TIEMPO DE MUJERES

En su proyecto de dictamen acusa a policías y desacredita a maestros

Exculpa Azuela a gobiernos de violar derechos durante el conflicto oaxaqueño

Jesús Aranda

En el conflicto magisterial oaxaqueño de 2006 y 2007 hubo violación generalizada de las garantías individuales, pero no son imputables al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, ni al entonces presidente Vicente Fox, sino a policías locales y federales, no a sus mandos.

Lo anterior considera el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien responsabiliza a particulares –no menciona directamente a alguna organización– de no haber atendido los ofrecimientos de los gobiernos de Oaxaca y federal para resolver el conflicto que se estaba intentando solucionar mediante vías y propuestas idóneas, y en cambio realizaron plantones, marchas, bloqueos y tomaron edificios públicos, que derivó en la violación de garantías.

La investigación que fundamenta la existencia de violaciones graves a las garantías está contenida en un documento de 923 cuartillas que ayer fue entregado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y será discutido en sesión pública a partir del 13 de octubre.

En el proyecto, que fue subido ayer por la tarde a la página de Internet del máximo tribunal, Azuela cuestiona a las autoridades por no haber utilizado la fuerza pública adecuadamente, ya que de haberlo hecho muy probablemente el conflicto social se hubiera resuelto por la vía de la negociación.

Azuela sostiene que los gobiernos estatal y federal desplegaron conductas tendentes a solventar el problema social, el cual tuvo como origen el incumplimiento del pliego petitorio que entregaron los maestros de la sección 22 del SNTE el 1º de mayo de 2006, y que derivó en que la situación no se normalizara en la ciudad de Oaxaca hasta enero de 2007.

El ministro desacredita al movimiento social, encabezado inicialmente por los maestros, al señalar: la polarización del movimiento, aunado a la situación de pobreza, analfabetismo y marginación que impera en el estado de Oaxaca, conformó un ambiente proclive para que dicho movimiento creciera y formulara demandas de diversa índole, de manera que se fue contaminando el proceso de solución, al grado que se llegaron a formular exigencias que no podía cumplir la Federación, como era la salida del gobernador.

Azuela no menciona por su nombre a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que aglutinó el descontento social.

Durante ese periodo, indica, los plantones en el zócalo y centro histórico, las marchas, toma de edificios públicos y cancelación de las clases derivaron en enfrentamientos entre civiles y policías, en los que sí fue detectado el uso de fuerza excesiva por la policía, pero no fue suficiente para hacer imputaciones directas a alguna autoridad para castigar los abusos cometidos.

Censura el envío irregular de detenidos, la mayoría dirigentes de la APPO, a Nayarit, y que fueran golpeados por los policías durante su detención y traslado, pero no profundiza en el tema ni señala directamente a responsables de los hechos.

Enumera las garantías violadas: el derecho a la justicia, ya que debido a los plantones y marchas las instituciones locales y federales de impartición y procuración de justicia no estaban en capacidad de atender las demandas de la población.

El derecho a la vida, con las 12 personas que resultaron muertas en el conflicto; derecho a la integridad personal con los más de 200 heridos; las garantías de libertad, de trabajo, de pensamiento y expresión.

Y una de las más graves, el derecho a la educación, porque más de un millón de estudiantes no recibieron clases durante varios meses. Destaca el documento que también se violaron los derechos a la propiedad y la posesión, y a la paz.

No obstante, en su texto exculpa a las autoridades al afirmar: es claro que ni el gobernador del estado ni los servidores públicos de la Federación que intervinieron resultan responsables directos de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fueron producidas por ellos de manera directa, ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseados en la medida en que adoptaron los medios de solución idóneos para que se solventara el problema; sin embargo, no se llegó a la solución deseada.