Manuel Aguilar Mora
(UNIDAD SOCIALISTA)
¿Qué significa el curso macabro emprendido por Calderón desde 2006? ¿Por qué tal empecinamiento en mantener una política tan evidentemente antipopular? ¿Los más de 40 mil muertos que seguramente serán 50 mil o más cuando esta guerra continúe hasta “el último día de mi gobierno”, según afirmó Calderón, son en su mayoría delincuentes o pueblo de a pie sin más culpa que estar “hasta la madre” de un sistema decadente y corrupto?.
El dominio de la extrema derecha
La política de Calderón responde a una necesidad sentida con agudeza y temor por los grupos dominantes: la necesidad de hacer frente y de evitar a toda costa la rebeldía de los oprimidos y explotados que se avecina. El panismo y su máximo representante, el presidente Calderón, son la expresión actual y actuante de la derecha mexicana, la que remonta sus orígenes contrarrevolucionarios a las acciones de hace cien años contra las masas revolucionarias (Díaz, Huerta y sus congéneres) e incluso a las acciones reaccionarias de los conservadores del siglo XIX, la que tiene como aliado natural a la ultramontana jerarquía católica y la que ha estrechado como nunca los vínculos con los imperialistas norteños, esa extrema derecha hoy gobernante no entiende las acciones del Estado sino como un ejercicio ante todo de represión permanente. Ni Díaz Ordaz, tal vez el presidente más represivo del linaje de los pequeños bonapartes priistas anteriores y sucesores de él mismo, llevó las fuerzas represivas policíacas y militares al rango preponderante que hoy tienen, desempeñan y cada vez más usufructúan como verdaderos codueños de México.
La Ley d Seguridad Nacional que se prepara en las cámaras del Congreso de la Unión tiene como fin legalizar el presente proceso que está convirtiendo al gobierno del Zócalo-Los Pinos en un estado de excepción. Los tres partidos mayoritarios (PRI, PAN, PRD), de acuerdo a sus específicos objetivos y relación de fuerzas, participan por igual como los artífices principales del proyecto de ley que se cocina en las oficinas de San Lázaro a partir de la iniciativa presidencial. Apoyándolos están todos los sectores dominantes desde el Consejo Coordinador Empresarial, máximo organismo cúpula de los superricos del país hasta las cumbres de las jerarquías judiciales, eclesiásticas y regionales.
Se trata de restringir e incluso de anular derechos humanos elementales, de permitir el impune reinado de la arbitrariedad militar y policíaca, de imponer el miedo entre la población y de darles a las autoridades carta blanca para sus arbitrariedades y medidas de todo tipo. La subversión y disolución social articulada como parte de los códigos institucionales se convierten en delito, restaurando la ley de “disolución social” que el movimiento estudiantil-popular de 1968 logró derogar.
La política de Calderón, el presidente mexicano con menos apoyo popular en la historia contemporánea, es el vértice donde convergen las fuerzas dominantes nacionales e imperialistas. La casi unanimidad que ha alcanzado su convocatoria entre la burguesía y en otros grupos favorables para legalizar un estado represivo instaurado para impedir el desarrollo de cualquier tipo de protesta social y política, representa el peligro más serio al que nos enfrentamos los movimientos populares y políticos democráticos y revolucionarios en México.
Esta situación límite que se avecina de modo acelerado se hizo evidente con los acontecimientos de agosto pasado, días sangrientos como pocos desde 2006, que culminaron macabramente con el incendio del Casino Royale de Monterrey provocado por los zetas en que murieron más de cincuenta personas.
En el informe del 1° de septiembre, todavía muy presente la indignación y el hartazgo producidos por estos hechos espeluznantes, Calderón consideró oportuno y propicio el momento para ratificar y jactarse con aún más crudeza de lo acertado, conveniente y justificado de su política de “combate contra el crimen organizado”. Con la misma terquedad de siempre insistió que su gobierno “no cambiará su estrategia”. Continuarán las acciones destinadas a “erradicar la violencia criminal”. La “violencia legalizada de los aparatos estatales” de represión militares y policíacos será su respuesta. Se impondrá así la realidad de la sociedad clasista, injusta, corrupta e implacable que es la actual. Violencia contra violencia.
El repudio a cualquier proyecto de la Ley de Seguridad Nacional debe ser pues fundamental en la lucha contra la militarización. Esto es algo que hay que explicar bien a todos, incluidos sectores importantes que participan activamente en el movimiento contra la militarización.
La respuesta popular
Ante esta situación, las fuerzas populares se encuentran en una posición defensiva muy vulnerable. A esto ha contribuido el estado de debilidad en que se encuentran las organizaciones populares, en especial de los trabajadores. Los sindicatos están sometidos a la dura ofensiva neoliberal y de los charros que los tienen en las cuerdas. El caso trágico emblemático es el del SME, cuya lucha heroica se ha visto asediada por la represión gubernamental federal, la cual está acompañada de una falsa alianza del gobierno del DF y del PRD y encabezada por una burocracia inepta.
Ha tocado al movimiento ciudadano levantar la voz e iniciar las movilizaciones contra el curso de la militarización de la república de Calderón.
A partir de mayo, esta oposición la ha encabezado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad organizado alrededor del liderazgo del poeta y activista Javier Sicilia, a quien el asesinato de su hijo en un paraje cercano a Cuernavaca lo impulsó a asumir un papel preponderante en la protesta de los numerosos familiares de las víctimas de la guerra de Calderón. Sicilia no es un recién llegado a la lucha social. Su militancia en los grupos católicos de la “teología de la liberación” y más recientemente su ardiente apoyo a la lucha del EZLN son pruebas de los años en que se ha involucrado en la lucha social.
Hoy reivindica la concepción de la no violencia que fueron las guías de la acción de los liderazgos pacifistas de Gandhi y Martin Luther King. Estos principios son aceptados por amplios sectores de trabajadores huérfanos de dirección revolucionaria. El cristianismo militante de numerosas capas medias también los reivindican y según dicha concepción cristiana, sus adversarios no son enemigos. Entre paréntesis, este es uno de los rasgos de la cordialidad de que hace gala a veces Sicilia, la cual ciertamente lo ha conducido a situaciones aberrantes y grotescas cuando abraza y besa a personajes repugnantes y criminales como Calderón y Beltrones.
La estrategia de buscar el diálogo, soluciones consensuadas y colectivas, el afán de abarcar los sectores más amplios posibles y de saber llegar no sólo al cerebro y con la razón sino a las emociones con el corazón, puede ser de gran eficacia para los comienzos de una protesta multitudinaria necesaria para la construcción de un movimiento democrático y para potenciar el enojo y el sentimiento de hartazgo: “ya estamos hasta la madre” que se expande a todos los rincones del país.
Pero la realidad es más terca aún que la terquedad de los métodos no violentos y pacifistas. Los hechos con motivo del incendio del Casino Royale de Monterrey son la prueba fehaciente de ello. A Calderón la tragedia actual alimenta la profundización de su curso macabro.
Desobediencia civil y elecciones
Así, la situación se precipita hacia un escenario de elecciones presidenciales en 2012 en medio de un incendio de represión y muertes. ¿Qué hacer ante tal circunstancia?
La desobediencia civil es parte fundamental y culminante de la estrategia pacifista y no violenta reivindicada por el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad. El torbellino de sangre que envuelve hoy la política del gobierno panista y los anhelos nada ocultos de Calderón de imponer su candidato en las elecciones de julio de 2012 plantean un escenario en que la farsa de “la democracia del dinero” del IFE seguramente se desarrollará en medio de una orgía de violencia y choques furiosos. El escenario será el perfecto para emprender la “desobediencia civil” y entonces se potenciará políticamente la protesta contra la militarización.
El movimiento de los familiares de las víctimas de la guerra de Calderón es un afluente crucial del movimiento general contra la militarización y por el regreso del ejército a los cuarteles, ante el cual una actitud sectaria por parte de los socialistas revolucionarios sería una actitud suicida en estos momentos en que dicho movimiento tiene potencialidades de conformar un amplio movimiento de masas.
Su actual campaña por el sur de la república, su decisión de realizar el mitin del grito tradicional del 15 de septiembre en el lugar ultrasimbólico de San Cristóbal de las Casas, escenario de una de las masacres más infames e indignas del régimen estatal mexicano, su acercamiento con el EZLN, todo ello es de una importancia mayúscula en estos momentos sombríos en que parece dominarlo todo la política del poder y sus diversas secuelas, incluido el nefasto electoralismo.
Los revolucionarios socialistas no tenemos intereses diferentes que se opongan a los objetivos de los familiares de las víctimas, directamente afectados por el curso mortífero de Calderón. Nuestra posición en la lucha independiente contra el gobierno del PRIAN y su cómplice seudo-reformista del PRD, comprende que éstos no son ni pueden ser capaces de proponer una postura que se oponga al curso de Calderón. El movimiento masivo que ha surgido en los últimos meses tiene una dinámica que si mantiene su intransigencia y aprende de sus pifias y contrasentidos, deberá y podrá avanzar hacia posiciones más radicales, confluyendo con algunas de las metas que marca la hora histórica que atravesamos.
Los socialistas y activistas agrupados en la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización no pueden desaprovechar la gran oportunidad que se presenta con el despertar y la movilización de sectores masivos contra la guerra de Calderón y por el regreso del ejército a los cuarteles. La táctica de un frente unido de todos aquellos que se opongan a la guerra debe ser nuestra guía de acción. Mantener un frente lo más grande posible contra el curso de Calderón se convertirá en una de las tareas fundamentales de las acciones de los socialistas de cara a las jornadas electorales, para impedir que el electoralismo crudo diluya la demanda nada electoralista que reivindicamos contra el ejército en las calles.
Las elecciones del 2012 serán las de los grupos de superricos, de los dos monopolios televisivos, de los medios al servicio del sistema imperante. No habrá en ellos ninguna posibilidad de que los intereses de los trabajadores, incluidos los del movimiento contra la militarización, estén representados.
Por tanto, la postura de denunciar y desenmascarar el carácter antidemocrático y antipopular de las elecciones y sus resultados previsibles de antemano, cocinados por la cúpula dominante, será la adecuada que adopten los socialistas revolucionarios a través de su propaganda y agitación a favor de la anulación de las boletas del fraude implícito que representan las “elecciones de la democracia del dinero”.
Elecciones con el ejército en las calles, con las bandas de la policía federal sueltas en todo el territorio nacional cometiendo abusos, delitos y crímenes impunes paralelos a los de los delincuentes sin uniforme, serán elecciones deslegitimadas y carentes de todo tipo de autoridad democrática, de transparencia y de credibilidad. La farsa electoral será pues un momento culminante para la formación de un gran frente del pueblo trabajador y explotado que reclame una política independiente, democrática y reivindicativa de las verdaderas demandas que en esta hora de crisis afecta al pueblo trabajador: empleos, educación para sus hijos, salud para sus mujeres, vivienda y bienestar para la mayoría abrumadora de la población y, por supuesto, el cese de la militarización.
Como decíamos al principio, la militarización de Calderón es la respuesta preventiva a la rebelión de las masas populares que se avecina. Si el PAN continua en el poder ejecutivo o si el PRI regresa a Los Pinos, ese curso no se detendrá. Es el curso de un grupo gobernante y a través de él de las clases dominantes nacionales e imperialistas que se preparan desde hoy para aplastar en embrión la rebelión que se avecina.
Luchar contra la militarización es preparar el camino para luchas más amplias y profundas de las masas populares por sus intereses inmediatos, a saber, por su bienestar social que impida que paguen la crisis de un sistema que las explota y oprime y en especial por el objetivo esencial del combate por la fundación del nuevo México socialista y democrático del futuro.
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