En efecto, en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos --Pacto de San José-- se dispone que los derechos humanos de carácter político no pueden ser suspendidos en forma alguna
Por supuesto, el comentario de hoy no hace referencia a los comicios internos del Partido de la Revolución Democrática que, en cinco entidades del país, se mantienen en suspenso desde el domingo inmediato anterior, lo cual no debe sorprender ya a nadie. Y no, tampoco va en torno a la fallida –para no variar-- intentona que desde Los Pinos echó a andar hace unos meses el michoacano Felipe Calderón para que en su tierra natal no se llevaran a cabo las elecciones programadas para el 13 de noviembre venidero, so pretexto de la violencia e inseguridad que en esos lares había hasta poco antes de que “la primera hermana del país” iniciara su campaña en búsqueda de la gubernatura. No. Nada de eso.
El comentario de este día, en cambio, gira en torno a la versión que se escucha en prácticamente todos los sitios y que, con diferentes matices y colores borda en torno al panorama nada halagüeño que el propio Calderón, su delfín y su partido tienen ante sí, por lo que el ocupante de la residencia oficial bien podría optar por sacarse de la manga el decretar un estado de excepción que cancelara o pospusiera la jornada electoral del primer domingo de julio de 2012.
¿Puede Calderón suspender esas elecciones? Ganas no le faltarían, creo yo, ante la vertiginosa caída que en la aceptación popular sufre cada día su desastrosa gestión –“haiga sido como haiga sido”-- al frente de las desgastadas instituciones públicas.
Claro que se encontraría a sí mismo en disposición de cancelar esos futuros comicios si, como hasta ahora ha sucedido, su favorito Ernesto Cordero Arroyo continúa atrayendo antipatías ya por su carencia de atributos, ya por su deshilachado discurso declarativo, ya por los personajes de pésima reputación que, como Migue Ángel Yunes, aparecen como principales apoyadores y estrategas de su anticarismática anticampaña.
Por supuesto que el michoacano firmaría con gusto un decreto que declarara al país en estado de excepción –y por ende suspendiera los comicios federales--, si los cada vez más nutridos grupos de panistas prosiguen en su labor de zapa al seno del organismo blanquiazul, intentado sobreponerse y hasta revertir la imposición de candidato presidencial y a escaños y curules federales que hasta ahora les tiene deparado el autollamado –y con razón-- "hijo desobediente”.
Y sí, aunque hoy México vive una nueva y más profunda crisis –no existía hasta antes de diciembre de 2006-- que las anteriormente sorteadas, en la que todo el sistema –jurídico, político, económico, social y cultural-- se encuentra en peligro por haberse roto los límites constitucionales, la gobernabilidad, la estabilidad, el tejido social, el sentido de pertenencia a la nación, la esperanza en un futuro mejor… la suspensión de las elecciones federales está totalmente fuera de toda lógica.
Para justificar esto último recurro a Raúl Jiménez Vázquez quien, en el reciente mes de junio escribiera que más allá de los cálculos sobre una supuesta rentabilidad política en pro de su capricho de imponer a Cordero, de mantener al PAN en el poder, “está el derecho a votar y ser votado como un derecho humano y una garantía individual y que su eventual suspensión debe ser medida contra dos parámetros jurídicos fundamentales: los tratados humanitarios de los que es parte adherente el Estado mexicano y las reglas consagradas en el artículo 29 constitucional.”
En efecto, en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos --Pacto de San José-- se dispone que los derechos humanos de carácter político no pueden ser suspendidos en forma alguna, ni siquiera en el caso de una guerra interna. Consecuentemente, ni como jefe de gobierno, ni como jefe de Estado, el ocupante de Los Pinos tiene poderes jurídicos suficientes para promover, concertar o decretar el aplazamiento de los procesos comiciales. Dicho aserto se corresponde nítidamente con los lineamientos de la Carta Democrática Interamericana.
El desacato a este mandato colocaría a nuestro país de espaldas al derecho internacional de los derechos humanos, le significaría una responsabilidad internacional y obligaría a los organismos supranacionales a tomar cartas en el asunto, tales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, entre otros.
No obstante, sí hay una causal para suspender elecciones. Es una rendija que debe tentar a Calderón:
“Desde otra perspectiva –escribe Jiménez Vázquez--, el artículo 29 constitucional prevé la suspensión de las garantías individuales en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquiera otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, lo que teóricamente podría comprender la prerrogativa de votar y ser votado; sin embargo, para ello es menester contar con la aprobación expresa del Congreso de la Unión o, en su defecto, de la Comisión Permanente, la que debe adoptar la forma de una ley en la se contengan las prevenciones generales y el lugar y tiempo de duración de la medida de excepción.”
Y ante ello vale preguntar si todos estos “juegos de guerra” desplegados por los estadounidenses en nuestro país y que poco a poco van saliendo a la luz pública, ¿tienen esa intencionalidad?
“Invasión”, “perturbar orden público”, “la sociedad en grave peligro”… ¿usted que cree?
Índice Flamígero: La agencia Stratfor en lo suyo. Ayer dio a conocer su reporte sobre “el comportamiento” de los grupos delincuenciales en nuestro país durante los primeros meses de este año preelectoral y vaticina que se incrementará la violencia en Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Acapulco. También en lo propio The New York Times: validando la abierta intervención de la DEA en asuntos internos mexicanos, sin que la fallida Administración esté o se dé por enterada.
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