Medios de comunicación: Costos de una ley ausente

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 7 de abril.- Profesores, estudiantes de comunicación y la comunidad periodística no son ajenos a la Fundación Manuel Buendía (FMB), creada en 1984 con el concurso de Dolores Ávalos viuda de Buendía, Francisco Martínez de la Vega, Miguel Ángel Sánchez de Armas, Miguel Ángel Granados Chapa, Alejandro Gómez Arias, Alfonso Zárate Flores y José Luis Becerra López. Uno de sus aportes más significativos ha sido la ya clásica Revista Mexicana de Comunicación, nacida en 1988 con la intención de vincular la teoría con la práctica del ejercicio periodístico, dirigida en sus inicios por Sánchez de Armas y a partir de 1992 por Omar Raúl Martínez. Hoy, sin embargo, la Fundación corre el riesgo de cerrar sus puertas. Es una víctima más del ejercicio discrecional del erario y de la ausencia de normas jurídicas que regulen con criterios puntuales cómo debe gastarse el dinero público en los medios. Se trata, por supuesto, de una práctica recurrente en el país desde el siglo pasado. Ahora, empero, con el gobierno de Felipe Calderón, las expresiones de la ausencia de juicio han llegado a extremos lamentables. Veamos por qué.

Primero. He señalado (Proceso 1627) que el marco legal en materia de publicidad y donaciones, tanto en el ámbito federal como local, es genérico y otorga posibilidades para que el presupuesto público se ejerza de acuerdo a la buena o mala voluntad de la autoridad, a pesar de las tibias referencias que año con año incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el 2000. En un país con una grave adicción a la corrupción y a la simulación como México, cualquier rendija legal es aprovechada, salvo excepciones, para privilegiar todo tipo de intereses, menos el interés de la sociedad. En efecto, es común la disposición de recursos públicos para el pago de entrevistas, notas informativas, elaboración de discursos, etcétera, que generan incentivos para que la ética periodística sea más testimonial que efectiva y desnaturalizan las reglas mínimas de la democracia sobre cómo y para qué debe utilizarse el dinero de los gobernados. (Ver mi libro Publicidad oficial: transparencia y equidad, IIJ UNAM, 2010.) De la misma manera, se han documentado aquí (Proceso 1680) ejemplos sobre donativos del gobierno federal destinados a proyectos “patrocinados” por los hombres más ricos de México, donde ellos se llevan los créditos de las buenas obras y el pueblo es el que paga varios millones año con año.

Segundo. ¿Cómo explicar que mientras existen recursos del erario para desinformar a la sociedad con publicidad gubernamental disfrazada de información neutral, así como para financiar la filantropía de la cúpula empresarial, no los hay para proyectos sin fines de lucro, de interés público, como el de la Fundación Manuel Buendía? No existen recursos para una iniciativa que busca crear masas críticas sobre la recepción de medios, que promueve la ética informativa y coadyuva a socializar el conocimiento sobre el valor de la información pública. Ahí están 119 números de la Revista Mexicana de Comunicación, que es referente en las universidades del país, así como más de 100 títulos sobre comunicación, periodismo, ética y libertad de expresión que ha coeditado la FMB con diversos centros universitarios. Es el proyecto más antiguo en su tipo. Y me atrevo a afirmar que ninguna escuela o facultad de comunicación compite con el número de títulos en la materia. Ello da cuenta del tamaño del compromiso de Omar Raúl Martínez, Esperanza y Clara Narváez y su equipo de trabajo, quienes hacen mucho con casi nada.

En días pasados, Omar Raúl y Esperanza hicieron público su diagnóstico de la FMB. En suma, los esfuerzos habituales que han venido desarrollando durante las últimas dos décadas enfrentan hoy el mayor de los obstáculos. Este caso es un testimonio más de la urgente necesidad de transitar de las reglas de la buena voluntad del gobierno, en materia de asignación gubernamental de pautas publicitarias y de todo tipo de recursos del erario a particulares, a un sistema que atienda las mejores prácticas internacionales, que corren por senderos sustancialmente distintos a los nuestros. La iniciativa de ley sobre publicidad oficial presentada por Carlos Sotelo y Valentina Batres es un buen punto de partida que espera ser discutido en el Congreso de la Unión. l

evillanueva99@yahoo.com

Narco y medios

José Gil Olmos
MÉXICO, DF, 7 de abril (apro).- La reciente crónica del periodista Julio Scherer García a Ismael El Mayo Zambada --uno de los narcotraficantes más buscados del país y de Estados Unidos--, desató una polémica en los medios y un sector de la sociedad como hacía tiempo no se veía.

Alrededor de este encuentro se han vertido opiniones de todo tipo en radio, televisión y prensa escrita de México y algunos países, favoreciendo o denostando lo publicado en la revista Proceso.

Una buena parte del debate se centró en la fotografía de ambos personajes que ilustraron la portada de la edición 1744 de Proceso. Otras opiniones, igualmente encontradas, se construyeron a partir de las preguntas que no respondió el sinaloense y que Scherer planteó desde el principio del encuentro, es decir, en la entrevista que no se hizo.

Y, en menor grado, el debate se dio en el contenido del trabajo periodístico, cuando este punto es donde tendría que haberse centrado la discusión por los alcances, no sólo periodísticos, sino sociales y políticos que tienen las declaraciones de un personaje como El Mayo Zambada con 40 años en el negocio del narcotráfico.

La discusión sobre la imagen se centró en que no era pertinente (ético y hasta moral) que el periodista se dejara fotografiar con un delincuente y que éste ultimo lo abrazara como si fueran amigos.

El debate, sin embargo, llegó a un punto y se agotó porque, más allá de la forma, lo importante de la imagen publicada era dar constancia, registro, y testimonio del encuentro, pues ha habido casos en la historia del periodismo en que se publican supuestas entrevistas con personajes que al final resultan ser falsas.

Además, no se toma en cuenta que, gracias a esas dos fotos publicadas en Proceso, se tiene una imagen más fresca de un personaje que no se había mostrado así con anterioridad.

Algo similar ocurrió con aquellos que condenaron que el periodista aceptara el encuentro con el narcotraficante alegando una falta de ética y señalando que se convertía en “portavoz” de El Mayo.

El argumento se agotó casi de inmediato porque no tiene sustento, pues el “portavoz”, por definición, es quien recibe un salario o favores para trasmitir un mensaje, y de eso está muy alejado Scherer que, en más de medio siglo como periodista, se ha mostrado independiente de toda fuente de poder.

Del contenido del encuentro, curiosamente, tres articulistas que durante el salinismo tuvieron un papel relevante como funcionarios e “intelectuales orgánicos”, José Carreño Carlón, Raúl Trejo Delarbre y Héctor Aguilar Camín, coincidieron en un punto en el que vale la pena detenerse: los tres aseguran que no había ningún contenido en la crónica de Scherer, alegando que no había nada nuevo en lo que dijo El Mayo Zambada.

En su intento por descalificar el trabajo periodístico de Scherer, los tres analistas olvidaron que El Mayo Zambada no es cualquier delincuente o narcotraficante, sino que se trata de un personaje relevante en el escenario nacional.

Después de vivir más de cuatro décadas del narcotráfico, sabe con toda certeza qué funcionarios, gobernantes, autoridades judiciales, periodistas, empresarios, sacerdotes y otros personajes están involucrados en este negocio millonario.

Habría que retomar, entonces, varias expresiones --no declaraciones como consideran algunos analistas-- de El Mayo en el encuentro con Scherer.

Por ejemplo, cuando dice que al Presidente lo engañan sus colaboradores; lo afirma porque seguramente sabe quiénes le están mintiendo, y por qué y para qué lo hacen.

Evidentemente no se trata de funcionarios de cuarta, sino de los primeros niveles de gobierno a quienes El Mayo identifica como mentirosos, pues “informan de avances que no se dan”.

Otro ejemplo es cuando señala que la “guerra” de Calderón contra el narco está “perdida”. No se trata de una declaración, sino de una afirmación y la sustenta cuando señala que si lo agarran o lo matan, ya está listo quién lo sustituya.

No sólo eso, sino que también expone una situación que como sociedad tendríamos que estar debatiendo de manera autocrítica:

“El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? (…) El narco está en la sociedad, arraigado en la corrupción (…) Si me atrapan o me matan, nada cambia”.

Lo que confiesa uno de los jefes del narcotráfico es que, en parte gracias a esa actitud cómplice de la sociedad mexicana, el negocio de las drogas ha prosperado de manera impresionante, y también por supuesto gracias a la connivencia de las autoridades.

Otro punto más es cuando confiesa que lleva más de 40 años en el negocio y que sigue moviéndose libremente. Esto, evidentemente, puede hacerlo gracias a que ha aceitado la máquina de la corrupción oficial con miles de millones de pesos en todo este tiempo.

Más allá de las reacciones, algunas de ellas bizarras por envidias y enconos, un aspecto importante que ha aportado la exclusiva de Scherer con El Mayo Zambada es el debate que ha alcanzado a un sector importante de la sociedad cuestionando el papel de los medios ante el poder del narcotráfico.

Este es quizá el aporte más importante del trabajo periodístico del fundador de la revista Proceso: provocar la discusión entre distintos sectores de la sociedad sobre un problema que difícilmente terminará, como es el narcotráfico.

Debatir qué se ha hecho y qué se puede hacer y, sobre todo, realizar una autocrítica del papel que tiene el narco en la vida nacional y cómo ha reaccionado la sociedad frente a este poder que ha rebasado al propio Estado mexicano.

La columna de Aguayo: Verde percudido

Monsi, ¡recupérate! ¡Te necesitamos! Si les preocupara la simulación y la corrupción, le quitarían el registro. Me estoy refiriendo al Consejo General del Instituto Federal Electoral y al Partido Verde Ecologista de México. Si tomamos como barómetro la pésima opinión que de ellos tenemos, los partidos políticos serían los hijos malcriados de la democracia mexicana porque han desperdiciado las fortunas recibidas. Como son insustituibles urge una modificación en sus actitudes, lo cual requiere, entre otras medidas, que el IFE modifique el método de abordar casuísticamente el comportamiento de algunos partidos, y los revise integralmente como parte de una crisis estructural. El primer candidato al escrutinio es el Verde Ecologista. Fundamento la afirmación. En 1993 el Verde se inconformó en un desplegado por la reforma al artículo 82 constitucional que quitó la prohibición a los hijos de extranjeros para ser candidatos a la Presidencia. La modificación fue promovida por Vicente Fox y el Verde acusó a los legisladores de "cometer un acto contra la nación", y se comprometió a "luchar de forma pacífica pero firme y enérgica" para revertir la reforma (Proceso, 20 de septiembre de 1993). Seis años después, y sin dar ninguna explicación sobre el viraje, se alió con el PAN para postular a Fox a la Presidencia.
El Verde es el príncipe de las "juanitas". Ponen a mujeres como candidatas y cuando son elegidas renuncian a favor del suplente varón. En las dos últimas elecciones federales burlaron la cuota de género con 14 diputadas o senadoras. La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, califica este tipo de renuncias como "inconstitucional". (El Universal, 26 de octubre de 2009).
En las elecciones de 2009 se dieron vuelo. El eje de su campaña fue promover la pena de muerte, lo que viola uno de los principios fundamentales de esa corriente; se ganaron el repudio de sus contrapartes en Europa que los expulsaron de la "familia política verde". Ese año sorprendieron, en un aeropuerto de Chiapas, al senador Verde Arturo Escobar con una bolsa con un millón 100 mil pesos en efectivo y nombraron en los lugares privilegiados de las listas a personajes cercanos a las televisoras con quienes se formó una "telebancada".
Los resultados están a la vista. El actual coordinador de los verdes es Juan José Guerra Abud, quien no tiene antecedentes de ambientalista, pero está bienrelacionado con Enrique Peña Nieto, y decidió abstenerse en la aprobación hecha por los diputados de la reforma constitucional que permite acciones colectivas, porque se estaría "abriendo una caja de Pandora" que podría generar perjuicios a la comunidad y a las "empresas" (Reforma, 4 de abril de 2010).

El último escándalo lo desató el empresario Simón Charaf, quien, en entrevista con Carmen Aristegui, aseguró que el Verde le habría pagado 600 mil dólares a los actores Raúl Araiza y Maite Perroni para que hablaran bien de la pena de muerte. Como se trata de una acción ilegal, los consejeros del IFE prometieron investigar, el PRD ya hasta metió una demanda y es posible que el Verde reciba otra multa que pagará sin chistar porque es un costo marginal de un negocio redondo.
Entre 1997 (año en que los partidos empezaron a recibir carretadas de dinero) y 2010, el Verde ha recibido 2 mil 996 millones de pesos más una cantidad no determinada de los estados y otros ingresos difíciles de contabilizar. De ese año a la fecha el IFE le ha impuesto multas por unos 167 millones de pesos (cifra aproximada).
¿A quién representa el Verde? Cuando en 2004 nos enteramos que su presidente Jorge Emilio González Martínez pidió una "mordida" de 2 millones de dólares para gestionar un cambio del uso de suelo de un terreno en Cancún, la comunidad ambientalista publicó un desplegado de dos páginas en Proceso. Su opinión era tajante: el Verde "no es, no ha sido, ni será con su actual estructura, un partido ecologista". Una semana después el Verde respondió enumerando sus acciones en dos páginas del mismo semanario (Proceso, 25 de abril y 2 de mayo de 2004).
El analista fundamenta lo que afirma pero los organismos públicos de los derechos humanos cuentan con los elementos para defender el bien común. El IFE debería asumir su papel y hacer una investigación integral sobre el Verde porque evidencias como las aquí presentadas apuntan a un sistemático "fraude a la ley" (buscar las vulnerabilidades de los códigos para violar su letra y espíritu).
De confirmarse, el IFE podría considerar la exigencia central hecha por los ambientalistas en el desplegado, "La cancelación del registro", de 2004. La corrupción ya dejó de ser funcional y está destruyendo al país. ¿Podrá sacudirse el IFE la modorra timorata y ponerse a limpiar la mugre de la vida partidista? Si lo hace, que piense en el percudido Verde.

Sergio Aguayo Quezada saguayo@colmex.mx www.sergioaguayo.org www.twitter.com/sergioaguayo Colaboraron Stalin Muñoz Ayora y Laura Ruiz Castro. * * * * *

"La decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre"

Teresa Forcadas, monja benedictina, justifica el aborto y la píldora del día después

Teresa Forcades, monja benedictina catalana.

Teresa Forcades, la monja benedictina catalana que recientemente aconsejaba sobre la vacuna contra la Gripe A, justifica el aborto y la píldora del día después afirmando que “lo que es placentero es de Dios”.

“Dios ha puesto la vida del feto mientras no es viable en las manos de su madre [...] A causa de la íntima vinculación de la madre con el hijo mientras este no es viable fuera de ella, la decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre, de su libertad personal. Esta vinculación íntima entre dos vidas hace que no se pueda salvar el hijo en contra de la voluntad de la madre sin violar la libertad de ésta”.

"No se pueda salvar el hijo en contra de la voluntad de la madre sin violar la libertad de ésta”

Estas afirmaciones de sor Teresa Forcades, quien se reconoce “monja benedictina y feminista, una activista con hábito”, expresó sus opiniones con respecto al aborto o la píldora del día después al mismo tiempo que los justificaba.

Forcades ya había vertido opiniones parecidas en otros actos o apariciones públicas y se ha desplazado en dos ocasiones a Venezuela para participar en actos relacionados con la Teología de la Liberación y el feminismo, donde ha sido bien acogida por el chavismo.

“La vida del feto, en manos de la madre”

En una entrevista realizada en el programa de la televisión autonómica catalana - ‘Singulars’-, Forcades se mostró favorable a que la píldora del día después esté al alcance de todas las mujeres.

“La vida del feto depende de la vida de la madre hasta que este no es viable fuera de ella”

“La pastilla tiene efectos secundarios y evidentemente no se puede tomar alegremente. Pero sí, creo que es una posibilidad que yo ¿desearía – gustaría? Que fuera conocido por todas las mujeres y que estuviera al alcance de todas”, afirmó.

A continuación, el entrevistador le preguntó por el aborto y la hermana benedictina, después de hablar de la situación de “los pro-vida y los pro-elección” en los Estados Unidos, dice lo siguiente: “Aquí también he escuchado a veces el argumento de que un aborto es como un homicidio”.

“Y es única porque la vida del feto depende de la vida de la madre hasta que este no es viable fuera de ella. Esta es la base para decirlo así, tanto antropológicamente, como biológicamente, como legalmente y como moralmente, para decidir sobre considerar este caso sobre la vida del feto completamente diferente y por lo tanto no se puede comparar con otro caso ‘interhumano’”, añade.

“Lo que es bueno es de Dios, por tanto lo que es placentero es de Dios”

Forcades considera que “esta particularidad de la madre con el feto hace que podamos entender que Dios ha puesto en manos de la madre la supervivencia del feto hasta que este no es viable. Este es el respeto desde un punto de vista teológico y católico”.

“La sexualidad es fundamental”

En un acto organizado por la revista Valors, en colaboración con 'Acció Catòlica Obrera, Cristianisme Segle XXI, Justícia i Pau del Maresme y Grup Tercer Món Mataró', la religiosa decía lo siguiente: “La sexualidad es fundamental no sólo para reproducirse sino también para correlacionarse y también para aprender el deseo de Dios”.

Forcades añadía que “lo que es bueno es de Dios, por tanto lo que es placentero es de Dios”.

“La diversidad es divina y es para siempre, eso significa la Trinidad”

En una entrevista, la benedictina habló sobre el tema de uno de sus libros, “Hay dos cosas absolutas: Dios y los pobres”, frase que afirma es de un obispo brasileño.

Forcades siguió con su intervención haciendo una referencia a la Teología de la Liberación: “Es vivir en consonancia con eso de que Dios es amor, ponerle el adjetivo ‘liberación’ es como una redundancia, es lo que viene en el cristianismo, desde el núcleo de los textos bíblicos cuando Dios se manifiesta por primera vez”.

“La diversidad es divina y es para siempre, eso significa la Trinidad. Y en eso también se inserta el Socialismo pero como algo que implica relaciones igualitarias entre todos”, concluyó la monja benedictina.

Teresa Forcades es monja benedictina, médica y teóloga española, conocida por sus posiciones feministas, a menudo controvertidas dentro de la Iglesia católica, y sus manifestaciones críticas con la gestión de la Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 (conocida como gripe A) por parte de las instituciones sanitarias (Organización Mundial de la Salud) y las empresas farmacéuticas productoras de las vacunas. Autora de los libros Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas; La Trinidad, hoy; y La Teología Feminista en la Historia.

Lorenzo Córdova Vianello

Mayorías y democracia

La democracia ha sido concebida como el régimen en el cual la toma de decisiones políticas pasa por el respaldo de las mayorías. La idea que subyace a la adopción de la regla de la mayoría, como mecanismo para decidir, es que el mayor número de individuos que estarán sometidos a una decisión (los gobernados) estén de acuerdo con ella y, por eso, se encuentren en una situación de libertad entendida como autonomía. Esa idea se manifiesta en la máxima de Rousseau de que el fin de la democracia es que los individuos sometidos al vínculo político sigan siendo tan libres como lo eran antes de que surgiera el Estado.

La democracia persigue, para decirlo con Kelsen, la maximización del principio de libertad política que se traduce en que lo que los individuos están obligados a hacer (el contenido de la decisión política que, por su naturaleza es vinculante) coincida con lo que la mayoría de ellos quiere hacer. Por eso, ante la inviabilidad de la unanimidad, los regímenes democráticos han adoptado la regla de la mayoría para procesar las decisiones colectivas. Se trata de un mecanismo que permite garantizar la libertad de los más a costa de la libertad de los menos.
Pero, en las democracias constitucionales, es decir, en los regímenes que son democráticos, pero que a la vez reconocen y garantizan los derechos fundamentales de todos los individuos, las mayorías (o sus representantes) no pueden decidir lo que quieran; toda decisión de las mayorías tiene límites, en primer lugar, por los derechos de las minorías. De otra forma estaríamos frente a lo que Tocqueville identificó como el mayor peligro que enfrentan los sistemas democráticos: la tiranía de la minoría.
Lo anterior revela por qué, si somos consecuentes con los principios de la democracia, no es aceptable la formación de mayorías de manera artificial en los órganos de representación política. Si mediante fórmulas como la adopción de un sistema electoral definido, o a través de mecanismos como las “cláusulas de gobernabilidad”, se induce la formación de una mayoría, podríamos formar una fracción parlamentaria mayoritaria que, en los hechos no refleje la voluntad de la mayoría de los gobernados.
De ahí la importancia de subrayar, como lo ha hecho Michelangelo Bovero, que no toda representación política es democrática y que ese carácter lo adquiere sólo, siempre y cuando, además de ser el resultado de una elección fundada en el sufragio universal y en el respeto irrestricto de los derechos políticos de los ciudadanos, el órgano representativo efectivamente refleja la composición política de la sociedad.
Por eso, la adopción de mecanismos que distorsionan la calidad representativa de los parlamentos inevitablemente genera una merma de la calidad democrática del sistema político. Un ejemplo: en Gran Bretaña, en virtud de que el sistema electoral es en su integralidad de mayoría relativa, en la última elección (2005), el Partido Laborista con el 35% de los votos tuvo 55% de los escaños. Nadie puede sostener que ese país no sea una democracia (es la más vieja expresión de ese sistema); pero, en esas condiciones ¿realmente prevalece la voluntad de la mayoría de los británicos? En virtud de lo anterior, resulta inevitable sostener que la calidad de su sistema representativo es deficitaria.
Cuando el pluralismo político se asienta en una sociedad y en consecuencia ningún partido obtiene la mayoría en el parlamento, la formación de mayorías se complica porque todas las decisiones sin excepción tienen que pasar por un proceso, en ocasiones muy complicado, de negociación y de acuerdo. Esos son los costos naturales de la democracia. Así nos ha ocurrido en México cuando desde 1997 ninguna fuerza política cuenta con una mayoría predefinida en la Cámara de Diputados y desde el año 2000 el escenario se extendió al Senado.
Hoy, ante el inminente escenario de una reforma política, diversos actores se han pronunciado por la necesidad de introducir mecanismos que induzcan artificialmente la formación de mayorías lo que, inevitablemente, se traduce en una merma del pluralismo. Si realmente nos tomamos en serio la meta de generar una democracia de calidad debemos resistir esas tentaciones y apostar por la única vía democrática para generar mayorías en un contexto de gran competitividad política: la permanente búsqueda del consenso mediante el acuerdo y la negociación entre las partes.
Investigador y Profesor de la UNAM

Horizonte político
José Antonio Crespo

México y Brasil: autoimagen nacional

En parte tienen razón Felipe Calderón y sus apologistas cuando dicen que la imagen de México se ha deteriorado significativamente, por la forma distorsionada en que se divulgan y asimilan las malas noticias. Es cierto que el vaso puede verse medio lleno o medio vacío, y eso produce consecuencias en la valoración que el país tiene de sí mismo y la que proyecta internacionalmente. Es cierto que cuando los medios dan cuenta puntual de los homicidios derivados del narcotráfico se sobredimensiona lo que ocurre. Se ha mencionado al respecto el estudio de las Naciones Unidas (2008) según el cual Honduras tiene una tasa de 61 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; Venezuela y El Salvador 52, Guatemala 47, Colombia 39, Brasil 22 y Paraguay 12, en tanto que en México y en Costa Rica hay 11.5 muertes.
Pero hay que recordar que quien puso bajo los reflectores la guerra contra el narcotráfico como eje central de su gobierno fue Calderón. Declarando sobre el tema diariamente, garantizó el puntilloso seguimiento de los medios, que no hacen sino reportar las muertes y, en lo posible, las circunstancias en que ocurren (que el gobierno casi nunca explica). Calderón lo hizo, por supuesto, bajo el cálculo de que su guerra le reportaría un saldo positivo en popularidad y legitimidad políticas, a partir de su “valentía”, su “arrojo” y su “determinación” de enfrentar militarmente a los cárteles de la droga. Y en efecto, todas las encuestas permiten reportar que logró muchos puntos y respaldo ciudadano con esa estrategia. Pero, pasado un tiempo, el tiro parece haber salido por la culata, pues los saldos negativos en la imagen del país empiezan a superar la popularidad presidencial (aunque también, en materia de narcotráfico, va cayendo). Si el fenómeno atrae a los medios nacionales es porque la comparación que se hace es más con nuestro pasado reciente, y menos con el resto de los países: por ejemplo, de 2006 a 2009 la narcoviolencia se cuadruplicó. Cómo no va a atraer la atención mediática y la ciudadana (que padece el creciente descontrol). Y ni se diga sobre la economía, el desempleo, la corrupción, la impunidad y otras calamidades.
Calderón ejemplifica con Brasil, un país más optimista que el nuestro. Sí, pero no basta con tomar los distintos indicadores de forma estática, sino ver la dinámica vigente, que puede ser ascendente (como en Brasil) o descendente (como en México). Y eso puede palparse en las expectativas de México y Brasil en diversos tópicos. Según el Latinobarómetro (2009), 66% de los brasileños piensa que su país está progresando, frente a 14% de mexicanos; 22%, en Brasil, que su economía va mal, con contraste con 63% en México; 75% de brasileños se dicen satisfechos de la forma en que su gobierno enfrenta la crisis económica, frente a 32% de mexicanos; en Brasil, 33% cree que “la crisis va para largo” contra 80% de mexicanos; 75% de brasileños cree aún en la eficacia del voto, contra 56% de mexicanos; 42% en Brasil piensa que “se gobierna para bien de todo el pueblo”y, en México, sólo 21 por ciento. No parece tratarse de un excesivo optimismo de los brasileños, pues, en indicadores donde las cosas no van bien allá, la calificación no es alta; por ejemplo, sólo 16% de brasileños cree que hay una justa distribución de la riqueza, igual que 15% de mexicanos (y, en efecto, ninguno de los dos países se distingue por eso).

Es cierto que el ánimo nacional puede generar un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de si es esencialmente pesimista o entusiasta. Si una persona tiene una pobre imagen de sí misma, lo más probable es que genere una dinámica en donde le sigan ocurriendo cosas negativas, y se cierre la puerta a los sucesos positivos. A la inversa, quienes tienen una imagen positiva de sí mismos, propician situaciones y oportunidades favorables (aunque, desde luego, no están exentos de sufrir percances y calamidades fuera de su control). Lo que se requiere para romper el círculo vicioso del pesimismo individual es un complejo proceso de reconocimiento (o consciencia) y esfuerzo que pueden generar nuevos logros y avances personales, y superar ciertos problemas, todo lo cual provocará de manera natural una mejoría en la propia imagen.Y eso es lo que aquí está faltando.

La receta de Calderón más se parece a la de esos animadores baratos que recomiendan con toda seriedad: “Levántate animoso de la cama, mírate al espejo, sonríe y repite cinco veces, ‘eres un triunfador’. Y todo lo demás vendrá por añadidura”.

Lanzan activistas campaña contra la impunidad militar

Exigen cese de agresiones contra tlapaneca violada por militares

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 06 abr 10 (CIMAC).- Defensoras y defensores de derechos humanos exigieron hoy al Estado mexicano que cesen las agresiones y amenazas contra Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca violada sexualmente por militares en 2002, y quien ante la falta de justicia, se presentará en una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en Lima, Perú, el próximo 15 de abril.

En conferencia de prensa Amnistía Internacional México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dieron a conocer la campaña “¡Rompe el muro de la impunidad!”, la cual arranca en la antesala de esta audiencia con el objetivo de tejer una red solidaria y sumar voces al clamor de justicia de Inés y Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca que también fue violada por militares en 2002.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Área jurídica de Tlachinollan señaló que desde hace 8 años Inés junto con Valentina no sólo tuvieron que sufrir el rechazo, la discriminación y estigmatización de su comunidad después de ser violadas, sino también la falta de una investigación eficaz.

Por lo anterior dijo que esperan que la CoIDH presente una sentencia acusatoria al Estado mexicano por el caso de Inés, además anunció que la audiencia pública ante la CoIDH para el caso de Valentina será el 27 y 28 de mayo de este año, donde también se espera que se reivindique su derecho a un debido proceso de investigación y acceso a la justicia.

Rosales Sierra enfatizó que el fuero militar deja a las mujeres en total indefensión, poniendo en riesgo su seguridad y su vida misma cuando tratan de acceder a la justicia. Ejemplo de esto es Inés, quién el 22 de marzo de 2002 fue golpeada y violada por militares que entraron a su casa en la comunidad Barranca Tecuani, Municipio de Ayutla de Los Libres.

En ese mismo año, a los dos días de los hechos, el 24 de marzo, acudió a denunciar ante el mismo Ministerio Público y ese mismo día acudió al hospital donde no pudo ser revisada por falta de personal especializado. El 17 de mayo de 2002, el caso fue turnado al Ministerio Público militar adscrito a la 35 zona militar.

La investigación estuvo en el fuero militar desde mayo de 2002. El 15 de septiembre de 2006, se archivó ya que los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) concluyeron que “no se acreditó la violación”. Agotadas las instancias nacionales, el caso fue llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego pasó a la Corte Interamericana (Cimacnoticias 25 enero 10).

Ya en este organismo, la CIDH convocó a una audiencia el 12 de octubre de 2007, en la cual quedó expuesta la falta de interés del Estado mexicano para investigar debido a que no se concluyó la investigación preliminar, faltaron algunos peritajes, el retrato hablado de los agresores, el careo, y un dictamen psicológico de Inés.

Finalmente, el 30 de octubre de 2008, la CIDH emitió su Informe de Fondo en el que responsabilizó al Estado mexicano de las violaciones contra la integridad de Inés, el cual fue notificado el 7 de noviembre de 2008. Sin embargo ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado mexicano el caso fue remitido a la CoIDH.

Por otra parte, durante la conferencia, Obtilia Eugenio Manuel, defensora de derechos humanos, afirmó que después del 7 de mayo de 2009 -cuando la CoIDH atrajo el caso de Inés- ella, su familia y sus representantes legales han sido victimas de amenazas, mismas que desde diciembre de 2009 -cuando se notificó al Estado mexicano de la próxima audiencia- se han duplicado.

Debido a ello existen fundados temores de que se pueda consumar alguna agresión contra Inés, Valentina o sus representantes legales, no obstante Obtilia Eugenio declara que seguirá luchando por los derechos humanos y espera que en la próxima audiencia se evidencie la falta de responsabilidad de las autoridades mexicanas en relación a la protección de los derechos humanos.

Las entrevistas de Solórzano en Radio Trece....

Entrevista con Gustavo de la Rosa

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ENTREVISTA CON: GUSTAVO DE LA ROSA.
CARGO: VISITADOR-ANALISTA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
TEMA: CUÁL ES LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SE VIVE ACTUALMENTE EN CIUDAD JUÁREZ.
ESTA SEMANA PREVÉ REGRESAR DE TEXAS A CIUDAD JUÁREZ PARA REINCOPORARSE A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A PESAR DE LAS AMENAZAS EN SU CONTRA.

Entrevista Rubén García

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ENTREVISTA CON: RUBÉN GARCÍA.
CARGO: “DIRECTOR DE ANNUNCIATION HOUSE”
TEMA: DESDE 1978 OPERAN CASAS DE REFUGIO, EN EL PASO TEXAS, PARA MIGRANTES, MUCHOS DE ELLOS PROVENIENTES DE CIUDAD JUÁREZ.

Entrevista con el Dr. Gonzalo Erasto Alemán Cruz

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ENTREVISTA CON: DR. GONZALO ERASTO ALEMÁN CRUZ
CARGO: PSIQUIATRA CLÍNICO, JEFE DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, RECONOCIDO COMO PERITO EN MATERIA DE PSIQUIATRÍA.
TEMA: EL CASO PAULETTE, DONDE POR LO MENOS UNO DE LOS PAPÁS SABÍA QUE ESTABA MUERTA Y SEGUÍAN CON LA PUESTA EN ESCENA ARGUMENTANDO QUE ESTABA DESPARECIDA.

Entrevista con Martha Casimiro

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ENTREVISTA CON: MARTHA CASIMIRO.
CARGO: NANA DE LA NIÑA PAULETTE GEBARA FARAH.
TEMA: EL CASO PAULETTE.

El proceso de secularización en México

Carlos Martínez García

El proceso para que el Estado y la sociedad en México se deshicieran de la tutela de la Iglesia católica ha sido largo. La reciente obra colectiva Secularización del Estado y la sociedad

(Senado de la República-Siglo Veintiuno Editores), coordinada por la doctora Patricia Galeana, da cuenta de los antecedentes, desarrollos y características de la construcción de la laicidad mexicana.

Las definiciones y los conceptos son herramientas que tienen variados significados e interpretaciones. El término secularización puede ser entendido de distintas maneras. Tomo la descripción que hace Marta Eugenia García Ugarte, en el trabajo Liberalismo y secularización: impacto de la primera Reforma liberal, incluido en el libro: En sentido descriptivo, la secularización se refiere a un proceso que tiene lugar en el ámbito social. En una sociedad secularizada la religión, sus reglas morales y canónicas, han perdido el predominio de la conciencia individual y sus valores han dejado de regir la sociedad.

De los varios ángulos contenidos en el volumen, pero que tienen el común denominador de apuntar hacia la paulatina declinación en el control religioso de la vida pública y el aparato legal del país, me enfoco en un tema que me parece fundamental. Se trata de que, además del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Independencia, en este 2010 celebramos 150 años de la Ley de Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860.

En los años inmediatos a la consumación de la independencia de México tiene lugar un intenso debate sobre si el país debería abrirse a la tolerancia religiosa. La Ley de Libertad de Cultos, promulgada por Benito Juárez, tiene tras de sí una larga y sinuosa historia que debemos aquilatar en este año en que se cumplirá siglo y medio de la norma juarista en favor del Estado laico.

El crítico más sistemático y agudo del monopolio religioso católico en México, en los años previos y posteriores a la Independencia, es José Joaquín Fernández de Lizardi, El Pensador Mexicano. Entre 1813 y 1827 (año de su muerte) escribe en varios momentos sobre lo nocivo de que la jerarquía católica tuviese tanto poder político y económico en la nación.

Al momento de las discusiones sobre la nueva Constitución que debería regir al país independizado de España, Fernández de Lizardi consideraba que bajo el sistema republicano la religión [católica] del país debe ser no la única sino la dominante, sin exclusión de ninguna otra. Comenta que ante lo que llama el tolerantismo religioso “sólo en México se espantan de él, lo mismo que de los masones. Pero ¿quiénes se espantan? Los muy ignorantes, los fanáticos, que afectan mucho celo por su religión que ni observan ni conocen, los supersticiosos y los hipócritas de costumbres más relajadas […] ningún eclesiástico, clérigo o fraile, si es sabio y no alucinado, si es liberal y no maromero, si es virtuoso y no hipócrita, no aborrece la República, el tolerantismo ni las reformas eclesiásticas” (La nueva revolución que se espera en la nación, 1823).

Por su defensa de y simpatía con los masones, tanto José Joaquín Fernández de Lizardi como fray Servando Teresa de Mier sufren procesos de la Inquisición. La crítica de ambos a las pretensiones de la Iglesia católica por conservar el dominio ideológico y político de la sociedad es precursora de la laicización del Estado. En tal proceso no debemos olvidar el relevante papel del doctor José María Luis Mora.

Hoy es demostrable que en los años 20 del siglo XIX unos pocos de los extranjeros asentados en México, sobre todo ingleses, se identificaban con alguna de las variantes del protestantismo y practicaban en privado su culto. Pero la creencia y práctica del protestantismo difícilmente quedó circunscrita a sus adeptos extranjeros, de alguna manera se filtró hacia algunos nacionales. Otra fuente de esa filtración fue la de los mexicanos que viajaban a Estados Unidos; allá simpatizaron con el credo protestante y a su regreso a nuestro país lo difundieron cautelosamente.

Es José Joaquín Fernández de Lizardi quien deja constancia de las modificaciones experimentadas en la ciudad de México en cuanto a la incipiente diversificación de creencias. En sus Conversaciones del payo y el sacristán arguye a favor de la convivencia pacífica con protestantes y francmasones, gente que no por no ser católica deja de vivir conforme a las leyes civiles. El Pensador refiere el caso, en un escrito de 1825, de un protestante ultimado en la capital del país: cuando un asesino intolerante mató al pobre inglés en las Escalerillas, a pretexto de que no se quiso hincar en la puerta para adorar el Sacramento del Altar, todos los sensatos abominaron el hecho y al hechor. El trágico suceso acontece en agosto de 1824. El asesinado no era inglés, sino un zapatero estadunidense avecindado en México. El episodio tiene lugar cuando el extranjero estaba sentado delante de la puerta de su pequeño negocio. Entonces, durante una procesión católica uno de los integrantes de la misma le exige que se arrodille; al negarse, el zapatero es acuchillado.

La diversificación de las creencias es compañera de ruta de la secularización, y ésta, centro de atención del libro, nos recuerda que dicho proceso es la historia del reconocimiento de derechos y ampliación de libertades personales y sociales que solamente han podido consolidarse por la vigencia del Estado laico y fortalecimiento de la diversidad en la sociedad.

Di no al gobierno y di sí, con atenuantes, a las drogas

Arnoldo Kraus

Hay que repetirlo cada día. Hay que repetirlo ad nauseam. Hay que repetirlo para contagiar, para no ser cómplice, para que muera menos gente inocente, para que pronto los medios informativos dejen de contar el número de muertos por la venta ilegal de drogas, para que nadie deje de oír y para que nuestros estadistas cambien de opinión. Hay que repetirlo: Di no al gobierno y di sí, con atenuantes, a las drogas.

Las drogas son preocupación universal. La mayoría de los gobiernos del mundo, sobre todo los de los países ricos, dialogan para dilucidar cuál, entre tantas posibilidades, es la mejor solución para disminuir o evitar las muertes asociadas a la distribución y al consumo de drogas. En México, la violencia y el número de muertos crecen sin cesar. Y no sólo aumenta: cuestiona el estado de derecho y amenaza, como ninguna otra causa, la estabilidad del gobierno (o, si alguien lo prefiere, de la democracia). Cada año fallecen más personas. Cada año más connacionales tienen que dejar sus hogares y sus trabajos. Cada año hay más ciudades fantasmas. Cada año es más lúgubre la realidad y más incontrolable la distribución de las drogas. Cuando se hace el recuento de los muertos, el nuevo 31 de diciembre acumula más cadáveres y anuncia un futuro más ominoso que el previo. Hay que repetirlo: Di no al gobierno y di sí, con atenuantes, a las dogas.

Al igual que en nuestro país no existe gobierno, la palabra eticidio tampoco existe. Buscar las razones éticas para avanzar en la despenalización de algunas drogas es urgente. Buena referencia es la lección que dejó la abolición de la Ley Seca. Si bien no eliminó todas las muertes ni las acciones de la mafia, mejoró la seguridad de la sociedad y acotó el marco de acción de los grupos que controlaban la venta de alcohol. La distribución, las reglas, el mercado, los horarios y el precio se convirtieron en responsabilidad de los gobiernos. Poco a poco los grupos que vivían de las ganancias generadas por las ventas ilícitas de alcohol quedaron marginados.

Es muy probable que si se permitiese consumir algunas drogas o estupefacientes –la mariguana debe ser la primera–, la violencia disminuiría. México merece, primero, la aprobación de la mariguana y, con el tiempo, la que juzguen oportuna los expertos. Hay que repetirlo (un poco modificado): Di no al gobierno, y di sí a la mariguana.

Otra buena razón para avanzar en la despenalización de las drogas es el control de las mafias. Esta idea es adecuada, pero muy compleja. Las mafias no son sólo los narcotraficantes; son también elementos de la policía, algunos políticos, incontables intermediarios y distribuidores y los socios estadunidenses que la consumen además de vender armas a narcotraficantes mexicanos. A quienes menos le conviene despenalizar las drogas es a la dupla narcotraficantes-políticos: es demasiado el dinero en juego. Hay que repetirlo (un poco modificado): Di no a quienes se enriquecen y di sí, con atenuantes, a las drogas.

Si se legalizan las drogas, el tema se convertiría en un problema de salud en vez de un asunto legal. Los gobiernos podrían regular el mercado y su distribución y el dinero podría utilizarse para educar. Sería posible dar cursos acerca de los riesgos de las drogas, instruir consejeros y destinar parte del dinero para mejorar las condiciones salariales de la policía, lo cual, a su vez, la alejaría de las ofertas de la mafia. En México y en el mundo son muchos los presos relacionados con las drogas. Se ahorraría mucho dinero encarcelando a menos gente. Hay que repetirlo (un poco modificado): Di no a la ilegalidad del gobierno y di sí, con atenuantes, a la legalización de algunas drogas.

Al legalizar las drogas los adictos dejarían de esconderse y podrían recibir tratamiento adecuado, humano y orientación acerca de las drogas menos dañinas. La legalización exigiría que sean laboratorios controlados los que produzcan y distribuyan las drogas, las cuales, a su vez, serían más puras. Los drogadictos podrían incorporarse a la sociedad y las familias serían menos estigmatizadas. Hay que repetirlo (un poco modificado): Di no al gobierno y ayuda a los drogadictos que deseen sanar.

Si se despenalizan las drogas su precio disminuiría, y los políticos y los narcotraficantes ganarían menos dinero. La razón es simple: el precio de las drogas no lo fija el costo de producción, sino el de distribución. El dinero emanado por la venta legal de drogas podría utilizarse, otra vez, en la recuperación de los enfermos o en la educación de la población. Hay que repetirlo (un poco modificado): Di no al negocio de las drogas.

Creo que fue John Berger quien acuñó el neologismo eticidio. La cultura por las muertes sin sentido, individual y colectiva, así como la degradación del medio ambiente son el esqueleto del eticidio. El fracaso en la lucha contra las drogas ejemplifica uno de los renglones más vivos del eticidio. Han perdido la sociedad y los campesinos. Han ganado quienes las producen y distribuyen. Hay que repetirlo: Di no al gobierno, y di sí, con atenuantes, a las drogas.

Democracia rota

Luis Linares Zapata

En el mero centro de la vida democrática de México un nocivo obstáculo se levanta contra su normal desarrollo: la férrea determinación del sistema establecido para esquivar, a como dé lugar, el triunfo, en las elecciones presidenciales, de un modelo alterno de gobierno. Tal sistema ha sido labrado por una derecha de ramplona consistencia ideológica, pero, eso sí, persistente empeño. Ninguno de los poderes federales, y la mayoría de los locales, escapa a la subordinación, a veces más que abyecta, respecto de los grandes grupos de presión que han sido sus beneficiarios. El obstáculo mencionado ha sido, hasta ahora, insalvable. Por eso se han montado sendos fraudes para doblegar, sin consideración y en dos ocasiones, la voluntad popular. En esos momentos el electorado se ha expresado con claridad en favor de las respectivas opciones de izquierda.

Las fechas (1988 y 2006) han quedado gravadas en la conciencia colectiva como serios traumas nacionales que han ahondado las ya de por sí acentuadas roturas sociales. A ello obedecen las consignas y consejas que circularon entre las clases privilegiadas durante el periodo de campañas electorales. Una fue la cantaleta, repetida en ambas ocasiones, donde se pronosticaba la conveniencia de resistir seis meses de manifestaciones y airadas protestas y no seis años de populismo. La otra ponía el acento en los inmensos peligros para los negocios, los hogares, los haberes personales y para la misma nación ante la posibilidad de que AMLO llegara a Los Pinos. La resultante de este último complot de mandones contra la democracia ha sido de dramáticas consecuencias para el bienestar de la población y el futuro de la nación. Entronizaron, mediante insultante operación ilegal, a una administración enana en el Ejecutivo, dependiente y corrupta a la que ellos mismos ya no aguantan y por eso buscan su inmediato remplazo.

En ambas ocasiones se desusaron cuantos recursos del Estado se tienen para impedir la emergencia de un modelo alternativo al vigente. Modelo nefasto para las mayorías, pero benéfico, en desmesura, para unos cuantos. Las listas de Forbes lo testifican sin ambages. Hace apenas una veintena de años sólo un mexicano acaudalado aparecía entre sus listados de los más ricos del mundo. En su más reciente reporte la misma publicación incluye a una veintena de ellos. Y no sólo es su número, ya indicativo, sino lo obsceno del monto acumulado de capital que logran tales capitostes. El fenómeno ocurre frente a dos hechos indiscutibles: el primero apunta hacia el nulo crecimiento económico del país durante más de un cuarto de siglo; el segundo, quizá el más cruento por sus implicaciones para la justicia distributiva, es el consistente crecimiento de la marginación, la pobreza extrema, la inseguridad y la emigración masiva.

En medio de una de las peores crisis del capitalismo mundial, las salidas que se plantean desde las altas esferas del poder siguen las viejas recetas ineficaces. Los emisarios y operarios de la derecha se afanan en el intento de recargar el costo sobre los hombres y mujeres de las clases trabajadoras. Las pequeñas y medianas empresas han quedado en el desamparo, a pesar de todos los pronunciamientos de ayuda al respecto. El capital, como casi siempre, va saliendo incólume del enorme de-saguisado que sus banqueros causaron. Las reformas y regulaciones que se prometieron en la reciente junta del G-20 van quedando en el olvido. Apenas se oyen ligeros reclamos e incipientes preparativos tanto en Europa como en Estados Unidos. Hablan, pero sólo eso, de tasar a los movimientos de capitales internacionales y de terminar con los paraísos fiscales. La primera circunstancia posibilita la especulación desmedida de los enormes flujos de capitales golondrinos. Quedan aseguradas así las ingentes transferencias de riqueza hacia los centros financieros a costa de los países que los hospedan y hasta solicitan con torpe ahínco. La segunda se presenta como el motivo que facilita la evasión, permite fraudes y da facilidades al lavado de toda clase de dinero sucio. Pero ninguna de las dos promesas lleva visos de concretarse. Sólo como una muestra de lo que ha sucedido en estos tiempos de miserias, quiebras y horizontes nublados: los bonos para operadores de Wall Street llegaron el año pasado a 140 mil millones de dólares. Y eso que a los altos directivos se les vigila de cerca para evitar los excesos acostumbrados: se adjudicaban bonificaciones por decenas de millones de dólares (a veces cientos de millones) a los paladines de la especulación salvaje de la globalidad.

Esas deformaciones, implícitas en el modelo vigente aplicado en México, son las que la derecha quiere consolidar. Saben que han sido útiles para su bochornoso beneficio. Todo para el capital, y el costo que lo solventen los trabajadores sin importar cómo; tal sistema engruesa la miseria y la pobreza circundantes. Y es por eso que la oposición a un modelo alternativo que ponga el acento en la distribución equitativa es cruenta. Esperan, con cómplice certeza, que sus tropelías saldrán de nueva cuenta impunes.

En ésta, que ya es una república deformada por los núcleos de poder, cada grupo se empeña en preservar los privilegios con los que se ha nutrido hasta la desmesura. Es por eso que el oscuro secretario del Trabajo mexicano elaboró su malhadada reforma laboral, consecuencia adicional de las oprobiosas reformas pasadas a la seguridad social (IMSS e ISSSTE) y las pensiones. Un simple remedo, torpe y mañoso, de las propuestas en las que han insistido los centros de poder hegemónico para bajar costos y aumentar utilidades. La insana tendencia a proletarizar los ya de por sí infames salarios y achicar el mercado interno. El resto de recetas de acompañamiento apuntan, como siempre, a controles en el gasto gubernamental (educación, salud y seguridad social), la deuda pública y el déficit fiscal como remedios para salir de la crisis. Una ruta que presagia los corrosivos aprestos para preservar privilegios sin temor alguno de romper, por tercera ocasión, la ruta democrática.

Por quinta ocasión, se presentará una iniciativa al respecto ante diputados

Iniciativa para consolidar derechos de trabajadoras del hogar

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 6 abr 10 (CIMAC).- A fin de garantizar en el país a las cerca de 2 millones de trabajadoras del hogar el acceso a los derechos laborales mínimos, como la seguridad social, el próximo jueves la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentará una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que pretende regular esta labor.

Ésta será la quinta ocasión que se presenta en la Cámara baja una propuesta de este tipo, por lo que se espera que las y los diputados de la LXI Legislatura aprueben estas modificaciones, que permitirían a las trabajadoras “pasar de condiciones laborales similares a la esclavitud, a la consolidación de sus derechos”, señaló Anaya Mota.

Y es que, en el país los derechos de las trabajadoras del hogar, son transgredidos desde el momento de su contratación, ya que sólo 5 por ciento cuenta con contrato escrito, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2009.

De los casi dos millones de trabajadoras sólo mil 52 están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, 0.01 por ciento del total.

Los salarios que reciben son otro factor que deteriora su calidad de vida, ya que 41 por ciento de las empleadas del hogar gana menos de un salario mínimo, 45 por ciento de ellas de 1 a 2 salarios mínimos y 13 por ciento más de 2 salarios mínimos, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Al tiempo, el Conapred, señala que el trato social hacia las mujeres indígenas que ejercen trabajo doméstico en zonas urbanas, no tienen ningún tipo de prestación social. Sólo 20.7 por ciento recibe alguna prestación.

Ante este panorama, la iniciativa perredista de reforma a la LFT, en el tema de trabajo doméstico remunerado, establece que las trabajadoras del hogar deben laborar 8 horas al día, con un salario definido, y sus contratos deben ser por escrito.

A diferencia de la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional, que recién presentó en la Cámara de Diputados, la iniciativa del PRD establece como derechos de las trabajadoras del hogar, el acceso a la seguridad social, a prestaciones como vacaciones, aguinaldo, y establece el derecho a la maternidad.

La propuesta de regulación al trabajo doméstico que presentará Anaya Mota el siguiente jueves, también plantea que las trabajadoras deben laborar en espacios libres de discriminación y violencia.

Cabe mencionar que esta iniciativa “va en construcción” con la contrapropuesta de reforma laboral que presentará este mes el PRD, señaló la también presidenta de la Comisión Especial contra la Discriminación en la Cámara baja.

A decir de Marcelina Bautista, del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), la propuesta del PRD, es respaldada por las trabajadoras de este sector, pues, dijo, retoma las demandas que han hecho desde hace más de 20 años.

Las trabajadoras, señaló, “queremos que se reconozca este trabajo, como tal, y en consecuencia, nuestros derechos, que deben ser los mismos que para el resto de trabajadoras y trabajadores” del país.

Por lo que, esperan que en esta ocasión las y los legisladores revisen y aprueben esta iniciativa, con la cual reivindicarían los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes han sido “relegadas históricamente”, mencionó la directora de CACEH.

Las mujeres aparecen poco y en un contexto de no definición

Escasa, la participación femenina en proceso electoral de Q. Roo

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF. 6 abr 10 (CIMAC).- A pesar de que en 2009 se realizaron reformas a la Ley Electoral de Quintana Roo en materia de género que establecen la cuota 60/40, en los hechos, la Ley no cuenta con los mecanismos que aseguren su efectivo cumplimiento para garantizar la participación política de las mujeres, señaló la analista política Cecilia Lavalle Torres.

El próximo 4 de julio en el estado de Quintana Roo se renovará la gubernatura, 15 diputaciones locales por mayoría relativa (MR) y 10 por representación proporcional (RP), así como 9 ayuntamientos.

Con ello, las modificaciones de 2009 estarán a prueba en este estado que cuenta con un millón 135 mil 309 habitantes, de los cuales 560 mil 472 son mujeres.

En entrevista telefónica la quintanarroense, especialista en género señaló que en el estado se establece tanto en la Constitución como en la Ley Electoral las cuotas de género, pero en porcentajes distintos.

Explicó que en febrero de 2009 el Congreso reformó la Constitución para modificar la cuota estableciendo la obligación a todos los partidos políticos de postular no más del 60 por ciento de candidaturas de un mismo sexo (60/40), sin embargo al reformar la Ley Electoral “se les olvidó” modificar el artículo 127 que es el que señala que debe vigilarse que la cuota de género no exceda el 70 por ciento de candidaturas de un mismo sexo.

“De manera que la Constitución dice 60 por ciento y la ley electoral señala 70 por ciento. Dado que la Constitución es una ley superior, debe considerarse 60/40 y en las elecciones del 4 de julio deberemos observar que así sea”, enfatizó Lavalle Torres.

Sumado a ello, agregó la especialista, la Ley Electoral de Quintana Roo en materia de género no cuenta con los mecanismos que la hagan efectiva toda vez que no hay una sola sanción para quien no cumpla y exceptúan de las cuotas “las candidaturas de MR que sean resultado de un proceso de elección mediante voto directo”.

De igual manera en lo que se refiere a las candidaturas de RP no hay ninguna obligación para que el porcentaje de la cuota se encuentre en los primeros lugares de las listas de manera alternada.

Cecilia Lavalle, agregó que esta ley es la misma una “amable invitación” que casi todos los partidos rechazaron en 2005, y que apenas cumplieron en 2008 al colocar al 64 por ciento de las mujeres que contendieron en las listas de RP del lugar 5 al 10, es decir sin posibilidad alguna de ser electas, ahora la diferencia es que el porcentaje de la cuota es mayor.

“El problema no es el porcentaje, de la cuota de género sino su aplicación, las ambigüedades en la formulación para su aplicación, escasos controles, poca transparencia y cero evaluaciones limitan notablemente los buenos resultados al aplicar cuotas de género”.

ALIANZAS 2010: ESCASA PARTICIPACIÓN FEMENINA

Respecto al proceso electoral que se vive en el estado, Cecilia Lavalle afirmó que hasta el momento la participación de las mujeres ha sido “sorprendentemente escasa”, no hay nada definido respecto a candidaturas femeninas, situación que no es similar en los hombres, ya que se empiezan a ver perfilándose con mucha certeza para candidaturas muchos de ellos, mientras que las mujeres aparecen poco y en un contexto de no definición.

Actualmente la XII Legislatura de Quintana Roo, se compone por 25 curules, de los cuales sólo 7 son ocupados por mujeres, de 20 comisiones ordinarias, 4 son presididas por diputadas.

En el marco de los pactos establecidos por los institutos políticos en varios estados del país para la contienda electoral de este año se encuentra el de Quintana Roo, formado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia a los que se les sumó el Partido Acción Nacional (PAN), y al igual que en los otros estados al interior de este grupo, las mujeres contenderán por una candidatura.

Lo que a decir de Lavalle Torres, limitara aún más la participación femenina, “cuando los partidos van en alianza, las mujeres son las que pagan ese precio a la hora de las alianzas hay menos mujeres en Quintana Roo lo pudimos ver en 2005”.

En su libro La Mitad del Poder, asignatura pendiente en Quintana Roo, Cecilia Lavalle, precisa que en el proceso electoral de 2005 por primera vez los partidos formaron coaliciones: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), integraron “Quintana Roo es Primero”; el PAN y Convergencia formaron “Todos Somos Quintana Roo” y el PRD y PT: “Somos la Verdadera Oposición”.

“Por el principio de RP, ninguna de las coaliciones cumplió con las cuotas de género, mientras que en candidaturas propietarias de MR, la encabezada por el PRD fue la única coalición que postuló mujeres por un equivalente a 40 por ciento, incluso sobrepasó este principio; mientras que el 27 por ciento de el total de postulantes del PAN fueron mujeres”.

Para el caso del PRI, la especialista detalla que sólo el 20 por ciento de postulantes fueron mujeres, lo que representó 13 puntos porcentuales menos que el proceso electoral anterior. “Al parecer las priístas pagaron el costo de las alianzas”.

De manera que en 2005 las cuotas de género fueron un “rotundo fracaso”. Dos de las tres coaliciones hicieron caso omiso de lo estipulado en la Ley: “No vigilaron nada, no cuidaron nada y postularon más del 70 por ciento de un mismo género, del masculino por su puesto”, concluyó Cecilia Lavalle.