REPORTAJE
Intereses de partidos impiden su aplicación
CIMACFoto | César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Lejos del espíritu con el que fue creada, la Alerta de Género se volvió una herramienta con fines partidistas mientras que a las mujeres las siguen matando.
Mientras las mexicanas son asesinadas de manera impune en gran parte del país y las autoridades no hacen nada para evitarlo, la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de acción inmediata contra el feminicidio estipulado en la ley desde 2007–, sigue sin aplicarse debido a “intereses partidistas”.
En seis años de que se plasmó esa medida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), organizaciones civiles de cinco estados del país (Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Estado de México e Hidalgo) han solicitado al gobierno federal –sin resultados– la declaratoria de AVG.
La LGAMVLV define a la AVG como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”. La norma estableció todo un procedimiento –afinado en su reglamento– que, a decir de activistas, complica la procedencia del mecanismo.
Según la ley, es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las Mujeres–, el encargado de admitir la solicitud de AVG, y posteriormente –tras la realización de una investigación que confirme el feminicidio– votar si procede o no la alerta.
Hasta ahora, el Sistema (encabezado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres) no ha ordenado en entidad alguna ni siquiera la investigación de los asesinatos de mujeres.
PARTIDISMOS
Angélica de la Peña, senadora por el PRD y una de las impulsoras de que la AVG quedara en la ley, considera que las negativas a declarar la alerta se deben a que ha sido utilizada con fines “políticos y partidistas”.
Explica que los gobernadores no ven en la AVG una oportunidad para detener la violencia feminicida, sino como una “amenaza o un señalamiento contra su gobierno”.
De la Peña califica como “lamentable y absurdo” este partidismo de las instancias que integran el SNPASEVM, ya que de manera anticipada niegan que se lleve una investigación en las entidades correspondientes, para que a partir de sus resultados se defina si se activa la AVG.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2005 a 2011 fueron asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país, y año con año las cifras de homicidios y desapariciones por razones de género van en incremento.
OPACIDAD
El estudio “Entre el discurso y resultados de la política nacional de los derechos de las mujeres 2008-2012”, elaborado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres, refiere que de los montos para el Fondo Nacional para la Declaración de AVG (que hasta 2011 ascendía a 19 millones de pesos) sólo se ha ejercido el 6.84 por ciento (apenas un millón 300 mil pesos).
A ese inejercicio de recursos, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, cuestiona la falta de transparencia de la Segob y el Inmujeres al no dar a conocer las razones por las que se han negado las solicitudes de AVG.
En días recientes, el Senado aprobó un exhorto a ambas dependencias para que expliquen el por qué de las negativas ante la alarmante situación de violencia de género que prevalece en México.
En otra muestra de opacidad, el pasado 19 de abril, cuando el Sistema sesionó para determinar si procedía una investigación en Hidalgo, las autoridades negaron “por razones de seguridad” que activistas de la entidad estuvieran presentes en la reunión, denuncia Rafael Castelán, integrante de Servicios de Inclusión Integral.
El activista recuerda que algunos de los argumentos del Sistema para negar una indagación en Hidalgo, fue que las organizaciones civiles “no demostraron” la violencia sistemática contra las mujeres ni que existieran razones de género.
Lo anterior contraviene lo estipulado en el artículo 34 del reglamento de la Ley General, según el cual no corresponde a las y los solicitantes demostrar la prevalencia del feminicidio.
NUEVA REFORMA LEGAL
Luz Estrada recalca que desde hace seis meses el OCNF y otras agrupaciones entregaron a la Segob un proyecto de reforma al reglamento de LGAMVLV, con el fin de eliminar los obstáculos que hasta ahora impiden que se declare la AVG.
Entre las propuestas, se define que sea sólo la Segob quien determine la procedencia de la investigación de los casos de violencia de género y de la AVG.
Se plantea también la creación de un grupo interdisciplinario encargado de esa indagación, conformado por personal académico y experto en la materia, y sin nexos partidistas.
Sin embargo, Angélica de la Peña observa que antes de modificar el reglamento se debe reformar la LGAMVLV, para determinar al organismo encargado de ordenar la investigación y decretar la AVG, y evitar así “malas interpretaciones”.
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