La jornada
De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por medio del programa Quién es Quién en los Precios, las familias de los alumnos de nivel primaria deberán erogar entre 901 y 2 mil 659 pesos para uniformes y útiles escolares por cada menor que envíen a la escuela. Salta a la vista que tales cifras resultan difícilmente alcanzables para los sectores de menores ingresos. Concretamente, de acuerdo con un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, 42 por ciento de la población ocupada tiene ingreso de un salario mínimo o menos (cerca de 2 mil 650 pesos mensuales), en tanto que 95 por ciento de los poco más de 50 millones de trabajadores registrados en el país tiene ingresos inferiores a cinco salarios mínimos (unos 13 mil 250 pesos).
Así, para un importante porcentaje de la población, la totalidad de su salario mensual por persona no logra cubrir el gasto en útiles y uniformes de un solo hijo, y la parte más afortunada debe erogar para tal efecto una porción importante de su ingreso. Adicionalmente han de sumarse los costos del transporte, las cuotas de facto que cobran buena parte de los establecimientos públicos para distintos fines y con diversos pretextos y los gastos extraordinarios. Y debe agregarse, también, la parte del presupuesto familiar para sufragar la alimentación y el alojamiento de los educandos.
Estas cifras ponen en cuestión nada menos que el principio de la gratuidad de la enseñanza pública y permiten entender buena parte de los rezagos y las lagunas educativas que padecen muchos estudiantes del nivel básico en el país: para un gran sector de la población, el llevar a sus hijos a la escuela representa, por más que ésta sea nominalmente gratuita, un desafío económico mayúsculo y una lucha casi heroica.
El panorama permite entender, asimismo, el dato indignante de que unos 3 millones y medio de niñas y niños, según datos recientes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, estén realizando alguna modalidad de trabajo infantil, lo que limita severamente su rendimiento escolar o, llanamente, les impide ir a la escuela.
Ante estos hechos es ineludible reconocer que la educación gratuita y obligatoria es en muchos casos una mera simulación y que una de las muchas tareas pendientes del sistema de enseñanza pública consiste en establecer políticas públicas y mecanismos que garanticen el pleno acceso a la escuela para todos los menores, independientemente de su escenario familiar y de su posición social, geográfica y económica. Para erradicar las tremendas dificultades de acceder a la enseñanza es necesario, sin duda, que el Estado se comprometa en un combate real a la pobreza, pero en lo inmediato debe garantizarse cuando menos que los educandos de la población más empobrecida puedan estrenar útiles y uniformes una vez al año, y los recursos para ello no tienen por qué implicar un presupuesto desmesurado que ponga en riesgo las finanzas públicas.
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