Organización Editorial Mexicana
21 de agosto de 2011
Manuel Carvallo/El Sol de México
México.- "La reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), no debe ser un recurso para legalizar y agrandar el poder del presidente, que destruya el equilibrio constitucional, ni tampoco un medio para justificar la actividad militar en las tareas de seguridad pública, contraviniendo las garantías de libertad y certeza jurídica establecidas", advirtió Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y vocero del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo MUSOC-GP.
Dijo que dicha reforma contraviene los artículos 29 y 86 fracción VI y 129, las cuales autorizan al Presidente, con acuerdo de su gabinete y la aprobación del Congreso, a suspender garantías o
derechos, por causas graves y con el propósito de enfrentar la situación, y que, los gobernantes de los últimos 60 años se han negado a ejercer, dando preferencia a medidas de facto, que privilegian el uso abusivo del poder y la represión a la población inconforme.
La seguridad nacional interna -dijo- debe basarse en empleo, educación y cultura para todas y todos los mexicanos y no en un Estado policiaco-militar, autoritario, que abdique de sus responsabilidades de garantizar a sus gobernados, soberanía popular, alimentaria y energética; al igual que, la seguridad nacional exterior y la defensa del país, deben apoyarse en nuestra identidad, unidad y autodeterminación, como nación trabajadora, pacífica, que busca el progreso y el bienestar de los pueblos, como medio principal para alcanzar el respeto de propios y extraños.
"Esta reforma no se explica, porque ya existe normatividad constitucional de suspensión de garantías y reglamentaria de los delitos políticos en el código penal federal, además porque,
cualesquiera que sea la situación en 2012 y posterior a ella, de aprobarse, se le estaría dando un cheque en blanco, un poder omnímodo, a quien fuera presidente para declarar por causas de orden público la existencia de una afectación a la seguridad interior, y con ello, disponer de la totalidad de la fuerza armada para controlar cualquier situación, que a su juicio afecte la estabilidad interna", agregó.
Y continuó: La Ley de Seguridad nacional que dictaminó el Senado el año pasado, a iniciativa del Presidente Calderón, es sin duda, otra de las reformas estructurales pendientes, que nos quieren imponer junto con la reforma laboral.
Aseguró que esta reforma a Ley de Seguridad Nacional pretende relegar la suspensión de garantías por incomoda y justificar la política militar de seguridad pública, afianzando la concepción y praxis de un Estado autoritario y militarizado, que se acentúo con las políticas neoliberales y las reformas en justicia penal y seguridad pública, de los ex presidentes Zedillo y Fox, en los marcos de los acuerdos globales, especialmente con EU.
"La existencia de una economía estancada sin crecimiento en los últimos 20 años, con una minoría privilegiada de ricos y una pobreza de más del 50 por ciento de una población de 112 millones de mexicanos; de los cuales, más de 13.9 millones están desempleados, subempleados y jóvenes sin trabajo ni escuela; 13.3 millones de personas que trabajan en las calles; 29.2 millones que laboran sin prestaciones ni seguridad social; además de 6 millones de analfabetas; y, un rezago de más de 7 millones de viviendas; y alrededor de 50 mil ejecuciones y muertes en la "guerra" en contra de la delincuencia organizada, son datos duros que acreditan el dramático contexto del país, sin que el gobierno repare en combatir las causas que mucho tienen que ver con la pobreza, el desempleo, la corrupción y la impunidad, y si en cambio, prepara la reforma a la LSN, para cuando el pueblo se inconforme", afirmó.
México.- "La reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), no debe ser un recurso para legalizar y agrandar el poder del presidente, que destruya el equilibrio constitucional, ni tampoco un medio para justificar la actividad militar en las tareas de seguridad pública, contraviniendo las garantías de libertad y certeza jurídica establecidas", advirtió Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y vocero del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo MUSOC-GP.
Dijo que dicha reforma contraviene los artículos 29 y 86 fracción VI y 129, las cuales autorizan al Presidente, con acuerdo de su gabinete y la aprobación del Congreso, a suspender garantías o
derechos, por causas graves y con el propósito de enfrentar la situación, y que, los gobernantes de los últimos 60 años se han negado a ejercer, dando preferencia a medidas de facto, que privilegian el uso abusivo del poder y la represión a la población inconforme.
La seguridad nacional interna -dijo- debe basarse en empleo, educación y cultura para todas y todos los mexicanos y no en un Estado policiaco-militar, autoritario, que abdique de sus responsabilidades de garantizar a sus gobernados, soberanía popular, alimentaria y energética; al igual que, la seguridad nacional exterior y la defensa del país, deben apoyarse en nuestra identidad, unidad y autodeterminación, como nación trabajadora, pacífica, que busca el progreso y el bienestar de los pueblos, como medio principal para alcanzar el respeto de propios y extraños.
"Esta reforma no se explica, porque ya existe normatividad constitucional de suspensión de garantías y reglamentaria de los delitos políticos en el código penal federal, además porque,
cualesquiera que sea la situación en 2012 y posterior a ella, de aprobarse, se le estaría dando un cheque en blanco, un poder omnímodo, a quien fuera presidente para declarar por causas de orden público la existencia de una afectación a la seguridad interior, y con ello, disponer de la totalidad de la fuerza armada para controlar cualquier situación, que a su juicio afecte la estabilidad interna", agregó.
Y continuó: La Ley de Seguridad nacional que dictaminó el Senado el año pasado, a iniciativa del Presidente Calderón, es sin duda, otra de las reformas estructurales pendientes, que nos quieren imponer junto con la reforma laboral.
Aseguró que esta reforma a Ley de Seguridad Nacional pretende relegar la suspensión de garantías por incomoda y justificar la política militar de seguridad pública, afianzando la concepción y praxis de un Estado autoritario y militarizado, que se acentúo con las políticas neoliberales y las reformas en justicia penal y seguridad pública, de los ex presidentes Zedillo y Fox, en los marcos de los acuerdos globales, especialmente con EU.
"La existencia de una economía estancada sin crecimiento en los últimos 20 años, con una minoría privilegiada de ricos y una pobreza de más del 50 por ciento de una población de 112 millones de mexicanos; de los cuales, más de 13.9 millones están desempleados, subempleados y jóvenes sin trabajo ni escuela; 13.3 millones de personas que trabajan en las calles; 29.2 millones que laboran sin prestaciones ni seguridad social; además de 6 millones de analfabetas; y, un rezago de más de 7 millones de viviendas; y alrededor de 50 mil ejecuciones y muertes en la "guerra" en contra de la delincuencia organizada, son datos duros que acreditan el dramático contexto del país, sin que el gobierno repare en combatir las causas que mucho tienen que ver con la pobreza, el desempleo, la corrupción y la impunidad, y si en cambio, prepara la reforma a la LSN, para cuando el pueblo se inconforme", afirmó.
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