VIOLENCIA
Advierte inconsistencias en la norma para castigar el delito
Por: Adriana Franco Rosales
Cimacnoticias | México, DF.- La Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) instó al Congreso a reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Trata de Personas, antes de que la Secretaría de Gobernación (Segob) elabore el reglamento correspondiente.
En rueda de prensa, la directora de CATWLAC, Teresa Ulloa, consideró además que se debe realizar primero el reglamento de la Ley General de Víctimas, recién publicada en el Diario Oficial de la Federación, para detectar los “vacíos legales” respecto al apartado que garantiza la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata.
Lo anterior, luego de que en días recientes Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, anunció que la dependencia trabaja en un reglamento para establecer medidas de prevención y protección a las víctimas de ese crimen.
Ulloa propuso que la Ley de Víctimas se armonice con la de Trata, a fin de que las niñas y las mujeres accedan a la reparación integral del daño, toda vez que –advirtió– la Ley de Víctimas es “más generosa en este sentido”.
Además de corregir, armonizar y elaborar los reglamentos de ambas leyes, CATWLAC planteó la necesidad de que se integren los fondos para el apoyo a víctimas, tanto para resarcir el daño como para reubicarlas y cambiar su identidad, cuando los tratantes sean grupos del crimen organizado.
Respecto a las modificaciones a la Ley General de Trata, Ulloa puntualizó que se deben corregir los artículos 18, 19, 20 y 35, debido a que son “ambivalentes” y lejos de proteger a las víctimas permiten que los tratantes y consumidores se amparen legalmente.
Puso como ejemplo el artículo 35, que establece una pena de 2 a 40 años de prisión a quien con pleno conocimiento de la situación, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios en cuya cadena productiva existan víctimas de trata.
La activista afirmó que debido a que en la mayoría de los casos no es posible probar que los usuarios finales son conscientes del delito, este artículo es improcedente.
Ulloa exhortó al Poder Judicial para que se respeten los acuerdos de confidencialidad de las víctimas, ofendidas y testigos, ya que en muchos casos han detectado que las autoridades locales no protegen la identidad de las denunciantes, ya que otorgan datos personales a quienes consultan los expedientes, sin percatarse de que los tratantes podrían ubicar a sus víctimas para agredirlas.
En 2012, CATWLAC atendió 28 casos de niñas y mujeres tratadas, y en el primer trimestre de este año ya lleva 12 registros. Sin embargo, afirmó Ulloa, su organización recibe tres denuncias diarias en promedio, pero no tiene la capacidad financiera y humana para recibirlas o canalizarlas.
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