Laura M. López Murillo
(especial para ARGENPRESS.info)
En algún lugar ajeno a la partidocracia, en las afueras del proselitismo, fluye una corriente en la opinión pública, una convicción alterna que emana del desencanto, que se enfatiza por el hartazgo y esparce el repudio colectivo…
La jornada electoral se aproxima y aún no puede precisarse el impacto de las campañas de los partidos políticos; en las encuestas, el porcentaje del abstencionismo pondera la indiferencia y el hartazgo de la ciudadanía; pero al margen del proselitismo, los sondeos de opinión han detectado una campaña alterna en evidente expansión: el voto en blanco.
Una encuesta realizada por Berumen y Asociados (1), indica que en el transcurso del mes de mayo, se incrementó la porción del electorado dispuesta a cancelar su voto, mientras el porcentaje de los ciudadanos que prefieren no opinar se mantuvo constante.
A un mes de las elecciones, el 1º de Junio, uno de cada diez electores estaría dispuesto a anular su voto.La reacción de la partidocracia ante la blancura expansiva ha sido inmediata: la clase política condena el voto nulo y lo considera un peligro inminente para la democracia. La partidocracia y el IFE emprenderán una campaña mediática para contrarrestar la campaña del voto en blanco. A partir de hoy (8 de junio) se difundirá un video mensaje para incentivar la asistencia de la ciudadanía a las urnas.
Debido a la polémica desatada y a la aceptación que recientemente ha tenido esta opción, es un imperativo ético esclarecer que la figura jurídica del voto en blanco no está contemplada en la legislación electoral vigente en México; si así fuera, la opción del voto en blanco aparecería en la boleta electoral como uno de los recuadros a elegir; la peculiaridad de este recuadro sería la ausencia de logotipos, candidatos o emblemas partidistas, estaría en blanco.En las legislaciones que contemplan el voto en blanco, también se estipula la realización de nuevas elecciones cuando el voto en blanco predomina, obligando a los partidos políticos a sustituir a sus candidatos por personalidades con posibilidades de atraer la simpatía del electorado, de tal forma, que contiendan los mejores exponentes de la partidocracia.
Pero en México, el voto en blanco no es una alternativa jurídicamente válida. Quienes manifiestan su preferencia por el voto en blanco, eligen una opción inexistente, proponen una alternativa inelegible.El voto en blanco no debe confundirse con una boleta electoral sin cancelar o marcar. Una boleta que se deja en blanco implica el riesgo de que sea utilizada para favorecer a alguno de los partidos.Las únicas opciones para no elegir a ninguno de los candidatos serían la anulación del voto o votar por candidatos no registrados.
El voto se anula cuando se marcan todas las opciones, o cuando la boleta se cruza con dos líneas. Aunque se contabilizan los votos nulos y los votos para candidatos no registrados, realmente no inciden en el resultado de los comicios. Su efecto solamente es significativo para revertir la abstención.Para que los votos nulos incidieran en el resultado, sería necesario que todos, absolutamente todos los ciudadanos anularan su voto, situación por demás insólita; el efecto inmediato del voto nulo reduce el proceso electoral a una movilización de las militancias partidistas y el predominio del voto duro, desplazando el poder de decisión, que reside en el pueblo, a una minoría.La jornada electoral se acerca y cada día es más evidente la ausencia de opciones válidas para expresar el rechazo colectivo hacia la partidocracia.
La única alternativa viable por el momento sería el voto de castigo: votar por cualquier alternativa diferente al partido dominante, eligiendo a la próxima legislatura en función del rechazo por la legislatura saliente.La clase política que resulte electa en los comicios del 5 de julio deberá afrontar el reto de una verdadera reforma electoral, que incluya las candidaturas ciudadanas y elimine los plurinominales, que contemple la posibilidad del voto en blanco, la segunda vuelta, y la reelección, entendida como la ratificación o la desaprobación ciudadana a los titulares de cargos de elección popular.
La relevancia del actual proceso electoral estriba en la composición de la Cámara de Diputados, factor determinante para la consolidación o la fragmentación de la clase política que aspira al poder hegemónico; y por eso, ahora más que nunca, es imperativo ejercer el derecho para elegir a los representantes, navegar en la corriente de la opinión pública y concretar esa convicción alterna que emana del desencanto, que se enfatiza por el hartazgo y esparce el repudio colectivo…(1) Encuesta nacional en vivienda realizada por Berumen y Asociados, S.A. de C.V.Fecha de levantamiento: del 29 de mayo al 1 de junio del 2009Nivel de confianza: 95% Máximo margen de error estadístico: + 4.6%
Laura M. López Murillo es Lic. en Contaduría por la UNAM.
Con Maestría en Estudios Humanísticos y Especializada en Literatura en el Itesm.
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