¿Legalizar la arbitrariedad y la censura?

Editorial La Jornada

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, envió el pasado miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa para renovar el Código de Procedimientos Penales que daría margen legal para realizar detenciones arbitrarias en caso de urgencia, incorporaría al marco legal del país un sistema de investigación sin autorización judicial, que incluya el cateo de domicilios por denuncia anónima, la revisión de personas y vehículos y la intervención de comunicaciones entre particulares, y sentaría las bases para integrar un cuerpo de agentes infiltrados.

Tales medidas, se sabe desde siempre, no llevan al mejoramiento de la seguridad pública, sino a la instalación de un Estado policial, a la criminalización de las disidencias políticas y sociales y a una mayor desprotección de la sociedad en su conjunto. La criminalidad no va a reducirse por la vía de disminuir o cancelar derechos, libertades y garantías y abrir resquicios jurídicos en los que puedan prosperar con impunidad la represión, la venganza política y otras conductas discrecionales, abusivas y autoritarias.

Es pertinente analizar con más detalle un punto particular de la iniciativa: la posibilidad de restringir e incluso impedir la difusión de información relacionada con secuestros que ponga en riesgo la intimidad y la privacidad de la víctima u ofendido, de testigos o menores de edad, a efecto de garantizar su protección.

Para efectos prácticos, la interpretación de semejante normativa podría traducirse en una prohibición general de informar sobre la comisión de secuestros, modalidad delictiva que se ha incrementado durante la administración en curso, y no por culpa de los medios. Sin embargo, la eliminación de menciones de éste u otros delitos en páginas y noticieros no produciría una disminución de los secuestros ni atenuaría en forma alguna la desprotección de sus víctimas; simplemente, daría paso a una sociedad más desinformada y, por ello, más vulnerable.

En términos generales, la tarea de informar requiere de responsabilidad y conciencia de las posibles implicaciones y consecuencias de lo que se difunde. En el marco legal actual del país existen instrumentos para castigar a informadores y medios que afecten a terceros o, peor aún, que faciliten las tareas de la criminalidad y obstaculicen las de las autoridades. Fuera de esos casos, la regulación con que deben operar los medios de comunicación debe derivar de la prudencia, la ética y el rigor periodístico de los propios informadores, así como de la opinión pública a la que se deben; la mayor sanción imaginable, en esta lógica, es la pérdida de credibilidad y el repudio social.

La pretensión de regular por medio de leyes el ejercicio informativo en cualquier tema o modalidad equivale a proponer una restitución de facultades censoras formales abolidas desde hace mucho tiempo. Si, careciendo de ellas, el poder público ha logrado en diversos momentos encuadrar a informadores y medios en una uniformidad noticiosa muy próxima al discurso oficial, cabe imaginarse lo que podría ocurrir si se fijara un margen legal para que autoridades de distintos niveles decidieran qué se puede publicar y difundir y qué no.

Si la posibilidad de que el poder público se erija en instancia de control informativo resulta inadmisible bajo cualquier régimen, lo es aún más bajo uno que ha incumplido responsabilidades constitucionales elementales en materia de preservación de la seguridad, la paz pública y las garantías individuales; que ha alimentado el uso abusivo y distorsionado de las leyes e instituciones del país, y que ha contribuido, con ello, a un quebranto generalizado del estado de derecho. Habida cuenta de la proliferación de abusos y atropellos contra la población civil en el contexto de la militarización del territorio, y del uso faccioso de las instancias de procuración de justicia, hay razones para temer que el código referido, de ser aprobado, daría lugar a abusos y extralimitaciones en el control de la información.

Cuando se ensancha el margen de maniobra para que el poder político actúe en forma abusiva y autoritaria se incrementan las probabilidades de que termine por hacerlo. Cabe demandar, en suma, que la propuesta comentada sea rechazada por el Legislativo, y que la sociedad en su conjunto se mantenga alerta y se oponga a los intentos por reducir los derechos, libertades y garantías que constituyen arduas conquistas históricas. Su defensa no sólo no es incompatible con el combate a la criminalidad sino que constituye, a fin de cuentas, la principal razón de ser del Estado.