Cuando
Gustavo Madero –líder del Partido de Acción Nacional (PAN)– exhorta a
los empresarios para que presionen a los diputados y aprueben la minuta
"sin enmiendas" de la iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, tal
petición es una señal inequívoca hacia quienes deciden realmente las
leyes en este país.
Sea en el Senado o en la Cámara de Diputados
se percibe en ocasiones un ambiente como en la película “Gánsters
contra charros”, de Juan Orol. Vaya uno a saber quienes son quienes,
pues hay parlamentarios que fusionan el papel de los protagonistas de
uno u otro bando. En tal “enfrentamiento” existen verdaderos
delincuentes políticos de “cuello blanco” por un lado, y por el otro
verdaderos delincuentes–charros sindicales. Todos tratando de sacar
raja del asunto.
Trabajadores contra charros.
El
martes 16 de octubre hubo un violento atropello realizado por las
autoridades migratorias de Ciudad Acuña, Coahuila, en contra del
compañero estadounidense luchador social Pete de May, miembro del
Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en
inglés). Pete de May fue deportado de manera ilegal, rápido y furiosamente,
por dos años por el “delito” de estar filmando afuera, en terreno
público, de una de las seis plantas maquiladoras de la empresa Arneses
y Accesorios de México, filial de la PKC de capital finlandés. El
“delito” era estar entrevistando a los trabajadores.
Las
entrevistas se realizaban en vísperas del proceso de recuento por la
titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) entre el sindicato
democrático y el representativo de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM). Un grupo numeroso de policías municipales obedeciendo las
órdenes de los gerentes de la PKC –quienes en los hechos mandan en esta
ciudad– detuvieron al mencionado compañero y al camarógrafo solidarios
con la lucha democrática de los trabajadores de esta fábrica de arneses
(sistemas de cableado) para automóviles y los llevaron a las oficina
migratoria con la amenaza de detenerlos por dos semanas e imponerles
una elevada multa. Estuvieron privados de su libertad por diez horas y
a De May lo expulsaron injustificadamente.
El recuento por el
CCT fue un fraude ganado con trampas por los charros sindicales en una
de las maquiladoras más grandes de la frontera norte con más siete mil
obreras y obreros, y es un ejemplo notable de explotación patronal y de
trato despótico sobre los trabajadores con la complicidad y la
corrupción de los charros sindicales de la CTM. En el recuento la
empresa metió las manos ilegal y coercitivamente para influir en la
decisión de los operarios. El proceso estuvo plagado de irregularidades
e intimidaciones pues la patronal y la CTM tuvieron todo el apoyo del
aparato represivo del Estado –ejército, policía federal, policía
estatal y policía municipal– alrededor de las plantas intimidando a las
trabajadoras y trabajadores para que no votaran por la alternativa
democrática.
El gobernador de una entidad plagada de violencia y de
corrupción (¡Cuál no!), el funesto Rubén Moreira Valdez, declaró
cínicamente que “hubo un recuento (de votos) en perfecta armonía, hubo
mucha seguridad por parte del gobierno del estado, pero no hubo
necesidad de aplicar correcciones por algún brote violencia. Con esto,
los trabajadores se podrán expresar a través de sindicatos que
garanticen salarios, estabilidad y eleven la condición de vida de
Acuña.” Hubo, pues, una visible complicidad de las autoridades locales
de Ciudad Acuña y del gobierno de Coahuila a favor de la fórmula
PKC-CTM.
Desde luego, la deportación nunca jamás se ha aplicado
a quienes si debería aplicarse con todo el peso de la ley, como a los
gerentes extranjeros de las empresas transnacionales quienes violan
cotidiana y flagrantemente las leyes laborales, pues cuentan con la
protección del gobierno mexicano y sus sindicatos oficiales u
oficiosos; sindicatos de Estado, pues estos apoyan incondicionalmente a
todos los gobiernos representativos (PRI, PAN o PRD) de los intereses
empresariales. La lista de empresas extranjeras beneficiadas por los
contratos de protección o el outsourcing es numerosa (Wal-Mart, Honda, Pepsi, etcétera).
Lo
anterior es un ejemplo de miles de contratos de protección patronal con
la representatividad caciquil priísta impuestos por la fuerza o el
fraude. Esta es una larga historia plagada de violencia gansteril en
las zonas industriales. Es por eso que la reciente aprobación
consensuada por el Senado de la iniciativa panista de una nueva Ley
Federal del Trabajo, incluidos los puntos relativos a la democracia y
transparencia sindical, es una mera apariencia de protección jurídica
para el pueblo trabajador.
El sindicalismo corporativo autoritario
(CTM, CROM, CROC) no desaparecerá mágicamente con la nueva ley, pues la
democracia y la transparencia sindical no pueden imponerse por decreto,
pues a final de cuentas un avance significativo de tal naturaleza
depende practica y absolutamente de la fuerza política organizada de
los propios trabajadores en sindicatos democráticos y autónomos; es
decir, independientes del Estado y de los partidos de derecha,
incluidos los de la “izquierda” sistemática (del establishment) y electorera.
Va
toda nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores democráticos
de Ciudad Acuña, con la de los compañeros jaliscienses del Sindicato de
Trabajadores Unidos de Honda (STUHM), y con nuestro compañero Pete de
May.
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