Activistas piden castigo para elementos policiacos
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 24 oct 11 (CIMAC).- Integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres protestaron hoy frente a la representación del gobierno de Baja California (BC) en esta capital, por la detención “arbitraria y violenta” de seis bajacalifornianas pertenecientes a esa organización, quienes fueron agraviadas mientras realizaban un plantón como parte del movimiento de Los indignados, en la ciudad de Tijuana.
Georgina Martínez, integrante del Pacto Nacional, dijo a Cimacnoticias que además de manifestar su preocupación por la violación a los Derechos Humanos (DH) de esas mujeres, las activistas acudieron a la representación del gobierno de BC para exigir que se sancione a los policías que durante la detención las “secuestraron y amenazaron de muerte”.
Y es que, a pesar de que la protesta de “las indignadas” era pacifica y no interfería con el transito vehicular ni peatonal, la madrugada del pasado 18 de octubre unos 75 policías vestidos de negro, sin insignia o identificación, encapuchados y con armas de alto poder, “levantaron” a seis mujeres, 20 hombres y un menor de edad del plantón que mantenían en Tijuana.
Durante las primeras horas de la detención, “las trajeron secuestradas, las intimidaron, insultaron y amenazaron de muerte, violaron todos sus derechos”, acusaron en el mitin las integrantes del Pacto Nacional.
De acuerdo con las inconformes, las autoridades argumentaron que las y los activistas fueron confundidos con integrantes del crimen organizado, y por ello el campamento (casas de campaña, computadoras y cafeteras, entre otros aditamentos) fue desalojado.
Las seis mujeres detenidas además de formar parte del Pacto Nacional, pertenecen a la Comisión Independiente de Derechos Humanos en su estado, y han promovido los derechos sexuales y reproductivos de las habitantes de BC.
Las integrantes del Pacto Nacional sostuvieron que con la detención se violó también lo establecido en el artículo 16 constitucional, el cual señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Durante la protesta, las activistas condenaron también la impunidad en la que permanecen las agresiones de los uniformados en contra de las y los integrantes de la sociedad civil que se protestan por la situación de violencia y de crisis económica que permea en el país.
Al termino de la manifestación, Georgina Martínez entregó un escrito a Ricardo Emiliano Salazar, representante del gobierno de BC en el Distrito Federal, en el que denuncian la arbitrariedad con la que actuó la policía en el estado y solicitan que los responsables sean castigados.
El funcionario, dijo la activista, se comprometió a hacer llegar el documento a José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de BC.
En el escrito dirigido a Osuna Millán las organizaciones señalan: “Le recordamos que en la entidad que usted gobierna se ha criminalizado la decisión de las mujeres frente a la maternidad (mediante la reforma constitucional que penaliza el aborto al proteger la vida desde la fecundación); no criminalice también la protesta social, porque los ojos del país y del mundo estarán ahí para documentar los agravios”.
La activista añadió que darán seguimiento al caso, por el que las bajacalifornianas interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y continuarán mostrando su indignación pese a la represión por parte de elementos policiacos.
“Vinimos a decirles que no nos van a detener, vamos a seguir defendiendo de nuestros derechos”, advirtió.
Indicó que es fundamental que se garantice justicia a las mujeres agredidas en el estado para que los hechos no se repitan.
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