“Precarios” resultados en violencia y derechos reproductivos
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 5 abr 12 (CIMAC).- Aunque en la última década (2000-2010) el Estado mexicano ha recibido 279 recomendaciones de instancias internacionales y regionales para garantizar los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, éstos aún son violentados de manera sistemática, acusaron especialistas.
La doctora Gloria Ramírez de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, señaló que tales recomendaciones abarcan temas de discriminación, violencia, acceso a la justicia, participación política, acceso a la salud y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
En el Informe del Seguimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Avances y Desafíos, editado por la Cátedra UNESCO, la UNAM y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Ramírez indicó que en la última década en México se han realizado incipientes esfuerzos gubernamentales respecto al seguimiento de las recomendaciones internacionales.
“Se han creado fiscalías, centros especializados sobre diversas cuestiones vinculadas con las mujeres y la lucha contra la violencia, aunado a ello la Cámara de Diputados cada año ha ampliado el presupuesto de género, con el enfoque de prevención y atención de la violencia de género”, explicó.
El desarrollo de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas permite pasar del discurso a la acción, afirmó Gloria Ramírez.
Sin embargo hasta el momento los resultados son “precarios”, advirtió la coordinadora del documento, y lamentó que en el país la muerte materna aumenta, mientras que la violencia y los asesinatos de mujeres no diminuyen. “El feminicidio se ha instalado en todo el territorio nacional”, subrayó.
De las 279 recomendaciones internacionales en materia de DH de las mujeres, 63 de ellas son en atención a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
A LA ZAGA EN SALUD REPRODUCTIVA
A lo anterior se suman los grandes retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, detalló la catedrática de la UNAM.
De 2008 a 2011, principalmente legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, apoyados por la jerarquía católica, reformaron en 17 estados del país igual número de constituciones locales para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”, y criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
A decir de Ramírez, esto muestra una política de resistencia al cambio y a la aplicación efectiva del derecho internacional y la rendición de cuentas, ya que las instituciones, instrumentos y recomendaciones internacionales demandan la armonización de las leyes a niveles federal y estatal relativas al aborto, y estrategias para evitar los riesgos de los abortos en condiciones inseguras.
A 32 años de la CEDAW, a más tardar en julio próximo el Estado mexicano será evaluado por las acciones u omisiones emprendidas luego de las recomendaciones de 2006 en materia de discriminación, violencia, acceso a la justicia, participación política, acceso a la salud y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Ramírez detalló que el gobierno mexicano deberá rendir cuentas al Comité de expertas, por lo que organizaciones de la sociedad civil ya trabajan un “informe sombra” para denunciar cómo el Estado ha simulado cumplir con su obligación de respetar, garantizar, prevenir, investigar, sancionar, y reestablecer y reparar cualquier manifestación de violencia y discriminación hacia las mujeres.
Entre 2000 y 2010, a través de 27 informes, México ha recibido un total de mil 12 recomendaciones de mecanismos internacionales y regionales. De ellas, 279 se refieren a asuntos relacionados con los DH de las mexicanas.
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