Alto costo para las madres trabajadoras
Por Silvia Núñez Esquer/corresponsal
Hermosillo, Son., 8 junio 09 (CIMAC).- El polvo y el humo siempre fueron los problemas de la Y Griega. “La peste por el rastro, cuando molían los huesos no dejaba dormir”, son expresiones de fundadoras de la colonia Y Griega, ubicada al sur de Hermosillo, donde el pasado 5 de junio murieron en un incendio 41 niñas y niños (cifra hasta el cierre de esta edición).
Los “hoteles de paso” proliferaron en el área y forman parte del panorama urbano. Instalada en terrenos ejidales, la Y Griega es una colonia de mujeres y hombres trabajadores.
Ubicada cerca del parque industrial más grande de Hermosillo, el tránsito foráneo por fuerza recorre su periferia en el camino del norte al sur. Mujeres trabajadoras de maquiladora, algunas madres solteras, son quienes habitan el rumbo y por ende, quienes buscan un lugar seguro para dejar a sus hijas e hijos cuando van a trabajar.
Todavía sin pavimentar, las calles de la Y Griega acogen bodegas, talleres y parqueaderos de trailers. Las refaccionarias de transporte rudo son el panorama común. Colindando con el periférico sur, donde hace 30 años terminaba la ciudad, la Y Griega desde hoy se recordará como el sitio de la peor tragedia conocida en el país por la cantidad de muertes evitables de niñas y niños.
LAS GUARDERÍAS DEL PANISMO
A penas a las 12 del viernes, el periodista Álvaro Cepeda Neri decía del gobernador Eduardo Bours Castello: “es llamado el Hood Robin, porque le roba a los pobres para darle a los ricos”, al presentar el libro: El Expediente Bours.
Tres horas después, la locura del infierno confirmaría parte de esto. La guardería-bodega incendiada pertenece al sistema de Estancias infantiles concesionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Los dueños, emparentados con Felipe Calderón y con la familia Bours Castelo, se han beneficiado del sistema que paga aproximadamente 700 pesos mensuales por cada niña o niño inscrito en estas guarderías.
Aunque no es la primera vez que muere un niño en una de las guarderías del sistema Sedesol, es ésta la más impactante, por la cantidad de fallecidos, 41 hasta el momento, y 5 más con pronóstico negativo.
La forma vertiginosa en que se revelaron las condiciones en que se otorgan permisos sin salvaguardar la integridad de las y los usuarios, tiene en la mira a las instituciones que permiten operar a un centro con más de cien personas indefensas y con las mínimas condiciones de seguridad que respondan de manera óptima a los posibles riesgos.
Hasta ahora, la Secretaría de Salud, Protección civil, Ayuntamiento de Hermosillo, Gobierno del estado, Sedesol, e IMSS han dicho que la guardería ABC, subrogada del IMSS, contaba con todas las condiciones adecuadas para operar, incluidos los permisos necesarios.
No obstante, han callado a las preguntas: ¿Por qué sólo había una puerta angosta supuestamente de emergencia, cuyo sistema eléctrico impidió que se abriera rápido? ¿Por qué la guardería opera a menos de una cuadra de una gasolinera, que por cierto los vecinos se opusieron a su instalación?
¿Quiénes son los responsables de otorgar los permisos? ¿Qué hacía la guardería ubicada pared con pared con una bodega donde se guardaba combustible, en la cual empezó el incendio? Bodega que, por cierto, es de la Secretaría de Hacienda.
Las respuestas apuntan a la irresponsabilidad para beneficiar personas, a costa de la población pobre. El sector de la Y Griega es periférico a la ciudad. Es un paso de transporte pesado. En ella hay bodegas, almacenes, refaccionarias.
La guardería misma, hasta hace unos años, se utilizaba como bodega de un comercio que vende muebles en abonos, llamada Citlali. Por eso su pared es compartida con otros almacenes. La adecuación para guardería no cubrió los mínimos requerimientos para ser utilizada como estancia infantil.
El propio alcalde de Hermosillo Ernesto Gándara informó que en 2001 el edificio donde se instaló la guardería ABC obtuvo el permiso de uso de suelo como “mixto”, por lo que puede operar como vivienda o como comercio.
Tal era, al parecer, el significado que tenía la guardería: un negocio en donde se optimizaron gastos para hacerlo más redituable, a costa de vidas humanas.
Sin patio, sin ventanas y con sólo una puerta de emergencia, cuyo sistema eléctrico ante la emergencia se resistió a abrirse, reflejan el horror de descubrir la negligencia de los gobiernos de los tres niveles, que manejan las guarderías como un sistema de franquicias concesionadas a sus familiares y allegados.
NORMAS OFICIALES IGNORADAS
La NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores de edad y adultos mayores define que son necesarias puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación, lo que contradice la realidad de la guardería ABC.
También especifica que en muros no se deben utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. En la guardería ABC su techo de lámina estaba recubierto de poliuretano, altamente inflamable, que en segundos se convirtió en una lluvia de fuego que cayó sobre las y los niños.
Por su parte, la norma que reglamenta las estancias infantiles del IMSS, dice que el personal de la guardería permanentemente deberá vigilar que no existan al alcance de las y los niños factores de riesgo que afecten su integridad física.
Esto no pudo cumplirse ya que sólo se toma en cuenta el interior del inmueble, más no los inmuebles contiguos de los que sólo las separa una pared. Además se indica que se deberá cumplir con lo determinado en el Programa de protección civil de cada entidad.
En el reglamento de la Ley de protección civil del estado de Sonora dice que Agente destructivo de origen químico-tecnológico: Son los fenómenos perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico; afecta principalmente a las grandes concentraciones humanas e industriales, son fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.
De igual forma define análisis de riesgo como la técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones externas a la población, sus bienes, entorno e instalaciones vecinas.
En la guardería ABC se ha jugado con esto. El director de protección civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez, admitió que la última revisión y práctica de simulacro de evacuación se realizó en junio de 2008, hace un año, cuando la ley de protección civil dice que se deben hacer por lo menos cada 6 meses.
El riesgo inminente se define como la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro, emergencia, desastre o acción susceptible de causar daño o perjuicio a las personas en su integridad, vida, sus bienes y entorno.
También dice que las unidades internas de protección civil deberán “Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente”.
Así como llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del personal para la realización de los mismos. El último simulacro según el responsable de protección civil en Sonora, se realizó hace un año.
Para los efectos del Artículo 37 de la Ley, se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a cincuenta o más personas o que en el mismo, durante un periodo de veinticuatro horas circule ese mismo número de individuos, en donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. En la guardería había 176 niños, más el personal.
Se considerarán como instalaciones, áreas y ocupaciones de alto riesgo, aquellas en las que se: “almacenen o distribuyan gases o líquidos inflamables o combustibles”. En el caso de la guardería ABC era como si el combustible estuviera en el mismo edificio, puesto que los separaba de él sólo una pared.
Todas las disposiciones de la Ley de protección civil del estado de Sonora son bajo el supuesto de una edificación normal, no de una bodega adaptada para guardería.
CORRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ESTATAL
En agosto de 2006, el gobierno del estado de Sonora, dio a conocer, sin más explicación, que los centros de desarrollo infantil Fernanda Luken de Obregón y Beatriz Velazco de Alemán, operados por el DIF estatal, cerraban sus puertas, para dar paso a la operación de 28 “Casas de apoyo”, servicio prestado por particulares en casas dispersas por la ciudad.
Los nuevos centros de cuidado de niñas y niños, con la vieja técnica de “cuidar niños” dieron al traste con la profesionalización que se había logrado a partir de los años setentas al crecer el sistema de centros de desarrollo infantil.
Poco después, se dio a conocer que también el Centro de la colonia Adolfo de la Huerta, del DIF, cerraba sus puertas a las niñas y los niños, dejando así a cerca de 900 de ellos a la deriva.
Muchas de las madres trabajadoras regresaron a la incertidumbre de dónde dejar a sus hijas e hijos, optando muchas por dejarlas en las casas de apoyo, sin ningún tipo de certificación que garantizara un cuidado profesional.
Otras tantas, vieron como una oportunidad, con tranquilidad, el ingresar a sus pequeños en las guarderías del IMSS, pues suponían estarían mejor supervisadas.
Según el director del IMSS en Sonora, existen hoy 88 guarderías, de las cuales 79 están dentro del esquema de subrogación y solo nueve bajo el régimen ordinario.
Ante esto, el gobierno del estado nunca dio una explicación a la sociedad, y los centros se convirtieron en oficinas. Y con ello abonó al desastre que el viernes pasado conmovió al mundo.
CRIMEN DE ESTADO, VIOLACIÓN DE NORMAS
Irónicamente, el objetivo del programa de estancias infantiles de Sedesol establece que busca disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niñas o niños entre uno y dos años 11 meses de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos en el momento de solicitar el apoyo, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado laboral.
En la modalidad de apoyo a madres y padres trabajadores, los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos con al menos un niño o niña de uno a dos años 11 meses de edad en los que las madres o padres o principales cuidadoras que trabajan o están buscando trabajo, y no tienen acceso a servicios de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.
Establecido por este programa, las guarderías del IMSS dan servicio directamente a la población de menores ingresos. Para ser usuaria o usuario de estas guarderías la persona solicitante deberá estar en condiciones de pobreza. Que la guardería o estancia infantil esté ubicada en una zona de alta concentración de pobreza o marginada.
Los niveles de ingreso de las usuarias parecen directamente relacionados con el escaso nivel de atención a la organización y prestación del servicio que, más lejos de beneficio, se tornó en tragedia. Por eso las palabras del director del IMSS, Daniel Káram Toumeh, sobre la supuesta revisión que se hizo a la guardería ABC, que “cumplía con todos los requisitos”, el pasado 26 de mayo, resultaron un insulto para la irritada población hermosillense.
SOCIAS Y SOCIOS DEL PODER
La subrogación, como forma de eludir responsabilidades para con las mujeres trabajadoras y negocio redituable para las familias adineradas, no pudo, sin embargo, ocultar la identidad de socias y socios dueños de esta guardería ABC.
Al dar a conocer públicamente sus nombres a través de un comunicado del Gobierno del estado y luego en diarios locales y hasta en un video en Youtube, se reveló que las y los dueños son prominentes sonorenses no solo por su posición económica, sino también por sus nexos políticos con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y de Eduardo Bours, gobernador de la entidad.
Como lo dio a conocer ayer el Registro Público de la Propiedad en Sonora, son dueños Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa (según la prensa local) del subsecretario de Ganadería del Gobierno sonorense, Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso empresario en la entidad, muy cercano al gobernador Eduardo Bours y a su hermano Ricardo.
También aparece como dueña Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien sería sobrina de Margarita Zavala. Altagracia es hija, según medios locales, del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño de empresas vinculadas con la atención a la niñez, como el patronato La Burbuja y el Museo del Niño en la entidad y tío directo de la esposa de Calderón. La madre de Altagracia Gómez figura, por otro lado, como representante legal de la Sociedad de Damas de la Caridad IAP (Casa San Vicente) que alberga a indigentes enfermos de tuberculosis.
Se nombró también en el Registro Público de la Propiedad a Gildardo Francisco Urquides Serrano, empresario del ramo turístico, secretario de Finanzas del PRI estatal e integrante del Consejo Consultivo del Infonavit.
No era ésta, sin embargo, la única guardería que opera esa razón social, hay más en el estado con el mismo esquema: habilitar bodegones pues resulta más económico que hacer una nueva construcción con todas las especificaciones de funcionalidad y seguridad.
El mejor homenaje que pudieran tener las niñas y niños fallecidos es la aplicación de la justicia a los responsables de que una doctora gritara, ante madres y padres afligidos: “tenemos una niña sin identificar, que tiene sus uñitas pintadas de verde”.
Por Silvia Núñez Esquer/corresponsal
Hermosillo, Son., 8 junio 09 (CIMAC).- El polvo y el humo siempre fueron los problemas de la Y Griega. “La peste por el rastro, cuando molían los huesos no dejaba dormir”, son expresiones de fundadoras de la colonia Y Griega, ubicada al sur de Hermosillo, donde el pasado 5 de junio murieron en un incendio 41 niñas y niños (cifra hasta el cierre de esta edición).
Los “hoteles de paso” proliferaron en el área y forman parte del panorama urbano. Instalada en terrenos ejidales, la Y Griega es una colonia de mujeres y hombres trabajadores.
Ubicada cerca del parque industrial más grande de Hermosillo, el tránsito foráneo por fuerza recorre su periferia en el camino del norte al sur. Mujeres trabajadoras de maquiladora, algunas madres solteras, son quienes habitan el rumbo y por ende, quienes buscan un lugar seguro para dejar a sus hijas e hijos cuando van a trabajar.
Todavía sin pavimentar, las calles de la Y Griega acogen bodegas, talleres y parqueaderos de trailers. Las refaccionarias de transporte rudo son el panorama común. Colindando con el periférico sur, donde hace 30 años terminaba la ciudad, la Y Griega desde hoy se recordará como el sitio de la peor tragedia conocida en el país por la cantidad de muertes evitables de niñas y niños.
LAS GUARDERÍAS DEL PANISMO
A penas a las 12 del viernes, el periodista Álvaro Cepeda Neri decía del gobernador Eduardo Bours Castello: “es llamado el Hood Robin, porque le roba a los pobres para darle a los ricos”, al presentar el libro: El Expediente Bours.
Tres horas después, la locura del infierno confirmaría parte de esto. La guardería-bodega incendiada pertenece al sistema de Estancias infantiles concesionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Los dueños, emparentados con Felipe Calderón y con la familia Bours Castelo, se han beneficiado del sistema que paga aproximadamente 700 pesos mensuales por cada niña o niño inscrito en estas guarderías.
Aunque no es la primera vez que muere un niño en una de las guarderías del sistema Sedesol, es ésta la más impactante, por la cantidad de fallecidos, 41 hasta el momento, y 5 más con pronóstico negativo.
La forma vertiginosa en que se revelaron las condiciones en que se otorgan permisos sin salvaguardar la integridad de las y los usuarios, tiene en la mira a las instituciones que permiten operar a un centro con más de cien personas indefensas y con las mínimas condiciones de seguridad que respondan de manera óptima a los posibles riesgos.
Hasta ahora, la Secretaría de Salud, Protección civil, Ayuntamiento de Hermosillo, Gobierno del estado, Sedesol, e IMSS han dicho que la guardería ABC, subrogada del IMSS, contaba con todas las condiciones adecuadas para operar, incluidos los permisos necesarios.
No obstante, han callado a las preguntas: ¿Por qué sólo había una puerta angosta supuestamente de emergencia, cuyo sistema eléctrico impidió que se abriera rápido? ¿Por qué la guardería opera a menos de una cuadra de una gasolinera, que por cierto los vecinos se opusieron a su instalación?
¿Quiénes son los responsables de otorgar los permisos? ¿Qué hacía la guardería ubicada pared con pared con una bodega donde se guardaba combustible, en la cual empezó el incendio? Bodega que, por cierto, es de la Secretaría de Hacienda.
Las respuestas apuntan a la irresponsabilidad para beneficiar personas, a costa de la población pobre. El sector de la Y Griega es periférico a la ciudad. Es un paso de transporte pesado. En ella hay bodegas, almacenes, refaccionarias.
La guardería misma, hasta hace unos años, se utilizaba como bodega de un comercio que vende muebles en abonos, llamada Citlali. Por eso su pared es compartida con otros almacenes. La adecuación para guardería no cubrió los mínimos requerimientos para ser utilizada como estancia infantil.
El propio alcalde de Hermosillo Ernesto Gándara informó que en 2001 el edificio donde se instaló la guardería ABC obtuvo el permiso de uso de suelo como “mixto”, por lo que puede operar como vivienda o como comercio.
Tal era, al parecer, el significado que tenía la guardería: un negocio en donde se optimizaron gastos para hacerlo más redituable, a costa de vidas humanas.
Sin patio, sin ventanas y con sólo una puerta de emergencia, cuyo sistema eléctrico ante la emergencia se resistió a abrirse, reflejan el horror de descubrir la negligencia de los gobiernos de los tres niveles, que manejan las guarderías como un sistema de franquicias concesionadas a sus familiares y allegados.
NORMAS OFICIALES IGNORADAS
La NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores de edad y adultos mayores define que son necesarias puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación, lo que contradice la realidad de la guardería ABC.
También especifica que en muros no se deben utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. En la guardería ABC su techo de lámina estaba recubierto de poliuretano, altamente inflamable, que en segundos se convirtió en una lluvia de fuego que cayó sobre las y los niños.
Por su parte, la norma que reglamenta las estancias infantiles del IMSS, dice que el personal de la guardería permanentemente deberá vigilar que no existan al alcance de las y los niños factores de riesgo que afecten su integridad física.
Esto no pudo cumplirse ya que sólo se toma en cuenta el interior del inmueble, más no los inmuebles contiguos de los que sólo las separa una pared. Además se indica que se deberá cumplir con lo determinado en el Programa de protección civil de cada entidad.
En el reglamento de la Ley de protección civil del estado de Sonora dice que Agente destructivo de origen químico-tecnológico: Son los fenómenos perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico; afecta principalmente a las grandes concentraciones humanas e industriales, son fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.
De igual forma define análisis de riesgo como la técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones externas a la población, sus bienes, entorno e instalaciones vecinas.
En la guardería ABC se ha jugado con esto. El director de protección civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez, admitió que la última revisión y práctica de simulacro de evacuación se realizó en junio de 2008, hace un año, cuando la ley de protección civil dice que se deben hacer por lo menos cada 6 meses.
El riesgo inminente se define como la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro, emergencia, desastre o acción susceptible de causar daño o perjuicio a las personas en su integridad, vida, sus bienes y entorno.
También dice que las unidades internas de protección civil deberán “Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente”.
Así como llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del personal para la realización de los mismos. El último simulacro según el responsable de protección civil en Sonora, se realizó hace un año.
Para los efectos del Artículo 37 de la Ley, se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a cincuenta o más personas o que en el mismo, durante un periodo de veinticuatro horas circule ese mismo número de individuos, en donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. En la guardería había 176 niños, más el personal.
Se considerarán como instalaciones, áreas y ocupaciones de alto riesgo, aquellas en las que se: “almacenen o distribuyan gases o líquidos inflamables o combustibles”. En el caso de la guardería ABC era como si el combustible estuviera en el mismo edificio, puesto que los separaba de él sólo una pared.
Todas las disposiciones de la Ley de protección civil del estado de Sonora son bajo el supuesto de una edificación normal, no de una bodega adaptada para guardería.
CORRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ESTATAL
En agosto de 2006, el gobierno del estado de Sonora, dio a conocer, sin más explicación, que los centros de desarrollo infantil Fernanda Luken de Obregón y Beatriz Velazco de Alemán, operados por el DIF estatal, cerraban sus puertas, para dar paso a la operación de 28 “Casas de apoyo”, servicio prestado por particulares en casas dispersas por la ciudad.
Los nuevos centros de cuidado de niñas y niños, con la vieja técnica de “cuidar niños” dieron al traste con la profesionalización que se había logrado a partir de los años setentas al crecer el sistema de centros de desarrollo infantil.
Poco después, se dio a conocer que también el Centro de la colonia Adolfo de la Huerta, del DIF, cerraba sus puertas a las niñas y los niños, dejando así a cerca de 900 de ellos a la deriva.
Muchas de las madres trabajadoras regresaron a la incertidumbre de dónde dejar a sus hijas e hijos, optando muchas por dejarlas en las casas de apoyo, sin ningún tipo de certificación que garantizara un cuidado profesional.
Otras tantas, vieron como una oportunidad, con tranquilidad, el ingresar a sus pequeños en las guarderías del IMSS, pues suponían estarían mejor supervisadas.
Según el director del IMSS en Sonora, existen hoy 88 guarderías, de las cuales 79 están dentro del esquema de subrogación y solo nueve bajo el régimen ordinario.
Ante esto, el gobierno del estado nunca dio una explicación a la sociedad, y los centros se convirtieron en oficinas. Y con ello abonó al desastre que el viernes pasado conmovió al mundo.
CRIMEN DE ESTADO, VIOLACIÓN DE NORMAS
Irónicamente, el objetivo del programa de estancias infantiles de Sedesol establece que busca disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niñas o niños entre uno y dos años 11 meses de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos en el momento de solicitar el apoyo, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado laboral.
En la modalidad de apoyo a madres y padres trabajadores, los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos con al menos un niño o niña de uno a dos años 11 meses de edad en los que las madres o padres o principales cuidadoras que trabajan o están buscando trabajo, y no tienen acceso a servicios de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.
Establecido por este programa, las guarderías del IMSS dan servicio directamente a la población de menores ingresos. Para ser usuaria o usuario de estas guarderías la persona solicitante deberá estar en condiciones de pobreza. Que la guardería o estancia infantil esté ubicada en una zona de alta concentración de pobreza o marginada.
Los niveles de ingreso de las usuarias parecen directamente relacionados con el escaso nivel de atención a la organización y prestación del servicio que, más lejos de beneficio, se tornó en tragedia. Por eso las palabras del director del IMSS, Daniel Káram Toumeh, sobre la supuesta revisión que se hizo a la guardería ABC, que “cumplía con todos los requisitos”, el pasado 26 de mayo, resultaron un insulto para la irritada población hermosillense.
SOCIAS Y SOCIOS DEL PODER
La subrogación, como forma de eludir responsabilidades para con las mujeres trabajadoras y negocio redituable para las familias adineradas, no pudo, sin embargo, ocultar la identidad de socias y socios dueños de esta guardería ABC.
Al dar a conocer públicamente sus nombres a través de un comunicado del Gobierno del estado y luego en diarios locales y hasta en un video en Youtube, se reveló que las y los dueños son prominentes sonorenses no solo por su posición económica, sino también por sus nexos políticos con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y de Eduardo Bours, gobernador de la entidad.
Como lo dio a conocer ayer el Registro Público de la Propiedad en Sonora, son dueños Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa (según la prensa local) del subsecretario de Ganadería del Gobierno sonorense, Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso empresario en la entidad, muy cercano al gobernador Eduardo Bours y a su hermano Ricardo.
También aparece como dueña Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien sería sobrina de Margarita Zavala. Altagracia es hija, según medios locales, del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño de empresas vinculadas con la atención a la niñez, como el patronato La Burbuja y el Museo del Niño en la entidad y tío directo de la esposa de Calderón. La madre de Altagracia Gómez figura, por otro lado, como representante legal de la Sociedad de Damas de la Caridad IAP (Casa San Vicente) que alberga a indigentes enfermos de tuberculosis.
Se nombró también en el Registro Público de la Propiedad a Gildardo Francisco Urquides Serrano, empresario del ramo turístico, secretario de Finanzas del PRI estatal e integrante del Consejo Consultivo del Infonavit.
No era ésta, sin embargo, la única guardería que opera esa razón social, hay más en el estado con el mismo esquema: habilitar bodegones pues resulta más económico que hacer una nueva construcción con todas las especificaciones de funcionalidad y seguridad.
El mejor homenaje que pudieran tener las niñas y niños fallecidos es la aplicación de la justicia a los responsables de que una doctora gritara, ante madres y padres afligidos: “tenemos una niña sin identificar, que tiene sus uñitas pintadas de verde”.
Ahogado el niño, ¿se tapa el pozo?
Por Angélica de la Peña Gómez*
México DF, 8 junio 09 (CIMAC).- “La guardería no solamente ayuda a resolver el aspecto social de la mujer a su incorporación al trabajo, sino que es una aportación muy valiosa para garantizar que las niñas y los niños estén seguros... la guardería no solo asume el cuidado profesional y la prevención sino que la vida en la guardería va generando en torno a las niñas y los niños una atmósfera que les proporciona un sentido de seguridad y equilibrio…”.
Esta es la propaganda sobre el servicio de guarderías que da el IMSS y que fundamenta la instalación de 1562 guarderías para una población infantil de 228 mil 503 personitas entre 45 días y hasta 4 años de edad.
Todo lo que se escriba sobre el escalofriante y acongojador hecho suscitado en la Guardería ABC concesionada a empresarios particulares por el IMSS, del municipio de Hermosillo, Sonora, será insuficiente respecto del clamor que hoy debería estar en las calles de todo el país para exigir justicia y medidas urgentes de supervisión a todas las demás estancias públicas y privadas que pudieran estar en las mismas condiciones de la que hoy está de luto por la muerte aterradora de cuando menos 44 niñas y niños.
Se nos dice que esta guardería tiene adscritos 192 menores de edad, pero que el día de la tragedia estaban menos de 140 niñitas y niñitos quienes tienen asignados para su cuidado a 25 empleados.
El incendio, se dice, se provocó en una bodega contigua propiedad de la SHyCP Pero el problema no es el incendio del predio vecino, sino las condiciones físicas en las que se encontraba la guardería instalada en un galerón industrial y que albergaba a pequeñitas y pequeñitos hijos de familias trabajadoras del sur de Hermosillo.
Frente a este hecho surgen muchas preguntas: ¿Por qué no se activaron las alarmas de incendio y de humo? ¿Dónde estaba el personal de la guardería? ¿Dónde estaban los extinguidores y cuántos tenía la guardería? ¿Por qué si contaban con una puerta, una sola puerta, de salida de emergencia, no se abrió frente al desastre? ¿Quién verificó la construcción de la guardería y autorizó que se utilizaran láminas de asbesto, producto cancerígeno impropio para esta construcción? ¿Qué profesional estuvo al cargo del diseño y acondicionamiento de la guardería que la dejó sin ventanas y la proveyó de materiales peligrosamente inflamables?
Qué autoridad confiable podrá dilucidar las responsabilidades del IMSS, porque es la institución que subroga la concesión a particulares previo cumplimiento, se supone, de requisitos. Las responsabilidades de la Unidad Estatal de Protección Civil que está subordinada a la Secretaría de Gobierno del estado de Sonora; y la responsabilidad de las instancias municipales de Hermosillo que tienen que verificar también la prevención en caso de desastres.
La Ley de Protección Civil de Sonora señala que corresponde a la Unidad Estatal de Protección Civil del estado salvaguardar a las personas, su entorno y patrimonio, así como el funcionamiento de servicios vitales y estratégicos en caso de riesgos, emergencia, siniestro y desastre.
Entre sus atribuciones destaca realizar actos de inspección a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la construcción de unidades internas, entre las que se encuentran edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte personas como asilos, conventos, internados, instituciones educativas en todos sus niveles, maternidades, etcétera.
Las unidades de protección civil en cada municipio, efectivamente, definen participación de los bomberos en cada lugar. En esta situación concreta hay faltas que abarcan a los tres niveles de gobierno que no pueden eludir.
Frente al hermetismo sobre las causas del incendio y qué autoridades tienen cada una responsabilidad por comisión o por omisión, solo intuimos que si hubiera habido personal suficiente, sistemas de prevención oportuna, instalación adecuada del inmueble, materiales de construcción adecuada para la atención de estas personitas en cada uno los salones, un programa de prevención y riesgo que funcione permanentemente para el desalojo inmediato de desastres, entre otras cuestiones prevenibles, se hubiera logrado una respuesta inmediata y suficiente para el resguardo de las vidas de cada una de las y los niños de la guardería ABC y quizá hoy no estaríamos literalmente impactados frente a la muerte de estas personitas quienes por su edad estaban totalmente a expensas del cuidados de personas adultas.
Si hubiera habido suficientes ventanas como las que se esperaría de cualquier institución de este tipo, se hubieran roto y el humo no hubiera asfixiado a muchas criaturas; si hubiera habido más puertas de salida de emergencia, al abrirlas hubieran podido entrar más personas a ayudar para el resguardo del peligro inminente; si se hubieran activado extinguidores, se abría sofocado el incendio lo suficiente para sacar a las criaturas; si los materiales que se usaron no hubiesen sido tan inflamables hoy estaríamos solo corroborando los daños físicos de lugar; si se hubiesen seguido reglas elementales y de sentido común de construcción de las estancias que abrigan a niñas y niños previendo y previniendo cualquier situación de emergencia futura, hoy solo estaríamos frente al susto… Si se hubiera tapado el pozo, no se hubiera ahogado el niño.
La realidad es verdaderamente preocupante y solo provoca incapacidad y gran desasosiego, porque observamos que instintivamente algunos estados anuncian la verificación de cualquier irregularidad en otras guarderías.
Alertamos que el problema no se resuelve actuando en la improvisación sino delineando políticas de prevención integrales en todo el país, de revisión de las concesiones para la instalación en general de todos los espacios que alberguen a población infantil.
Es necesario dejar la demagogia oficial que engrosa números de niñas y niños a los cuales se les “otorga” este derecho, cuando el mensaje de la guardería ABC es que dejar en estos lugares a nuestras hijas e hijos es verdaderamente peligroso. Para empezar, lo primero que debe hacerse es dirimir la diferencia una de guardería a una estancia infantil instalada desde una visión educativa integral y sustentable para ser congruentes con el marco legal que fundamenta este derecho.
Hoy todas las autoridades se echan la bolita. Por respeto a cada una de estas criaturas muertas y las que vivirán en condiciones realmente adversas derivada de una situación totalmente prevenible, se debería reconocer, en primer lugar, que hay omisiones en el cumplimiento de la protección civil de la que forma parte elemental la instalación adecuada de estos servicios derivados de la exigibilidad de un derecho.
Y, en segundo lugar, que es necesario proceder oficial y escrupulosamente a revisar en todo el país las condiciones de cada instancia o institución en donde haya niñas o niños y dejar a la reparación del daño como un ultimísimo recurso.
* Ex diputada federal en la LIX Legislatura por el Partido de la Revolución Democrática, consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Por Angélica de la Peña Gómez*
México DF, 8 junio 09 (CIMAC).- “La guardería no solamente ayuda a resolver el aspecto social de la mujer a su incorporación al trabajo, sino que es una aportación muy valiosa para garantizar que las niñas y los niños estén seguros... la guardería no solo asume el cuidado profesional y la prevención sino que la vida en la guardería va generando en torno a las niñas y los niños una atmósfera que les proporciona un sentido de seguridad y equilibrio…”.
Esta es la propaganda sobre el servicio de guarderías que da el IMSS y que fundamenta la instalación de 1562 guarderías para una población infantil de 228 mil 503 personitas entre 45 días y hasta 4 años de edad.
Todo lo que se escriba sobre el escalofriante y acongojador hecho suscitado en la Guardería ABC concesionada a empresarios particulares por el IMSS, del municipio de Hermosillo, Sonora, será insuficiente respecto del clamor que hoy debería estar en las calles de todo el país para exigir justicia y medidas urgentes de supervisión a todas las demás estancias públicas y privadas que pudieran estar en las mismas condiciones de la que hoy está de luto por la muerte aterradora de cuando menos 44 niñas y niños.
Se nos dice que esta guardería tiene adscritos 192 menores de edad, pero que el día de la tragedia estaban menos de 140 niñitas y niñitos quienes tienen asignados para su cuidado a 25 empleados.
El incendio, se dice, se provocó en una bodega contigua propiedad de la SHyCP Pero el problema no es el incendio del predio vecino, sino las condiciones físicas en las que se encontraba la guardería instalada en un galerón industrial y que albergaba a pequeñitas y pequeñitos hijos de familias trabajadoras del sur de Hermosillo.
Frente a este hecho surgen muchas preguntas: ¿Por qué no se activaron las alarmas de incendio y de humo? ¿Dónde estaba el personal de la guardería? ¿Dónde estaban los extinguidores y cuántos tenía la guardería? ¿Por qué si contaban con una puerta, una sola puerta, de salida de emergencia, no se abrió frente al desastre? ¿Quién verificó la construcción de la guardería y autorizó que se utilizaran láminas de asbesto, producto cancerígeno impropio para esta construcción? ¿Qué profesional estuvo al cargo del diseño y acondicionamiento de la guardería que la dejó sin ventanas y la proveyó de materiales peligrosamente inflamables?
Qué autoridad confiable podrá dilucidar las responsabilidades del IMSS, porque es la institución que subroga la concesión a particulares previo cumplimiento, se supone, de requisitos. Las responsabilidades de la Unidad Estatal de Protección Civil que está subordinada a la Secretaría de Gobierno del estado de Sonora; y la responsabilidad de las instancias municipales de Hermosillo que tienen que verificar también la prevención en caso de desastres.
La Ley de Protección Civil de Sonora señala que corresponde a la Unidad Estatal de Protección Civil del estado salvaguardar a las personas, su entorno y patrimonio, así como el funcionamiento de servicios vitales y estratégicos en caso de riesgos, emergencia, siniestro y desastre.
Entre sus atribuciones destaca realizar actos de inspección a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la construcción de unidades internas, entre las que se encuentran edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte personas como asilos, conventos, internados, instituciones educativas en todos sus niveles, maternidades, etcétera.
Las unidades de protección civil en cada municipio, efectivamente, definen participación de los bomberos en cada lugar. En esta situación concreta hay faltas que abarcan a los tres niveles de gobierno que no pueden eludir.
Frente al hermetismo sobre las causas del incendio y qué autoridades tienen cada una responsabilidad por comisión o por omisión, solo intuimos que si hubiera habido personal suficiente, sistemas de prevención oportuna, instalación adecuada del inmueble, materiales de construcción adecuada para la atención de estas personitas en cada uno los salones, un programa de prevención y riesgo que funcione permanentemente para el desalojo inmediato de desastres, entre otras cuestiones prevenibles, se hubiera logrado una respuesta inmediata y suficiente para el resguardo de las vidas de cada una de las y los niños de la guardería ABC y quizá hoy no estaríamos literalmente impactados frente a la muerte de estas personitas quienes por su edad estaban totalmente a expensas del cuidados de personas adultas.
Si hubiera habido suficientes ventanas como las que se esperaría de cualquier institución de este tipo, se hubieran roto y el humo no hubiera asfixiado a muchas criaturas; si hubiera habido más puertas de salida de emergencia, al abrirlas hubieran podido entrar más personas a ayudar para el resguardo del peligro inminente; si se hubieran activado extinguidores, se abría sofocado el incendio lo suficiente para sacar a las criaturas; si los materiales que se usaron no hubiesen sido tan inflamables hoy estaríamos solo corroborando los daños físicos de lugar; si se hubiesen seguido reglas elementales y de sentido común de construcción de las estancias que abrigan a niñas y niños previendo y previniendo cualquier situación de emergencia futura, hoy solo estaríamos frente al susto… Si se hubiera tapado el pozo, no se hubiera ahogado el niño.
La realidad es verdaderamente preocupante y solo provoca incapacidad y gran desasosiego, porque observamos que instintivamente algunos estados anuncian la verificación de cualquier irregularidad en otras guarderías.
Alertamos que el problema no se resuelve actuando en la improvisación sino delineando políticas de prevención integrales en todo el país, de revisión de las concesiones para la instalación en general de todos los espacios que alberguen a población infantil.
Es necesario dejar la demagogia oficial que engrosa números de niñas y niños a los cuales se les “otorga” este derecho, cuando el mensaje de la guardería ABC es que dejar en estos lugares a nuestras hijas e hijos es verdaderamente peligroso. Para empezar, lo primero que debe hacerse es dirimir la diferencia una de guardería a una estancia infantil instalada desde una visión educativa integral y sustentable para ser congruentes con el marco legal que fundamenta este derecho.
Hoy todas las autoridades se echan la bolita. Por respeto a cada una de estas criaturas muertas y las que vivirán en condiciones realmente adversas derivada de una situación totalmente prevenible, se debería reconocer, en primer lugar, que hay omisiones en el cumplimiento de la protección civil de la que forma parte elemental la instalación adecuada de estos servicios derivados de la exigibilidad de un derecho.
Y, en segundo lugar, que es necesario proceder oficial y escrupulosamente a revisar en todo el país las condiciones de cada instancia o institución en donde haya niñas o niños y dejar a la reparación del daño como un ultimísimo recurso.
* Ex diputada federal en la LIX Legislatura por el Partido de la Revolución Democrática, consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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