Escrito por Jenaro Villamil
“Liberando la esperanza”, dice la
pancarta que anuncia la llegada a la Feria del Libro del Zócalo de la
caravana de poco más de 40 madres provenientes de Honduras, Nicaragua,
El Salvador y Guatemala con un objetivo común: buscar a sus hijos e
hijas migrantes desaparecidos (algunos desde hace más de 10 años) al
llegar a territorio mexicano.
Desde 2010 a la fecha, los
organizadores han registrado 250 denuncias de desapariciones, tan sólo
de guatemaltecos en territorio mexicano. El 80 porciento de los casos
coincide con hechos delictivos. De la masacre de más de 70 personas en
San Fernando, Tamaulipas, se han repatriado 23 cuerpos de jóvenes
centroamericanos.
La búsqueda del “sueño americano” se
convirtió en el “infierno mexicano”, caracterizado por la violencia, la
trata de personas y la extorsión del crimen organizado. A doña Carmen
Cuaresma, de Nicaragua, le llamó su hijo a Costa Rica para decirle que
le enviara 2 mil dólares. No tuvo el dinero. Prefirió venir ella misma
para encontrar a su hijo.
“En México no existe el gobierno que pare a tanto asesino”, sentencia.
Clementina
Murcia, madre de un joven desaparecido desde hace 11 años y otro que
también desapareció en las redes de la trata de migrantes, afirmó que a
ella la extorsionaron 4 veces.
“En mi tierra, se negocia con cerdos,
con aves, pero no con personas, ¿cómo es esto posible?”, arenga doña
Clementina, ante un auditorio electrizado por la crudeza de los
testimonios que van acompañando a la caravana organizada por el
Movimiento Migrante Mesoamericano.
Mercedes Moreno, madre salvadoreña
radicada en Los Angeles, no tiene ninguna duda: el problema común es
luchar contra la corrupción de los agentes del Instituto Nacional de
Migración mexicano, de los cuerpos policiacos “de aquí y de allá”, así
como de las autoridades norteamericanas que han emprendido una guerra
contra el éxodo de la pobreza que se ha dado desde Centroamérica.
En el foro principal de la Feria
Internacional del Zócalo también irrumpen decenas de madres mexicanas
que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. La mayoría son del Estado
de México. Durante la administración de Enrique Peña Nieto
desaparecieron más de 700 personas. Y no hay información ni atención.
En el evento, que consistió en una entrevista realizada por la periodista Blanche Petrich, de La Jornada, y por un servidor, también participó el sacerdote Alejandro Solalinde, quien se ha enfrentado no sólo a La Bestia sino a las redes de intimidación de los cárteles del crimen organizado que lo amenazaron en Oaxaca.
“No necesitamos que tengan una
nacionalidad. El dolor es el mismo. Ya no estamos dispuestos a
callarnos. Este es el reto del próximo gobierno”, advirtió Solalinde.
El sacerdote también advirtió que en Veracruz, Estado de México y en
Celaya, Guanajuato, “han comenzado a desaparecer las personas”.
Hay héroes cívicos en esta caravana,
como Rubén Figueroa, quien se ha convertido en una especie de
investigador ciudadano para localizar a los desaparecidos. En Tabasco,
gracias a los testimonios de las madres, encontraron a Sevelio. Otro
caso fue el de Francisco Cordero, localizado en Veracruz.
“En Veracruz, los periodistas
perseguidos por el gobierno también han apoyado para encontrar a las
mujeres desaparecidas. Buscamos hasta debajo de las piedras”, relató
Rubén.
Propuestas de la Caravana
En específico, la caravana de las
madres centroamericanas han planteado en este periplo una serie de
medidas como las siguientes:
-Creación de mecanismos nacionales y
regionales para la búsqueda inmediata de todas las personas
desaparecidas, de tal forma que ya no tengan que hacerlo de manera
individual.
-Coordinación efectiva entre los
órganos de investigación para garantizar una efectiva pesquisa de
acuerdo a los criterios establecidos en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
-Creación de una fiscalía especializada para atender delitos perpetrados contra personas migrantes.
-Creación de un banco de datos forenses, nacionales y regionales de personas desaparecidas.
-Creación de una comisión internacional
de expertos forenses independientes para el caso de los 72 migrantes
asesinados y hallados en una fosa común en San Fernando, Tamaulipas.
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