Lev M. Velázquez Barriga*
La Jornada
Desde que se creó el servicio
profesional docente como la guillotina para cercenar al magisterio, se
diseñó casi a la par, en 2014, la Ley de Coordinación Fiscal para
secundar cualquier intento inconcluso de eliminarlo a través de la
evaluación. Si bien la faceta evaluativa de la reforma educacional no se
ha agotado, sí pasa por una etapa crítica. Por tal razón han activado
de manera paralela mecanismos complementarios de despido, dispositivos
administrativos que van reduciendo las plantillas escolares y que
precarizan su salario. Tales medidas han ido avanzando de manera lenta,
esparciéndose como un cáncer por el sistema educativo, pero hoy están
provocando verdaderas situaciones de caos, a tal grado que suman
descontentos en distintas partes del país.
La amenaza continua de una evaluación que atenta contra la
estabilidad laboral de los profesores de mayor antigüedad ha sido
suficiente para expulsarlos, por medio de la jubilación obligada;
hablamos de por lo menos veinte por ciento del universo total de
mentores mexicanos que desde 2013 han visto en el retiro la vía más
segura para no perderlo todo. La situación es aún más preocupante
después de la reforma fiscal, porque a partir de ella la aritmética
tecnocrática para renovar, contratar y cubrir el salario a los maestros
cambia radicalmente.
Para hacerlo gráfico, pongo de ejemplo a Michoacán: sólo en 2016 se
tramitaron 3 mil 300 jubilaciones de claves docentes; por consecuencia,
debieron darse de alta un número igual para llenar los vacíos, más otras
tantas si consideramos el crecimiento natural de la población escolar;
sin embargo, el gobierno sólo cuenta con 200 profesores idóneos
disponibles con contratos de cuatro meses que terminarían en julio del
presente año, resultado de las evaluaciones para el ingreso al servicio
docente.
La situación dejaría en el abandono a más de 3 mil grupos, de no ser
porque los profesores han decidido por propia voluntad no irse de las
escuelas. En la otra cara de la moneda, las secretarías de Educación
federal y de Michoacán se niegan a contratar a mil 200 egresados de las
normales públicas de la generación 2016, cifra incluso menor a las
necesidades reales. Esto no es nuevo, se han negado desde que entraron
en vigor las reformas educativa y fiscal, tal pareciera que la finalidad
es reducir al máximo la nómina educativa, pero a su vez cumplir el
propósito de Aurelio Nuño de eliminar las escuelas rurales.
El problema crece exponencialmente con el control centralizado en la
planificación de grupos escolares, porque los nuevos reglamentos
administrativos tienen como requisito un mínimo de alumnos por encima
del promedio de la OCDE; esto ha traído como consecuencia que en las
escuelas de baja matrícula donde sus profesores piden cambio para salir
ya no les sean reintegrados sus recursos humanos, pero también se
advierte la tendencia a la fusión de grupos, incluso a la desaparición
de los dobles turnos y por tanto de las dobles plazas.
La reforma fiscal y el régimen de negociación salarial única a
escala nacional ha precarizado sistemáticamente el salario, la
tendencia de los últimos años apunta al encasillamiento, como sucede en
Chile, donde el aumento depende de los resultados de la evaluación, por
lo que podrían pasar varios ciclos cuatrienales sin ninguna mejora.
Sumemos a estos agravios que con el recorte del calendario escolar a 185
días (promedio de la OCDE) se pretende aumentar la jornada diaria, por
si no fuera suficiente que los maestros mexicanos se encuentran entre
los que más horas trabajan al año y los que menos ganan.
Los más afectados con la precarización son los docentes cuyas claves
presupuestales fueron creadas con techos financieros estatales después
de la descentralización escolar de los años noventa, pero que ahora
penden de un hilo con el proceso de reconcentración de la nómina
magisterial. A lo anterior le sumamos que entidades altamente endeudadas
–tal es el caso de Michoacán–, han encontrado la justificación para sus
desvíos financieros, de ese modo vemos un Silvano Aureoles que cobra
oficialmente como gobernador, pero gasta y actúa como todo un candidato
presidencial. Reforma fiscal y corrupción son la combinación perfecta
que ha privado a los profesores estatales, por más de dos años, de las
prestaciones que por ley les corresponden, una de ellas fue precisamente
la del Día del Maestro. Los abusos contra el salario docente han
llegado hasta niveles inconcebibles, en los que los descuentos vía
nómina para pagos por concepto de créditos personales no llegan al
destino de los acreedores, sino que se quedan como un vil robo en las
arcas del gobierno.
Estas problemáticas derivan de una misma reforma con dos vertientes:
una educativa y otra fiscal, ambas hacen de Michoacán y otros estados
que hoy sostienen movilizaciones sociales decididas, un caldo de cultivo
que comienza a agitar rebeliones magisteriales de dimensiones
nacionales, acumulan la necesidad de transitar de los descontentos
focalizados a las jornadas de lucha concentradas en la capital de la
República o por lo menos coordinadas en las distintas regiones del país,
de otro modo se pierde de vista que se enfrenta una política de Estado a
escala federal.
*Doctor en pedagogía
