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El fiscal español Carlos Castresana exhortó hoy en México a trabajar en "una convención internacional de Naciones Unidas contra la violencia de género" que permita perseguir con efectividad cualquier delito contra las mujeres
México. Castresana dijo a Efe que "la falta de armonización" en temas de violencia de género es actualmente un "defecto grave" en las legislaciones de los Estados que dificulta frenar la trata de mujeres y niñas, las violaciones o la ablación femenina.
Según el jurista español, "que no haya un cuadro de perseguibilidad transnacional produce impunidad" en torno a los delitos de género, ya que dificulta la cooperación entre los países.
Puso el ejemplo de España, donde hay menores de edad musulmanas "que son llevadas un fin de semana a un país árabe donde les hacen la ablación del clítoris, una mutilación genital que no se puede perseguir en España" al ser practicada en otra nación.
Por ello, agregó, es necesaria una convención que diga "que la ablación del clítoris está prohibida en todo el mundo y es delito en todo el mundo".
El fiscal del Tribunal Supremo español consideró que un instrumento internacional de este tipo tardará años en cristalizar, pero confió en que sea tan efectivo como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000, más conocida como Convención de Palermo.
"Está dando muy buenos resultados", sobre todo porque desde su adopción los Estados que la han ratificado cuentan con "marcos legislativos son homogéneos" y una legislación "obligatoria", apuntó.
Pese a las diferencias que puedan existir entre unos países y otros, confió en que sea tan aceptada como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de 1979, misma que hasta este año habían ratificado 185 países.
"Naturalmente, ¿quién te va a ratificar de entrada?: América Latina, Europa occidental, Canadá, Australia, etcétera, y los otros van detrás. Los países africanos tardarán un poquito, los musulmanes, un poquito más, pero tienen que ir entrando porque tiene que haber un estándar", agregó.
Castresana ofreció hoy en la capital mexicana una conferencia magistral en el seminario "Fortaleciendo el Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de la Violencia: Feminicidio, Violencia Sexual y Desapariciones en Mesoamérica".
En su intervención, dijo que la justicia en esta región "funciona muy mal", tanto para las mujeres como para los varones, pero denunció que en el caso de las primeras existe el agravante de que su vida carece de un "valor real" en las sociedades latinoamericanas, lo que las convierte en potenciales víctimas de abusos más a menudo.
Puso como ejemplo el caso conocido como "Campo Algodonero", relacionado con el hallazgo de tres cadáveres de mujeres en Ciudad Juárez en 2001.
Castresana, que conoce bien ese caso porque trabajó en él para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), destacó que fue mal investigado, instruido y juzgado, lo que permitió que quedara en la impunidad.
En diciembre de 2009, la CorteIDH condenó a México a pagar a las familias de las jóvenes asesinadas 383.000 dólares en concepto de daño material e inmaterial, y ordenó investigar y castigar a los funcionarios judiciales sospechosos de cometer "irregularidades" en las pesquisas del caso
México. Castresana dijo a Efe que "la falta de armonización" en temas de violencia de género es actualmente un "defecto grave" en las legislaciones de los Estados que dificulta frenar la trata de mujeres y niñas, las violaciones o la ablación femenina.
Según el jurista español, "que no haya un cuadro de perseguibilidad transnacional produce impunidad" en torno a los delitos de género, ya que dificulta la cooperación entre los países.
Puso el ejemplo de España, donde hay menores de edad musulmanas "que son llevadas un fin de semana a un país árabe donde les hacen la ablación del clítoris, una mutilación genital que no se puede perseguir en España" al ser practicada en otra nación.
Por ello, agregó, es necesaria una convención que diga "que la ablación del clítoris está prohibida en todo el mundo y es delito en todo el mundo".
El fiscal del Tribunal Supremo español consideró que un instrumento internacional de este tipo tardará años en cristalizar, pero confió en que sea tan efectivo como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000, más conocida como Convención de Palermo.
"Está dando muy buenos resultados", sobre todo porque desde su adopción los Estados que la han ratificado cuentan con "marcos legislativos son homogéneos" y una legislación "obligatoria", apuntó.
Pese a las diferencias que puedan existir entre unos países y otros, confió en que sea tan aceptada como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de 1979, misma que hasta este año habían ratificado 185 países.
"Naturalmente, ¿quién te va a ratificar de entrada?: América Latina, Europa occidental, Canadá, Australia, etcétera, y los otros van detrás. Los países africanos tardarán un poquito, los musulmanes, un poquito más, pero tienen que ir entrando porque tiene que haber un estándar", agregó.
Castresana ofreció hoy en la capital mexicana una conferencia magistral en el seminario "Fortaleciendo el Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de la Violencia: Feminicidio, Violencia Sexual y Desapariciones en Mesoamérica".
En su intervención, dijo que la justicia en esta región "funciona muy mal", tanto para las mujeres como para los varones, pero denunció que en el caso de las primeras existe el agravante de que su vida carece de un "valor real" en las sociedades latinoamericanas, lo que las convierte en potenciales víctimas de abusos más a menudo.
Puso como ejemplo el caso conocido como "Campo Algodonero", relacionado con el hallazgo de tres cadáveres de mujeres en Ciudad Juárez en 2001.
Castresana, que conoce bien ese caso porque trabajó en él para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), destacó que fue mal investigado, instruido y juzgado, lo que permitió que quedara en la impunidad.
En diciembre de 2009, la CorteIDH condenó a México a pagar a las familias de las jóvenes asesinadas 383.000 dólares en concepto de daño material e inmaterial, y ordenó investigar y castigar a los funcionarios judiciales sospechosos de cometer "irregularidades" en las pesquisas del caso
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