Chiapas: asesinato y violación impunes
CAROLINA VELáZQUEZ
MEXICO, DF, 30 de noviembre (apro-cimac).- Han pasado más de dos años desde el asesinato de Ana Laura Suárez Gómez. El "culpable" de su muerte fue castigado con sólo dos años de cárcel. Las autoridades, sin investigar las irregularidades, cerraron el caso.
El 20 de enero de 2007, cerca de cien personas marcharon por las calles de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Eran familiares y amigos de Ana Laura, de 21 años, quien fue encontrada sin vida el 13 de enero de ese año en un lugar conocido como La Canasta, a escasos kilómetros del barrio de Guadalupe.
El acto fue para exigir a la entonces Fiscalía General de Chiapas aclarar la muerte de la joven estudiante de Derecho, quien según las autoridades falleció a causa de una broncoaspiración provocada, presuntamente, por ingerir aguardiente. La versión oficial no fue aceptada por la familia.
El 18 de mayo de ese año, mediante el boletín de prensa 2040, el gobierno de Chiapas expresó que, "derivado de las investigaciones efectuadas, la Fiscalía General del Estado consignó a Filiberto Lenin Sáenz de la Torre, como probable responsable de los delitos de homicidio y violación, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Ana Laura Suárez Gómez".
Para Humberto Leopoldo Suárez López y Olga Livia Gómez Velasco, los padres de Ana Laura, su hija fue asesinada por uno de sus profesores –Fernando de Arcia Mendoza–, quien se desempeñaba como ministro de la Fiscalía Indígena de los Altos.
En su peregrinar de una dependencia a otra para que el crimen se aclare, la familia de la joven ha sido acompañada por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el cual reportó que la joven fue acosada y perseguida por Fernando de Arcia y amenazada por su esposa, quien pensaba que Ana Laura era amante de su marido.
Los hechos
Una tarde, Ana fue invitada a una fiesta donde fue drogada, golpeada y violada. La tiraron al río después de ahorcarla. El cuerpo lo encontraron al otro día. Las autoridades no permitieron que su mamá lo viera.
El OCNF señaló que en las averiguaciones se encontró que el fiscal le pagó a Filiberto Lenin Sáenz de la Torre, compañero de la víctima, cien mil pesos para que se culpara del supuesto accidente. El juez determinó que fue un homicidio culposo, "pues se argumentó que la joven se cayó al río porque estaba borracha".
En una carta enviada al gobernador Juan Sabines en junio de 2008, Humberto Suárez y Olga Gómez solicitaron su intervención para que se hiciera justicia y se castigara a exfuncionarios de la Fiscalía Indígena, agentes estatales y un juez penal.
Entonces el periódico Cuarto Poder dio a conocer la denuncia.
Entre las irregularidades destacaba la actuación del licenciado Alfonso del Rivero Tello, quien se presentó ante los padres de Ana como agente estatal de investigación encargado del homicidio.
"Nos dijo que había un informante que aseguraba que el homicida de mi hija es el licenciado Fernando de Arcia Mendoza, pero que pedía 20 mil pesos para declararlo ante la autoridad, exigiéndonos esa cantidad, por lo que en abril de 2007 y en presencia de cinco testigos entregamos los 20 mil pesos en manos del licenciado Rivero Tello, sin que hasta la fecha se haya presentado dicho testigo a declarar".
Esto les hizo pensar que "así como nos pidió a nosotros los 20 mil pesos, igual pudo pedirles a de Arcia y demás cómplices, desviando la investigación hacia otra línea, ya sea por dinero, por amistad, o porque así se lo ordenaron sus superiores jerárquicos del Ministerio de Justicia".
El desenlace
Martha Figueroa, abogada del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, informó que Rivero Tello se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 14 de Cintalapa, Chiapas, por asesinar a una mujer.
La causa del homicidio es la misma que la de Ana Laura: una broncoaspiración. Además, su detención también responde a los 20 mil pesos que recibió.
En la carta enviada a Sabines, los padres aseguran que, contra la versión oficial, el cuerpo de Ana Laura fue encontrado con múltiples golpes y escoriaciones, tal como se aprecia en las fotos incluidas en la indagatoria y la necropsia "practicada por la doctora Margarita Martínez Tello, hecha en su calidad de perito médico asignado al Servicio Médico Forense adscrito a la Fiscalía Regional de la Zona Altos".
Reiteraron, además, su desacuerdo con el resultado de la necropsia, ya que "no están claras las causas de la muerte": la Fiscalía dio a conocer que Ana Laura falleció por broncoaspiración por exceso de alcohol, y que fue agredida sexualmente por tres sujetos. El caso fue reclasificado y pasó de homicidio doloso a culposo. Al "culpable" sólo lo sentenciaron a dos años de prisión.
Del 2000 al 2004 se reportaron unos 571 homicidios dolosos de mujeres en la entidad, aunque actualmente se desconoce cuántos de ellos son considerados feminicidio.
Según las investigadoras Diana E. Russell y Roberta Harmes, los casos de feminicidio son asesinatos que implican desprecio y odio hacia las mujeres.
El 20 de enero de 2007, cerca de cien personas marcharon por las calles de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Eran familiares y amigos de Ana Laura, de 21 años, quien fue encontrada sin vida el 13 de enero de ese año en un lugar conocido como La Canasta, a escasos kilómetros del barrio de Guadalupe.
El acto fue para exigir a la entonces Fiscalía General de Chiapas aclarar la muerte de la joven estudiante de Derecho, quien según las autoridades falleció a causa de una broncoaspiración provocada, presuntamente, por ingerir aguardiente. La versión oficial no fue aceptada por la familia.
El 18 de mayo de ese año, mediante el boletín de prensa 2040, el gobierno de Chiapas expresó que, "derivado de las investigaciones efectuadas, la Fiscalía General del Estado consignó a Filiberto Lenin Sáenz de la Torre, como probable responsable de los delitos de homicidio y violación, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Ana Laura Suárez Gómez".
Para Humberto Leopoldo Suárez López y Olga Livia Gómez Velasco, los padres de Ana Laura, su hija fue asesinada por uno de sus profesores –Fernando de Arcia Mendoza–, quien se desempeñaba como ministro de la Fiscalía Indígena de los Altos.
En su peregrinar de una dependencia a otra para que el crimen se aclare, la familia de la joven ha sido acompañada por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el cual reportó que la joven fue acosada y perseguida por Fernando de Arcia y amenazada por su esposa, quien pensaba que Ana Laura era amante de su marido.
Los hechos
Una tarde, Ana fue invitada a una fiesta donde fue drogada, golpeada y violada. La tiraron al río después de ahorcarla. El cuerpo lo encontraron al otro día. Las autoridades no permitieron que su mamá lo viera.
El OCNF señaló que en las averiguaciones se encontró que el fiscal le pagó a Filiberto Lenin Sáenz de la Torre, compañero de la víctima, cien mil pesos para que se culpara del supuesto accidente. El juez determinó que fue un homicidio culposo, "pues se argumentó que la joven se cayó al río porque estaba borracha".
En una carta enviada al gobernador Juan Sabines en junio de 2008, Humberto Suárez y Olga Gómez solicitaron su intervención para que se hiciera justicia y se castigara a exfuncionarios de la Fiscalía Indígena, agentes estatales y un juez penal.
Entonces el periódico Cuarto Poder dio a conocer la denuncia.
Entre las irregularidades destacaba la actuación del licenciado Alfonso del Rivero Tello, quien se presentó ante los padres de Ana como agente estatal de investigación encargado del homicidio.
"Nos dijo que había un informante que aseguraba que el homicida de mi hija es el licenciado Fernando de Arcia Mendoza, pero que pedía 20 mil pesos para declararlo ante la autoridad, exigiéndonos esa cantidad, por lo que en abril de 2007 y en presencia de cinco testigos entregamos los 20 mil pesos en manos del licenciado Rivero Tello, sin que hasta la fecha se haya presentado dicho testigo a declarar".
Esto les hizo pensar que "así como nos pidió a nosotros los 20 mil pesos, igual pudo pedirles a de Arcia y demás cómplices, desviando la investigación hacia otra línea, ya sea por dinero, por amistad, o porque así se lo ordenaron sus superiores jerárquicos del Ministerio de Justicia".
El desenlace
Martha Figueroa, abogada del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, informó que Rivero Tello se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 14 de Cintalapa, Chiapas, por asesinar a una mujer.
La causa del homicidio es la misma que la de Ana Laura: una broncoaspiración. Además, su detención también responde a los 20 mil pesos que recibió.
En la carta enviada a Sabines, los padres aseguran que, contra la versión oficial, el cuerpo de Ana Laura fue encontrado con múltiples golpes y escoriaciones, tal como se aprecia en las fotos incluidas en la indagatoria y la necropsia "practicada por la doctora Margarita Martínez Tello, hecha en su calidad de perito médico asignado al Servicio Médico Forense adscrito a la Fiscalía Regional de la Zona Altos".
Reiteraron, además, su desacuerdo con el resultado de la necropsia, ya que "no están claras las causas de la muerte": la Fiscalía dio a conocer que Ana Laura falleció por broncoaspiración por exceso de alcohol, y que fue agredida sexualmente por tres sujetos. El caso fue reclasificado y pasó de homicidio doloso a culposo. Al "culpable" sólo lo sentenciaron a dos años de prisión.
Del 2000 al 2004 se reportaron unos 571 homicidios dolosos de mujeres en la entidad, aunque actualmente se desconoce cuántos de ellos son considerados feminicidio.
Según las investigadoras Diana E. Russell y Roberta Harmes, los casos de feminicidio son asesinatos que implican desprecio y odio hacia las mujeres.
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