TIEMPO DE MUJERES

Cinco paramilitares confesos, entre ellos: Frayba y Las Abejas

Podrían abandonar la cárcel otros 31 sentenciados por la masacre de Acteal

El 12 de agosto pasado la Suprema Corte liberó a 20 implicados

Integrantes de Las Abejas y del centro Frayba durante la protesta, el 12 de agosto pasado, contra la decisión de la Corte de liberar a 20 sentenciados por la matanza en esa cominidad de ChiapasFoto Cristina Rodríguez

Hermann Bellinghausen

Próximamente podrían salir libres otros 31 paramilitares, sentenciados por participar en la masacre de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Entre ellos, cinco de los asesinos confesos. Lo anterior se desprende de informaciones recibidas recientemente por la Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Este último dijo haber recibido información de que el próximo 14 de octubre los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deliberarán sobre las situación legal de 31 sentenciados como responsables de la masacre, a quienes víctimas y sobrevivientes identifican como los autores materiales.

A su vez, integrantes de Las Abejas tuvieron conocimiento de que las autoridades municipales de Chenalhó informan a los agentes municipales que los ahora liberados emprenderán acciones contra los sobrevivientes y testigos de cargo en los procesos donde la SCJN concedió amparo a quienes llevan más de 11 años en prisión.

Ante esa posibilidad, el CDHFBC expresa preocupación, ya que se tiene el precedente del 12 de agosto pasado, cuando la SCJN resolvió liberar a 20 sentenciados, también participantes en la masacre, otorgándoles el amparo liso y llano, lo que significa otra denegación de justicia en este crimen de lesa humanidad.

La eventual deliberación del SCJN podría ir en el mismo sentido, es decir, centrarse en negligencias cometidas por agentes adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, avaladas en su momento por jueces y magistrados federales”. La liberación de los 20 paramilitares anteriores ha derivado en un clima de temor e inseguridad en los Altos de Chiapas, particularmente en comunidades donde habitan integrantes de Las Abejas. En esta ocasión podrían salir cinco asesinos confesos de la masacre, considerados penalmente responsables de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Las resoluciones de la SCJN en agosto pasado pusieron en evidencia, sostiene el CDHFBC, que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia a víctimas y sobrevivientes, y no realizó una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales y evitar la impunidad.

Aunque el gobierno de Chiapas asegura que los liberados no retornarán a su lugar de origen, debe considerarse que sus familiares y los demás miembros de su grupo paramilitar permanecen allí, precisamente donde se encuentran las armas, ya que hasta el momento el Estado no ha desarticulado ni desarmado a los paramilitares en el municipio de Chenalhó.

Por lo visto, esta situación no ha sido considerada por el Estado, que además de no investigar adecuadamente, omite cualquier medida para reconstituir el tejido social de las comunidades indígenas y evitar la violencia. Esto lo ilustra el hecho de que los miembros de Las Abejas que aún habitan el campamento de desplazados conocido como Acteal, continúan fuera de sus comunidades originarias. Lo mismo puede decirse de los miles de desplazados zapatistas del municipio autónomo de Polhó.

Además, la presencia del Ejército Mexicano ha contribuido al rompimiento del tejido social. Existe así un peligro inminente para los sobrevivientes. A juicio del CDHFBC, no liberar a estas 31 personas sería la única medida para salvaguardar los derechos de las víctimas.

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales, ya que propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.