Una investigación auspiciada por Estados Unidos revela que en la frontera norte existen 5 mil células de tratantes de personas, y documenta que la mayoría de las mujeres son secuestradas
NATIONAL CITY, California.— A comienzos de 2004, Marisa Ugarte consiguió que el Departamento de Estado de Estados Unidos financiara parte de una investigación que la llevaría al centro de las ciudades fronterizas del lado mexicano en las que ella había documentado la operación extraordinaria de grupos involucrados en la trata de personas.
Lo que halló en sus incursiones de dos años en zonas de bares y prostíbulos de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana reafirmó lo que ya muchas organizaciones civiles habían revelado: la corrupción y participación de autoridades en el negocio criminal convertía a estas ciudades en un paraíso para esclavizar sexualmente a mujeres, infantes y varones, lo mismo que para subordinarlos a trabajos forzados en uno y otro lado de la frontera. Pero en una segunda fase del trabajo de campo, que comenzó en 2008 y mantiene hasta hoy, obtuvo el dato más inquietante de todos.
Ugarte centró sus esfuerzos en descubrir detalles operativos en Mexicali, Tecate y Tijuana, las tres zonas más populosas de la frontera bajacaliforniana. Y en ellas censó alrededor de 5 mil células inmiscuidas en la trata.
La dirigente del Corredor de Seguridad Binacional Tijuana-San Diego, una organización que durante dos décadas ha trabajado en el rescate y asesoramiento de víctimas de tráfico y explotación humana, se metió en cada burdel, cantina, hotel y calle donde se ejerce el comercio sexual y se agrupa a migrantes. Ugarte dice que fue una investigación que contó con mucho menor presupuesto que la primera, y fue justo la falta de recursos lo que la obligó a levantar, ella misma, muchas de las entrevistas con víctimas y victimarios. El dato de los 5 mil activos dentro de la industria la estremeció, pero hasta cierto punto lo encuentra lógico.
Cuatro años atrás, en Tijuana, un taxista le ofreció en venta un niño de cinco años. “Me dijo que podía hacer con él lo que quisiera”. Por eso, cuenta, el asombro no le llegó por el drama de los individuos, sino por la complejidad y magnitud de quienes se volcaron al negocio de la trata de humanos en un periodo relativamente corto.
Ugarte clasificó las operaciones en 10 rubros fundamentales, que van desde el traslado, almacenamiento y cruce de personas, al manejo financiero y blanqueo de dinero, y los operadores se encuentran indistintamente entre la clase empresarial, política, policial y criminal tanto de México como de Estados Unidos.
“Cada célula es independiente y se venden servicios unos a otros”, explica. “Esto nos revela qué tan organizados están y también por qué no se pelean entre sí. Cada quien tiene un lugar, un movimiento, un transporte, un aseguramiento, un manejo de documentación falsa. Todo lo que haga falta”.
Las células descritas por la activista pueden estar constituidas por cuatro o cinco individuos o por más de un centenar. Las grandes organizaciones son, por lo general, células que en origen se dedicaban al tráfico de estupefacientes y por ello mismo suelen ser las que dominan las rutas de trasiego, aseguramiento y explotación de humanos. “Por eso es un negocio de alto riesgo. Hay muchas zonas a las que ya no puedo ir y no sólo en México, sino aquí mismo, al norte de San Diego, porque allí es donde operan las grandes estructuras criminales, como la mafia rusa, la china y la mexicana”, dice.
El sur de California, un hervidero
El local de la organización que dirige Ugarte se localiza sobre el Boulevard National City, a unos cuantos metros de los límites con la ciudad de San Diego. La zona está a poca distancia de la base naval, y de noche, cuando cierra sus puertas, el frente del establecimiento se convierte en pasarela de extranjeras ofertando sexo.
En una de las paredes del local la activista tiene un mapa de la zona conurbada de San Diego. Tiene señalados con puntos rojos los sitios donde se ejerce el comercio sexual y uno de esos puntos es justo afuera de sus oficinas. A muchas de las mujeres y hombres que salen a esas calles se les obliga a vender su cuerpo, pero las autoridades no investigan los casos como trata.
“Hay mucho racismo en esto también, y muchos intereses. El razonamiento que suelen tener las agencias de investigación es que una víctima de trata puede aspirar a una visa humanitaria, así que mejor atienden el caso como un asunto de delincuencia común”, expresa Ugarte.
Pero el fenómeno no sólo se constriñe al ámbito sexual. El año pasado, el Centro de Promoción Social, un conglomerado de organizaciones defensoras de los derechos humanos en San Diego, realizó una encuesta en conjunto con la Universidad de Cornell. Entrevistaron a 505 miembros de una comunidad de migrantes, de los cuales 321 reportaron información para considerarlos víctimas de trata humana. A esos 321 los dividieron en dos categorías: los que trabajaban con pagas miserables y bajo amenaza, y los que recibían cheques sin fondos o no les pagaban, o sus contratantes se les escondían y los hacían trabajar en zonas de alto riesgo, amenazados con dañar a sus familias si desertaban.
Durante 2010, en esa misma zona fueron denunciados mil 262 incidentes de explotación y trata. Los datos del Centro de Pr
omoción Social indican que 16% cruzó en transporte colectivo y sin documentos; 19% llegó bajo engaño de los empleadores; 14% recibió amenazas una vez que arribaron a las zonas de trabajo; 38% declaró ser víctima de explotación laboral y de abuso físico y emocional, y 13% dijo tener restricciones dentro del trabajo que están permitidas por la ley.
El sur de California es un hervidero de violaciones a los derechos humanos y laborales, pero también escenario febril de prostitución forzada en los campos agrícolas desde hace por lo menos una década, dice Heriberto García, procurador de los Derechos Humanos en Baja California. La forma en cómo se han percatado de esa práctica es a través de las organizaciones que trabajan en la parte estadounidense. En la oficina del procurador existen testimonios suficientes para saber, por ejemplo, que las mujeres —cuyo rango de edad va de los 16 a los 45 años— suelen ser secuestradas en estados del centro y sur mexicano, como Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
“Hemos logrado saber que algunas de estas mujeres son internadas furtivamente a Estados Unidos con la finalidad única de ser explotadas sexualmente en los campos agrícolas, donde todo tiene un precio: sexo con condón, sin condón; por cavidad anal, oral o vaginal”, refiere García.
La esclavitud sexual en los campos agrícolas se agudizó en 2009. Los jornaleros, la inmensa mayoría indocumentados, optaron por no abandonar sus centros de trabajo para evitar una deportación y eso fue aprovechado por las redes de trata, explica.
Los casos que han logrado conocer directamente en sus oficinas, sin embargo, son desalentadores: únicamente dos en ocho años, y en ninguno de ellos las víctimas quisieron denunciar por vía penal.
“Son cifras que pueden parecer insignificantes, pero que nos revelan primero que nada que hay desconfianza, temor y desconocimiento para denunciar”, dice García.
Agencias de modelos, un disfraz
La alta incidencia de casos de secuestros con propósitos de explotación sexual obligó a muchas organizaciones civiles a adentrarse en el oscuro laberinto de complicidades, corrupción y crimen que se teje en torno al fenómeno. Una de ellas fue la Asociación Ciudadana contra la Impunidad, originalmente concebida para tratar casos de desaparición forzada, atribuidas al Ejército y la policía.
En 2008, los padres de tres menores de edad acudieron ante Cristina Palacios de Hodoyán, directora de dicha organización. Buscaban desesperadamente ayuda después de que sus hijas, todas menores de edad, desaparecieron súbitamente. Las tres formaban un grupo de ocho edecanes —“todas jóvenes y hermosas”— que presumiblemente fueron secuestradas para obligarlas a prostituirse.
Posteriormente, en 2010, las madres de otras dos mujeres, de 17 y 18 años, buscaron también la asesoría de Palacios por un caso idéntico de desaparición.
“Nosotros pensamos que no hay duda de la suerte de todas ellas, pero lamentablemente las autoridades ministeriales del estado no han investigado nada, por corruptos o porque tienen miedo. El caso es que la impunidad está presente no sólo en estos 10 casos, sino en muchos más”, dice Palacios.
El mismo temor de las víctimas para delatar a sus verdugos anida en activistas incluso del aparato estatal, como Heriberto García, el procurador de los Derechos Humanos de Baja California. Es debido a ello que existe “una gran opacidad en el tema de la trata de personas”, reconoce.
Puede que el comercio forzado de sexo a través de agencias de modelos sea un disfraz que permite desatenderse de investigaciones a las autoridades, pero ello puede verse sin recato en hoteles, bares y banquetas de la calle Coahuila y de sus alrededores, el punto neurálgico de la prostitución en Tijuana.
Las trabajadoras sexuales esperan y ofrecen servicio mezcladas entre policías y padrotes. Las más jóvenes y tímidas suelen operar a las afueras de pequeños prostíbulos, vigiladas de cerca por sus explotadores. Son jóvenes provenientes del centro y sur de México cuyas cuotas no sobrepasan los 200 pesos por media hora.
En el interior de los bares, como Las Adelitas, el perfil de las sexoservidoras cambia. Son mujeres con implantes, extranjeras y mexicanas que cobran 60 dólares por 20 minutos.
Es difícil saber cuáles están contra su voluntad, dice el procurador García. “Habría que ver caso por caso, porque nosotros, como organismo, no hemos detectado víctimas en forma específica”.
En el edificio que ocupa el Corredor de Seguridad Binacional, en National City, Marisa Ugarte se encamina hacia un pequeño apartado, en la segunda planta. Es el banco de archivos. Se coloca de pie junto a un mueble metálico de cuatro cajones. Abre dos de ellos para mostrar su contenido. A la vista saltan un centenar de expedientes, clasificados en carpetas azules y cremas. Los primeros corresponden a víctimas extranjeras, la mayoría de Somalia, Etiopía, Rusia, Ucrania, Irak, India, Malasia, China, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Argentina. Los segundos a mexicanas. Todas han sido rescatadas por ella de la esclavitud en los últimos tres años.
“Sólo debo decir una cosa: cada grupo étnico tiene un enclave, un lugar en donde los ocultan, y yo ya recorrí todos”, afirma. “Si quieres esconder rusas o polacas, vete a Ensenada; si quieres ocultar chinos y coreanos, ve a Mexicali. Este negocio es inmenso, multimillonario. Y si quieres atacarlo vas a pisar muchos callos. Por eso existe mucho miedo. Pero el fenómeno está aquí, en las calles, totalmente visible”.
EU, el gran receptor de víctimas
En la más populosa de las urbes mexicanas que colindan con Estados Unidos, el comercio sexual es inocultable. La oferta lo mismo puede surgir de falsas agencias de modelaje que de las bulliciosas calles del centro.
“La verdadera industria del sexo la encuentras en Tijuana. Esa es la meca en México y uno de los principales puntos de referencia sobre trata y tráfico que existe en Latinoamérica”, refiere Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste.
Sin embargo, es Estados Unidos el gran receptor de víctimas del secuestro con fines de comercio sexual. Muchas de ellas, procedentes de Europa del este, Asia, África, México, Centro y Sudamérica, atraviesan por las principales ciudades de la frontera mexicana, y la más activa de ellas es Tijuana.
Las activistas de Líderes Campesinas, una agrupación de trabajadoras agrícolas de California, ha denunciado durante años la explotación laboral y el acoso sexual contra mujeres en muchas zonas de cultivo del sur de Estados Unidos.
“La comunidad femenina no tiene la confianza de comentarlo, siquiera. Es un tema muy delicado en el que hemos estado trabajando los últimos meses. Este es un trabajo que requiere un largo proceso”, asegura sobre ello Ramona Félix, una de las activistas de Líderes Campesinas en los campos agrícolas de Coachella.
Ella y muchas otras integrantes de la organización han repartido tarjetas informativas en las que se explica lo que es la trata de personas y el tráfico humano. En ellas se incluyen números telefónicos en los que se les atenderá de manera confidencial, pero hasta hoy nadie ha denunciado un caso.
“Lo que nos dicen es que han escuchado de alguien que está viviendo esas circunstancias, pero es todo. La gente todavía no se anima muy bien para hablarnos abiertamente sobre el tema y eso es, insisto, por el miedo que los domina”, explica Ramona Félix.
NATIONAL CITY, California.— A comienzos de 2004, Marisa Ugarte consiguió que el Departamento de Estado de Estados Unidos financiara parte de una investigación que la llevaría al centro de las ciudades fronterizas del lado mexicano en las que ella había documentado la operación extraordinaria de grupos involucrados en la trata de personas.
Lo que halló en sus incursiones de dos años en zonas de bares y prostíbulos de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana reafirmó lo que ya muchas organizaciones civiles habían revelado: la corrupción y participación de autoridades en el negocio criminal convertía a estas ciudades en un paraíso para esclavizar sexualmente a mujeres, infantes y varones, lo mismo que para subordinarlos a trabajos forzados en uno y otro lado de la frontera. Pero en una segunda fase del trabajo de campo, que comenzó en 2008 y mantiene hasta hoy, obtuvo el dato más inquietante de todos.
Ugarte centró sus esfuerzos en descubrir detalles operativos en Mexicali, Tecate y Tijuana, las tres zonas más populosas de la frontera bajacaliforniana. Y en ellas censó alrededor de 5 mil células inmiscuidas en la trata.
La dirigente del Corredor de Seguridad Binacional Tijuana-San Diego, una organización que durante dos décadas ha trabajado en el rescate y asesoramiento de víctimas de tráfico y explotación humana, se metió en cada burdel, cantina, hotel y calle donde se ejerce el comercio sexual y se agrupa a migrantes. Ugarte dice que fue una investigación que contó con mucho menor presupuesto que la primera, y fue justo la falta de recursos lo que la obligó a levantar, ella misma, muchas de las entrevistas con víctimas y victimarios. El dato de los 5 mil activos dentro de la industria la estremeció, pero hasta cierto punto lo encuentra lógico.
Cuatro años atrás, en Tijuana, un taxista le ofreció en venta un niño de cinco años. “Me dijo que podía hacer con él lo que quisiera”. Por eso, cuenta, el asombro no le llegó por el drama de los individuos, sino por la complejidad y magnitud de quienes se volcaron al negocio de la trata de humanos en un periodo relativamente corto.
Ugarte clasificó las operaciones en 10 rubros fundamentales, que van desde el traslado, almacenamiento y cruce de personas, al manejo financiero y blanqueo de dinero, y los operadores se encuentran indistintamente entre la clase empresarial, política, policial y criminal tanto de México como de Estados Unidos.
“Cada célula es independiente y se venden servicios unos a otros”, explica. “Esto nos revela qué tan organizados están y también por qué no se pelean entre sí. Cada quien tiene un lugar, un movimiento, un transporte, un aseguramiento, un manejo de documentación falsa. Todo lo que haga falta”.
Las células descritas por la activista pueden estar constituidas por cuatro o cinco individuos o por más de un centenar. Las grandes organizaciones son, por lo general, células que en origen se dedicaban al tráfico de estupefacientes y por ello mismo suelen ser las que dominan las rutas de trasiego, aseguramiento y explotación de humanos. “Por eso es un negocio de alto riesgo. Hay muchas zonas a las que ya no puedo ir y no sólo en México, sino aquí mismo, al norte de San Diego, porque allí es donde operan las grandes estructuras criminales, como la mafia rusa, la china y la mexicana”, dice.
El sur de California, un hervidero
El local de la organización que dirige Ugarte se localiza sobre el Boulevard National City, a unos cuantos metros de los límites con la ciudad de San Diego. La zona está a poca distancia de la base naval, y de noche, cuando cierra sus puertas, el frente del establecimiento se convierte en pasarela de extranjeras ofertando sexo.
En una de las paredes del local la activista tiene un mapa de la zona conurbada de San Diego. Tiene señalados con puntos rojos los sitios donde se ejerce el comercio sexual y uno de esos puntos es justo afuera de sus oficinas. A muchas de las mujeres y hombres que salen a esas calles se les obliga a vender su cuerpo, pero las autoridades no investigan los casos como trata.
“Hay mucho racismo en esto también, y muchos intereses. El razonamiento que suelen tener las agencias de investigación es que una víctima de trata puede aspirar a una visa humanitaria, así que mejor atienden el caso como un asunto de delincuencia común”, expresa Ugarte.
Pero el fenómeno no sólo se constriñe al ámbito sexual. El año pasado, el Centro de Promoción Social, un conglomerado de organizaciones defensoras de los derechos humanos en San Diego, realizó una encuesta en conjunto con la Universidad de Cornell. Entrevistaron a 505 miembros de una comunidad de migrantes, de los cuales 321 reportaron información para considerarlos víctimas de trata humana. A esos 321 los dividieron en dos categorías: los que trabajaban con pagas miserables y bajo amenaza, y los que recibían cheques sin fondos o no les pagaban, o sus contratantes se les escondían y los hacían trabajar en zonas de alto riesgo, amenazados con dañar a sus familias si desertaban.
Durante 2010, en esa misma zona fueron denunciados mil 262 incidentes de explotación y trata. Los datos del Centro de Pr
omoción Social indican que 16% cruzó en transporte colectivo y sin documentos; 19% llegó bajo engaño de los empleadores; 14% recibió amenazas una vez que arribaron a las zonas de trabajo; 38% declaró ser víctima de explotación laboral y de abuso físico y emocional, y 13% dijo tener restricciones dentro del trabajo que están permitidas por la ley.El sur de California es un hervidero de violaciones a los derechos humanos y laborales, pero también escenario febril de prostitución forzada en los campos agrícolas desde hace por lo menos una década, dice Heriberto García, procurador de los Derechos Humanos en Baja California. La forma en cómo se han percatado de esa práctica es a través de las organizaciones que trabajan en la parte estadounidense. En la oficina del procurador existen testimonios suficientes para saber, por ejemplo, que las mujeres —cuyo rango de edad va de los 16 a los 45 años— suelen ser secuestradas en estados del centro y sur mexicano, como Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
“Hemos logrado saber que algunas de estas mujeres son internadas furtivamente a Estados Unidos con la finalidad única de ser explotadas sexualmente en los campos agrícolas, donde todo tiene un precio: sexo con condón, sin condón; por cavidad anal, oral o vaginal”, refiere García.
La esclavitud sexual en los campos agrícolas se agudizó en 2009. Los jornaleros, la inmensa mayoría indocumentados, optaron por no abandonar sus centros de trabajo para evitar una deportación y eso fue aprovechado por las redes de trata, explica.
Los casos que han logrado conocer directamente en sus oficinas, sin embargo, son desalentadores: únicamente dos en ocho años, y en ninguno de ellos las víctimas quisieron denunciar por vía penal.
“Son cifras que pueden parecer insignificantes, pero que nos revelan primero que nada que hay desconfianza, temor y desconocimiento para denunciar”, dice García.
Agencias de modelos, un disfraz
La alta incidencia de casos de secuestros con propósitos de explotación sexual obligó a muchas organizaciones civiles a adentrarse en el oscuro laberinto de complicidades, corrupción y crimen que se teje en torno al fenómeno. Una de ellas fue la Asociación Ciudadana contra la Impunidad, originalmente concebida para tratar casos de desaparición forzada, atribuidas al Ejército y la policía.
En 2008, los padres de tres menores de edad acudieron ante Cristina Palacios de Hodoyán, directora de dicha organización. Buscaban desesperadamente ayuda después de que sus hijas, todas menores de edad, desaparecieron súbitamente. Las tres formaban un grupo de ocho edecanes —“todas jóvenes y hermosas”— que presumiblemente fueron secuestradas para obligarlas a prostituirse.
Posteriormente, en 2010, las madres de otras dos mujeres, de 17 y 18 años, buscaron también la asesoría de Palacios por un caso idéntico de desaparición.
“Nosotros pensamos que no hay duda de la suerte de todas ellas, pero lamentablemente las autoridades ministeriales del estado no han investigado nada, por corruptos o porque tienen miedo. El caso es que la impunidad está presente no sólo en estos 10 casos, sino en muchos más”, dice Palacios.
El mismo temor de las víctimas para delatar a sus verdugos anida en activistas incluso del aparato estatal, como Heriberto García, el procurador de los Derechos Humanos de Baja California. Es debido a ello que existe “una gran opacidad en el tema de la trata de personas”, reconoce.
Puede que el comercio forzado de sexo a través de agencias de modelos sea un disfraz que permite desatenderse de investigaciones a las autoridades, pero ello puede verse sin recato en hoteles, bares y banquetas de la calle Coahuila y de sus alrededores, el punto neurálgico de la prostitución en Tijuana.
Las trabajadoras sexuales esperan y ofrecen servicio mezcladas entre policías y padrotes. Las más jóvenes y tímidas suelen operar a las afueras de pequeños prostíbulos, vigiladas de cerca por sus explotadores. Son jóvenes provenientes del centro y sur de México cuyas cuotas no sobrepasan los 200 pesos por media hora.
En el interior de los bares, como Las Adelitas, el perfil de las sexoservidoras cambia. Son mujeres con implantes, extranjeras y mexicanas que cobran 60 dólares por 20 minutos.
Es difícil saber cuáles están contra su voluntad, dice el procurador García. “Habría que ver caso por caso, porque nosotros, como organismo, no hemos detectado víctimas en forma específica”.
En el edificio que ocupa el Corredor de Seguridad Binacional, en National City, Marisa Ugarte se encamina hacia un pequeño apartado, en la segunda planta. Es el banco de archivos. Se coloca de pie junto a un mueble metálico de cuatro cajones. Abre dos de ellos para mostrar su contenido. A la vista saltan un centenar de expedientes, clasificados en carpetas azules y cremas. Los primeros corresponden a víctimas extranjeras, la mayoría de Somalia, Etiopía, Rusia, Ucrania, Irak, India, Malasia, China, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Argentina. Los segundos a mexicanas. Todas han sido rescatadas por ella de la esclavitud en los últimos tres años.
“Sólo debo decir una cosa: cada grupo étnico tiene un enclave, un lugar en donde los ocultan, y yo ya recorrí todos”, afirma. “Si quieres esconder rusas o polacas, vete a Ensenada; si quieres ocultar chinos y coreanos, ve a Mexicali. Este negocio es inmenso, multimillonario. Y si quieres atacarlo vas a pisar muchos callos. Por eso existe mucho miedo. Pero el fenómeno está aquí, en las calles, totalmente visible”.
EU, el gran receptor de víctimas
En la más populosa de las urbes mexicanas que colindan con Estados Unidos, el comercio sexual es inocultable. La oferta lo mismo puede surgir de falsas agencias de modelaje que de las bulliciosas calles del centro.
“La verdadera industria del sexo la encuentras en Tijuana. Esa es la meca en México y uno de los principales puntos de referencia sobre trata y tráfico que existe en Latinoamérica”, refiere Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste.
Sin embargo, es Estados Unidos el gran receptor de víctimas del secuestro con fines de comercio sexual. Muchas de ellas, procedentes de Europa del este, Asia, África, México, Centro y Sudamérica, atraviesan por las principales ciudades de la frontera mexicana, y la más activa de ellas es Tijuana.
Las activistas de Líderes Campesinas, una agrupación de trabajadoras agrícolas de California, ha denunciado durante años la explotación laboral y el acoso sexual contra mujeres en muchas zonas de cultivo del sur de Estados Unidos.
“La comunidad femenina no tiene la confianza de comentarlo, siquiera. Es un tema muy delicado en el que hemos estado trabajando los últimos meses. Este es un trabajo que requiere un largo proceso”, asegura sobre ello Ramona Félix, una de las activistas de Líderes Campesinas en los campos agrícolas de Coachella.
Ella y muchas otras integrantes de la organización han repartido tarjetas informativas en las que se explica lo que es la trata de personas y el tráfico humano. En ellas se incluyen números telefónicos en los que se les atenderá de manera confidencial, pero hasta hoy nadie ha denunciado un caso.
“Lo que nos dicen es que han escuchado de alguien que está viviendo esas circunstancias, pero es todo. La gente todavía no se anima muy bien para hablarnos abiertamente sobre el tema y eso es, insisto, por el miedo que los domina”, explica Ramona Félix.
El triángulo de la prostitución forzada
Una investigación auspiciada por Estados Unidos revela que en la frontera norte existen 5 mil células de tratantes de personas, y documenta que la mayoría de las mujeres son secuestradasNATIONAL CITY, California.— A comienzos de 2004, Marisa Ugarte consiguió que el Departamento de Estado de Estados Unidos financiara parte de una investigación que la llevaría al centro de las ciudades fronterizas del lado mexicano en las que ella habí
a documentado la operación extraordinaria de grupos involucrados en la trata de personas.Lo que halló en sus incursiones de dos años en zonas de bares y prostíbulos de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana reafirmó lo que ya muchas organizaciones civiles habían revelado: la corrupción y participación de autoridades en el negocio criminal convertía a estas ciudades en un paraíso para esclavizar sexualmente a mujeres, infantes y varones, lo mismo que para subordinarlos a trabajos forzados en uno y otro lado de la frontera. Pero en una segunda fase del trabajo de campo, que comenzó en 2008 y mantiene hasta hoy, obtuvo el dato más inquietante de todos.
Ugarte centró sus esfuerzos en descubrir detalles operativos en Mexicali, Tecate y Tijuana, las tres zonas más populosas de la frontera bajacaliforniana. Y en ellas censó alrededor de 5 mil células inmiscuidas en la trata.
La dirigente del Corredor de Seguridad Binacional Tijuana-San Diego, una organización que durante dos décadas ha trabajado en el rescate y asesoramiento de víctimas de tráfico y explotación humana, se metió en cada burdel, cantina, hotel y calle donde se ejerce el comercio sexual y se agrupa a migrantes. Ugarte dice que fue una investigación que contó con mucho menor presupuesto que la primera, y fue justo la falta de recursos lo que la obligó a levantar, ella misma, muchas de las entrevistas con víctimas y victimarios. El dato de los 5 mil activos dentro de la industria la estremeció, pero hasta cierto punto lo encuentra lógico.
Cuatro años atrás, en Tijuana, un taxista le ofreció en venta un niño de cinco años. “Me dijo que podía hacer con él lo que quisiera”. Por eso, cuenta, el asombro no le llegó por el drama de los individuos, sino por la complejidad y magnitud de quienes se volcaron al negocio de la trata de humanos en un periodo relativamente corto.
Ugarte clasificó las operaciones en 10 rubros fundamentales, que van desde el traslado, almacenamiento y cruce de personas, al manejo financiero y blanqueo de dinero, y los operadores se encuentran indistintamente entre la clase empresarial, política, policial y criminal tanto de México como de Estados Unidos.
“Cada célula es independiente y se venden servicios unos a otros”, explica. “Esto nos revela qué tan organizados están y también por qué no se pelean entre sí. Cada quien tiene un lugar, un movimiento, un transporte, un aseguramiento, un manejo de documentación falsa. Todo lo que haga falta”.
Las células descritas por la activista pueden estar constituidas por cuatro o cinco individuos o por más de un centenar. Las grandes organizaciones son, por lo general, células que en origen se dedicaban al tráfico de estupefacientes y por ello mismo suelen ser las que dominan las rutas de trasiego, aseguramiento y explotación de humanos. “Por eso es un negocio de alto riesgo. Hay muchas zonas a las que ya no puedo ir y no sólo en México, sino aquí mismo, al norte de San Diego, porque allí es donde operan las grandes estructuras criminales, como la mafia rusa, la china y la mexicana”, dice.
El sur de California, un hervidero
El local de la organización que dirige Ugarte se localiza sobre el Boulevard National City, a unos cuantos metros de los límites con la ciudad de San Diego. La zona está a poca distancia de la base naval, y de noche, cuando cierra sus puertas, el frente del establecimiento se convierte en pasarela de extranjeras ofertando sexo.
En una de las paredes del local la activista tiene un mapa de la zona conurbada de San Diego. Tiene señalados con puntos rojos los sitios donde se ejerce el comercio sexual y uno de esos puntos es justo afuera de sus oficinas. A muchas de las mujeres y hombres que salen a esas calles se les obliga a vender su cuerpo, pero las autoridades no investigan los casos como trata.
“Hay mucho racismo en esto también, y muchos intereses. El razonamiento que suelen tener las agencias de investigación es que una víctima de trata puede aspirar a una visa humanitaria, así que mejor atienden el caso como un asunto de delincuencia común”, expresa Ugarte.
Pero el fenómeno no sólo se constriñe al ámbito sexual. El año pasado, el Centro de Promoción Social, un conglomerado de organizaciones defensoras de los derechos humanos en San Diego, realizó una encuesta en conjunto con la Universidad de Cornell. Entrevistaron a 505 miembros de una comunidad de migrantes, de los cuales 321 reportaron información para considerarlos víctimas de trata humana. A esos 321 los dividieron en dos categorías: los que trabajaban con pagas miserables y bajo amenaza, y los que recibían cheques sin fondos o no les pagaban, o sus contratantes se les escondían y los hacían trabajar en zonas de alto riesgo, amenazados con dañar a sus familias si desertaban.
Durante 2010, en esa misma zona fueron denunciados mil 262 incidentes de explotación y trata. Los datos del Centro de Promoción Social indican que 16% cruzó en transporte colectivo y sin documentos; 19% llegó bajo engaño de los empleadores; 14% recibió amenazas una vez que arribaron a las zonas de trabajo; 38% declaró ser víctima de explotación laboral y de abuso físico y emocional, y 13% dijo tener restricciones dentro del trabajo que están permitidas por la ley.
El sur de California es un hervidero de violaciones a los derechos humanos y laborales, pero también escenario febril de prostitución forzada en los campos agrícolas desde hace por lo menos una década, dice Heriberto García, procurador de los Derechos Humanos en Baja California. La forma en cómo se han percatado de esa práctica es a través de las organizaciones que trabajan en la parte estadounidense. En la oficina del procurador existen testimonios suficientes para saber, por ejemplo, que las mujeres —cuyo rango de edad va de los 16 a los 45 años— suelen ser secuestradas en estados del centro y sur mexicano, como Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
“Hemos logrado saber que algunas de estas mujeres son internadas furtivamente a Estados Unidos con la finalidad única de ser explotadas sexualmente en los campos agrícolas, donde todo tiene un precio: sexo con condón, sin condón; por cavidad anal, oral o vaginal”, refiere García.
La esclavitud sexual en los campos agrícolas se agudizó en 2009. Los jornaleros, la inmensa mayoría indocumentados, optaron por no abandonar sus centros de trabajo para evitar una deportación y eso fue aprovechado por las redes de trata, explica.
Los casos que han logrado conocer directamente en sus oficinas, sin embargo, son desalentadores: únicamente dos en ocho años, y en ninguno de ellos las víctimas quisieron denunciar por vía penal.
“Son cifras que pueden parecer insignificantes, pero que nos revelan primero que nada que hay desconfianza, temor y desconocimiento para denunciar”, dice García.
Agencias de modelos, un disfraz
La alta incidencia de casos de secuestros con propósitos de explotación sexual obligó a muchas organizaciones civiles a adentrarse en el oscuro laberinto de complicidades, corrupción y crimen que se teje en torno al fenómeno. Una de ellas fue la Asociación Ciudadana contra la Impunidad, originalmente concebida para tratar casos de desaparición forzada, atribuidas al Ejército y la policía.
En 2008, los padres de tres menores de edad acudieron ante Cristina Palacios de Hodoyán, directora de dicha organización. Buscaban desesperadamente ayuda después de que sus hijas, todas menores de edad, desaparecieron súbitamente. Las tres formaban un grupo de ocho edecanes —“todas jóvenes y hermosas”— que presumiblemente fueron secuestradas para obligarlas a prostituirse.
Posteriormente, en 2010, las madres de otras dos mujeres, de 17 y 18 años, buscaron también la asesoría de Palacios por un caso idéntico de desaparición.
“Nosotros pensamos que no hay duda de la suerte de todas ellas, pero lamentablemente las autoridades ministeriales del estado no han investigado nada, por corruptos o porque tienen miedo. El caso es que la impunidad está presente no sólo en estos 10 casos, sino en muchos más”, dice Palacios.
El mismo temor de las víctimas para delatar a sus verdugos anida en activistas incluso del aparato estatal, como Heriberto García, el procurador de los Derechos Humanos de Baja California. Es debido a ello que existe “una gran opacidad en el tema de la trata de personas”, reconoce.
Puede que el comercio forzado de sexo a través de agencias de modelos sea un disfraz que permite desatenderse de investigaciones a las autoridades, pero ello puede verse sin recato en hoteles, bares y banquetas de la calle Coahuila y de sus alrededores, el punto neurálgico de la prostitución en Tijuana.
Las trabajadoras sexuales esperan y ofrecen servicio mezcladas entre policías y padrotes. Las más jóvenes y tímidas suelen operar a las afueras de pequeños prostíbulos, vigiladas de cerca por sus explotadores. Son jóvenes provenientes del centro y sur de México cuyas cuotas no sobrepasan los 200 pesos por media hora.
En el interior de los bares, como Las Adelitas, el perfil de las sexoservidoras cambia. Son mujeres con implantes, extranjeras y mexicanas que cobran 60 dólares por 20 minutos.
Es difícil saber cuáles están contra su voluntad, dice el procurador García. “Habría que ver caso por caso, porque nosotros, como organismo, no hemos detectado víctimas en forma específica”.
En el edificio que ocupa el Corredor de Seguridad Binacional, en National City, Marisa Ugarte se encamina hacia un pequeño apartado, en la segunda planta. Es el banco de archivos. Se coloca de pie junto a un mueble metálico de cuatro cajones. Abre dos de ellos para mostrar su contenido. A la vista saltan un centenar de expedientes, clasificados en carpetas azules y cremas. Los primeros corresponden a víctimas extranjeras, la mayoría de Somalia, Etiopía, Rusia, Ucrania, Irak, India, Malasia, China, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Argentina. Los segundos a mexicanas. Todas han sido rescatadas por ella de la esclavitud en los últimos tres años.
“Sólo debo decir una cosa: cada grupo étnico tiene un enclave, un lugar en donde los ocultan, y yo ya recorrí todos”, afirma. “Si quieres esconder rusas o polacas, vete a Ensenada; si quieres ocultar chinos y coreanos, ve a Mexicali. Este negocio es inmenso, multimillonario. Y si quieres atacarlo vas a pisar muchos callos. Por eso existe mucho miedo. Pero el fenómeno está aquí, en las calles, totalmente visible”.
EU, el gran receptor de víctimas
En la más populosa de las urbes mexicanas que colindan con Estados Unidos, el comercio sexual es inocultable. La oferta lo mismo puede surgir de falsas agencias de modelaje que de las bulliciosas calles del centro.
“La verdadera industria del sexo la encuentras en Tijuana. Esa es la meca en México y uno de los principales puntos de referencia sobre trata y tráfico que existe en Latinoamérica”, refiere Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste.
Sin embargo, es Estados Unidos el gran receptor de víctimas del secuestro con fines de comercio sexual. Muchas de ellas, procedentes de Europa del este, Asia, África, México, Centro y Sudamérica, atraviesan por las principales ciudades de la frontera mexicana, y la más activa de ellas es Tijuana.
Las activistas de Líderes Campesinas, una agrupación de trabajadoras agrícolas de California, ha denunciado durante años la explotación laboral y el acoso sexual contra mujeres en muchas zonas de cultivo del sur de Estados Unidos.
“La comunidad femenina no tiene la confianza de comentarlo, siquiera. Es un tema muy delicado en el que hemos estado trabajando los últimos meses. Este es un trabajo que requiere un largo proceso”, asegura sobre ello Ramona Félix, una de las activistas de Líderes Campesinas en los campos agrícolas de Coachella.
Ella y muchas otras integrantes de la organización han repartido tarjetas informativas en las que se explica lo que es la trata de personas y el tráfico humano. En ellas se incluyen números telefónicos en los que se les atenderá de manera confidencial, pero hasta hoy nadie ha denunciado un caso.
“Lo que nos dicen es que han escuchado de alguien que está viviendo esas circunstancias, pero es todo. La gente todavía no se anima muy bien para hablarnos abiertamente sobre el tema y eso es, insisto, por el miedo que los domina”, explica Ramona Félix.
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