Cooptación y resistencia

John M. Ackerman

Los desesperados esfuerzos de Enrique Peña Nieto y Televisa por legitimarse mediante la cooptación de líderes de oposición no podrá borrar la profunda indignación de la sociedad mexicana por el último proceso electoral. Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador perredista del estado de Morelos, pierde toda credibilidad cuando junto a la imagen sonriente del presidente electo declara compartir con Enrique Peña Nieto la convicción de que la legalidad no es negociable. El repudio generalizado a Antonio Antolini, antiguo dirigente del movimiento #YoSoy132, por haberse incorporado a Televisa es también plenamente justificado.

Estos dos personajes no son sino las más recientes adquisiciones de un sistema acostumbrado a subir al carrito del poder a una larga lista de figuras que después de haber criticado al autoritarismo terminan sirviéndose de él. Las personas de ese perfil revelan su baja calidad moral al preferir reflectores, dinero y poder a la congruencia, la democracia y el cambio social. En lugar de cuestionar y transformar las reglas del juego, terminan participando gustosas en el negocio de la dominación.

El sistema autoritario mexicano, hoy más vigente que nunca, necesita simultáneamente tanto de instituciones cómplices como de líderes cooptados. Los poderes fácticos saben que no es suficiente con que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan hecho su parte al declarar válida la elección presidencial de 2012. Para poder gobernar de manera efectiva, también hace falta que la sociedad vea en Peña Nieto a un verdadero presidente. De otra forma se pone en riesgo el proyecto privatizador de Pemex, el pisoteo de los derechos laborales, el proyecto fiscal neoliberal y el ataque generalizado a las conquistas de la Revolución Mexicana.

Así, la anunciada asistencia de Ramírez Garrido Abreu, Ángel Aguirre, Gabino Cué, Miguel Ángel Mancera y Arturo Núñez a la toma de protesta de Peña Nieto el próximo 1º de diciembre constituye un duro golpe a las fuerzas democráticas. Con el espaldarazo al nuevo presidente, los gobernadores darán la espalda a la sociedad y consolidarán la entendible tendencia a la desconfianza de los ciudadanos en los políticos.

La sociedad necesita urgentemente ver ejemplos de congruencia y visión de Estado entre la clase política. Pero esto no se logra con falsas muestras de unidad construidas con base en negociaciones oscuras y palaciegas, sino con la defensa de valores y principios sociales y el contundente rechazo de la lógica imperante de corrupción política, mediática e institucional. Hoy por hoy, la mejor forma de dignificar la política y unir a la sociedad es tomar distancia de casi todos los políticos, y en particular del señor que compró su camino a la Presidencia.

En el encuentro del miércoles pasado con Peña Nieto el gobernador guerrerense tuvo un momento de lucidez. Aguirre aclaró de parte de los cinco gobernadores que no venimos representando a la izquierda del país. Le asiste toda la razón al señor gobernador.

Aguirre mismo es un priísta de hueso colorado e íntimo amigo de Peña Nieto desde hace años. Ya fue gobernador de Guerrero bajo las siglas del PRI y en 2011 primero buscó la candidatura a la gubernatura dentro de las filas del viejo partido de Estado. Solamente buscó el apoyo del PRD una vez que había perdido la candidatura priísta a manos de su primo Manuel Añorve y después de haber pactado su salida del PRI con los sectores más oportunistas del perredismo en la entidad. Recordemos que ni siquiera había cumplido un año en el poder cuando el gobierno de Aguirre enseñó su verdadero cariz al reprimir y asesinar a dos jóvenes normalistas en Ayotzinapa.

Núñez, Cué y Mancera tampoco cuentan con trayectorias de lucha alguna en la izquierda. Núñez es un viejo lobo del priísmo, quien más allá de ser leal a López Obrador no se ha distinguido por posiciones progresistas en el Congreso de la Unión. Cué es también un político que siempre ha estado más cercano a la burocracia priísta que a los movimientos progresistas. Los claroscuros de sus primeros años como gobernador no deben sorprender a nadie. Mancera tampoco ha destacado por sus ideales o convicciones de izquierda y no cuenta con experiencia política o social alguna. Aquellos que miran con esperanza su futura administración, con seguridad se llevarán una gran decepción.

Ramírez Garrido Abreu es el único de los cinco gobernadores del llamado corredor amarillo que cuenta con una trayectoria en la izquierda política. Sin embargo, su comportamiento como senador y ahora como gobernador de Morelos, con el caso de Huexca, revelan a alguien siempre dispuesto a privilegiar sus intereses por encima de cualquier principio de izquierda.

En 2001, los senadores del PRD, liderados por Jesús Ortega, traicionaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a todos los indígenas del país al votar en favor de una reforma constitucional en materia indígena que violó flagrantemente los acuerdos de San Andrés Sakam’chen que habían puesto fin al conflicto armado en Chiapas. Aquella deleznable traición ensanchó de manera peligrosa la distancia entre los políticos y los ciudadanos y preparó el clima de polarización social que hemos venido padeciendo desde hace más de una década.

Hoy, la tibia posición de la mayoría de los legisladores del PRD respecto de la reforma laboral, la urgencia de los nuevos gobernadores del PRD por acercarse a Peña Nieto, sumado a la traición de Antolini a su propia causa, una vez más dividen a la sociedad y colocan en crisis la propia gobernabilidad del sistema político.

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