Escrito por Lucía Lagunes Huerta
No podemos dejar pasar el feminicidio de la niña Camila, como si todo estuviera resuelto, porque no es así, lo que tenemos hasta ahora es la conjunción de versiones oficiales que no necesariamente son la verdad sobre lo ocurrido.
Aunque suene obvio decir que Camila no debió de ser asesinada, hay que recordarlo porque pareciera, por la narrativa oficial, que esto fue así y ya. Que lo ocurrido con Camila es producto de la crueldad de una mujer, que hoy no puede dar su versión de los hechos porque Ana fue asesinada por una multitud.
El feminicidio de Camila es la consecuencia de la omisión de las autoridades Estatales y municipales, porque las niñas y mujeres en Guerrero viven en peligro permanentemente. Dos datos, Guerrero tiene dos alertas por violencia de Género, la primera tiene siete años por violencia feminicida, entidad que en 2023 tuvo un incremento de violencia contra las mujeres en 23 por ciento.
Hay que revisar el actuar de las autoridades y no perdernos en la versión que se centra en unos supuestos delincuentes.
Pues según las cronologías periodísticas, que salieron antes de la versión oficial de la mañanera, la madre de Camila no pudo denunciar la desaparición de la niña en Taxco, y tuvo que trasladarse a Iguala a la fiscalía general del Estado.
No hay explicación del porqué la negativa en Taxco cuando existe en Guerrero la “Alerta Violeta”, que según presume el gobierno del estado es el único operativo de búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas que No requiere denuncia.
Aquí hay un primer punto para investigar en la revisión de las posibles omisiones de las autoridades municipales y estatales, y en caso de confirmarse fincar responsabilidades, pero, sobre todo, esta revisión debe servir para que no vuelva ocurrir.
No basta con tener protocolos si las autoridades los desconocen o no lo aplican, si no existe coordinación entre ellas y si la vida de las niñas y mujeres no se toma en serio.
Tampoco se trata de un peloteo de cultas entre autoridades que no ayuda a mejor la seguridad de niñas y mujeres.
Garantizarla es responsabilidad de los gobiernos, por ello es inadmisible que las respuestas de las autoridades sea culpar a las madres, como lo hizo el secretario de seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, quien recientemente renunció al cargo.
La renuncia no lo exime de responsabilidad, y no hay que permitir que se vuelva el mecanismo para dar carpetazo a las investigaciones internas que hay que hacer, por posibles omisiones, inacciones o colusiones.
Luego de una semana del feminicidio de Camila tenemos una familia que no ha logrado verdad ni reparación, una comunidad que cargará el estigma de la violencia, autoridades que buscan eludir su responsabilidad y la acumulación de las deudas del estado con las víctimas de feminicidio.
Porque hasta ahora no hay nada resuelto y sí muchas víctimas, no solo Camila y su familia, sino también Ana, su hija e hijos, quienes fueron golpeados casi hasta la muerte frente a policías y elementos de la Guardia Nacional quienes solo observaron.
Dónde está el Estado, para hacer valer los derechos de niñas y mujeres en nuestro país, a esta pregunta no logramos tener respuesta aún.
En tanto el feminicidio de Camila se suma a la lista dolorosa e indignante de quienes esperan justicia, verdad y reparación, como Wendy la adolescente de 16 años del estado de México que un 20 de marzo de 2021 fue desaparecida y cinco días después encontrada sin vida o Debanhi Escobar, quien el próximo 9 de abril cumplirá dos años sin respuesta de lo ocurrido en Monterrey, pese a todas las promesas presidenciales y Estatales.
Dónde estaba la autoridad cuando estas niñas y adolescentes enfrentaban a sus agresores.
El formato que vimos el martes pasado donde el general Bucio describe la cronología post mortem de lo ocurrido con Camila es el mismo que presentó Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el feminicidio de Debanhi, ambas acciones se asemejan más a una simulación que a una verdadera investigación judicial que nos informe con certeza lo ocurrido con las víctimas y deje claro quiénes son los responsables y los lleve ante la ley.
Las deudas con las víctimas cobran intereses, cada feminicidio que queda en la impunidad es el banderazo que permite otro más y de eso son responsable las autoridades federales, estatales y municipales, porque todas han sido omisas, en distintos grados, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y el feminicidio de Camila es producto de ello y el linchamiento contra Ana también.
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