta 2 mil profesores que cobran salarios de 15 mil pesos más prestaciones de ley. Sin embargo, “eso es lo que se ve, pero la cifra de ausentes podría triplicarse, ser más de 3 mil comisionados, y me quedo corto”, dijo.
Los llamados comisionados cobran como jefes de sector, de departamento, de supervisores escolares. A su voluntad realizan labores de apoyo, de auxiliares o de plano son choferes de los dirigentes, engrosando así la nómina burocrática y sin desempeñar su trabajo docente. Pero también son trasladados desde el estado de México a otras entidades, donde existen procesos electorales y sirven de apoyo a PRI y Nueva Alianza; y como quedó comprobado en el proceso electoral de 2006, también al panista Calderón Hinojosa.
Además de esta situación, los profesores denunciaron que en los meses recientes algunos de sus compañeros que cuentan con varios años en la docencia y han sido disidentes o activistas, sufrieron hostigamiento de las autoridades para que acepten su jubilación, a pesar de que cuentan aún con vitalidad para desempeñar su labor.
El acoso del sindicato, aseveran, ha infundido miedo entre la plantilla magisterial que se ha caracterizado por no pensar como los dirigentes del SNTE. “A mí me descontaron 800 pesos en el último pago quincenal de 8 mil pesos” aseguró el profesor Carlos Velásquez Enríquez, director de la Telesecundaria 211 de la colonia popular Valle Dorado, único plantel mexiquense controlado por disidentes del SNTE.
“Nos reconocemos como parte de la CNTE”, dice José de Jesús Loredo García, también profesor de la telesecundaria quien señaló un descuento de 570 pesos de su salario base de 4 mil pesos.
Así, mientras a los mentores disidentes les aplican descuentos injustificados a su salario y pretenden jubilarlos por la fuerza, hasta ahora se sabe que Gordillo Morales es dueña de residencias y departamentos de lujo tanto en la ciudad de México como en Estados Unidos; además se le atribuye una fortuna personal en varios millones de dólares.tario general del sindicato
Sin trabajar, Gordillo cobra 2 salarios en Edomex: como directora y maestra
■ Según información de los SEIEM, en la misma situación está Rafael Ochoa, secreNezahualcóyotl, Méx., 27 de junio. La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, cobra dos salarios dentro del magisterio mexiquense: uno de directora y otro de profesora de primaria. Sin embargo no ejerce ninguna de las dos funciones, pues como cientos de profesores de todo el país, está comisionada –licencia con goce de sueldo– para realizar tareas en el sindicato.
En la misma situación se encuentra el secretario general, Rafael Ochoa Guzmán, sólo que éste ocupa la plaza de jefe de sector de educación primaria, cuya licencia con goce de sueldo le fue renovada el pasado primero de enero con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
No obstante, el dirigente sindical de la sección 36, Alberto Hernández Meneses, dijo a este diario: “No podemos dar información de eso, lo desconozco; los compañeros electos trabajamos para mejorar la educación, reivindicar a los trabajadores y fortalecer al sindicato”.
En la sección 36 están afiliados 55 mil profesores, distribuidos en 2 mil 800 planteles educativos de 58 municipios, divididos en seis regiones.
Según la página electrónica oficial del SNTE, en sus seis sedes regionales en los municipios de Naucalpan, Cuautitlán, Tecámac, Ecatepec, Valle de Chalco y Neza, cuentan en total con 645 “secretarios delegacionales y representantes de centro de trabajo”.
Mediante una solicitud de información pública presentada ante los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), dependencia estatal encargada de administrar las escuelas federalizadas que existen en la entidad mexiquense, se conoció que Elba Esther ocupa dos plazas con categorías de director de primaria, foráneo y maestro de grupo de primaria, foráneo.
En un inicio, la dependencia se negó a responder a la solicitud hecha por un ciudadano y, además, no reveló los sueldos que cobran Gordillo Morales y Ochoa Guzmán, con el argumento de que las plazas que ocupan no son de alto ni mediano rangos.
Sin embargo, profesores que ocupan plazas similares en el magisterio federalizado, señalaron que un director de primaria foráneo cobra 14 mil pesos mensuales, un profesor de primaria 7 mil y un jefe de sector de educación primaria 16 mil, cantidades que parecen insignificantes ante la riqueza que han mostrado ambos líderes sindicales.
La información fue proporcionada por los SEIEM a partir de una solicitud de acceso a la información, cuya respuesta, en primera instancia, fue que la información era reservada y confidencial. Después de cuatro meses, por votación unánime, los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), decidieron desclasificar los datos solicitados, tras analizar un recurso de inconformidad presentado por el mismo interesado contra la primera resolución del SEIEM.
La profesora de Neza
Elba Esther Gordillo inició su actividad dentro del SNTE en los años 70 cuando era profesora de una primaria en Nezahualcóyotl, estado de México. Sin embargo, el SEIEM informó que actualmente Gordillo Morales no se encuentra asignada a ningún plantel específico de la entidad, pues tiene permiso para realizar tareas sindicales.
Según datos del gobierno mexiquense, 227 profesores, de los más de 50 mil que laboran en la entidad, están “comisionados” a alguna actividad sindical. Sin embargo, para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los llamados comisionados realizarían actividades partidistas en favor de PRI, Nueva Alianza y PAN, y en especial de Felipe Calderón.
Pedro Ramírez Vázquez miembro de la dirección política de la CNTE –ala disidente– explicó que las ausencias de los profesores son justificadas por el SNTE, con el argumento de que se asigna personal a actividades de distintas áreas de escuelas públicas o de administración.
Hasta diciembre del año pasado y en el actual ciclo escolar, sostiene, los SEIEM contaba con una lista de 550 profesores que en la entidad se ausentan para operar como “comisionados”.
Al mismo tiempo, la Oficialía mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un listado de 500 profesores más que tienen permiso para desempeñarse como personal de apoyo o “comisionados”, también al servicio del sindicato.
En total podrían ser hasta 2 mil profesores que cobran salarios de 15 mil pesos más prestaciones de ley. Sin embargo, “eso es lo que se ve, pero la cifra de ausentes podría triplicarse, ser más de 3 mil comisionados, y me quedo corto”, dijo.
Los llamados comisionados cobran como jefes de sector, de departamento, de supervisores escolares. A su voluntad realizan labores de apoyo, de auxiliares o de plano son choferes de los dirigentes, engrosando así la nómina burocrática y sin desempeñar su trabajo docente. Pero también son trasladados desde el estado de México a otras entidades, donde existen procesos electorales y sirven de apoyo a PRI y Nueva Alianza; y como quedó comprobado en el proceso electoral de 2006, también al panista Calderón Hinojosa.
Además de esta situación, los profesores denunciaron que en los meses recientes algunos de sus compañeros que cuentan con varios años en la docencia y han sido disidentes o activistas, sufrieron hostigamiento de las autoridades para que acepten su jubilación, a pesar de que cuentan aún con vitalidad para desempeñar su labor.
El acoso del sindicato, aseveran, ha infundido miedo entre la plantilla magisterial que se ha caracterizado por no pensar como los dirigentes del SNTE. “A mí me descontaron 800 pesos en el último pago quincenal de 8 mil pesos” aseguró el profesor Carlos Velásquez Enríquez, director de la Telesecundaria 211 de la colonia popular Valle Dorado, único plantel mexiquense controlado por disidentes del SNTE.
“Nos reconocemos como parte de la CNTE”, dice José de Jesús Loredo García, también profesor de la telesecundaria quien señaló un descuento de 570 pesos de su salario base de 4 mil pesos.
Así, mientras a los mentores disidentes les aplican descuentos injustificados a su salario y pretenden jubilarlos por la fuerza, hasta ahora se sabe que Gordillo Morales es dueña de residencias y departamentos de lujo tanto en la ciudad de México como en Estados Unidos; además se le atribuye una fortuna personal en varios millones de dólares.tario general del sindicato
Guarniciones en la gasolinera global
Michael T. Klare /I
Hace mucho que los planificadores estadunidenses de políticas consideran la protección de las reservas de crudo en el extranjero como un aspecto indispensable de la "seguridad nacional", que requiere del establecimiento de la amenaza –y alguna vez el uso– de una fuerza militar. Esto es ahora parte incuestionable de la política exterior de Estados Unidos.
Con esta premisa, el gobierno de Bush padre emprendió una guerra contra Irak en 1990-1991 y el gobierno de Bush hijo invadió Irak en 2003.
¿Juntos al fin?
Tras meses de ataques mutuos, las máximas figuras del Partido Demócrata, Barack Obama y Hillary Clinton, proclamaron ayer unidad al presentarse juntos en un acto en Nueva Hampshire. La imagen, en Washington, antes de abordar el avión de campaña de él Foto Reuters
David Brooks, corresponsal
Allende, ejemplo de la lucha por la liberación de AL: González Casanova
Rinden homenaje al presidente y político chileno a 100 años de su nacimiento
Cuauhtémoc Cárdenas y Gonzalo Martínez Corbalá, entre los participantes
Arturo Jimémez
Rayuela
Más de 5 mil muertos de manera violenta desmienten el optimismo gubernamental.
Advertencia
Miles de trabajadores se movilizaron ayer hacia la Suprema Corte para repudiar de nuevo la Ley del ISSSTE e hicieron ver al gobierno federal que seguirán luchando hasta abolir esa norma Foto José Carlo González
E. Velasco y M. Norandi
Condicionan familiares de eperristas oferta de Gobernación
Aceptarían coadyuvancia si se indagan las desapariciones como forzadas, no secuestros
Emir Olivares
El gobierno federal ofreció ayer a los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez (integrantes del Ejército Popular Revolucionario) “coadyuvancia” en la averiguación previa por el delito de secuestro, que actualmente tiene abierta la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, los familiares interpusieron demanda por el delito de desaparición forzada, de ahí que el gobierno se comprometió a analizar el caso “para ver si es posible la reclasificación”, a fin de hacer la averiguación por este delito, señaló la Comisión de Mediación entre el gobierno y el EPR.
Al término de un nuevo encuentro entre los integrantes de la comisión referida y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), se informó que la administración del presidente Felipe Calderón deberá analizar por qué el Ministerio Público clasificó los expedientes como secuestro.
“Si son sustantivas las razones, se le dirá a los familiares y ellos valorarán si les convence el ser coadyuvantes de un delito que no denunciaron”, informó Miguel Ángel Granados Chapa, abogado y periodista, y que es integrante de la Comisión de Mediación.
El vocero de este grupo, el escritor Carlos Montemayor, consideró que el encuentro con funcionarios de la SG fue un avance, porque el punto central era plantear el análisis de los casos de desaparición forzada.
En diversos encuentros con funcionarios de Gobernación, los mediadores les han entregado diversos documentos en los que exponen la inoperancia de las actuaciones de las instancias de procuración de justicia, ante denuncias concretas de desaparición forzada, presentadas por los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
Los mediadores han advertido en distintos espacios que se requiere de una voluntad política más firme, ya que hasta el momento los juicios (derivados de denuncias en instancias del gobierno federal y de Oaxaca) no han arrojado resultados.
También han hecho énfasis en la necesidad de que el gobierno aclare la probable participación de militares en estos casos de desapariciones, en particular que esclarezca las gestiones que realizó Alejandro Punaro, quien ante los familiares se hizo pasar como representante de la Presidencia de la República.
Sobre este último punto, los funcionario, de Gobernación aseguraron que esa persona fue funcionario de la PGR, pero no de otra instancia.
Montemayor dijo que “hay muchas tendencias e inercias para llamar a las cosas, de ahí que el trabajo de los mediadores y de los periodistas se parece”. Es decir, “tenemos que aprender a distinguir entre líneas a qué se refieren los leguajes político, de medios o jurídico. Entonces, estamos trabajando en cómo adecuar las realidades más allá de las palabras o los tecnicismos”.
Por lo pronto, como explicó Granados Chapa, se harán las determinaciones jurídicas pertinentes “para ver si es posible la reclasificación” del delito, especialmente porque no existe una instancia ex profeso que investigue las desapariciones forzadas.
A los familiares, agregó, no les parece congruente ni útil coadyuvar en una investigación por un delito que no denunciaron: “Es como si alguien denunciara robo y el Ministerio Público averigua despojo”, dijo.
La oferta planteada por el gobierno federal fue transmitida ya a los familiares de los eperristas desaparecidos.
—¿Esta coadyuvancia sería un paso hacia la aceptación del delito de desaparición forzada?
—No, porque el gobierno ofrece a los familiares la coadyuvancia respecto del delito de secuestro y los familiares la quieren respecto al delito de desaparición forzada —explicó Granados Chapa.
Cuando se elimine esa diferencia, precisó, “veremos si camina o no la coadyuvancia”.
■ Maneja gobierno el caso a su manera, acusan
Emir Olivares Alonso
Los familiares de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos en mayo de 2007, aceptarían la propuesta del gobierno federal de “coadyuvancia” en las indagatorias sobre el caso, “sólo si se reclasifica el delito de secuestro –que actualmente siguen las líneas de investigación— por el de desaparición forzada”.
Nadín Reyes y Margarita Cruz, hija y hermana respectivamente, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos eperristas que desaparecieron el 25 de mayo del año pasado, se reunieron con la Comisión de Mediación, luego del encuentro que ésta sostuvo con representantes de la Secretaría de Gobernación, donde se informó a los familiares la propuesta de la administración federal.
“Nosotros siempre hemos tenido claro qué buscamos, la comisión igualmente: la aparición con vida de mi padre y del señor Gabriel Alberto; pero de parte del gobierno parece que no lo tienen claro, ellos manejan las cosas de manera extraña y a su manera”, señaló Nadín en entrevista luego de ese encuentro.
La joven –quien desde hace más de un año inició una campaña por la presentación con vida de su padre— recordó que el primer “desacierto” gubernamental se dio cuando las autoridades decidieron iniciar las investigaciones por el delito de secuestro, pese a que los familiares de los dos integrantes del EPR presentaron una denuncia por desaparición forzada, delito de lesa humanidad según los lineamientos internacionales.
“No veo más hacia dónde le puedan mover (las autoridades federales). Tendrán coadyuvancia cuando reclasifiquen el delito: todo indica que se trata de desapariciones forzadas y no de secuestro. Ahora cambian la estrategia: antes no nos buscaban pese a que lo solicitamos, sólo nos citaron para una prueba de ADN –la cual no aceptaron los familiares— y ahora gracias a la comisión se logran avances, pero continuamos preguntándonos a qué está jugando el gobierno”, refirió Reyes.
Agregó que también se les ha negado el acceso a las indagatorias sobre el caso y que ahora, con la propuesta presentada ayer ante la Comisión de Mediación, “se quieren hacer los buenos, como que nos hacen un favor al permitirnos participar en las investigaciones, pero debo recordar que hemos solicitado coadyuvancia muchas veces para el delito de desaparición forzada”.
Por su parte, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, reiteró que la exigencia y prioridad es la misma: “Que presenten con vida a nuestros familiares. Urge su aparición, el tiempo pasa y nada; pero tenemos confianza en los integrantes de la comisión y sabemos que con su labor podremos llegar a nuestro objetivo”.
La joven también advirtió que de no reclasificarse el delito por el que la Procuraduría General de la República investiga la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, los familiares no participarán en las indagatorias.
La reunión entre familiares y los mediadores –a la que también acudieron integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, organización que asesora legalmente a los familiares— se organizó en las instalaciones pertenecientes a la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz, luego del encuentro de la Comisión Mediadora con representantes del gobierno en Bucareli.
Columnas
Jaime Avilés : Desfiladero El viernes de la semana pasada, antes, durante y después de la mil millones de veces estúpida tragedia de la discoteca News Divine –que mató a nueve adolescentes, una muchacha policía y otros dos uniformados adultos–, la guerra del narcotráfico produjo 11 muertes: cuatro en Torreón, cuatro en Guerrero y tres en Culiacán. El sábado, mientras la gritería de los medios subía de tono en contra del Gobierno del Distrito Federal, los muertos del narcotráfico fueron en total 20: seis en Sinaloa y 14 más, esparcidos en Guerrero, Durango y Chihuahua.
Entre el domingo, día prácticamente sin noticias en televisión, y el lunes, cuando el linchamiento mediático anti Marcelo Ebrard llegó al clímax, el saldo de la “ola delictiva” fue de 49 muertos: 12 reportados el domingo y 37 confirmados el lunes, aunque muchos de ellos habían fallecido la víspera. El martes, la “cosecha” de cadáveres fue de 13: ocho en Chihuahua, uno en Guerrero y cuatro en Sinaloa, mientras en Culiacán era secuestrado el periodista deportivo José Carlos Campos, hermano de Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, casa de encuestas que un día antes afirmara que después de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Felipe Calderón tenía el segundo lugar de “aceptación” entre los “líderes” de América Latina.
El miércoles, el saldo fue de 11 asesinatos: ocho en Sinaloa, uno en la frontera norte (“ayer fue el día menos violento en Ciudad Juárez, ya que sólo fue localizado un hombre sin vida con al menos 17 balazos”, escribió nuestro corresponsal en aquella plaza), uno más en Sonora y otro en el estado de México, mientras en Culiacán era liberado, por fortuna ileso, el hermano de Roy Campos, y en Chihuahua se confirmaba el secuestro de Erika Posselt, cuñada de Silvestre Reyes, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos. La mujer también fue liberada, un día después, gracias al pago de 35 mil dólares de rescate.
Por último, el jueves, los muertos fueron 19: cuatro en Sinaloa, cuatro en Chihuahua, tres en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Nayarit, dos en Mexicali y dos en el Distrito Federal. En síntesis, a lo largo de la semana pasada, la guerra entre las bandas del narcotráfico y contra las llamadas “fuerzas de seguridad” ocasionó la muerte de 123 personas. Sin embargo, ¿de qué hablaron y siguen hablando, obsesivamente, los medios? De la tragedia en la discoteca, que escudriñaron desde todos los ángulos, como acostumbran cuando analizan los juegos de futbol.
Una sola pregunta: ¿por qué no examinan con la misma “profundidad” la carnicería desatada, entre otras cosas, por la “política” de Calderón hacia el narcotráfico? He aquí algunas pistas: “México se ubica en el sexto lugar en delincuencia organizada en el mundo; las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país”, asegura Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU sobre temas del narcotráfico.
Buscaglia ha repetido en diversos foros que las empresas de las drogas ilícitas se vinculan con los políticos para ayudarlos a convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera; a cambio, éstos les permiten actuar dentro de los territorios que administran, hasta que los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Pero, han dicho otros expertos, los problemas se multiplican cuando los funcionarios “venden” la ciudad o el estado que “gobiernan” a dos cárteles al mismo tiempo, como ha ocurrido, desde el sexenio de Fox, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y tantas más.
Para Calderón la naturaleza del problema es otra, de acuerdo con lo que dijo el viernes de la semana pasada (La Jornada, 20/06/08, p. 16) en Aguascalientes: “los criminales ya no sólo trafican la droga a Estados Unidos, sino que buscan crear un mercado en territorio mexicano”. ¡Oh! ¡Qué revelación! Si el “jefe” de las fuerzas federales ignora que en México hay un gigantesco mercado de drogas; si no sabe que los cárteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos; si desconoce que nuestra mafia va en sexto lugar en el campeonato mundial del crimen organizado, debajo de la rusa, la china, la colombiana, la libanesa y otra que se me escapa; y si no percibe que la mitad de los municipios están en manos de narcotraficantes, la verdad está perdido. ¿Usted aprobaría que un hombre así vendiera nuestra industria petrolera a un puñado de empresarios españoles para supuesto beneficio de usted mismo? Pero no nos desviemos del asunto.
Lo peor de todo no es que haya un gobierno incompetente, irresponsable y corrompido hasta la médula, sino que los medios no cumplan su función más importante, que es la de vigilar al poder para corregirlo mediante la crítica. Regresemos entonces al caso de la discoteca. Marcelo Ebrard tiene la mano muy pesada. Y se le nota. La rudeza, muchas veces innecesaria, fue el signo distintivo de la policía capitalina cuando estuvo bajo su mando (y si no que le pregunten a los travestis de Brigada Callejera, que hoy luchan por la aprobación de una ley que permita la fabricación de antirretrovirales genéricos). Esa brusquedad se vuelve palpable ahora, cuando como jefe de gobierno repara una avenida: mete las máquinas, corta el tráfico y provoca embotellamientos que podrían evitarse.
Esa falta de delicadeza –manifiesta en las agresivas luces de las torretas de las patrullas, que de noche lesionan el cerebro de automovilistas y peatones, pero no sirven para disuadir al hampa– se convirtió en auténtica brutalidad durante el episodio de la discoteca, que puso de relieve, sobre todo, un hecho cultural nacido de la pobreza, el desamparo y la ignorancia de los jóvenes y sus padres; la corrupción del delegado Chíguil y del dueño del antro, y la estupidez de los policías que planearon y llevaron a cabo una captura de reses sin pensar un segundo que estaban arreando a seres humanos.
¡Cárcel a Chíguil, al empresario, al jefe del operativo y a los agentes que después pasearon y vejaron a decenas de muchachas! Pero, ojo, de allí a la renuncia de Joel Ortega hay un abismo. Si Ebrard le entregara la Secretaría de Seguridad Pública a Calderón, éste pondrá allí a alguien que, dentro de unos meses, “fracasaría” de tal modo que se vería “obligado” a pedir la presencia del Ejército en las calles del DF. ¿Alguien quiere retenes militares en Insurgentes?
En descargo de Ebrard debe subrayarse que ha sido el gobernante más leal, en todo sentido, al proyecto de nación que encabeza López Obrador y a quienes lo eligieron como jefe de Gobierno para que impulsara el programa social que está desarrollando. Además, no ha tolerado que el narco protagonice aquí balaceras con granadas y bazukas, al estilo Culiacán, y mucho de ello se lo debe a Joel Ortega. Así que nada: la derecha trata de acorralarlo para tirarle la consulta popular del 27 de julio sobre el destino de Pemex, y eso está clarísimo. Por lo pronto, mañana al Zócalo, pues la Kessel ya dijo que tras el debate en el Senado habrá privatización, es decir, ¿barricadas en las principales carreteras de la República?
Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com y para conocer la nueva versión de El Loro Negro, www.eloronegro.blogspot.com
Enrique Galván Ochoa : Dinero No significa una ayuda a la economía familiar “congelar” los precios de una lista de alimentos procesados, como acordaron el sector industrial y el presidente Calderón. Inclusive el consumo de algunos no está recomendado por las autoridades sanitarias porque potencialmente son dañinos para la salud. En una encuesta que hicimos entre 3 mil 317 consumidores de toda la República, 77 por ciento contestó que no apoya a su economía la “canasta” de Calderón. Un 19 por ciento opinó que la ayuda es poca; 3 por ciento la considera moderada y sólo uno por ciento opinó que es mucha.
Metodología
Esta semana enviamos 5 mil cuestionarios por correo electrónico a los buzones de miembros de El Foro México. Hasta ayer en la tarde habíamos recibido la respuesta de 66 por ciento. Sus opiniones pueden leerse en el foro.
Votos razonados
Sería estupendo que el señor Calderón junto con su familia y los miembros del gabinete se pusieran a consumir productos enlatados de la canasta básica, entonces comprenderían la burla. Pobre México... y pobre del pobre mexicano.
Gemma Servín Vega/Toluca
Gloria Muñoz Ramírez : Los de Abajo
Carlos Fernández-Vega : México SA Muy nerviosa debe estar la secretaria de Energía, Georgina Kessel, porque sus urgencias la hacen resbalar en público. Da la impresión que su alterado estado de ánimo le impide registrar no sólo que la “reforma” petrolera calderonista es un cadáver insepulto que desde un mes atrás permanece en el velatorio instalado en el patio central de la casona de Xicoténcatl, sino que la lleva a meter la mano donde no le corresponde. Un día sí, y al siguiente también, gira instrucciones al Legislativo, fija fecha para el dictamen, asegura su inmediata aprobación, desautoriza consultas populares, palomea qué debe incluirse en la agenda de los senadores y a éstos apura para que concluyan el jueguito del debate en su propia casa, entre otras directrices.
Es el mismo nerviosismo que la funcionaria mostró en febrero y marzo pasados, el cual la llevó a cometer una serie de pifias en torno a la presentación y contenido de la referida “reforma”, cuando dio por buena una fecha que cinco minutos después fue desmentida por sus propios correligionarios, y ofreció un apocalíptico balance de la situación petrolera del país, para poco después auto desmentirse y hablar de multimillonarios depósitos que elevaban a más de 100 mil millones de barriles las reservas de crudo nacional.
Tanto dijo la secretaria Kessel por aquellos días, que lo único que hizo fue subirse a la fiesta de contradicciones, resbalones y desorganización de lo que ellos mismos llaman “sistema PAN” (inquilino de Los Pinos, partido blanquiazul, con sus diputados y senadores). Pero debe serenarse. Ella ya cumplió con su parte: con todo tipo de desbarajustes, pero hasta allí le toca. El siguiente tramo exclusivamente le corresponde al Legislativo, no al inquilino de Los Pinos –quien en este sentido tampoco canta mal las rancheras– ni a la Secretaría de Energía.
A Georgina Kessel, ni a su jefe en Los Pinos, corresponde autorizar o rechazar la consulta popular. Tampoco fijar fecha para que la “reforma” petrolera calderonista se dictamine, mucho menos apurar el fin del debate en el Senado de la República (dicho sea de paso, a finales de abril pasado la secretaria de Energía se pronunciaba por “no posponer más un debate de altura, serio y responsable” en materia petrolera; hoy ya no siente lo duro, sino lo tupido, y le urge que se cierren las puertas de la casona de Xicoténcatl).
Entonces, serenidad y paciencia (Kaliman dixit), porque el nerviosismo la lleva a ubicarse erróneamente. Hasta donde es oficial, la señora Kessel no ocupa un cargo de elección popular, ni forma parte del cuerpo legislativo del PAN y mucho menos es coordinadora de la bancada blanquiazul en el Senado. Que Gustavo Madero (el nuevo pastor) o Santiago Creel (presidente de la Mesa Directiva) no le reclamen es otra cosa, pero se supone que en Los Pinos respetan, aunque sea en el discurso, la división de poderes, de tal suerte que la secretaria de Energía debe tomar las cosas con más calma.
Sólo falta un mes para que concluya el debate en el Senado, y si de éste los legisladores resuelven desechar –como todo apunta- la propuesta claderonista de privatizar el sector petrolero, pues la señora Kessel deberá aguantar el resultado (“aunque sea por un voto” como dirían en la residencia oficial). De dónde la prisa, si el propio inquilino de Los Pinos presentó su “reforma” con 395 días de retraso, de acuerdo con el calendario por él mismo comprometido.
En sus “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”, Felipe Calderón se comprometió a cumpliría cuando menos con los siguientes compromisos: “se promoverá una legislación que permita a Pemex realizar asociaciones tecnológicas con otras empresas del sector para la explotación de yacimientos en aguas profundas; se revisará la cartera de proyectos de la Cuenca de Burgos, buscando agilizar la entrada en operación de aquellos que tengan más oportunidades de incrementar la producción de gas natural; se impulsará una nueva legislación energética para que sea posible atraer inversión complementaria a la del Estado en refinación y petroquímica, en beneficio de la industria nacional; (y) se promoverán adecuaciones para la instalación de Comités de Auditoría Independientes en Pemex y CFE que garanticen rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos”. El plazo venció el 10 de marzo de 2007. Sólo hasta el 8 de abril de 2008, y después de 50 auto desmentidos, presentó su proyecto de “reforma” petrolera, y la encargada de entregarla en el Senado fue, precisamente, la señora Georgina Kessel.
Es normal que quien va ganando el partido presione al árbitro para que dé el silbatazo final; en cambio, el equipo que va perdiendo exige que estire el tiempo lo más que pueda. Pues bien, la secretaria de Energía pertenece a éste último, pero los nervios la llevan a pensar que forma parte del primero.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría y los genios gubernamentales: “el subsecretario de Hacienda declaró que en los últimos cuatro años Petróleos Mexicanos destinó a inversión 50 mil millones de dólares, y, que dada su ineficiencia, las reservas de hidrocarburos han declinado. Parece ser que Hacienda olvida que en ese periodo, Pemex solamente le dedicó a proyectos de exploración 4 mil millones de dólares. El resto se destinó a lo que realmente es un gasto de operación para mantener la extracción intensiva de crudo en más de 3 millones de barriles diarios. Considerar el gasto de explotación como una inversión le permite a Hacienda contratar deuda a largo plazo (Pidiregas) para así maximizar la recaudación predatoria a Pemex, que en 2007 significó un monto de 60 mil millones de dólares” (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@ prodigy.net.mx). Y sobre la cantinflesca oratoria del inquilino de Los Pinos: “de las palabras del señor Calderón, dichas ante ciertos banqueros se desprende que si el michoacano no es capaz de hablar correctamente para darse a entender, menos tendrá la capacidad de gobernar, administrar y presidir una nación. Haiga sido como haiga sido, habló ante sus iguales en conocimiento de la gramática normativa. Con dirigentes y banqueros de esa calaña, que Dios nos encuentre confesados”. (Profesor José Luis Salas, jlsalas30@yahoo.com.mx).
Javier Hernández Chelico : En el Chopo
Opinión
Francisco López Bárcenas : La criminalización de la protesta social Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.
Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.
Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.
¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.
Gustavo Leal F.* : ISSSTE: burradas en la Suprema Corte Después de más de 15 meses de una movilización nacional ininterrumpida que desembocó en un inédito reclamo de justicia, constituyendo el litigio colectivo más relevante de la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –cercada por policías y reducida a la simple función de dogmática repetidora de las “certezas macro” de la tecnocracia hacendaria– transformó, apenas con un “argumento” financiero, los derechos adquiridos por dos y medio millones de trabajadores al servicio del Estado en una simple “expectativa” de derecho. Y así avaló que se pueda contratar con una ley, pero se jubile con otra.
“Mantener el anterior régimen de pensiones”, declaró el ministro Aguirre, costaría “una burrada incomprensible, imposible de cumplir: 12 puntos adicionales del PIB”. Con la “reforma” calderonista del ISSSTE, agregó el ministro Azuela, “todo está siendo favorable a los trabajadores”, aunque con ella –ahora vergonzosamente validada por una Suprema Corte que empieza a descubrir la nomenclatura económica– a los trabajadores activos se les impusieran unilateral e inconstitucionalmente nuevos términos lesivos para su retiro y que el inconsulto destino de los trabajadores de nuevo ingreso –que aún no pueden defenderse– tenga como única salida Pensionissste y, luego, el sistema Afore.
Después de “autofacultarse” en un congreso sindical de factura dantesca (Mérida, octubre de 2007), el doctor Gutiérrez Fragoso –secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)– cedió finalmente al calderonismo (y los intereses que representa) la prestación estrella del contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina: su régimen de jubilaciones y pensiones. Ahora, gracias a la “asesoría” que le brindaron los tecnócratas hacendarios y que le “garantiza sustentabilidad”, los trabajadores de nuevo ingreso recalarán –sin poder defenderse, al igual que los enviados al Pensionissste– en el sistema Afore, con una “expectativa” de retiro equivalente a 80 por ciento del último salario devengado, si bien les va. Bajo esta condición “estable”, se incorporarán al IMSS cuando menos 30 mil jóvenes durante 2008. Cumplida su tarea “responsable”, al dilatado CEN del SNTSS lo veremos pronto disputándole a Elba Esther Gordillo el monopolio de los equilibrios electorales de las elecciones intermedias de 2009. “No entiendo cómo un sindicato tan poderoso como el SNTSS no esté representado en la Cámara de Diputados”, comunicó enfáticamente Gutiérrez en abril.
Con la “reforma” que impuso Ernesto Zedillo al IMSS en 1995 (aparatado A del artículo 123 constitucional), la validación de la “reforma” calderonista del ISSSTE –por una Suprema Corte estudiosa de los rudimentos económicos– (apartado B) y el “responsable” compromiso entre Gutiérrez Fragoso y Calderón –que con un descuento de 15 por ciento del salario base de cotización a los trabajadores de nuevo ingreso al IMSS los remite directamente a una cuenta individual y a una Afore–, la entera masa de sus fondos de pensiones será administrada (con altas comisiones), usada (sin que mejore su rendimiento, aunque sí crezca la rentabilidad de los administradores) y expuesta inmisericordemente a la volatilidad bursátil.
Como estableció la Comisión Federal de Competencia Económica (noviembre de 2006), las comisiones cobradas por las Afore han sido tan altas que, “duplicando el promedio latinoamericano”, provocaron que el rendimiento neto del ahorro para el retiro de los trabajadores de 1997 a 2006 “sea prácticamente nulo”. A lo que Banxico agregó (junio de 2008) que entre 1998 y 2007 los trabajadores en Afore han tenido un rendimiento promedio anual real de 3.8 por ciento, que no coincide con el rendimiento de gestión de las Afore, calculado en 7.2 por ciento.
Mientras tanto –y para decirlo con Peter Diamond–, el ahorro nacional de largo plazo sufrirá una merma equivalente al costo total de la administración privada de esa masa pensionaria y el monto final de la pensión de los trabajadores no superará jamás 30 por ciento del último salario devengado (The Economist, 14/6/08, p. 93).
Transcurridos 20 años, el destino final de las cuentas individuales apenas se materializará en una pensión mínima garantizada (3 mil 34 pesos mensuales). Y el Estado deberá entrar al rescate del quebranto pensionario. Pero, para entonces, la tecnocracia hacendaria de Calderón y los administradores de los fondos estarán ya en otro giro. Porque se ha estimado que la recuperación de su inversión es a menos de 30 meses. Por su parte, los ministros de esta Suprema Corte seguirán estudiando economía básica, mientras disfrutan de un envidiable nivel pensionario, mismo que negaron a los trabajadores que (con sus dos cascadas de amparos sucesivos) depositaron en ellos la confianza de representar el último “garante” de la Constitución y el equilibrio de poderes republicano.
Pero en el corto plazo se habrán cumplido las metas del PND calderonista: 3 millones de cuentas individuales más en Afores (incluidos los trabajadores de Pemex), para “fortalecer” un fantástico sistema nacional de pensiones que garantizará apetitosas comisiones a los administradores, pero no pensiones dignas: sólo una vejez en la miseria y sin servicios de salud a la edad en que más se requieren.
Este corto plazo del calderonismo y sus tecnócratas hacendarios –avalado por una Suprema Corte que empieza a estudiar economía– estallará ruidosamente en la agenda electoral de 2009. El debate sobre el destino de la salud y la seguridad social de los mexicanos apenas empieza. Las movilizaciones de los trabajadores del IMSS con Vicente Fox, contra la ley calderonista del ISSSTE y contra una Suprema Corte que estudia finanzas, lo patentizan. Y es que, en efecto, a las siguientes generaciones, hay que intentar evitarles ser víctimas de otras burradas semejantes.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Miguel Concha : Ley de amnistía Desde hace varias décadas el desarrollo social de nuestro país se ha deteriorado a niveles dramáticos. En la actualidad emigran al año cerca de 2 millones de connacionales a Estados Unidos, ya que aquí se les ha negado el derecho fundamental a una vida digna. Los abusos de autoridad, combinados con la pobreza, que se extiende por todo el territorio nacional, son, si no se actúa con sensibilidad y responsabilidad, una combinación muy peligrosa. Por si fuera poco, y como han denunciado oportunamente organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la procuración e impartición de justicia no progresa. Incluso, señalan estos organismos, se encuentra anquilosada como hace 30 años.
En este contexto, para obtener de los gobernantes respuestas a sus necesidades, la protesta social se ha convertido en uno de los principales ejes de acción de la población. Ante dichas protestas, y la falta de capacidad de respuesta de las autoridades, se ha colocado a la gente que ejerce su derecho a la protesta social pacífica como el enemigo a enfrentar, por lo que se le difama, persigue y sanciona, teniendo como consecuencia la existencia de presos políticos.
En los últimos diez años la persecución de líderes sociales se ha intensificado en el país. Hoy superan, según cifras del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), la cantidad de 900 presos políticos. Debemos recordar que el FNCR se reagrupó el 2 de octubre de 2007, y que en él convergen organizaciones sociales, campesinas, sindicatos, académicos, intelectuales, artistas, legisladores y población en general, cuya pretensión es la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la anhelada justicia para las familias y víctimas de la represión.
La presencia cada vez mayor de presos políticos, como es evidente en los casos de Chiapas, Oaxaca y Atenco, ha reactivado acciones de lucha que permitan encontrar instrumentos que conduzcan a la reconstrucción del tejido social, roto por la injusticia y la impunidad.
Así, la diputada Aleida Alavez Ruiz presentó el pasado 30 de abril en la Cámara de Diputados, en nombre del FNCR y de los partidos políticos que constituyen el Frente Amplio Progresista (FAP), la Iniciativa de Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos, la cual, por instrucciones de la mesa directiva, se pretendía turnar a las comisiones de Gobernación y Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, lo que sin lugar a dudas tenía como objetivo enviar la propuesta a la congeladora. Sin embargo, por la oportuna intervención del FAP, se remitió únicamente a la Comisión de Gobernación, que preside el panista Diódoro Carrasco Altamirano.
Cabe señalar que, previamente a su presentación, diputados federales y senadores, como doña Rosario Ibarra de Piedra, visitaron a muchos de los presos políticos en los centros penitenciarios, para comentar con ellos la propuesta, a la que accedieron, en aras de fortalecer la lucha social.
Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país. Desde la lucha por la Independencia encontramos esta figura, cuando el 15 de octubre de 1810 las cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el cuarto Congreso Constitucional, y Anastasio Bustamante, entonces presidente de la República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.
Otro caso se registró en septiembre de 1978, cuando diversas organizaciones sociales, agrupadas en el FNCR de ese entonces, lograron que el Congreso de la Unión aprobara una ley de amnistía, que se aplicó en distintas etapas en el curso de ese y el siguiente año. La última vez que se expidió una amnistía fue para el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994.
La actual iniciativa contiene dos objetivos fundamentales: la libertad de los presos políticos y la presentación de las víctimas de desaparición forzada. El proyecto tiene entre sus prioridades abarcar todo tipo de delitos, no sólo los de carácter político. Pueden incluirse asimismo a las personas que de actuaciones ministeriales o judiciales se desprenda que el delito o los delitos que se les imputan se encuentran vinculados con móviles políticos o sociales.
El reto mayor al que se enfrenta la petición de amnistía será argumentar la existencia de presos y desaparecidos políticos, pues, como es de conocimiento público, el gobierno federal pretende negar su existencia. Sin embargo, a la luz de las mesas de intermediación entre la Secretaría de Gobernación y la comisión de intelectuales, para la presentación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este discurso no puede sustentarse más.
Es importante señalar que esta iniciativa no implica la petición de perdón, sino un esfuerzo de la sociedad por recomponer el pacto social. Tampoco se trata de una amnistía planteada, como en el caso de las Leyes de Punto Final en Argentina, o como la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de Uruguay, que impiden el castigo a militares y civiles que cometieron violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras castrenses.
Las comisiones del FNCR que impulsan esta ley esperan que a la brevedad se establezca un acercamiento con la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para alentar su dictaminación.
Ilán Semo : El asedio del pasado
Gustavo Gordillo : Juventud divine tesoro
Marcos Roitman Rosenmann : Carta a Salvador Allende
Michael T. Klare /I : Guarniciones en la gasolinera global
Jacques Attali : Karl Marx o el espíritu del mundo
Carlos Montemayor : Rascón Banda, académico
Política
No podemos posponer la extracción de crudo para hacer más refinerías: Kessel
Carrancá: legal, consulta sobre Pemex
Otro modelo de nación, lo que hay atrás de la reforma a Pemex
Economía
El cambio climático, amenaza a la seguridad de varios países
Imparable alza de precios del petróleo
Neoliberalismo, rasgo común entre México y Corea del Sur
Mundo
Obama y Clinton, juntos al fin para enterrar la era republicana
Recuerda Fidel Castro la muerte del presidente Allende; “combatió hasta el último aliento”, dice
Pide Uribe consultar a colombianos la posibilidad de repetir comicios de 2006
Estados
Sin trabajar, Gordillo cobra 2 salarios en Edomex: como directora y maestra
Entre hoy y mañana el PRI y el PRD eligen candidatos a ediles y diputados en Guerrero
La onda tropical 8 causa estragos en al menos 7 municipios indígenas yucatecos
Capital
Vejaciones de jóvenes en el Divine, acto de alta traición, acusa Ebrard
Acusar a Zayas de homicidio doloso por muertes en News Divine es “improcedente”
“Queremos justicia así como ustedes quieren votos”, clamor en el News Divine
Sociedad y Justicia
Moviliza SNTE a 1,800 activistas para “recuperar” la sección 9
A petición de la SEP, el Banco Mundial evaluará programa educativo
Sólo dejaré el Situam con comicios, no aceptaré presiones: Hurtado Guzmán
Ciencias
El suelo de Marte, favorable para albergar vida, confirman expertos
Cultura
Allende simboliza la construcción de un hombre y un mundo mejores
Reflejan la cruda realidad de la cultura en “una propuesta coreográfica de rebeldía”
Deplora Rascón Banda la falta de una política de Estado para impulsar al teatro
Espectáculos
Winehouse, espíritu que arde y se consume en sus propias llamas
Con tres minutos de silencio inició Rock in Rio en Madrid
Cierra hoy Festival Internacional de Cabaret con show de Regina Orozco
Deportes
Rusia festejó su eliminación con vodka, cigarros y bellas modelos
Esperamos hacer un buen partido y levantar la copa, señaló Xabi Alonso
La china Zheng Jie eliminó a la número uno, la serbia Ivanovic
Disquero
Impermanencia
Sin embargo, los familiares interpusieron demanda por el delito de desaparición forzada, de ahí que el gobierno se comprometió a analizar el caso “para ver si es posible la reclasificación”, a fin de hacer la averiguación por este delito, señaló la Comisión de Mediación entre el gobierno y el EPR.
Al término de un nuevo encuentro entre los integrantes de la comisión referida y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), se informó que la administración del presidente Felipe Calderón deberá analizar por qué el Ministerio Público clasificó los expedientes como secuestro.
“Si son sustantivas las razones, se le dirá a los familiares y ellos valorarán si les convence el ser coadyuvantes de un delito que no denunciaron”, informó Miguel Ángel Granados Chapa, abogado y periodista, y que es integrante de la Comisión de Mediación.
El vocero de este grupo, el escritor Carlos Montemayor, consideró que el encuentro con funcionarios de la SG fue un avance, porque el punto central era plantear el análisis de los casos de desaparición forzada.
En diversos encuentros con funcionarios de Gobernación, los mediadores les han entregado diversos documentos en los que exponen la inoperancia de las actuaciones de las instancias de procuración de justicia, ante denuncias concretas de desaparición forzada, presentadas por los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
Los mediadores han advertido en distintos espacios que se requiere de una voluntad política más firme, ya que hasta el momento los juicios (derivados de denuncias en instancias del gobierno federal y de Oaxaca) no han arrojado resultados.
También han hecho énfasis en la necesidad de que el gobierno aclare la probable participación de militares en estos casos de desapariciones, en particular que esclarezca las gestiones que realizó Alejandro Punaro, quien ante los familiares se hizo pasar como representante de la Presidencia de la República.
Sobre este último punto, los funcionario, de Gobernación aseguraron que esa persona fue funcionario de la PGR, pero no de otra instancia.
Montemayor dijo que “hay muchas tendencias e inercias para llamar a las cosas, de ahí que el trabajo de los mediadores y de los periodistas se parece”. Es decir, “tenemos que aprender a distinguir entre líneas a qué se refieren los leguajes político, de medios o jurídico. Entonces, estamos trabajando en cómo adecuar las realidades más allá de las palabras o los tecnicismos”.
Por lo pronto, como explicó Granados Chapa, se harán las determinaciones jurídicas pertinentes “para ver si es posible la reclasificación” del delito, especialmente porque no existe una instancia ex profeso que investigue las desapariciones forzadas.
A los familiares, agregó, no les parece congruente ni útil coadyuvar en una investigación por un delito que no denunciaron: “Es como si alguien denunciara robo y el Ministerio Público averigua despojo”, dijo.
La oferta planteada por el gobierno federal fue transmitida ya a los familiares de los eperristas desaparecidos.
—¿Esta coadyuvancia sería un paso hacia la aceptación del delito de desaparición forzada?
—No, porque el gobierno ofrece a los familiares la coadyuvancia respecto del delito de secuestro y los familiares la quieren respecto al delito de desaparición forzada —explicó Granados Chapa.
Cuando se elimine esa diferencia, precisó, “veremos si camina o no la coadyuvancia”.
■ Maneja gobierno el caso a su manera, acusan
Emir Olivares Alonso
Los familiares de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos en mayo de 2007, aceptarían la propuesta del gobierno federal de “coadyuvancia” en las indagatorias sobre el caso, “sólo si se reclasifica el delito de secuestro –que actualmente siguen las líneas de investigación— por el de desaparición forzada”.
Nadín Reyes y Margarita Cruz, hija y hermana respectivamente, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos eperristas que desaparecieron el 25 de mayo del año pasado, se reunieron con la Comisión de Mediación, luego del encuentro que ésta sostuvo con representantes de la Secretaría de Gobernación, donde se informó a los familiares la propuesta de la administración federal.
“Nosotros siempre hemos tenido claro qué buscamos, la comisión igualmente: la aparición con vida de mi padre y del señor Gabriel Alberto; pero de parte del gobierno parece que no lo tienen claro, ellos manejan las cosas de manera extraña y a su manera”, señaló Nadín en entrevista luego de ese encuentro.
La joven –quien desde hace más de un año inició una campaña por la presentación con vida de su padre— recordó que el primer “desacierto” gubernamental se dio cuando las autoridades decidieron iniciar las investigaciones por el delito de secuestro, pese a que los familiares de los dos integrantes del EPR presentaron una denuncia por desaparición forzada, delito de lesa humanidad según los lineamientos internacionales.
“No veo más hacia dónde le puedan mover (las autoridades federales). Tendrán coadyuvancia cuando reclasifiquen el delito: todo indica que se trata de desapariciones forzadas y no de secuestro. Ahora cambian la estrategia: antes no nos buscaban pese a que lo solicitamos, sólo nos citaron para una prueba de ADN –la cual no aceptaron los familiares— y ahora gracias a la comisión se logran avances, pero continuamos preguntándonos a qué está jugando el gobierno”, refirió Reyes.
Agregó que también se les ha negado el acceso a las indagatorias sobre el caso y que ahora, con la propuesta presentada ayer ante la Comisión de Mediación, “se quieren hacer los buenos, como que nos hacen un favor al permitirnos participar en las investigaciones, pero debo recordar que hemos solicitado coadyuvancia muchas veces para el delito de desaparición forzada”.
Por su parte, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, reiteró que la exigencia y prioridad es la misma: “Que presenten con vida a nuestros familiares. Urge su aparición, el tiempo pasa y nada; pero tenemos confianza en los integrantes de la comisión y sabemos que con su labor podremos llegar a nuestro objetivo”.
La joven también advirtió que de no reclasificarse el delito por el que la Procuraduría General de la República investiga la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, los familiares no participarán en las indagatorias.
La reunión entre familiares y los mediadores –a la que también acudieron integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, organización que asesora legalmente a los familiares— se organizó en las instalaciones pertenecientes a la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz, luego del encuentro de la Comisión Mediadora con representantes del gobierno en Bucareli.
Columnas
Jaime Avilés : Desfiladero El viernes de la semana pasada, antes, durante y después de la mil millones de veces estúpida tragedia de la discoteca News Divine –que mató a nueve adolescentes, una muchacha policía y otros dos uniformados adultos–, la guerra del narcotráfico produjo 11 muertes: cuatro en Torreón, cuatro en Guerrero y tres en Culiacán. El sábado, mientras la gritería de los medios subía de tono en contra del Gobierno del Distrito Federal, los muertos del narcotráfico fueron en total 20: seis en Sinaloa y 14 más, esparcidos en Guerrero, Durango y Chihuahua.
Entre el domingo, día prácticamente sin noticias en televisión, y el lunes, cuando el linchamiento mediático anti Marcelo Ebrard llegó al clímax, el saldo de la “ola delictiva” fue de 49 muertos: 12 reportados el domingo y 37 confirmados el lunes, aunque muchos de ellos habían fallecido la víspera. El martes, la “cosecha” de cadáveres fue de 13: ocho en Chihuahua, uno en Guerrero y cuatro en Sinaloa, mientras en Culiacán era secuestrado el periodista deportivo José Carlos Campos, hermano de Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, casa de encuestas que un día antes afirmara que después de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Felipe Calderón tenía el segundo lugar de “aceptación” entre los “líderes” de América Latina.
El miércoles, el saldo fue de 11 asesinatos: ocho en Sinaloa, uno en la frontera norte (“ayer fue el día menos violento en Ciudad Juárez, ya que sólo fue localizado un hombre sin vida con al menos 17 balazos”, escribió nuestro corresponsal en aquella plaza), uno más en Sonora y otro en el estado de México, mientras en Culiacán era liberado, por fortuna ileso, el hermano de Roy Campos, y en Chihuahua se confirmaba el secuestro de Erika Posselt, cuñada de Silvestre Reyes, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos. La mujer también fue liberada, un día después, gracias al pago de 35 mil dólares de rescate.
Por último, el jueves, los muertos fueron 19: cuatro en Sinaloa, cuatro en Chihuahua, tres en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Nayarit, dos en Mexicali y dos en el Distrito Federal. En síntesis, a lo largo de la semana pasada, la guerra entre las bandas del narcotráfico y contra las llamadas “fuerzas de seguridad” ocasionó la muerte de 123 personas. Sin embargo, ¿de qué hablaron y siguen hablando, obsesivamente, los medios? De la tragedia en la discoteca, que escudriñaron desde todos los ángulos, como acostumbran cuando analizan los juegos de futbol.
Una sola pregunta: ¿por qué no examinan con la misma “profundidad” la carnicería desatada, entre otras cosas, por la “política” de Calderón hacia el narcotráfico? He aquí algunas pistas: “México se ubica en el sexto lugar en delincuencia organizada en el mundo; las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país”, asegura Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU sobre temas del narcotráfico.
Buscaglia ha repetido en diversos foros que las empresas de las drogas ilícitas se vinculan con los políticos para ayudarlos a convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera; a cambio, éstos les permiten actuar dentro de los territorios que administran, hasta que los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Pero, han dicho otros expertos, los problemas se multiplican cuando los funcionarios “venden” la ciudad o el estado que “gobiernan” a dos cárteles al mismo tiempo, como ha ocurrido, desde el sexenio de Fox, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y tantas más.
Para Calderón la naturaleza del problema es otra, de acuerdo con lo que dijo el viernes de la semana pasada (La Jornada, 20/06/08, p. 16) en Aguascalientes: “los criminales ya no sólo trafican la droga a Estados Unidos, sino que buscan crear un mercado en territorio mexicano”. ¡Oh! ¡Qué revelación! Si el “jefe” de las fuerzas federales ignora que en México hay un gigantesco mercado de drogas; si no sabe que los cárteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos; si desconoce que nuestra mafia va en sexto lugar en el campeonato mundial del crimen organizado, debajo de la rusa, la china, la colombiana, la libanesa y otra que se me escapa; y si no percibe que la mitad de los municipios están en manos de narcotraficantes, la verdad está perdido. ¿Usted aprobaría que un hombre así vendiera nuestra industria petrolera a un puñado de empresarios españoles para supuesto beneficio de usted mismo? Pero no nos desviemos del asunto.
Lo peor de todo no es que haya un gobierno incompetente, irresponsable y corrompido hasta la médula, sino que los medios no cumplan su función más importante, que es la de vigilar al poder para corregirlo mediante la crítica. Regresemos entonces al caso de la discoteca. Marcelo Ebrard tiene la mano muy pesada. Y se le nota. La rudeza, muchas veces innecesaria, fue el signo distintivo de la policía capitalina cuando estuvo bajo su mando (y si no que le pregunten a los travestis de Brigada Callejera, que hoy luchan por la aprobación de una ley que permita la fabricación de antirretrovirales genéricos). Esa brusquedad se vuelve palpable ahora, cuando como jefe de gobierno repara una avenida: mete las máquinas, corta el tráfico y provoca embotellamientos que podrían evitarse.
Esa falta de delicadeza –manifiesta en las agresivas luces de las torretas de las patrullas, que de noche lesionan el cerebro de automovilistas y peatones, pero no sirven para disuadir al hampa– se convirtió en auténtica brutalidad durante el episodio de la discoteca, que puso de relieve, sobre todo, un hecho cultural nacido de la pobreza, el desamparo y la ignorancia de los jóvenes y sus padres; la corrupción del delegado Chíguil y del dueño del antro, y la estupidez de los policías que planearon y llevaron a cabo una captura de reses sin pensar un segundo que estaban arreando a seres humanos.
¡Cárcel a Chíguil, al empresario, al jefe del operativo y a los agentes que después pasearon y vejaron a decenas de muchachas! Pero, ojo, de allí a la renuncia de Joel Ortega hay un abismo. Si Ebrard le entregara la Secretaría de Seguridad Pública a Calderón, éste pondrá allí a alguien que, dentro de unos meses, “fracasaría” de tal modo que se vería “obligado” a pedir la presencia del Ejército en las calles del DF. ¿Alguien quiere retenes militares en Insurgentes?
En descargo de Ebrard debe subrayarse que ha sido el gobernante más leal, en todo sentido, al proyecto de nación que encabeza López Obrador y a quienes lo eligieron como jefe de Gobierno para que impulsara el programa social que está desarrollando. Además, no ha tolerado que el narco protagonice aquí balaceras con granadas y bazukas, al estilo Culiacán, y mucho de ello se lo debe a Joel Ortega. Así que nada: la derecha trata de acorralarlo para tirarle la consulta popular del 27 de julio sobre el destino de Pemex, y eso está clarísimo. Por lo pronto, mañana al Zócalo, pues la Kessel ya dijo que tras el debate en el Senado habrá privatización, es decir, ¿barricadas en las principales carreteras de la República?
Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com y para conocer la nueva versión de El Loro Negro, www.eloronegro.blogspot.com
Enrique Galván Ochoa : Dinero No significa una ayuda a la economía familiar “congelar” los precios de una lista de alimentos procesados, como acordaron el sector industrial y el presidente Calderón. Inclusive el consumo de algunos no está recomendado por las autoridades sanitarias porque potencialmente son dañinos para la salud. En una encuesta que hicimos entre 3 mil 317 consumidores de toda la República, 77 por ciento contestó que no apoya a su economía la “canasta” de Calderón. Un 19 por ciento opinó que la ayuda es poca; 3 por ciento la considera moderada y sólo uno por ciento opinó que es mucha.
Metodología
Esta semana enviamos 5 mil cuestionarios por correo electrónico a los buzones de miembros de El Foro México. Hasta ayer en la tarde habíamos recibido la respuesta de 66 por ciento. Sus opiniones pueden leerse en el foro.
Votos razonados
Sería estupendo que el señor Calderón junto con su familia y los miembros del gabinete se pusieran a consumir productos enlatados de la canasta básica, entonces comprenderían la burla. Pobre México... y pobre del pobre mexicano.
Gemma Servín Vega/Toluca
Gloria Muñoz Ramírez : Los de Abajo
Carlos Fernández-Vega : México SA Muy nerviosa debe estar la secretaria de Energía, Georgina Kessel, porque sus urgencias la hacen resbalar en público. Da la impresión que su alterado estado de ánimo le impide registrar no sólo que la “reforma” petrolera calderonista es un cadáver insepulto que desde un mes atrás permanece en el velatorio instalado en el patio central de la casona de Xicoténcatl, sino que la lleva a meter la mano donde no le corresponde. Un día sí, y al siguiente también, gira instrucciones al Legislativo, fija fecha para el dictamen, asegura su inmediata aprobación, desautoriza consultas populares, palomea qué debe incluirse en la agenda de los senadores y a éstos apura para que concluyan el jueguito del debate en su propia casa, entre otras directrices.
Es el mismo nerviosismo que la funcionaria mostró en febrero y marzo pasados, el cual la llevó a cometer una serie de pifias en torno a la presentación y contenido de la referida “reforma”, cuando dio por buena una fecha que cinco minutos después fue desmentida por sus propios correligionarios, y ofreció un apocalíptico balance de la situación petrolera del país, para poco después auto desmentirse y hablar de multimillonarios depósitos que elevaban a más de 100 mil millones de barriles las reservas de crudo nacional.
Tanto dijo la secretaria Kessel por aquellos días, que lo único que hizo fue subirse a la fiesta de contradicciones, resbalones y desorganización de lo que ellos mismos llaman “sistema PAN” (inquilino de Los Pinos, partido blanquiazul, con sus diputados y senadores). Pero debe serenarse. Ella ya cumplió con su parte: con todo tipo de desbarajustes, pero hasta allí le toca. El siguiente tramo exclusivamente le corresponde al Legislativo, no al inquilino de Los Pinos –quien en este sentido tampoco canta mal las rancheras– ni a la Secretaría de Energía.
A Georgina Kessel, ni a su jefe en Los Pinos, corresponde autorizar o rechazar la consulta popular. Tampoco fijar fecha para que la “reforma” petrolera calderonista se dictamine, mucho menos apurar el fin del debate en el Senado de la República (dicho sea de paso, a finales de abril pasado la secretaria de Energía se pronunciaba por “no posponer más un debate de altura, serio y responsable” en materia petrolera; hoy ya no siente lo duro, sino lo tupido, y le urge que se cierren las puertas de la casona de Xicoténcatl).
Entonces, serenidad y paciencia (Kaliman dixit), porque el nerviosismo la lleva a ubicarse erróneamente. Hasta donde es oficial, la señora Kessel no ocupa un cargo de elección popular, ni forma parte del cuerpo legislativo del PAN y mucho menos es coordinadora de la bancada blanquiazul en el Senado. Que Gustavo Madero (el nuevo pastor) o Santiago Creel (presidente de la Mesa Directiva) no le reclamen es otra cosa, pero se supone que en Los Pinos respetan, aunque sea en el discurso, la división de poderes, de tal suerte que la secretaria de Energía debe tomar las cosas con más calma.
Sólo falta un mes para que concluya el debate en el Senado, y si de éste los legisladores resuelven desechar –como todo apunta- la propuesta claderonista de privatizar el sector petrolero, pues la señora Kessel deberá aguantar el resultado (“aunque sea por un voto” como dirían en la residencia oficial). De dónde la prisa, si el propio inquilino de Los Pinos presentó su “reforma” con 395 días de retraso, de acuerdo con el calendario por él mismo comprometido.
En sus “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”, Felipe Calderón se comprometió a cumpliría cuando menos con los siguientes compromisos: “se promoverá una legislación que permita a Pemex realizar asociaciones tecnológicas con otras empresas del sector para la explotación de yacimientos en aguas profundas; se revisará la cartera de proyectos de la Cuenca de Burgos, buscando agilizar la entrada en operación de aquellos que tengan más oportunidades de incrementar la producción de gas natural; se impulsará una nueva legislación energética para que sea posible atraer inversión complementaria a la del Estado en refinación y petroquímica, en beneficio de la industria nacional; (y) se promoverán adecuaciones para la instalación de Comités de Auditoría Independientes en Pemex y CFE que garanticen rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos”. El plazo venció el 10 de marzo de 2007. Sólo hasta el 8 de abril de 2008, y después de 50 auto desmentidos, presentó su proyecto de “reforma” petrolera, y la encargada de entregarla en el Senado fue, precisamente, la señora Georgina Kessel.
Es normal que quien va ganando el partido presione al árbitro para que dé el silbatazo final; en cambio, el equipo que va perdiendo exige que estire el tiempo lo más que pueda. Pues bien, la secretaria de Energía pertenece a éste último, pero los nervios la llevan a pensar que forma parte del primero.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría y los genios gubernamentales: “el subsecretario de Hacienda declaró que en los últimos cuatro años Petróleos Mexicanos destinó a inversión 50 mil millones de dólares, y, que dada su ineficiencia, las reservas de hidrocarburos han declinado. Parece ser que Hacienda olvida que en ese periodo, Pemex solamente le dedicó a proyectos de exploración 4 mil millones de dólares. El resto se destinó a lo que realmente es un gasto de operación para mantener la extracción intensiva de crudo en más de 3 millones de barriles diarios. Considerar el gasto de explotación como una inversión le permite a Hacienda contratar deuda a largo plazo (Pidiregas) para así maximizar la recaudación predatoria a Pemex, que en 2007 significó un monto de 60 mil millones de dólares” (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@ prodigy.net.mx). Y sobre la cantinflesca oratoria del inquilino de Los Pinos: “de las palabras del señor Calderón, dichas ante ciertos banqueros se desprende que si el michoacano no es capaz de hablar correctamente para darse a entender, menos tendrá la capacidad de gobernar, administrar y presidir una nación. Haiga sido como haiga sido, habló ante sus iguales en conocimiento de la gramática normativa. Con dirigentes y banqueros de esa calaña, que Dios nos encuentre confesados”. (Profesor José Luis Salas, jlsalas30@yahoo.com.mx).
Javier Hernández Chelico : En el Chopo
Opinión
Francisco López Bárcenas : La criminalización de la protesta social Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.
Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.
Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.
¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.
Gustavo Leal F.* : ISSSTE: burradas en la Suprema Corte Después de más de 15 meses de una movilización nacional ininterrumpida que desembocó en un inédito reclamo de justicia, constituyendo el litigio colectivo más relevante de la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –cercada por policías y reducida a la simple función de dogmática repetidora de las “certezas macro” de la tecnocracia hacendaria– transformó, apenas con un “argumento” financiero, los derechos adquiridos por dos y medio millones de trabajadores al servicio del Estado en una simple “expectativa” de derecho. Y así avaló que se pueda contratar con una ley, pero se jubile con otra.
“Mantener el anterior régimen de pensiones”, declaró el ministro Aguirre, costaría “una burrada incomprensible, imposible de cumplir: 12 puntos adicionales del PIB”. Con la “reforma” calderonista del ISSSTE, agregó el ministro Azuela, “todo está siendo favorable a los trabajadores”, aunque con ella –ahora vergonzosamente validada por una Suprema Corte que empieza a descubrir la nomenclatura económica– a los trabajadores activos se les impusieran unilateral e inconstitucionalmente nuevos términos lesivos para su retiro y que el inconsulto destino de los trabajadores de nuevo ingreso –que aún no pueden defenderse– tenga como única salida Pensionissste y, luego, el sistema Afore.
Después de “autofacultarse” en un congreso sindical de factura dantesca (Mérida, octubre de 2007), el doctor Gutiérrez Fragoso –secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)– cedió finalmente al calderonismo (y los intereses que representa) la prestación estrella del contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina: su régimen de jubilaciones y pensiones. Ahora, gracias a la “asesoría” que le brindaron los tecnócratas hacendarios y que le “garantiza sustentabilidad”, los trabajadores de nuevo ingreso recalarán –sin poder defenderse, al igual que los enviados al Pensionissste– en el sistema Afore, con una “expectativa” de retiro equivalente a 80 por ciento del último salario devengado, si bien les va. Bajo esta condición “estable”, se incorporarán al IMSS cuando menos 30 mil jóvenes durante 2008. Cumplida su tarea “responsable”, al dilatado CEN del SNTSS lo veremos pronto disputándole a Elba Esther Gordillo el monopolio de los equilibrios electorales de las elecciones intermedias de 2009. “No entiendo cómo un sindicato tan poderoso como el SNTSS no esté representado en la Cámara de Diputados”, comunicó enfáticamente Gutiérrez en abril.
Con la “reforma” que impuso Ernesto Zedillo al IMSS en 1995 (aparatado A del artículo 123 constitucional), la validación de la “reforma” calderonista del ISSSTE –por una Suprema Corte estudiosa de los rudimentos económicos– (apartado B) y el “responsable” compromiso entre Gutiérrez Fragoso y Calderón –que con un descuento de 15 por ciento del salario base de cotización a los trabajadores de nuevo ingreso al IMSS los remite directamente a una cuenta individual y a una Afore–, la entera masa de sus fondos de pensiones será administrada (con altas comisiones), usada (sin que mejore su rendimiento, aunque sí crezca la rentabilidad de los administradores) y expuesta inmisericordemente a la volatilidad bursátil.
Como estableció la Comisión Federal de Competencia Económica (noviembre de 2006), las comisiones cobradas por las Afore han sido tan altas que, “duplicando el promedio latinoamericano”, provocaron que el rendimiento neto del ahorro para el retiro de los trabajadores de 1997 a 2006 “sea prácticamente nulo”. A lo que Banxico agregó (junio de 2008) que entre 1998 y 2007 los trabajadores en Afore han tenido un rendimiento promedio anual real de 3.8 por ciento, que no coincide con el rendimiento de gestión de las Afore, calculado en 7.2 por ciento.
Mientras tanto –y para decirlo con Peter Diamond–, el ahorro nacional de largo plazo sufrirá una merma equivalente al costo total de la administración privada de esa masa pensionaria y el monto final de la pensión de los trabajadores no superará jamás 30 por ciento del último salario devengado (The Economist, 14/6/08, p. 93).
Transcurridos 20 años, el destino final de las cuentas individuales apenas se materializará en una pensión mínima garantizada (3 mil 34 pesos mensuales). Y el Estado deberá entrar al rescate del quebranto pensionario. Pero, para entonces, la tecnocracia hacendaria de Calderón y los administradores de los fondos estarán ya en otro giro. Porque se ha estimado que la recuperación de su inversión es a menos de 30 meses. Por su parte, los ministros de esta Suprema Corte seguirán estudiando economía básica, mientras disfrutan de un envidiable nivel pensionario, mismo que negaron a los trabajadores que (con sus dos cascadas de amparos sucesivos) depositaron en ellos la confianza de representar el último “garante” de la Constitución y el equilibrio de poderes republicano.
Pero en el corto plazo se habrán cumplido las metas del PND calderonista: 3 millones de cuentas individuales más en Afores (incluidos los trabajadores de Pemex), para “fortalecer” un fantástico sistema nacional de pensiones que garantizará apetitosas comisiones a los administradores, pero no pensiones dignas: sólo una vejez en la miseria y sin servicios de salud a la edad en que más se requieren.
Este corto plazo del calderonismo y sus tecnócratas hacendarios –avalado por una Suprema Corte que empieza a estudiar economía– estallará ruidosamente en la agenda electoral de 2009. El debate sobre el destino de la salud y la seguridad social de los mexicanos apenas empieza. Las movilizaciones de los trabajadores del IMSS con Vicente Fox, contra la ley calderonista del ISSSTE y contra una Suprema Corte que estudia finanzas, lo patentizan. Y es que, en efecto, a las siguientes generaciones, hay que intentar evitarles ser víctimas de otras burradas semejantes.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Miguel Concha : Ley de amnistía Desde hace varias décadas el desarrollo social de nuestro país se ha deteriorado a niveles dramáticos. En la actualidad emigran al año cerca de 2 millones de connacionales a Estados Unidos, ya que aquí se les ha negado el derecho fundamental a una vida digna. Los abusos de autoridad, combinados con la pobreza, que se extiende por todo el territorio nacional, son, si no se actúa con sensibilidad y responsabilidad, una combinación muy peligrosa. Por si fuera poco, y como han denunciado oportunamente organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la procuración e impartición de justicia no progresa. Incluso, señalan estos organismos, se encuentra anquilosada como hace 30 años.
En este contexto, para obtener de los gobernantes respuestas a sus necesidades, la protesta social se ha convertido en uno de los principales ejes de acción de la población. Ante dichas protestas, y la falta de capacidad de respuesta de las autoridades, se ha colocado a la gente que ejerce su derecho a la protesta social pacífica como el enemigo a enfrentar, por lo que se le difama, persigue y sanciona, teniendo como consecuencia la existencia de presos políticos.
En los últimos diez años la persecución de líderes sociales se ha intensificado en el país. Hoy superan, según cifras del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), la cantidad de 900 presos políticos. Debemos recordar que el FNCR se reagrupó el 2 de octubre de 2007, y que en él convergen organizaciones sociales, campesinas, sindicatos, académicos, intelectuales, artistas, legisladores y población en general, cuya pretensión es la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la anhelada justicia para las familias y víctimas de la represión.
La presencia cada vez mayor de presos políticos, como es evidente en los casos de Chiapas, Oaxaca y Atenco, ha reactivado acciones de lucha que permitan encontrar instrumentos que conduzcan a la reconstrucción del tejido social, roto por la injusticia y la impunidad.
Así, la diputada Aleida Alavez Ruiz presentó el pasado 30 de abril en la Cámara de Diputados, en nombre del FNCR y de los partidos políticos que constituyen el Frente Amplio Progresista (FAP), la Iniciativa de Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos, la cual, por instrucciones de la mesa directiva, se pretendía turnar a las comisiones de Gobernación y Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, lo que sin lugar a dudas tenía como objetivo enviar la propuesta a la congeladora. Sin embargo, por la oportuna intervención del FAP, se remitió únicamente a la Comisión de Gobernación, que preside el panista Diódoro Carrasco Altamirano.
Cabe señalar que, previamente a su presentación, diputados federales y senadores, como doña Rosario Ibarra de Piedra, visitaron a muchos de los presos políticos en los centros penitenciarios, para comentar con ellos la propuesta, a la que accedieron, en aras de fortalecer la lucha social.
Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país. Desde la lucha por la Independencia encontramos esta figura, cuando el 15 de octubre de 1810 las cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el cuarto Congreso Constitucional, y Anastasio Bustamante, entonces presidente de la República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.
Otro caso se registró en septiembre de 1978, cuando diversas organizaciones sociales, agrupadas en el FNCR de ese entonces, lograron que el Congreso de la Unión aprobara una ley de amnistía, que se aplicó en distintas etapas en el curso de ese y el siguiente año. La última vez que se expidió una amnistía fue para el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994.
La actual iniciativa contiene dos objetivos fundamentales: la libertad de los presos políticos y la presentación de las víctimas de desaparición forzada. El proyecto tiene entre sus prioridades abarcar todo tipo de delitos, no sólo los de carácter político. Pueden incluirse asimismo a las personas que de actuaciones ministeriales o judiciales se desprenda que el delito o los delitos que se les imputan se encuentran vinculados con móviles políticos o sociales.
El reto mayor al que se enfrenta la petición de amnistía será argumentar la existencia de presos y desaparecidos políticos, pues, como es de conocimiento público, el gobierno federal pretende negar su existencia. Sin embargo, a la luz de las mesas de intermediación entre la Secretaría de Gobernación y la comisión de intelectuales, para la presentación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este discurso no puede sustentarse más.
Es importante señalar que esta iniciativa no implica la petición de perdón, sino un esfuerzo de la sociedad por recomponer el pacto social. Tampoco se trata de una amnistía planteada, como en el caso de las Leyes de Punto Final en Argentina, o como la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de Uruguay, que impiden el castigo a militares y civiles que cometieron violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras castrenses.
Las comisiones del FNCR que impulsan esta ley esperan que a la brevedad se establezca un acercamiento con la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para alentar su dictaminación.
Ilán Semo : El asedio del pasado
Gustavo Gordillo : Juventud divine tesoro
Marcos Roitman Rosenmann : Carta a Salvador Allende
Michael T. Klare /I : Guarniciones en la gasolinera global
Jacques Attali : Karl Marx o el espíritu del mundo
Carlos Montemayor : Rascón Banda, académico
Política
No podemos posponer la extracción de crudo para hacer más refinerías: Kessel
Carrancá: legal, consulta sobre Pemex
Otro modelo de nación, lo que hay atrás de la reforma a Pemex
Economía
El cambio climático, amenaza a la seguridad de varios países
Imparable alza de precios del petróleo
Neoliberalismo, rasgo común entre México y Corea del Sur
Mundo
Obama y Clinton, juntos al fin para enterrar la era republicana
Recuerda Fidel Castro la muerte del presidente Allende; “combatió hasta el último aliento”, dice
Pide Uribe consultar a colombianos la posibilidad de repetir comicios de 2006
Estados
Sin trabajar, Gordillo cobra 2 salarios en Edomex: como directora y maestra
Entre hoy y mañana el PRI y el PRD eligen candidatos a ediles y diputados en Guerrero
La onda tropical 8 causa estragos en al menos 7 municipios indígenas yucatecos
Capital
Vejaciones de jóvenes en el Divine, acto de alta traición, acusa Ebrard
Acusar a Zayas de homicidio doloso por muertes en News Divine es “improcedente”
“Queremos justicia así como ustedes quieren votos”, clamor en el News Divine
Sociedad y Justicia
Moviliza SNTE a 1,800 activistas para “recuperar” la sección 9
A petición de la SEP, el Banco Mundial evaluará programa educativo
Sólo dejaré el Situam con comicios, no aceptaré presiones: Hurtado Guzmán
Ciencias
El suelo de Marte, favorable para albergar vida, confirman expertos
Cultura
Allende simboliza la construcción de un hombre y un mundo mejores
Reflejan la cruda realidad de la cultura en “una propuesta coreográfica de rebeldía”
Deplora Rascón Banda la falta de una política de Estado para impulsar al teatro
Espectáculos
Winehouse, espíritu que arde y se consume en sus propias llamas
Con tres minutos de silencio inició Rock in Rio en Madrid
Cierra hoy Festival Internacional de Cabaret con show de Regina Orozco
Deportes
Rusia festejó su eliminación con vodka, cigarros y bellas modelos
Esperamos hacer un buen partido y levantar la copa, señaló Xabi Alonso
La china Zheng Jie eliminó a la número uno, la serbia Ivanovic
Disquero
Impermanencia
Llama Calderón a Consolidar el Plan Puebla Panamá
El primer mandatario mexicano consideró que esta reunión representa una magnífica oportunidad para repensar los alcances de los programas de cooperación 11:35
Amenaza situación económica mundial la paz de Centroamérica: Saca 10:27
Revisa Calderón agenda común con Álvaro Uribe 11:50
Impulsa Calderón fondo de vivienda para Mesoamérica 09:52
Elogia McCain a Uribe y Calderón antes de visita
McCain estará en Cartagena, Colombia, el martes 1 de julio, donde se quedará dos noches. El jueves 3 llegará a la ciudad de México, desde donde emprenderá el retorno a Estados Unidos 11:42
Visita Obama a soldados heridos en hospital militar Walter Reed 09:42
Obama recibe apoyo de Hillary contra McCain
Obama recibe apoyo de Hillary contra McCain
Piden aprehender policías por caso News Divine
Acusa la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se castigue a los efectivos de la SSP-DF por abusos en el operativo en la discoteca 11:14
La muerte sigue en New’s Divine
Ebrard: el GDF no criminaliza a jóvenes
En ALDF no ven culpa de Joel Ortega
Pelean PGJ y SSP por imágenes de menores
Renovaba licencia sólo de palabra
Trasladan al Reclusorio Oriente a Guillermo Zayas
Complica mal tiempo rescate de cuerpo del Ministro de Guatemala
Un portavoz de los Bomberos Voluntarios dijo que en el departamento de Baja Verapaz, donde ocurrió el accidente donde murió Vinicio Gómez, continúa una lluvia que ha imposibilitado el aterrizaje de unos helicópteros 10:58
Guatemala: ministro se mata en accidente
Libera hombre a su hijo, lo amenazaba con un cuchillo en la Peralvillo
El hombre, tras cinco horas de angustia, liberó al pequeño luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sometieran al padre, quien aparentemente usaba drogas 08:30
El IFE "mata" a partido en un día
Señalan a Hugo Sánchez como posible técnico de Arabia Saudita
No quieren las mujeres sexo de una noche
Reina Isabel II se vuelve ´Burger Queen´; adquiere un McDonald´s
Bill Gates cierra sus ventanas
Chile
Centenario de su nacimientoAllende
Joan E. GarcésColombiaUribe pide al Congreso repetir elecciones del 2006 tras sentencia judicial que pone en duda la legitimidad de su elección
Gorka Castillo/AgenciasOpiniónObama o McCain: ¿Quién conviene a América Latina?
Heinz DieterichUnión Europea
Reino Unido en crisisEl fantasma de los terribles años setenta
Marco D'EramoUnión Europea
Entrevista con Rubén Martínez Dalmau, profesor de Derecho Constitucional, sobre el Tratado de Lisboa"Nunca se ha propuesto una verdadera Constitución europea con el principal rasgo de una Constitución: la legitimidad de un pueblo"
Salvador López ArnalEconomía
Alegación para conseguir su repudioLos préstamos envenenados del Banco Mundial a Ecuador
CADTMCubaCuba: la USAID en busca de “contratistas“
Nancy ValiñoEE.UU.El pasado viernes EEUU dejó de considerar terrorista a Nelson Madela
Centenario de su nacimientoAllende
Joan E. GarcésColombiaUribe pide al Congreso repetir elecciones del 2006 tras sentencia judicial que pone en duda la legitimidad de su elección
Gorka Castillo/AgenciasOpiniónObama o McCain: ¿Quién conviene a América Latina?
Heinz DieterichUnión Europea
Reino Unido en crisisEl fantasma de los terribles años setenta
Marco D'EramoUnión Europea
Entrevista con Rubén Martínez Dalmau, profesor de Derecho Constitucional, sobre el Tratado de Lisboa"Nunca se ha propuesto una verdadera Constitución europea con el principal rasgo de una Constitución: la legitimidad de un pueblo"
Salvador López ArnalEconomía
Alegación para conseguir su repudioLos préstamos envenenados del Banco Mundial a Ecuador
CADTMCubaCuba: la USAID en busca de “contratistas“
Nancy ValiñoEE.UU.El pasado viernes EEUU dejó de considerar terrorista a Nelson Madela
No hay comentarios.:
Publicar un comentario