4/29/2017

En mayo, en Colombia seminario Mujeres y medios en procesos de paz

Organizado por Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género


Con el objetivo de analizar el quehacer del periodismo en la búsqueda de la igualdad de derechos para las mujeres y su aporte en la construcción de la paz en Colombia, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género organizará el seminario internacional “Las mujeres y los medios en los procesos de paz”, este 2 y 3 de mayo.

En el seminario, a realizarse en el Teatro México de la Universidad Central en Bogotá, Colombia, se compartirán las experiencias de inclusión y no discriminación de las mujeres en los medios masivos durante procesos de negociación y construcción de una cultura de paz y propuestas alternativas desde la comunicación para narrar el posconflicto con perspectiva de género desde los derechos de las mujeres.

También se analizará el papel de la sociedad civil en la información y el rol de las redes sociales para promover los derechos de las mujeres, según informó en un comunicado la Red Colombiana, que además celebrará una década de trabajo con este encuentro.

La directora de la Red, la periodista Fabiola Calvo Ocampo, afirmó que “el seminario es novedoso porque es un tema que ha tenido escasa visibilidad y tendrá como invitadas a reconocidas periodistas de países con conflictos similares al colombiano. Adicionalmente, se presentará una iniciativa para incidir en las salas de redacción y facultades de comunicación y periodismo en las regiones, para que a través de su oficio contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres”.

De acuerdo con la Red uno de los retos que enfrentan los profesionales de la comunicación es cómo producir mensajes periodísticos, comunicativos, informativos y publicitarios que no reproduzcan las desigualdades entre hombres y mujeres. Como ejemplo, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, realizado en 2015, muestra que las mujeres son objeto de noticia solamente en 29 por ciento de los casos y son escasas las noticias que desafían estereotipos de género.

En América Latina, exponen las organizadoras, los hechos de violencia hacia las mujeres rara vez se abordan desde un enfoque de derechos y la presencia de mujeres en las noticias está marcada por el uso de estereotipos.

Según la investigación Estereotipos y Roles de Género utilizados en la Publicidad Transmitida a través de la Televisión de la Fundación Konrad Lorenz, se estima que cerca de la mitad de los contenidos promueven estereotipos sexistas.

A propósito de su décimo aniversario, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género convocó a quienes ejercen el periodismo y la comunicación con la propuesta de construir nuevas subjetividades y otras miradas para abrir las puertas a un lenguaje transformador que permita un periodismo con visión y enfoque de género.

El seminario es apoyado por ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, el diario El Espectador con el proyecto Colombia 2020, la Universidad Central, los ministerios del Interior y de Cultura, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Entre las invitadas internacionales estarán la abogada, periodista, locutora y activista por los derechos de las mujeres, la infancia y la libertad de prensa en El Congo, Caddy Adzuba, quien en 2014 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias; la fundadora de La Cuerda, publicación feminista que surgió luego de la firma de los Acuerdos de Paz en ese Guatemala, Rosalinda Hernández Alarcón; y la editora del Diario El Mundo de El Salvador y Premio de Periodismo de Investigación en las Américas, María Cidón Kiernan.

Especial Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud

OSC denunciarán ante instancias internacionales


La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.

El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.

“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.

Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.

En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.

Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.

Imagen: Nelson Rodríguez.

La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.

Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.

La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.

Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.

Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.

Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.

Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.



CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .-

Colombianas dicen ¡no a la violencia y no al feminicidio!

 Protestan hoy frente a Fiscalía de Bogotá

Este jueves, en Bogotá, Colombia, frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, cientos de mujeres y organizaciones feministas se reúnen desde las cuatro de la tarde, en contra de la violencia de género, con la consigna “¡Basta ya!, Colombia no a la violencia y no al feminicidio”.

Convocadas por la  Fundación Maisa Covaleda, su propósito es llamar la atención, protestar con velas, flores, cruces y globos,  y hacer conciencia ante el grave problema de la violencia contra las mujeres que ha ocasionado 204 casos de feminicidio, de enero al 11 de abril de este año, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal.

Y a esa cifra se suman ya los más recientes asesinatos: el de la niña Sarita Palacio, torturada, muerta y abandonada en Armero Guayabal; la  bebé de cuatro meses vejada y asesinada en el departamento del Meta; Mónica Ávila, maltratada y muerta en Cundinamarca; la joven del resguardo indígena Yaquiva del Cauca; el de Leidy Laura Burgos de Medellín, y el más reciente  de Jennifer Katherine Cáceres, de 24 años, apuñadada en Bogotá, crímenes que desbordaron la indignación social.

Protestan también en contra de la violencia sexual contra la niñez, ya que datos del Instituto de Medicina Legal señalan que entre enero y marzo de este año se han practicado 4 mil 315 exámenes médicos por presunto delito sexual contra menores de edad,  3 mil 674 a niñas.

Por eso hoy, en la movilización se exigen, como hace un año al inicio de la campaña “Romper el Silencio”, convocada por  María Isabel Covaleda y Beatriz Torres, víctimas de violencia de género, que haya políticas públicas para la protección de las mujeres y niñas colombianas; que la ciudadanía se convierta en inspectora de la justicia y actuar ante la indignación.

Explican las convocantes que la protesta se realiza frente a la sede de la Fiscalía General, porque ahí se investigan los casos de feminicidio y se califican los procesos, aunque deberían también  protestar ante la Policía, la Procuraduría y las Personarías, ya que esas instituciones deben asumir sus responsabilidades para garantizar la vida de las mujeres.

La propuesta de movilizarse este miércoles surgió hace dos semanas, cuando la organización Maisa propuso actos en protesta por el feminicidio de  Claudia Johana Rodríguez, quien tenía  40 años de edad cuando fue  asesinada por su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá. 

Ante el silencio de las instituciones del gobierno que debería garantizar la vida de las mujeres, cuestionaron en dónde está la revisión de los procesos y por qué las instituciones no se pronuncian  y por qué la policía no cumplió con proteger a la ciudadanía, como sucedió con Claudia. Hoy la protesta no es por Claudia, es por todas.

Imagen retomada del facebook de la Fundación Maisa Covaleda
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Urge reactivar Observatorio Nacional de Feminicidios de Nicaragua

Campaña de donación busca recaudar 5 mil dólares


En Nicaragua, 126 mujeres fueron víctimas de femicidio/feminicidio entre 2014 y el 2015. Juana era una de ellas: era madre, trabajadora, tenía tres hijos, sueños y una vida por delante, pero fue asesinada por su ex pareja, pese a que lo había denunciado a la policía por maltratos y golpes, sin que le hicieran caso ni le dieran protección.  
 
Su historia, que se repite con otras mujeres en todo el país, no quedó en el olvido, quedó registrada por el Observatorio Nacional de Feminicidios, un proyecto que sirvió para exigir justicia, acciones de prevención, políticas públicas para salvar vidas, pero que no pudo continuar sus trabajos y cerró en 2015 por falta de financiamiento. 
 
Hoy, la Red de Mujeres contra la Violencia, integrada desde hace 25 años por organizaciones de varios municipios y departamentos de Nicaragua y creadora del Observatorio Nacional de Feminicidos en 2005, busca reactivar este instrumento, porque el problema de la violencia contra las mujeres “va de mal en peor” y porque en el país siguen sin existir programas ni políticas de apoyo para las familias de las mujeres asesinadas.  
 
La vida de cada mujer cuenta: conociendo las historias y circunstancias de sus muertes, podemos ayudar a salvar la vida de miles de mujeres en Nicaragua, señala el texto de la campaña impulsada por la Red de Mujeres contra la Violencia, cuya meta es recaudar 5 mil dólares, antes del 17 de mayo de 2017, para reactivar y renovar el Observatorio con el personal mínimo requerido.  
 
EL NUEVO OBSERVATORIO  
 
Explica la Red que el nuevo Observatorio no solo brindará cifras o datos estadísticos sobre los casos de feminicidio, ya que hará también investigación para difundir historias de vida de las víctimas, como Juana, y de los feminicidas. 
 
Analizaremos los casos, dice la Red, las circunstancias del delito, los factores sociales y culturales que intervinieron en el problema, y brindaremos pistas para que las personas puedan reconocer actitudes, comportamientos y circunstancias que representan luces de alerta.
 
Además el Observatorio brindará insumos para incidir en los operadores de justicia, para demandar políticas públicas y la aplicación correcta de la ley, para apoyar a las sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, y para poder sensibilizar y educar a la población. 
 
El Observatorio será manejado por un equipo de personas expertas en registro y monitoreo de medios, con especialización en derechos humanos, con una amplia experiencia en producción de materiales educativos y con la sensibilidad para rescatar la dimensión humana tanto de la víctima como del criminal, y así poder mostrar las circunstancias de vida que están detrás de los datos estadísticos. 
 
Además, señala, contaremos con el trabajo voluntario de expertas en atención y prevención de las violencias contra las mujeres, quienes revisarán y aprobarán las publicaciones de los datos obtenidos a través del Observatorio
 
CÓMO DONAR
 
Las y los donantes al Observatorio, podrán acceder a reportes, en formato digital y su nombre aparecerá en los créditos de la publicación como personas comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres en Nicaragua. 
 
Para realizar la donación, está disponible el sitio: https://hipgive.org/es/project/help-us-to-reactivate-the-national-femicide-observatory/
 
Los 5 mil dólares recaudados permitirán la operación del Observatorio durante un año, para producir tres reportes trimestrales y uno anual.  
  
Imagen retomada del portal hipgive.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

En Guatemala, campaña para detección de CaCu

En apoyo a mujeres que asisten poco a consulta


 Una campaña gratuita de detección temprana de cáncer de cuello de útero ponen en marcha el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, como un reconocimiento y apoyo a la lucha que impulsan día con día las guatemaltecas, por un mejor futuro y calidad de vida para ellas y sus hijos.

La iniciativa consiste en realizar acciones para concientizar e informar sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos, para evitar el desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer, que es una de las causas más importantes de muerte en las mujeres, señala la información de las instituciones convocantes.

La principal razón es por la falta de asistencia a las consultas, por lo que el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, de manera conjunta, se unen para incentivar a la población a realizar por lo menos una visita al año para efectuarse los diagnósticos oportunos.

El comunicado detalla que el cáncer cérvico uterino (CaCu) es una patología que se produce cuando las células del cuello uterino comienzan a transformarse en una forma anormal y es causado por el VPH (Virus de Papiloma Humano), que se transmite por contacto sexual. Estas alteraciones en las células son conocidas como lesiones y las hay de distintos grados, algunas son precursoras de cáncer.

El Sanatorio el Pilar y FINCA Guatemala brindarán gratuitamente las pruebas de Papanicolaou el 29 de abril y 6 de mayo, a 300 mujeres emprendedoras de escasos recursos económicos, “que han tenido el coraje y la valentía de acercarse a FINCA en busca de un mejor futuro, y que con sus historias de vida se han robado nuestros corazones y nos han impulsado a contribuir con dos de las problemáticas que afectan a la sociedad guatemalteca: las deficiencias de la sanidad pública y la complejidad de ser mujer en Guatemala”.

Las pruebas serán realizadas por ginecólogas y ginecólogos del Sanatorio El Pilar, quienes se han ofrecido voluntariamente, identificándose con la causa desde el primer momento.

E igualmente identificados con la causa, laboratorios Qualipharm, Servicios Quirúrgicos, Asofama y Paqnalab, han colaborado con medicamentos, para entregar a las mujeres que tengan resultados positivos a infecciones vaginales y completar su tratamiento hasta una mejora y recuperación total.

Más que un día de prevención, se busca promover un estilo de vida saludable para la guatemalteca, una mujer sana, fuerte y con el futuro en sus manos, señala el comunicado.



Imagen retomada del portal elpilar.gt Por: la Redacción Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 

Cooperativas, alternativa para mujeres rurales en Nicaragua

 Propaganda sobre igualdad de género no acaba con machismo


Pese a la existencia de una serie de leyes aprobadas en los últimos 10 años, que promueven las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, la cultura machista persiste en Nicaragua especialmente en las zonas rurales del país, donde las mujeres en su mayoría son sometidas a las decisiones de sus parejas.

De los seis millones de habitantes que tiene Nicaragua, más de la mitad son mujeres y de éstas aproximadamente un millón son mujeres rurales, las que se las ingenian para poder lograr una verdadera independencia de los hombres, sostiene la directora de la Coordinadora de Mujeres Rurales, María Teresa Fernández.

Una de las alternativas que han encontrado las mujeres rurales para lograr cierta independencia en sus comunidades ha sido la de organizarse en cooperativas de diferentes ramas, especialmente de granos básicos, café, producción de miel y otros rubros agrícolas.

Organizarse en cooperativa fue una de las alternativas que encontró Lisseth Escalante, una joven de 28 años de edad y madre de dos hijos, habitante de la comarca San Juan de la Penca, en el occidental departamento de Chinandega, a 2 horas y media de Managua.

La joven narra que antes de ingresar a la cooperativa se levantaba desde las 2:00 de la mañana para poder hacer las labores del hogar y luego otras tareas, sin embargo, al entrar a la cooperativa multisectorial “Mujeres en Acción”, logró abrir los ojos, debido a que vivía con el modelo machista y  su madre le decía “las mujeres tienen que trabajar solo para servir al hombre”.

En en la cooperativa, Lisseth se ha capacitado y animado a otras mujeres a que deben de empoderarse sobre la igualdad de los derechos humanos entre hombres y mujeres, y desprenderse de antivalores machistas.

A pesar de toda la propaganda gubernamental sobre la igualdad de género en Nicaragua, la mayoría de las mujeres no han salido del ciclo de la violencia y en las zonas rurales lamentablemente se sigue viendo normal que el hombre las maltrate y las controle, denuncia Lisseth.

POBREZA AFECTA MÁS A LAS MUJERES

En las comunidades donde las familias viven en condiciones de pobreza, con menos de dos dólares al día, son las mujeres las más afectadas, dice Lisseth, son las últimas en alimentarse en la casa, primero le sirven al hombre, luego a los hijos e hijas y si alcanza comen ellas.

Cuando los hombres se van del hogar y las dejan con las hijas e hijos, son ellas las que tienen que cargar con dobles o triples jornadas para salir adelante, primero con las labores del hogar sin remuneración, segundo con la búsqueda de empleo en donde muchas veces lo único que encuentran son labores del hogar, en donde generalmente no les pagan ni el salario mínimo, que en Nicaragua es de 3 mil 200 córdobas, equivalentes a unos 107 dólares al mes.

Si la mujer es campesina y quiere sembrar una parcela de tierra, se enfrenta a muchas dificultades porque tiene que pagar el alquiler de la tierra y buscar financiamiento, en la cual encuentra muchas puertas cerradas en las instituciones financieras, es el caso de Esperanza Chávez, madre de tres hijas y tres nietas.

Esperanza de 65 años de edad, es originaria de una comunidad rural de Masaya, a una hora al oriente de Managua, y cuenta que no volvió a ir a un banco porque se sintió discriminada cuando preguntó por financiamiento y lo primero que le pidieron fue la escritura de su casa, (la cual no tenía), de lo contrario no era candidata para recibir un solo córdoba.

La experiencia amarga que tuvo Esperanza la llevó a integrarse en la cooperativa Dios y Amor de Masaya, en donde recibe apoyo de un fondo revolvente para cultivar granos básicos en una parcela, a la cual sus hijas le ayudan y así obtienen los alimentos y la subsistencia.

Para Calixta Martínez, originaria de Ciudad Darío, a hora y media al norte de Managua, socia de la cooperativa La Dariana, que la integran 105 mujeres, esta es la mejor opción para enfrentar la pobreza que afecta a las mujeres.

“Si la mujer no está organizada, se expone a todo tipo de discriminación y desigualdad”, dice Calixta de 45 años de edad, quien agrega que personalmente no ha sufrido ningún tipo de desigualdad, pero conoce casos de otras compañeras que no están organizadas y que  sufren por las relaciones desiguales de género existentes en el país.

CARGOS PÚBLICOS  NO GARANTIZAN IGUALDAD


El gobierno de Daniel Ortega, quien ostenta el poder por segunda vez desde el 2006, ha promovido leyes que favorecen los derechos de las mujeres, “sin exagerar, tenemos el país de América Latina con el mayor gabinete ocupado por mujeres”, dice el diputado sandinista Douglas Alemán, miembro de la Comisión Económica del Parlamento Nacional.

El Estado nicaragüense ha hecho su mayor esfuerzo por acabar con la desigualdad de género, sin embargo, tenemos una herencia patriarcal muy arraigada, por lo cual ha sido muy difícil, reconoce el diputado sandinista.

El diputado además es un reconocido ganadero del país y asegura que lamentablemente en el sector ganadero no conoce una sola mujer mandadora (administradora operativa) en una finca.

El machismo en las fincas ganaderas predomina, a los trabajadores no les agrada la idea de que una mujer sea quien los dirija y sobre esos comportamientos machistas también hay que trabajar, dice el diputado sandinista.

Para la dirigente feminista Haydeé Castillo, la existencia de un marco legal a favor de las mujeres no garantiza relaciones equitativas en el país, pues lamentablemente las leyes no se aplican o se reforman a favor de conveniencias políticas que a la larga responden a intereses machistas.

Muchas de las mujeres en cargo públicos no tienen autonomía en sus decisiones, tienen que responder a un partido político que les permitió llegar al cargo y esos partidos políticos son dominados por hombres, lamenta Castillo.

Ante esta situación, se requiere de políticas públicas que garanticen las relaciones igualitarias en el país y la autonomía de las mujeres en cargos públicos, que esas funcionarias se empoderen de los derechos de las mujeres, propone Castillo.

La diputada opositora Adilia Salinas, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reconoció la situación difícil que viven muchas mujeres, especialmente en el campo y aunque señaló la existencia de varias leyes favorables para las mujeres que se han aprobado en este parlamento, hace falta su aplicación efectiva, por lo cual las mujeres deben seguir luchando por sus derechos.

Imagen de Nelson Rodríguez Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic
  

4/28/2017

Dictamen que conculca derechos de mayorías

Utopía

 

Eduardo Ibarra Aguirre

 

La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, encabezada por el mercenario –describo, no califico– Partido Verde Ecologista, aprobó el dictamen que impedirá a los ciudadanos y los políticos profesionales ejercer el derecho a defenderse legalmente cuando sean difamados en medios de comunicación electrónica, práctica habitual en el oligopolio de la radio y la televisión mexicanas, por supuesto que con excepciones que confirman la tan antidemocrática como añeja conducta.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el documento se incluirá en la orden del día de la sesión plenaria con un cambio sustancial en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para permitir la divulgación de publicidad o propaganda camuflada como información política. Práctica en la que son expertos los propietarios, directivos y conductores del duopolio de la tele –con todo e Imagen Televisión no acaba de convertirse en triopolio– y el oligopolio que forman una docena de familias en la radio, entrecruzadas con el negocio alienante de la pantalla chica.

Justamente cuando Reporteros Sin Fronteras dio a conocer el informe anual en el que asegura que México sigue ocupando el tercer lugar en la aldea global entre los 72 países –de un total de 180 evaluados– que "se hallan en una situación difícil o muy grave" en cuanto al ejercicio de la libertad de prensa, y además "encabeza la lista negra" en América Latina, está 10 lugares por encima de Venezuela, gobierno que es denunciado como "dictatorial" por el oligopolio mediático azteca y mundial.

En el dictamen desaparecen los códigos de ética y los defensores de las audiencias previstos en los Lineamientos generales para la defensa de las audiencias, aprobados por el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También establece que "se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión haya sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia".

De aprobarse lo anterior, quedará abierta la puerta para que los concesionarios, en su código de ética –que no tiene ningún valor legal y se aplica al gusto e intereses de cada corporativo empresarial–, establezcan los elementos y prácticas que observarán para evitar incurrir en la prohibición de transmitir publicidad como información política. El artículo 258 de la LFTR garantiza a los propietarios de concesiones decidir si dan a conocer sus normas éticas, allanándose al principio de la autorregulación, cualquier cosa que esto signifique. Y el IFT no tendría nada que hacer en esta materia.

La reforma que los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Acción Nacional todo indica que aprobarán, salvo milagro que por lo menos en política es inexistente, garantizará a los propietarios de medios derechos y libertad de expresión que hasta hoy tienen límite mediante la defensa de las audiencias.

La anulación del derecho de réplica en medios electrónicos contemplada en el dictamen es una pésima noticia para las mayorías. Y en plena recta final de la segunda década del siglo XXI constituye una práctica tan reglamentada y acotada por el oligopolio mediático que la vuelve prácticamente inexistente, con todo y que está contemplado en la Ley de Imprenta, legislación que es previa a la Constitución de 1917.

Acuse de recibo

"Por alguna extraña razón, los primeros 100 días de gobierno se han vuelto una especie de marca cabalística para cualquier gobierno. Cuando Roosevelt ganó su primera elección (tiene marca de todos los tiempos, ganó cuatro), en 1933, el drama era la gran depresión económica. Se fijó una meta de 100 días, y para entonces vaya que al menos había inyectado esperanza en los empobrecidos gringos.
Y sí, Trump llega a este sábado con récord de más veces pasando los fines de semana en su castillo en Palm Beach, de más veces que un poder judicial estatal le tumba su proyecto de vetar a ciudadanos de siete países". La opinión es de Heriberto Lugo en SDP Noticias (Trump: 97 días de retrocesos y derrotas, 26-IV)… Precisión de María Teresa Menéndez, del portal Información de lo Nuevo: "Tiene usted razón en la cifra de homicidios dolosos"… David Cilia Olmos invita a
participar en el acto político-cultural del día 29, a las 12:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, "por la liberación de José Manuel Mireles y autodefensas michoacanos"… En la sección De Nuestros lectores, de Forum, sobresalen: Pide a Emilio Álvarez Icaza: "No aceptes marchar por separado"; Peticiones para el delegado de Coyoacán; Testimonio sobre venta de mota y agresiones en Contaduría de la UNAM; Logra la liberación de Dolores en Oaxaca, víctima de violencia judicial; No hay recursos federales para atender a los dreamers.

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CIDH: sin freno, graves violaciones a derechos en México


Ignora propuesta de retirar militares de tareas de seguridad
Lamenta la CIDH que México no acate sus recomendaciones
Persisten graves violaciones a los derechos humanos, destaca reporte
 
Periódico La Jornada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó los insuficientes avances del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas desde diciembre de 2015 sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos, incluso con la colusión de autoridades con el crimen organizado y una impunidad casi generalizada.
Advirtió que en este tiempo prácticamente ha sido ignorada la recomendación de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por las policías civiles.
En su informe anual 2016, en cuyo capítulo quinto incluye el seguimiento a las recomendaciones enviadas a varios países de la región, entre ellos México, la CIDH señala que el número de operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales por las fuerzas armadas, ya sea Ejército o Marina, se incrementó 26.5 por ciento entre el primero de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, según datos oficiales.
Tampoco existe, agrega, un plan específico para el fortalecimiento de la capacidad de las policías civiles con la finalidad de realizar las tareas de seguridad pública conforme a los estándares internacionales en derechos humanos.
En 87 páginas, el informe sobre México repasa las recomendaciones en temas de seguridad, tortura, desapariciones forzadas y por particulares, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, derechos de la comunidad lésbico-gay, de las mujeres, niños y adolescentes, indígenas y migrantes.
Analiza brevemente los casos de ejecuciones de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayoztinapa, Guerrero, y el mecanismo de seguimiento implementado por la propia CIDH para este caso particular.
En todos los casos, tanto en los primeros como en los últimos, hay diversas y múltiples omisiones e incumplimiento de las recomendaciones, afirma.
Para 2016 continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones, de homicidios sin una debida investigación, así como las denuncias de tortura, la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica o por sus actividades, como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos, dice el reporte de seguimiento.
Si bien reconocie que hay avances legislativos, la CIDH considera que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y el reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimenta gran número de habitantes cuando buscan justicia pronta y efectiva.
La CIDH realizó una visita in loco entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2015, y el 31 de diciembre del mismo año emitió el informe Situación de derechos humanos en México, en el que planteó varias recomendaciones al gobierno mexicano, a las que se refiere el reporte de seguimiento.
En ese tiempo, entre otras cosas, el Informe de país de la CIDH señaló que México atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años; identificó situaciones de violencia que aumentaron durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y el inicio, en 2006, de la llamada guerra contra el narcotráfico, hasta alcanzar niveles alarmantes.
Según ese informe, la respuesta del gobierno mexicano ante el aumento de la violencia fue incrementar la participación de las fuerzas armadas, práctica que continuó con el cambio de administración en diciembre de 2012.

Yunes y Peña favorecen a Duarte y van contra AMLO


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AMLO: la tentación de anular su candidatura


Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La democracia mexicana en realidad se reduce a un sistema de competencia entre partidos y de una escasa concurrencia de candidatos independientes. No existen otras instituciones públicas democráticas como tampoco lo son las organizaciones de la sociedad, tales como los sindicatos, ejidos, etc. El clavo del que está cogido el país es el derecho al voto pasivo, es decir, recibir el sufragio ciudadano en elecciones periódicas, aunque no del todo equitativas y libres. Calentar ese clavo hasta hacerlo inaprensible sería llevar a México a un desbarrancadero.
En la víspera de la elección del año 2000, Vicente Fox y su partido se pusieron de acuerdo con el PRI para armar un procedimiento de desafuero contra el virtual candidato de la izquierda, López Obrador. La Cámara de Diputados votó por poner al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México a disposición de la justicia por haber desobedecido una orden de juez para suspender la apertura de una calle. Pero el propósito no era que Andrés Manuel ingresara en la cárcel, sino que, mediante un auto de vinculación a proceso (como se diría ahora), le fueran suspendidos sus derechos políticos, entre ellos el de voto pasivo, el de poder ser elegido a un cargo de elección popular.
Como recordamos, Vicente Fox, su procurador Macedo de la Concha; Santiago Creel, secretario de Gobernación; Roberto Madrazo, líder del PRI; Emilio Chuayffet, líder del grupo priista en San Lázaro; y Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Cámara; entre otros, lograron el desafuero pero se hicieron bolas cuando, para evitar la solicitud de una orden judicial de aprehensión, pagaron una fianza impuesta por el Ministerio Público, imaginando que el desaforado había sido presentado al mismo, lo que no podía ser porque no había sido aprehendido. De esa forma, se envió el pliego de consignación a un juzgado aunque sin detenido y ni siquiera simple indiciado: total, todo muy cómico. El juez tuvo que regresar a la PGR todo el tambache de papeles.
Lo anterior provocó una mayor indignación popular porque se veía más claro que era una burda maniobra política antidemocrática para evitar una candidatura. En ese momento, las cosas se compusieron porque Fox se vio orillado a retirar los cargos inventados por él mismo. El procurador y el subprocurador, es decir, los acusadores directos, se fueron a sus casas a descansar, pero los instigadores se quedaron en los más altos cargos de la República. Sin embargo, luego se volvió a descomponer el cuadro político con los operativos fraudulentos del PAN y el PRI que beneficiaron a Felipe Calderón y lo llevaron a la Presidencia de la República.
Ya se empieza a planear ahora lo que sería un nuevo complot (palabra sujeta a burlas pero que describe mejor que cualquiera otra cierta manera de hacer política en México), en el cual volverían a involucrarse desde el jefe del Ejecutivo, la PGR y algunos jueces, hasta los precandidatos, líderes y gobernadores del PRI y el PAN, pero en esta ocasión también las instancias electorales: INE y Tribunal.
No se trataría sólo de lo que estamos viendo, es decir, una campaña de desprestigio y uno que otro garlito en el que siempre caerá algún político de malas costumbres o de bajo entendimiento. Sería algo mucho más fuerte para anular la candidatura de López Obrador si la demoscopia no se modifica en sus periódicos dictámenes, las encuestas.
El propósito del PRI y el PAN no consiste en evitar la competencia electoral en el nivel de la disputa por el poder, sino en restringirla exclusivamente a esos dos partidos.
Desde 1988 ese ha sido el problema de los políticos del viejo régimen, los representantes de un sistema que no se ha modificado por más alternancia que haya habido. Siempre han estado conspirando para que la competencia sea sólo entre ellos. Es obvio que la forma más segura de que nada cambie es dejando al candidato inaceptable fuera de la competencia, cuando ése puede obtener una mayoría de votos.
Es justamente la concurrencia electoral la que siempre ha estado en peligro. Si ahora el complot culminara en la suspensión de derechos de López Obrador o en cualquier otra forma de convertirlo en inelegible, lo que en realidad estaría ocurriendo es el funeral de esa democracia formalista, la cual, sin embargo, es la única que tenemos aun con toda su precariedad.
Si el derecho a ser elegido se cancelara para alguien que pudiera lograr una mayoría, ya no habría derecho para nadie. Si a la evidente parcialidad de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales se le sumara la supresión del voto pasivo, ya no habría nada de donde se pudiera coger un país.
Ese país es México. Ya sabemos, por tanto, en qué consiste la tarea democrática más importante del preciso momento actual.

Dios mío, ¡hazme viuda negra, por favor!



Gabriela Rodríguez
La Jornada 
Se calienta la contienda electoral y estamos viendo como la clase política revive en forma de escorpión y de araña ponzoñosa, esa es la imagen que nos muestra la clase política dominante. Desde una telaraña azul a Josefina Vázquez Mota, la también autora del best seller Dios mío, ¡hazme viuda por favor! aparece en la escena del estado de México con un fashion de auténtica viuda negra.
Exclusivamente carnívoras y antagónicas entre ellas, las viudas negras sueltan el hilo y cazan a sus presas para aprovechar el acercamiento, y cuando están sujetas, les asestan un pequeño mordisco inyectándoles una dosis de su letal veneno. Este tipo de arácnido recibe el nombre popular de viuda negra debido a que generalmente la hembra se come al macho después del apareamiento, aunque a veces el macho escapa y logra aparearse de nuevo. Pero normalmente y una vez muerta la presa, la viuda se acerca y va inyectando sus jugos gástricos, haciendo que se disuelva para poder absorberla. Las hembras de esta especie son más grandes y pesadas que los machos.
Asumo el riesgo de hacer estas duras comparaciones, como ejercicio de la libertad de expresión directa de las imágenes oníricas que se me impusieron al término del primer debate por la gubernatura del estado de México. Rodeada de tarántulas y alacranes, desperté asustada por esta pesadilla que vivimos en el México de hoy.
Arácnidos inventan que Delfina es corrupta, y la comparan con Del Mazo y el mismo Duarte, descalifican a una maestra de origen humilde, cuyo crecimiento intelectual y político no la ha llevado a enriquecerse.
Veamos cuánto declaran tener cada quien en su declaración 3 de 3, para mi juicio, este es un buen indicador, nunca exacto, de quién roba y quién no.
La candidata de Morena al gobierno del estado de México, Delfina Gómez Álvarez tiene un automóvil 1997 y una casa en Texcoco (con valor de 186 mil 617 pesos, adquirida a crédito en 1991). Actualmente, su ingreso anual neto como diputada es de un millón 205 mil 987 pesos. Cuenta con joyas adquiridas en los últimos 10 años que suman en total como 200 mil pesos y un menaje de casa adquirido a crédito por un monto de 105 mil pesos. En sus tres cuentas bancarias suman un saldo menor o igual a 100 mil pesos.
Alfredo del Mazo declara un ingreso neto anual total de 4 millones 571 mil 956 pesos: una remuneración neta anual por cargos públicos de un millón 735 mil 956 y de actividades financieras recibe un total de 2 millones 528 mil pesos. Tiene un terreno en Guanajuato (con valor de 8 millones, que le fue donado en 1992), otro departamento en Cuajimalpa (13 millones 634 mil 165 pesos, que también le fue donado) y otro en Huixquilucan (comprado de contado en 2005 por la cantidad de 3 millones 273 mil 632 pesos). Además de los dos departamentos en Quintana Roo adquiridos en 2011 (uno comprado de contado por un millón 815 mil pesos y el segundo, a crédito con un valor de 2 millones 170 mil 800 pesos) y otra casa en copropiedad, en la delegación Miguel Hidalgo (adquirida al contado en 2016 por la cantidad de 5 millones 300 mil pesos). Del Mazo Maza tiene dos vehículos, uno adquirido en 2016 de contado por la cantidad de 882 mil 736 mil pesos y el segundo comprado de contado en 2017 por la cantidad de 305 mil pesos). Declara obras de arte con un valor de 2 millones 300 mil pesos, menaje de casa de un millón 600 mil pesos, joyas con un valor de 700 mil pesos y semovientes por 600 mil pesos. En cuentas bancarias declara un saldo mayor o igual a 500 mil un pesos, en dólares otra de 500 mil dólares, y otro tipo de inversiones con saldo menor o igual a 100 mil pesos.
Josefina Vázquez Mota declara ingresos por 12 millones 236 mil 476 pesos, de los cuales 7 millones 470 mil 690 corresponden a actividades financieras, 2 millones 61 mil 877 pesos por consultorías profesionales y 2 millones 703 mil 909 por arrendamientos, regalías y donaciones. Reporta tener en posesión una casa, terrenos y dos departamentos que suman más de 25 millones de pesos. Tiene dos autos, uno de 365 mil pesos y otro de 331 mil pesos. Joyas por 1.2 millones de pesos, obras de arte por 200 mil pesos y menaje de casa por 2.8 millones. En el banco reporta una cuenta mayor a medio millón de pesos, otra menor a 100 mil pesos y una más de medio millón de pesos.
De color negro carbón brillante, la viuda negra posee una mancha de color rojo, señal de peligro visible que se oculta en la cara inferior del abdomen, como para que no se vea ese color que en este país identifica al partido dominante. Durante las horas de luz, la viuda cuelga al revés en su tela y finge que está muerta.

Golpe a Vázquez Mota: diputados acuerdan auditar recursos de Juntos Podemos


Jesusa Cervantes 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Transparencia en San Lázaro aprobó por unanimidad realizar una auditoría financiera a los recursos que se han entregado durante 2014, 2015 y 2016 a la agrupación Juntos Podemos que encabeza Josefina Vázquez Mota, actual candidata del PAN al gobierno mexiquense.
A propuesta del diputado Vidal Llerena, de Morena, se determinó que la auditoría de desempeño practicada a los recursos que destina la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) a organizaciones para apoyar a mexicanos en el extranjero, no es suficiente para establecer el destino final de esos recursos del erario.
Hace una semana la Comisión de Relaciones Exteriores autorizó a que se hiciera una auditoría a los 900 millones de pesos que presuntamente ha recibido Juntos Podemos, y hoy el PRI respaldó la propuesta de Morena.
Cecilia Romero, diputada del PAN, dijo que su partido avala el punto de acuerdo porque están comprometidos con la transparencia y la congruencia.
La diputada del PVEM, Blanca de los Santos, aclaró que su instituto político no se suma a la propuesta por “fines políticos”, sino para que haya total transparencia en el uso de los recursos.
José Luis Toledo, del PRI, consideró de vital importancia el punto de acuerdo, pues dijo que todos los recursos deben ser auditados y tener claridad en su destino.
El promotor del punto de acuerdo Vidal Llerena, de Morena, explicó que hasta el momento se desconoce el padrón de los destinatarios de los 900 millones de pesos y que, a través de diversas organizaciones, dice que distribuyó Juntos Podemos.
Con esta investigación se da un golpe mediático a Vázquez Mota, candidata panista en el Estado de México, al tiempo que Delfina Gómez, de Morena, y una de las punteras en el proceso mexiquense, ya fue exhibida a través de su partido Morena, por lo que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y Juan Zepeda, del PRD, son los únicos que se han librado –hasta el momento– de escándalos mediáticos ligados con la corrupción.

Excesivo gasto del gobierno de EPN aumentó desequilibrios fiscales e hizo más vulnerables la economía: Moody’s Analytics



Este miércoles, Moody’s Analytics, aseguró que el excesivo gasto del gobierno federal a cargo de EPN aumentó los desequilibrios fiscales y externo del país, hizo más vulnerable la economía y no hubo mejorías en el crecimiento.
“El déficit externo se duplicó en los primeros cuatro años de la actual administración. Dado que el sector privado ha mantenido un balance equilibrado, el creciente déficit externo ha sido responsabilidad total del desequilibrio fiscal. La corrección de esta vulnerabilidad está en manos del gobierno” – mencionó Alfredo Coutiño, director para América Latina de la firma de análisis.

Según Coutiño, desde el inicio del gobierno de Peña Nieto en 2012, los déficits fiscal han crecido de manera importante y también, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cual mide las transacciones financieras de los sectores público y privado con el exterior.
Expuso que específicamente, en los pasados cuatro años, el desequilibró de la cuenta corriente llegó a duplicarse, ya que pasó de representar 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2012 a 2.7 por ciento en 2016. Por otra parte, el déficit fiscal subió de 2.6 por ciento del PIB en 2012 a 3.4 por ciento en 2015 y 2.5 por ciento en 2016.
Explicó que la cuenta corriente representa el resultado de las decisiones de ahorro o gasto en la economía, las cuales son tomadas por el sector público y el privado. El desequilibrio existente en cuentas externas refleja un exceso de gasto del gobierno, del sector privado o de ambos.
En cuanto a la ampliación de los desequilibrios macroeconómicos del país, mencionó que estos se derivan de las intencionadas políticas expansivas, las cuales se han reflejado en una ampliación del déficit fiscal, la creciente deuda pública, el aumento del desequilibrio externo y más recientemente, inflación al alza.
Por tanto, explicó que “dado que la reforma fiscal de principios del gobierno aumentó los ingresos públicos, el desbalance fiscal se explica por una expansión del gasto. Esto no es una sorpresa, puesto que desde 2014 se tomó la decisión de incurrir en déficits fiscales multianuales, a los cuales se unió una política monetaria expansiva –reflejada en bajas tasas de interés de referencia. Así, la expansión del presupuesto público, combinada con una mayor y más barata oferta crediticia impulsaron el gasto interno en la economía”.
El director lamentó que la expansión del gasto no se reflejara en un alza del crecimiento, debido a la poca capacidad productiva de la economía. El crecimiento potencial del PIB está limitado a no más de 2.3 por ciento al año gracias a la anemia de inversión productiva en el país. Por esto, Coutiño explicó que cualquier gasto en exceso representa inflación o importaciones, dos síntomas actuales y reales en México.
“La corrección de la vulnerabilidad externa del país tiene dos componentes. Uno, a través de precios y el otro en cantidad. El ajuste en precios ya se manifiesta en la significativa depreciación cambiaria que encarece las importaciones y abarata las exportaciones, mejorando la balanza comercial. El ajuste se da por medio del gasto. Es decir, la corrección estructural o de fondo está en el regreso a la disciplina fiscal, la cual de ser permanente ajustaría los niveles de gasto público a la capacidad de recaudación del propio gobierno”.
Para finalizar, aseveró que el país generó sus debilidades a partir de la falta de disciplina en sus políticas económicas.

Diputados aprueban reforma para acotar facultades del IFT



La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual ha sido criticado por acotar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) e ir en contra de los derechos de las audiencias.

El dictamen establece que se debe eliminar la obligación de que los códigos de ética de los concesionarios de radio y televisión se ajusten a los lineamientos del IFT y también deja asentado que la designación de los defensores de las audiencias la harán los propios concesionarios sin opinión de dicho instituto.
La reforma fue aprobada en lo general por 288 votos a favor, 114 en contra y 18 abstenciones; luego de que el pleno rechazó las reservas que presentaron diputados del PRD, MC y PAN; se avaló en lo particular con 208 votos a favor, 192 votos en contra y nueve abstenciones.
A favor del dictamen habló el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (PAN) y en contra lo hicieron los legisladores Sergio López Sánchez y Guadalupe Acosta Naranjo, ambos del PRD, y Renato Josafat Molina Arias (Morena).
El documento surgió de dos iniciativas que presentaron, por separado, los diputados Clemente Castañeda Hoeflich (MC) y Federico Döring Casar (PAN), en febrero y marzo pasados, a pesar de que el primero solicitó, el mismo día que la Comisión de Radio y Televisión avaló el dictamen (5 de abril de 2017), que su propuesta fuera retirada.
El dictamen reforma reforma el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para indicar, en la fracción IV, que entre los derechos de las audiencias está “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
Este artículo también se modifica para indicar que los códigos de ética de los concesionarios, bajo el principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada de cómo el concesionario se compromete a respetar y promover todos los derechos de las audiencias.
También para precisar que el código de ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o revisión del IFT o de autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier otra regulación.
Se reforma la fracción LIX del artículo 15, para estipular que entre las atribuciones del IFT está “ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias”, para, en su caso, imponer sanciones económicas a los concesionarios y defensores de las audiencias.
En el precepto 311 se elimina la fracción II del inciso C, para que el IFT ya no pueda multar a los defensores de las audiencias por no cumplir con los lineamientos del Instituto sobre sus obligaciones mínimas, de tal manera que sólo los podrá sancionar cuando no cumplan las obligaciones establecidas en la Ley.
El artículo 259 se modifica para establecer que “la actuación del defensor de la audiencia se sujetará, exclusivamente, al código de ética del concesionario, y únicamente rendirá cuentas a la audiencia y a las instancias que, en su caso, prevea el propio código”.
Asimismo, indica que “los concesionarios designarán libremente al defensor de la audiencia, sin que el Instituto u otra autoridad tenga facultades para intervenir u opinar”.
Se realiza una reforma a la fracción LXI del artículo 15 para estipular que el IFT no tendrá la facultad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de programas noticiosos que violen las normas relacionadas con la protección del público infantil, en materia de salud, publicidad y valores estipulados en el artículo 3 de la Constitución Política.
Concesionarios, únicos beneficiados: PRD y MC
Los diputados Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) y Jorge Álvarez Maynez (MC) afirmaron que el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un retroceso a los derechos de las audiencias.
El documento, que se discutirá este jueves en la Cámara de Diputados, “va en contra de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones”, señalaron en conferencia de prensa conjunta.
Acosta Naranjo aseguró que “los concesionarios (de medios de comunicación) son los únicos beneficiados con esta reforma”.
“Se echan para atrás los derechos de los ciudadanos y se respetan y se multiplican los derechos de los concesionarios de un bien público, que está regulado por el Estado mexicano”, agregó.
Sostuvo que con este dictamen se están quitando facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues se eliminan sus atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción a concesionarios de medios de comunicación.
Por otro lado, Álvarez Maynez apuntó que el dictamen incluye más de 20 disposiciones, que “son regresivas y están en contra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones”.
“No aceptamos que lo que es una obligación del dictamen, quiera ser puesto en la misma lógica de libertades de empresa y de expresión, por una sola razón: porque los concesionarios lucran con un bien de la nación, que es el espectro radioeléctrico, por eso son concesionarios y tienen obligaciones ante el Estado mexicano”, puntualizó.
Asimismo, el diputado de MC hizo un llamado al IFT a “que defienda las facultades que hoy tiene” en esta materia.
(Notilegis)

Siete años después, asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sigue impune

   Jornada de Movilización en Oaxaca




El asesinato de los defensores de Derechos Humanos, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, ocurrido hace siete años, expone la nula voluntad política de esclarecer los hechos, llevar a prisión a los culpables y la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México.

A siete años de los hechos, el esposo de Alberta Cariño, Omar Esparza, y sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, emitieron un pronunciamiento donde señalaron que durante el atentado donde ocurrió el asesinato, ni el gobierno federal ni el estatal, garantizaron la seguridad de la caravana.

Este 27 de abril se cumplen siete años del crimen contra Alberta, conocida como Bety y quien fuera directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y contra el observador internacional de origen finlandés, quienes fueron asesinados mientras viajaban en una caravana con ayuda humanitaria para la población triqui de San Copala, en Oaxaca.

Aquel día, un grupo armado realizó varios disparos y emboscó la caravana –en la que viajaban otras 20 personas, entre activistas, maestros y periodistas– en la comunidad de la Sabana, región controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

El saldo de los disparos fue el asesinato de dos defensores, la desaparición, durante 60 horas, de dos periodistas de la revista Contralínea, quienes finalmente fueron encontrados con vida, y más de una docena de personas heridas que lograron escapar al internarse en la sierra.

De acuerdo con los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque y de los asesinatos de Bety y Jyri, no realizaron las acciones necesarias para rescatar a los heridos y encontrar a los desaparecidos, y tampoco intervinieron para detener a los atacantes.

Además señalaron que un día después de los hechos, con autorización del líder de Ubisort y autor material e intelectual del ataque, las autoridades ministeriales entraron al lugar de los hechos, solamente para rescatar los cuerpos de Bety y Jyri.

El caso permanece impune, toda vez que durante el proceso de investigación se obtuvieron 14 órdenes de detención pero uno de los presuntos culpables ya murió, cinco están en prisión sin sentencia y ocho se encuentran libres.

“Hasta el día de hoy el grupo paramilitar que atacó la caravana sigue operando en la región y la mayoría de los autores materiales siguen libres”, acusaron los abogados y la familia de Bety Cariño.

En el aniversario del crimen, la familia expresó que este caso muestra la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México y evidencia la fragilidad y la inseguridad con el que realizan su trabajo las y los defensores de Derechos Humanos.

LLAMADO INTERNACIONAL

Desde el 2010, señala el texto, los Relatores de la ONU en temas de Libertad de Expresión, Protección a Defensores de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Ejecuciones Extrajudiciales condenaron enérgicamente los asesinatos de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola y exhortaron al Gobierno mexicano a iniciar una investigación pronta e imparcial.

El Parlamento Europeo, la embajada de Finlandia en México y la Unión Europea han dado un seguimiento constante de los hechos y han apoyado a las familias de las víctimas.

A pesar de la preocupación internacional, este 27 de abril se cumplen 7 años del ataque sin que haya castigo para los culpables, sin protección para las víctimas, familias, sobrevivientes y testigos, es por ello que hoy se organizó una Jornada de Movilización en la capital de Oaxaca.

La caminata en memoria de la defensora y el defensor de los Derechos Humanos se realizó esta mañana frente a la Fuente de la Siete Regiones y llegó al Zócalo, frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir justicia para y demandar un alto total a esta política de hostigamiento y persecución en contra de los pueblos en resistencia.
 

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

 

Las noticias de CIMAC



Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- En el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) urgió a promover y capacitar a niñas y mujeres en el uso de las TIC, en un contexto en el que las mujeres representan sólo el 15 por ciento de la fuerza de trabajo en la industria tecnológica mexicana.
 
La UIT, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió a los 193 países y las más de 700 entidades del sector privado e instituciones académicas miembros, a través de su portal digital, continuar promoviendo acciones que motiven a las niñas y jóvenes a considerar la elección de carreras en el sector de las TIC y así disminuir la brecha de género en este ámbito.
 
Apoyar la educación de las niñas en las TIC, menciona la Unión Internacional, es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente el destinado a alcanzar la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.  

 Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- El asesinato de los defensores de Derechos Humanos, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, ocurrido hace siete años, expone la nula voluntad política de esclarecer los hechos, llevar a prisión a los culpables y la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México.
 
A siete años de los hechos, el esposo de Alberta Cariño, Omar Esparza, y sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, emitieron un pronunciamiento donde señalaron que durante el atentado donde ocurrió el asesinato, ni el gobierno federal ni el estatal, garantizaron la seguridad de la caravana.
 
Este 27 de abril se cumplen siete años del crimen contra Alberta, conocida como Bety y quien fuera directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y contra el observador internacional de origen finlandés, quienes fueron asesinados mientras viajaban en una caravana con ayuda humanitaria para la población triqui de San Copala, en Oaxaca. 

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-En Nicaragua, 126 mujeres fueron víctimas de femicidio/feminicidio entre 2014 y el 2015. Juana era una de ellas: era madre, trabajadora, tenía tres hijos, sueños y una vida por delante, pero fue asesinada por su ex pareja, pese a que lo había denunciado a la policía por maltratos y golpes, sin que le hicieran caso ni le dieran protección.  
 
Su historia, que se repite con otras mujeres en todo el país, no quedó en el olvido, quedó registrada por el Observatorio Nacional de Feminicidios, un proyecto que sirvió para exigir justicia, acciones de prevención, políticas públicas para salvar vidas, pero que no pudo continuar sus trabajos y cerró en 2015 por falta de financiamiento. 
 
Hoy, la Red de Mujeres contra la Violencia, integrada desde hace 25 años por organizaciones de varios municipios y departamentos de Nicaragua y creadora del Observatorio Nacional de Feminicidos en 2005, busca reactivar este instrumento, porque el problema de la violencia contra las mujeres “va de mal en peor” y porque en el país siguen sin existir programas ni políticas de apoyo para las familias de las mujeres asesinadas.   

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- Este jueves, en Bogotá, Colombia, frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, cientos de mujeres y organizaciones feministas se reúnen desde las cuatro de la tarde, en contra de la violencia de género, con la consigna “¡Basta ya!, Colombia no a la violencia y no al feminicidio”.
 
Convocadas por la  Fundación Maisa Covaleda, su propósito es llamar la atención, protestar con velas, flores, cruces y globos,  y hacer conciencia ante el grave problema de la violencia contra las mujeres que ha ocasionado 204 casos de feminicidio, de enero al 11 de abril de este año, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal.
 
Y a esa cifra se suman ya los más recientes asesinatos: el de la niña Sarita Palacio, torturada, muerta y abandonada en Armero Guayabal; la  bebé de cuatro meses vejada y asesinada en el departamento del Meta; Mónica Ávila, maltratada y muerta en Cundinamarca; la joven del resguardo indígena Yaquiva del Cauca; el de Leidy Laura Burgos de Medellín, y el más reciente  de Jennifer Katherine Cáceres, de 24 años,  apuñadada en Bogotá, crímenes que desbordaron la indignación social.
  
Nelson Rodríguez, corresponsal Cimacnoticias | Managua, Nic .-La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.