Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Foto: Reuters. Fuente: http://www.bbc.co.uk
María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados de “terrorismo y sabotaje”, por difundir mensajes en Twitter, salieron libres este miércoles luego de que el gobierno de Veracruz retirara los cargos en su contra.
“La procuraduría estatal de justicia presentó esta mañana el desistimiento de la acción penal en contra de los jóvenes, hemos estado en contacto con su abogado, Fidel Ordóñez, quien ya tiene las boletas de liberación y nos indicó que la juez tercera de primera instancia emitió el acuerdo de libertad correspondiente”, declaró a CEPET Sandra García Zavaleta, jefa de información de Comunicación Social del gobierno de Veracruz.
Los jóvenes estuvieron presos 21 días en la cárcel preventiva de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, Veracruz, alrededor de 250 kilómetros distante de la ciudad de México.
Bravo Pagola y Martínez Vera fueron enviados al penal el pasado 31 de agosto, cuando la juez Beatriz Hernández dictó auto de formal prisión en su contra por publicar en sus cuentas Twitter versiones de supuestos atentados contra escuelas en Boca del Río, zona conurbada de la ciudad de Veracruz.
La liberación de los jóvenes sucede un día después de que el Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal y tipificó el delito de “perturbación del orden público”, que impone una pena de prisión de uno a cuatro años a quien por “cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos, ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud ocasionando la perturbación del orden público”.
Bravo Pagola y Martínez Vera están completamente en libertad aunque exista esta ley, pues “a hechos pasados no se aplica esta nueva ley”, declaró a través de redes sociales el abogado de los jóvenes Fernando Ordóñez.
Por su parte, Artículo 19, que promueve el derecho a la libertad de expresión e información en más de 50 países en el mundo, expresó su satisfacción por este hecho.
“Gracias a la presión de la opinión pública y de organizaciones que luchan por la libertad de expresión se comprueba de que en ningún momento existieron los elementos jurídicos ni el sustento legal para encarcelarlos” declaró al Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) el abogado Iván Alonso Báez, Oficial Adjunto del Programa Legal de Artículo 19.
“Con el objetivo de incidir en la impartición de justicia de este hecho, Artículo 19 presentó un Amicus Curiae, a través del cual argumentamos claramente y basándonos en estándares internacionales sobre derecho a la libertad de expresión” agregó el abogado.
CEPET se une a las expresiones unánimes de justicia en este caso y exhorta a las autoridades a que tomen acciones para prevenir este tipo de hechos así como agresiones a la integridad del gremio periodístico en México y sus familias. Acorde con la relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), CEPET sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo, representan un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario