Se debe avanzar hacia política social con visión de género
Para abatir la pobreza México requiere una
política social con enfoque de género que rebase los programas de
transferencia económica, como Oportunidades, y fomente el desarrollo
económico de las familias.
Para que esta política sea efectiva se requiere una reforma fiscal progresiva (que cobre más a quienes más tienen), la regulación de los mercados para evitar prácticas monopólicas, y la universalización de las prestaciones de salud ante los altos niveles de informalidad, señaló Isidro Soloaga, investigador de la Universidad Iberoamericana (UIA).
En entrevista, el experto en desarrollo económico criticó que el programa Oportunidades se quedó corto para mejorar la situación de las familias más desfavorecidas del país, y reforzó el rol tradicional de las mujeres en el hogar.
Para que esta política sea efectiva se requiere una reforma fiscal progresiva (que cobre más a quienes más tienen), la regulación de los mercados para evitar prácticas monopólicas, y la universalización de las prestaciones de salud ante los altos niveles de informalidad, señaló Isidro Soloaga, investigador de la Universidad Iberoamericana (UIA).
En entrevista, el experto en desarrollo económico criticó que el programa Oportunidades se quedó corto para mejorar la situación de las familias más desfavorecidas del país, y reforzó el rol tradicional de las mujeres en el hogar.
Con el objetivo de desarrollar liderazgos
femeninos en el ámbito político, un grupo de mujeres indígenas impulsa
un programa de capacitación que las lleve a ser electas en cargos
públicos, y sean reconocidas y escuchadas como sujetos de derechos.
Ante la escasa presencia indígena en los congresos federal y estatales, las regidurías y las presidencias municipales, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) busca capacitar a 280 mujeres de comunidades autóctonas de todo el país, para que en los próximos tres años puedan competir en un proceso electoral a nivel local o federal.
Con el apoyo del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las mujeres quieren exigir su derecho a participar en los espacios donde se toman decisiones que afectan la vida de los pueblos y las comunidades indígenas, la mayoría inmersas en condiciones de alta marginación.
Ante la escasa presencia indígena en los congresos federal y estatales, las regidurías y las presidencias municipales, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) busca capacitar a 280 mujeres de comunidades autóctonas de todo el país, para que en los próximos tres años puedan competir en un proceso electoral a nivel local o federal.
Con el apoyo del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las mujeres quieren exigir su derecho a participar en los espacios donde se toman decisiones que afectan la vida de los pueblos y las comunidades indígenas, la mayoría inmersas en condiciones de alta marginación.
Organizaciones feministas emplazaron al nuevo
gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a desarrollar una política de
prevención de la violencia de género, ya que “no basta con buenas
intenciones para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres”.
En entrevista con Cimacnoticias, Violeta Sánchez Luna, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que la situación es alarmante en un estado tan pequeño como Morelos.
“Solamente en octubre han sido asesinadas 10 mujeres y en lo que va del año suman 39 mujeres víctimas de feminicidio”, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
Ante ello, el OCNF, la Red Convergencia 8 de Marzo y la representación en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) exigimos al gobierno del estado fortalecer los mecanismos de prevención, en particular las órdenes de protección para las mujeres que denuncian violencia, afirmó la activista.
En entrevista con Cimacnoticias, Violeta Sánchez Luna, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que la situación es alarmante en un estado tan pequeño como Morelos.
“Solamente en octubre han sido asesinadas 10 mujeres y en lo que va del año suman 39 mujeres víctimas de feminicidio”, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
Ante ello, el OCNF, la Red Convergencia 8 de Marzo y la representación en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) exigimos al gobierno del estado fortalecer los mecanismos de prevención, en particular las órdenes de protección para las mujeres que denuncian violencia, afirmó la activista.
Griselda cambió su historia y la de muchas
más jóvenes de este poblado otomí. Conoció de derechos sexuales y
reproductivos y en lugar de emigrar a Estados Unidos y seguir siendo
violentada, fue a la universidad y ganó una beca a nivel nacional.
En 2005 supo de la organización Ddeser, que difunde los derechos sexuales y reproductivos en México y acude a comunidades indígenas. Griselda eligió ser promotora de este organismo civil en Capula, municipio del Valle del Mezquital. Entonces era estudiante de psicología en la UNAM en el sistema abierto, y empezó a hacer prácticas en Ddeser.
En 2010 siguió realizando prácticas y para obtener su título cursó un año más de estudios. La agrupación Semillas, que apoya proyectos de mujeres jóvenes indígenas, le otorgó una beca para que concluyera la universidad y trabajó en 10 comunidades promoviendo estos derechos.
En 2005 supo de la organización Ddeser, que difunde los derechos sexuales y reproductivos en México y acude a comunidades indígenas. Griselda eligió ser promotora de este organismo civil en Capula, municipio del Valle del Mezquital. Entonces era estudiante de psicología en la UNAM en el sistema abierto, y empezó a hacer prácticas en Ddeser.
En 2010 siguió realizando prácticas y para obtener su título cursó un año más de estudios. La agrupación Semillas, que apoya proyectos de mujeres jóvenes indígenas, le otorgó una beca para que concluyera la universidad y trabajó en 10 comunidades promoviendo estos derechos.
Mireya Urías tiene cinco meses de gestación y
será su segundo hijo que nace en las mismas condiciones que el primero,
es decir, en un campo agrícola del norte del país donde labora junto
con su marido.
Ella es oriunda de una comunidad conocida como La Majada de Arriba, del municipio de Badiraguato, una población ubicada a 81 kilómetros de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.
Su esposo trabaja de sol a sol como jornalero en un campo agrícola del municipio sinaloense de Navolato.
Mireya es ama de casa. Mientras su esposo trabaja, ella plancha, lava la ropa, prepara la comida y alista a su hijo Daniel, de cinco años, para llevarlo a la escuela comunitaria.
Ella es oriunda de una comunidad conocida como La Majada de Arriba, del municipio de Badiraguato, una población ubicada a 81 kilómetros de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.
Su esposo trabaja de sol a sol como jornalero en un campo agrícola del municipio sinaloense de Navolato.
Mireya es ama de casa. Mientras su esposo trabaja, ella plancha, lava la ropa, prepara la comida y alista a su hijo Daniel, de cinco años, para llevarlo a la escuela comunitaria.
Por primera vez en Chihuahua, un tribunal
local ordenó el pago por daño moral en un caso de violencia familiar,
lo que abre la puerta para que este criterio se aplique en todos los
casos en los que las mujeres víctimas de este delito puedan solicitar
la reparación del daño.
En entrevista con Cimacnoticias, Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), precisó que tras cuatro años y medio de haber denunciado, Eva Cristina y sus representantes legales lograron el primer juicio oral por el delito de violencia familiar en el estado y en México, y que un Tribunal Superior de Casación sentenciara al acusado a pagar el daño moral.
La abogada precisó que el caso de Eva Cristina es emblemático y sienta precedente para que en lo futuro mujeres víctimas del delito, además de acceder a la petición alimentaria para ellas y sus hijas e hijos, soliciten una reparación de daño material y moral, ya que después de un proceso tan largo las mujeres tienen el derecho a recuperar su vida.
En entrevista con Cimacnoticias, Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), precisó que tras cuatro años y medio de haber denunciado, Eva Cristina y sus representantes legales lograron el primer juicio oral por el delito de violencia familiar en el estado y en México, y que un Tribunal Superior de Casación sentenciara al acusado a pagar el daño moral.
La abogada precisó que el caso de Eva Cristina es emblemático y sienta precedente para que en lo futuro mujeres víctimas del delito, además de acceder a la petición alimentaria para ellas y sus hijas e hijos, soliciten una reparación de daño material y moral, ya que después de un proceso tan largo las mujeres tienen el derecho a recuperar su vida.
México debe anticiparse al “envejecimiento”
de su población y crear políticas públicas que garanticen servicios de
cuidado de las personas adultas mayores, ya que se prevé que en 2050 la
demanda de esta atención rebasará a la de los servicios de cuidado
infantil.
Actualmente el país carece de un sistema desarrollado de servicios de cuidado de personas adultas mayores y esta tarea recae en las familias, principalmente en las mujeres, indicó María Ángeles Durán, economista y politóloga española especialista en el tema.
En 1950 había 176 mil personas de entre 80 y 90 años de edad, para 2010 creció a un millón y medio, y se calcula que para 2050 habrá 8 millones de mujeres y hombres de esa edad, equivalente a la suma de las poblaciones de Uruguay y Costa Rica.
Actualmente el país carece de un sistema desarrollado de servicios de cuidado de personas adultas mayores y esta tarea recae en las familias, principalmente en las mujeres, indicó María Ángeles Durán, economista y politóloga española especialista en el tema.
En 1950 había 176 mil personas de entre 80 y 90 años de edad, para 2010 creció a un millón y medio, y se calcula que para 2050 habrá 8 millones de mujeres y hombres de esa edad, equivalente a la suma de las poblaciones de Uruguay y Costa Rica.
NACIONAL
BREVES 30 DE OCTUBRE DE 2012
Por: Gabriela Mendoza Vázquez
Cimacnoticias | México, DF.- 3Realizan seminario sobre mujeres en los medios
México.- La UNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en colaboración con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), convocaron al Segundo Seminario Internacional “Acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación: de los diagnósticos a las experiencias”.
Participarán en los paneles Aimée Vega, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres; Olga Bustos, investigadora de la UNAM y experta en estudios de género, así como Lucía Lagunes, directora general de CIMAC, entre otras.
La cita es el próximo 8 de noviembre, de 9:30 a 15:30 horas, en el auditorio del cuarto piso de la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Exigen despenalización del aborto en Nicaragua
Nicaragua.- Integrantes de distintas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, realizaron un plantón para demandar al Estado nicaragüense la despenalización del aborto.
Feministas, junto a adolescentes y jóvenes, exigieron en el Parque Por el Derecho a Decidir en Managua que “dejen de matar mujeres”, y leyeron el posicionamiento “26 de octubre 2006-2012. Nicaragua, día en que la hipocresía se hizo ley”, el cual cuenta la historia del aborto en el país y las constantes violaciones a los derechos de las nicaragüenses.
En la protesta participaron Servicios Integrales para la Mujer, SÍ Mujer Nicaragua, Confluencia Feminista Mesoamericana, Las Petateras, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), entre otras agrupaciones.
Curso en línea “Ciberseguridad para periodistas”
Washington.- Para las y los periodistas que usan internet y redes sociales y trabajan en ambientes de riesgo, el Centro Knight para Periodismo en las Américas ofrecerá el curso en línea “Ciberseguridad para periodistas”, que será impartido por el experto canadiense en ciberseguridad Robert Guerra, a partir del próximo 19 de noviembre.
Las y los alumnos aprenderán diferentes técnicas, herramientas y políticas sobre riesgos digitales, seguridad, así como controlar, dirigir y limitar conversaciones en línea. El curso será dado en inglés y durará cuatro semanas. Para mayor información, ir a
www.knightcenter.utexas.edu.
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