Fueron acusadas por los mismos delitos que Jacinta Francisco y continúan presas
México, DF, 30 nov 2009 (CIMAC).- A cinco días de que la Procuraduría General de la República (PGR) dictara conclusiones acusatorias contra las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, presas por el presunto “secuestro” de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en 2006, hoy sus familiares exigieron su liberación inmediata ante la falta de pruebas contundentes que demuestren su participación en los delitos que les imputan.
En conferencia de prensa realizada hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), sus familiares advirtieron que continuarán denunciando la injusticia contra las mujeres indígenas.
Cabe recordar que durante el pasado 25 de noviembre, en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la PGR -a cargo de Arturo Chávez Chávez- presentó las conclusiones acusatorias contra Teresa y Alberta.
Asimismo, la PGR no ha dado respuesta al escrito que el pasado 25 de agosto de este año, enviara la defensa de las dos mujeres otomíes, a cargo del abogado Leonides Ortíz Castillo, al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para solicitar, por falta de pruebas, la libertad de las mujeres otomíes,.
Sin embargo, ahora, en las conclusiones acusatorias, se pide que la nueva sentencia sea de más de cuarenta años, la cual estará a cargo del Juez cuarto de Distrito, Rodolfo Pedraza Longi, quien cuatro meses después del operativo del 26 de marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquititlan, Querétaro, -en donde supuestamente Teresa y Alberta cometieron el delito- les impuso una sentencia de 21 años de cárcel y una multa de 91 mil pesos.
A partir del 26 de noviembre, el abogado Ortiz Castillo, tiene treinta días hábiles para formular sus conclusiones no acusatorias y presentarlas ante el juez Pedraza Longi para que en un plazo de un mes éste dicte la sentencia. El defensor pretende presentarlas antes de que acabe diciembre para acortar tiempos.
VENGANZA DE LAS AUTORIDADES EN EVIDENCIA
Luis Arriaga Valenzuela, director del Prodh, informó que el Centro asumirá un papel coadyuvante en algunas diligencias de la causa penal 48/2006 que se le sigue a Alberta y a Teresa.
En su opinión, este proceso “tiene más rasgos de venganza que de justicia”, por lo que anunció que el Prodh continuará demandando públicamente la criminalización de la protesta social y la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente al sistema de justicia, así como la violación de derechos por condición de género.
Por lo anterior, dijo, que se impulsará una campaña que consistirá en actos públicos de denuncia contra la injusticia así como la firma de cartas dirigidas al juez Pedraza Longi, al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez y a Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que analicen en caso y se haga verdadera justicia.
En su participación, Leopoldo Maldonado y Andrés Díaz Fernández, abogados del Prodh, coincidieron en que se está utilizando el derecho penal para criminalizar a las ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.
Leopoldo Maldonado, destacó que son las mismas pruebas con las que se acusó a Jacinta Francisco Marcial, quien en septiembre pasado obtuvo la libertad después de que la PGR formuló conclusiones no acusatorias a su favor y admitió que sus agentes incurrieron en contradicciones “sin embargo vemos una actitud totalmente discordante” en el caso de Alberta y Teresa lo que denota el ánimo de criminalizar la protesta social, explicó.
Por su parte, Pedro Alcántara Vicente, padre de Alberta y suegro de Teresa, en compañía de Amalia Juan Recino y Paula Cornelio Cirilo, madres de las acusadas, dijo que en sus discursos el presidente Felipe Calderón ha dicho, “que no haya maltrato para el indígena” sin embargo “es maltrato lo que le hacen a mi familia” pues sus hijas están presas desde hace más de tres años en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto en Querétaro “por un delito que no cometieron”
PGR ENCUBRE A AFIS
En entrevista con Cimacnoticias, Ortiz Castillo dijo que la PGR incurre en el “encubrimiento” de los elementos de la AFI y de Gerardo Cruz Bedolla, agente del Ministerio Público encargado de la averiguación previa A. P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, que se derivó del operativo realizado en el tianguis de Santiago Mexquititlán.
“Ellas pensaban que eran unos ladrones”, explicó Ortiz Castillo quien dijo que los elementos de la AFI llegaron al tianguis vestidos de civil, para investigar el paradero de “la güera” una mujer que “supuestamente” vendía droga y productos pirata. Abusaron de su poder y comenzaron a llevarse las mercancías de los tianguistas.
Por ello, Alberta quien se encontraba en el puesto de su hermano Gabriel, esposo de Teresa, exigió a los AFI que mostraran sus identificaciones, éstos se negaron, y como consecuencia, algunos tianguistas, llevaron a los agentes ante el delegado del poblado en donde se firmó un acuerdo con Cruz Bedolla y “¡eso no es secuestro!” explicó el abogado.
Alberta está acusada de ser la güera y de posesión de cocaína, que en opinión de Ortiz Castillo, fue “sembrada” por los elementos de la AFI.
El abogado consideró que son suficientes las pruebas que ha presentado durante el proceso penal para demostrar las irregularidades cometidas por los AFI y por el agente Cruz Bedolla, documentadas, por Cimacnoticias (12 oct 2009)
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