En las zonas indígenas del país prevalece la
violencia contra las mujeres, sin embargo en muchas ocasiones para los
integrantes de las comunidades, y para ellas, este es un fenómeno que
resulta normal y por tanto no se considera un problema que deba
resolverse.
Flora Gutiérrez, fundadora de la Asamblea de Mujeres Indígenas y del
Centro Integral Jurídico Pro Derechos de Oaxaca, explicó que aunque los
sistemas de impartición de justicia de las comunidades indígenas son
positivos, aún tienen una deuda con las mujeres.
Al participar en el foro “Sistemas de justicia indígena en México”, la
activista y abogada señaló que las asambleas y policías comunitarias
son formas de organización que fortalecen la autonomía de los pueblos
originarios, pero reconoció que aún tienen problemas cuando se trata de
reconocer los derechos femeninos.
El Pacto Nacional por la Vida y los Derechos
de las Mujeres repudió la determinación del juez penal de primera
instancia con sede en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana
Roo, Ramón Jesús Aldaz Bencomo, de citar a una niña maya, víctima de
pornografía infantil, a un careo con su presunto agresor.
En un pronunciamiento publicado hoy, el Pacto señaló que el juez Aldaz
Bencomo viola no sólo la Constitución, sino también convenciones
internacionales que protegen los derechos de las niñas, por lo que le
exigió no recurrir al careo entre la menor de 8 años y el médico
radiólogo David Néstor Muñoz Quijano, de 55, actualmente preso.
En el citatorio emitido por el juez penal se le solicita a la madre de
la niña acudir con su hija el próximo 22 de noviembre a las 11 horas,
para realizar las diligencias correspondientes al expediente 77/2012 en
contra de David Néstor Muñoz Quijano, por el delito de pornografía
infantil.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) otorgará el reconocimiento en Derechos Humanos
“Ponciano Arriaga Leija 2012”, en la categoría de “Lucha y Defensa”, a
la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú por la constancia y el
seguimiento que dio a su caso para superar la falta de acceso a la
justicia, luego de que sufrió violación sexual por parte de militares.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, entonces de 17 años de
edad, fue violada y torturada por militares del 41 Batallón de
Infantería que operaba en Cruz Grande, estado de Guerrero. A partir de
entonces, ella comenzó una lucha por encontrar justicia, la cual le
llevó nueve años y aún continúa.
En un comunicado, la CDHDF resaltó la lucha de Valentina para llevar su
caso ante instancias internacionales, logrando que fuera admitido por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual en agosto
de 2010 condenó al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad por
la violación de los Derechos Humanos (DH) de la mujer y a pedirle
perdón en un acto público.
Por vez primera desde hace 25 años, el Comité
contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
analiza la “impunidad agravada” en los casos de tortura cometida contra
las mexicanas.
Al comenzar hoy en Ginebra, Suiza, la evaluación al Estado mexicano
sobre el tema, el comité de expertos criticó las “demasiadas lagunas de
información” presentadas por las autoridades en su reporte oficial ante
la ONU.
De acuerdo con un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles
de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Comité
contra la Tortura demandó al Estado mexicano resultados concretos de
los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de
mujeres, el feminicidio y la tortura contra ellas, así como los ataques
y represalias hacia las defensoras de Derechos Humanos (DH).
Ante el desinterés de las autoridades del
país, las organizaciones civiles promueven los derechos sexuales y
reproductivos entre las jóvenes de comunidades indígenas, donde este
tema “no se toca”.
Catalina Martínez, integrante del área de Salud de la organización
Kinal Antzetik-DF, explicó que en esas comunidades algunos usos y
costumbres limitan el ejercicio de estos derechos: “Se prohíbe hablar
de sexualidad, ellas ni siquiera pueden recibir información para evitar
un embarazo no deseado”.
La indígena triqui, originaria de Santo Domingo del Estado, en el
municipio oaxaqueño de Putla Villa de Guerrero, añadió que cuando las
adolescentes y jóvenes acuden al centro de salud a pedir informes o
métodos anticonceptivos no hay confidencialidad.
Debido a la migración masculina, las mujeres
indígenas han asumido roles de mando en sus comunidades, aunque al
mismo tiempo se les han sobrecargado sus labores como madres de familia
y gestoras de actividades que antes eran exclusivas de los hombres,
advirtió Beatriz Canabal Cristiani, investigadora de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco.
Entre otros efectos del fenómeno migratorio, la experta en el tema dijo
a Cimacnoticias que las indígenas que han migrado a Estados Unidos han
cambiado su forma de pensar y sus patrones culturales, por lo que ya no
quieren regresar a sus comunidades y vivir las mismas condiciones de
las que decidieron alejarse.
“En las ciudades encontraron ingreso diario que les permite una mejor
forma de vida, incluso el de cambiar y opinar, ser escuchadas,
atendidas y determinar cuándo casarse, con quién y el número de hijos
que quieran tener, incluso no ser vendidas a quienes serán sus maridos,
algo que buscan que sus hijas ya no reproduzcan como patrones de
conducta”, detalló Canabal Cristiani.
La persecución contra personas defensoras de
los Derechos Humanos (DH) en Honduras continúa, y como ejemplo está el
secuestro de Carla Yadira Zelaya, integrante del Movimiento Unificado
Campesino del Aguan (MUCA).
Esa agrupación hondureña denunció el secuestro y las amenazas contra la
activista, a la vez que exigió a las autoridades que se investigue lo
sucedido y se castigue a los responsables de este caso y a quienes
atentan contra la lucha campesina.
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre cuando la joven iba a
clases a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cerca de las
6:30 de la mañana, momento en el que fue abordada por unos desconocidos.
Según el relato de la joven, tres individuos a bordo de un vehículo la
atacaron, dos se bajaron del auto y la tomaron del brazo para subirla a
la fuerza, le vendaron los ojos y se la llevaron con rumbo desconocido.
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