11/16/2017

Presencia de mujeres en misiones de paz sigue en el debe




Suecia y la ONU es esfuerzan por promover la paz. Crédito: Jonas Svensson, Fuerzas Armadas suecas.

NACIONES UNIDAS, 1 nov 2017 (IPS) - La resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de octubre de 2000 y que destaca el papel de las mujeres en el mantenimiento de la paz ha sido considerada histórica y sin precedentes y, sin embargo, prácticamente no se ha implementado.


Mavic Cabrera Balleza, directora ejecutiva y coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres por la Paz, dijo a IPS que a pesar de toda la agitación por la resolución conocida como 1325 hace 17 años, la proporción de mujeres en las operaciones de paz “es increíblemente baja”.


En 1993, las mujeres representaban uno por ciento del personal uniformado desplegado. En agosto de 2017, representaban solo 3,7 por ciento del personal militar y 9,4 por ciento del policial.


“Es más que impactante. Si lo vamos a usar como indicador para evaluar los logros de la resolución 1325, fracasamos estrepitosamente”, declaró.


La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, dijo al Consejo de Seguridad en la tercera semana de octubre que la ausencia de mujeres en las negociaciones de paz ya no parece normal y, sin embargo, todavía es un lugar común.


“Todos los años, rastreamos la participación general de las mujeres en los procesos de paz encabezados por la ONU” (Organización de las Naciones Unidas), indicó.


“Ratreamos la incorporación de experiencia de género y de disposiciones con perspectiva de género en los acuerdos de paz, y los requisitos para consultar a las organizaciones de la sociedad civil. En todos esos indicadores, estuvimos ligeramente peor que hace un año”, añadió.


En la Conferencia de Paz de la Unión de Myanmar en 2016, antes de la crisis actual, habían siete mujeres y 68 hombres entre los delegados. Y en las últimas conversaciones de paz en República Centroafricana, organizada por la Comunidad de Sant’Egidio, no se incluyó ni una sola mujer.


La guerra civil de Siria ya lleva seis años y, a pesar de los grandes esfuerzos de la ONU y del enviado especial, la participación de las mujeres todavía es inadecuada y, a menudo, restringida a un papel de asesoras. Esta marginación política se extiende más allá de las conversaciones de paz, observó Phumzile Mlambo-Ngcuka.


Solo 17 países, de los 193 miembros de la ONU, tienen a una mujer como jefa de gobierno o de Estado. Entre ellos, solo hay un país, Liberia, donde tras un conflicto, la Presidencia de Ellen Johnson Sirleaf se terminó luego de dos períodos de gobierno tras la realización de elecciones democráticas y una transferencia de poder en paz.


La proporción de mujeres parlamentarias en países en conflicto o posconflicto se estancó en 16 por ciento en los últimos dos años.


Por su parte, Sanam Naraghi Anderlini, una de las fundadoras de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN, en inglés) dijo a IPS que tiene que haber algún elemento de responsabilidad institucional o estatal por el abuso y la explotación sexual en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU.


No puede tratarse solo de “un soldado”, observó, después de todo “un gobierno” despachó a ese soldado a esa misión de paz y debe asumir la responsabilidad por su comportamiento escandaloso.


Segundo, “tenemos que ser más honestos sobre la zona gris de explotación. La pobreza y la necesidad de alimentos y agua pueden inducir al ‘consentimiento’, pero este puede ser abusivo o con visos de explotación, aunque técnicamente no sea ilegal porque hay adultos involucrados”, precisó.


Por último, hace 20 años que escuchamos la misma cantarola de que es “difícil encontrar mujeres en el ejército”. ¿Por qué no repensamos de forma radical el proceso de reclutamiento de mujeres en las fuerzas de paz?, propuso Sanam Naraghi Anderlini.


“¿Por qué no tenemos institutos de mujeres para el mantenimiento de la paz, donde ellas puedan recibir un entrenamiento militar básico, así como habilidades específicas para ese fin?”, agregó.


Hay muchos países que pierden mujeres que emigran para realizar trabajos domésticos por magros salarios y expuestas a abusos. Por qué no apoyarlas para que se conviertan en promotoras de la paz; recibirían mejores salarios y sus capacidades podrían resultar útiles para cuando regresen a sus hogares, arguyó.


Cabrera Balleza comentó a IPS que los beneficios de contar con más mujeres en las misiones de paz son numerosos y muy tangibles. El personal femenino oficia de modelo, inspira a sus congéneres y niñas para defender sus derechos y asumir roles no tradicionales y de liderazgo, incluso en el sector de seguridad.


“También son más sensibles a las necesidades de las excombatientes, las refugiadas y las sobrevivientes de violencia sexual y de género. Sin duda, el personal femenino de las misiones de paz es fundamental para el éxito de las operaciones de paz”, señaló.


También indicó que es fácil criticar a la ONU por su penoso fracaso en el logro de la paridad de género en las operaciones de paz.


“Pero tenemos que analizar la fuente, y esos son los (193) estados miembro”, puntualizó.


“Hay muy pocas mujeres en las misiones de paz de la ONU porque las fuentes son superficiales. La discriminación en el reclutamiento y las políticas de contratación, así como un ambiente laboral inseguro dentro de los países que aportan contingentes impiden que las mujeres se unan a las fuerzas policiales y militares”, acotó.


Eso es sintomático de los grandes obstáculos en la implementación de la resolución 1325, iniciada por el embajador Ambassador Anwarul K. Chowdhury, de Bangladesh, cuando presidió el Consejo de Seguridad en octubre de 2000, y las otras resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad.


También señaló que la falta de representación de las mujeres en las operaciones de paz es un reflejo de su falta de representación en las negociaciones de paz, en los procesos de decisión y en cargos de gobernanza, en el diseño de programas de desarme y en la falta de fondos para la participación femenina en la construcción de la paz.


Los problemas son múltiples, de orden político, económico, social y cultural. De ahí que las soluciones también deban contar con enfoques múltiples y ser holísticas.


Además, el trabajo de la ONU debe contemplar e incluir la voz de las mujeres de comunidades afectadas por los conflictos y traducidas en iniciativas adaptadas localmente


“Remanguémonos, dispongámonos a trabajar, saquemos la resolución 1325 de Nueva York y llevémosla a las comunidades locales. Solo entonces podremos cumplir la promesa de esa innovadora política internacional”, declaró.


En un artículo en Foreign Affairs, Naraghi Anderlini, contó que cuando comenzó a trabajar en las misiones de paz hace 20 años, la ONU era blanco de críticas porque las fuerzas multinacionales en Camboya habían abusado sexualmente de mujeres y niñas y propagado el VIH/sida y otras enfermedades entre la población local.


Desde entonces, las acusaciones se han reiterado en República del Congo, Haití, Liberia y otros países.


En 2014, soldados de las operaciones de paz de Francia y Georgia se vieron protagonizaron episodios de violencia sexual con niños involucrados en República Centroafricana.


Tras una serie de investigaciones, en 2016, la ONU denunció 41 casos de abuso por parte de cascos azules de Burundi y Gabón, entre los que habían ocho casos de paternidad y seis con menores.


Con la llegada de Antonio Guterres como nuevo secretario general de la ONU y la presencia de Suecia en el Consejo de Seguridad este año, el asunto estuvo otra vez en el tapete, indicó Naraghi Anderlini.


En tanto promotor de una “política exterior feminista”, Suecia priorizó la agenda de mujeres, paz y seguridad dentro del foro mundial, observó.


Guterres y la delegación sueca coinciden en que un mejor equilibrio de género en las fuerzas de paz facilitará un mejor acceso a las comunidades y mejorará la transparencia y la responsabilidad de las misiones y reducirá el grado de abusos sexuales.


De hecho, Suecia es un gran promotor de las operaciones de paz.


Según el gobierno, más de 80.000 hombres y mujeres han participado en distintas misiones hasta ahora.


Desde los primeros observadores que participaron en el Organismo para la Vigilancia de la Tregua en Medio Oriente, en 1948, hasta su actual participación en la misión de estabilización en Malí, el compromiso de Suecia permanece intacto.


Traducido por Verónica Firme


México: XI Encuentro Nacional Feminista en Puebla

El domingo 19 de noviembre a las 10 horas se realizará una marcha al zócalo de la ciudad

Necesario, diálogo e integración del movimiento feminista del país

 Redacción SemMéxico

México, 13 nov. 17. AmecoPress/SemMéxico.- El 17, 18 y 19 de noviembre más de 400 mujeres de todo el país se darán cita en la ciudad de Puebla para el XI Encuentro Nacional Feminista.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el feminicidio será uno de los principales temas de este encuentro que se realizará “a pesar de las emergencias que enfrentamos las mujeres después del sismo del pasado 19 de septiembre”.

En el encuentro se trabajarán diversos ejes temáticos como: acceso a la justicia, derechos de las mujeres y violencia feminicida que tan sólo en el estado de Puebla ha cobrado la vida de 329 mujeres desde 2013.

El evento se llevará a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como en las instalaciones del Instituto Poblano de las Mujeres y la Casa de Servicios y Atención a las Mujeres.

Habrá actividades culturales como teatro, exposiciones, conciertos y el domingo 19 de noviembre a partir de las 10 horas se realizará una marcha al zócalo de la ciudad.

Los Encuentros Nacionales Feministas se han organizado desde finales de los años 80 y buscan reunir a una diversidad de mujeres para entablar un diálogo e integración del movimiento feminista del país.

Foto: SemMéxico.

México: Partidos políticos, obligados a encabezar sus listas con mujeres


Instituto Nacional Electoral acuerda criterios sobre paridad e incluye candidaturas indígenas

 Anayeli García Martínez

      
Cd. de México, 13 nov. 17. AmecoPress/Cimacnoticias.- Para el proceso electoral de 2018, en el que se elegirán 128 senadurías y 500 diputaciones federales, los partidos políticos deberán registrar listas de candidaturas encabezadas por mujeres, lo que les da más posibilidades de ser electas y obtener una curul.

En medio de la inconformidad de los partidos para seguir los lineamientos sobre paridad, este miércoles el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios en la materia es decir, las reglas que deberán seguir los partidos políticos para postular a igual número de mujeres y hombres para competir por un cargo de elección federal.

Los criterios del INE incorporaron la paridad, principio legislado en México desde 2014, y consideran la paridad horizontal que significa que las mujeres ocupen los primeros lugares del 50 por ciento de las listas; y la paridad vertical que se traduce en que las candidaturas de mujeres y hombres estén intercaladas.

En el caso de las postulaciones al Senado por el principio de mayoría relativa (voto directo), el INE planteó que 50 por ciento de las listas de cada partido o coalición deberá ser encabezada por una fórmula de titular y suplente integrada por mujeres.

De acuerdo con la consejera electoral, Dania Ravel, esta medida se debe a que el Senado se ha integrado de manera desproporcional por hombres: la actual Legislatura, que concluirá funciones el próximo año, está conformada por 86 hombres y 42 mujeres; en la Legislatura 2006-2012 hubo 106 hombres y 22 mujeres, y en la integración del periodo 2000-2006 hubo 108 hombres y 20 mujeres.

En el caso de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos nacionales o coalición deberán postular fórmulas de titulares y suplentes integradas por personas que se auto-adscriban como indígenas en, al menos, 12 de los 28 distritos electorales con población indígena, de los cuales 50 por ciento corresponderán a mujeres y 50 por ciento a hombres.

Sobre este tema la consejera Pamela San Martín dijo que la paridad es una medida ante el incumplimiento de las agrupaciones políticas e hizo un recuento histórico de la representación legislativa de las mujeres y las personas indígenas de México.

Señaló que en 2006 hubo 12 hombres indígenas y sólo dos mujeres indígenas; en 2009 fueron siete hombres y sólo tres mujeres. En 2012 cinco hombres y dos mujeres indígenas. Y en 2015 seis hombres indígenas y ninguna mujer indígena.

En caso de que los partidos no cumplan con la paridad, el INE les hará un primer requerimiento y en caso de persistir en el incumplimiento se hará un segundo requerimiento. En el supuesto de que no se hayan atendido los dos requerimientos se cancelarán los registros del número necesario de candidaturas para cumplir con la paridad.

Inconformidad partidista

Durante la sesión del INE de este miércoles, consejeros y representantes de partidos políticos se confrontaron por los lineamientos de paridad, ya que las agrupaciones políticas señalaron que el organismo no podía aprobar acuerdos en la materia porque las reglas deben ser normadas por el Legislativo.

Por ejemplo, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Aguilar, expresó su inconformidad por los criterios pues consideró que estaban imponiendo reglas que no están en la legislación electoral e incluso arrojó un ejemplar de la Carta Magna al suelo.

“Lo que voy a hacer en este momento con la Ley Electoral, con la Constitución y con el Reglamento de Elecciones es que los voy a tirar y voy a esperar a que me sigan emitiendo acuerdos todo el tiempo, que modifiquen las reglas del juego con base además en temas que son extraordinarios en la propuesta”.

“Las compartimos (las propuestas sobre participación política de las mujeres) y, es más, avalamos las propuestas pero pregunto: ¿Por qué no lo hicieron antes?”, dijo el militante panista.

El representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Horacio Duarte, también manifestó su inconformidad al señalar que se estaban emitiendo acuerdos “que engrosan” las normas del proceso electoral de 2018 y que este acuerdo se presentó muy tarde.

Además propuso que en el caso de las postulaciones a las senadurías por el principio de representación proporcional, la lista fuera encabezada por mujeres y hombres como lo determinaran los partidos políticos en ejercicio de su derecho de auto organización, propuesta con la que coincidió el PAN.

Al respecto la consejera Adriana Margarita Favela defendió el acuerdo del INE, señaló que garantizar la paridad no era una ocurrencia e incluso señaló la responsabilidad de los partidos.

“En las entidades federativas, en donde los partidos políticos tienen mayores posibilidades de obtener el triunfo, generalmente registran a varones en las dos fórmulas de la lista de candidaturas a las senadurías de mayoría relativa mientras que las mujeres eran registradas como candidatas a senadoras en entidades donde la fuerza política que las postuló obtiene baja votación”, dijo.

Las solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos o coaliciones, tanto para propietario como para suplente, tienen que oficializarse entre los días 11 y 18 de marzo de 2018; la Plataforma Electoral de partidos o coaliciones, deberá presentarse en los primeros 15 días de enero de 2018, y Consejos Locales y Distritales del INE sesionar para validar estos registros, por el principio de mayoría relativa, el día 29 de marzo de 2018.

Foto: CimacNoticias.

Alanis’, una película para reflexionar y debatir sobre la prostitución

Este largometraje de Anahí Berneri fue el más premiado en la sección oficial del Festival de San Sebastián

Nadia Martín García

Madrid. 14 de noviembre. 17. AmecoPress. La película Alanis, dirigida por Anahí Berneri y protagonizada por Sofía Gala, lleva a la gran pantalla la historia de una mujer (Alanis) que ejerce la prostitución en un piso con una de sus compañeras, hasta que las quejas de las vecinas y vecinos hacen que se encuentre en la calle con su hijo de año y medio. En este momento, la protagonista tiene que tomar una decisión: intentar conseguir otro trabajo o continuar con su profesión.

‘Alanis’ es una película que trata de una manera tan real y cruda la prostitución, que te hace empatizar con la protagonista desde el primer minuto. Repleta de primeros planos, sus caras de angustia y preocupación por sacar a su hijo adelante, nos llevan a entender sus emociones y a ponernos en su piel. Además, se representan de forma clara las situaciones a las que se tiene que enfrentar una prostituta en escenas como en las que Alanis insulta a un cliente al este hacer algo que ella no quería, en la que su gesto de repudio y palabras de rechazo dejan claro cómo se sentía ante esa situación, o escenas en las que recibe una paliza en mitad de la noche por parte de otras mujeres que se dedican al trabajo sexual.

Estamos ante una película en la que la cosificación y deshumanización de las mujeres está en primer plano, así como la subordinación al deseo sexual masculino, pues los clientes son hombres. Además, se representa a una mujer que opta por la prostitución como fuente de ingresos al encontrarse en situación de pobreza, a la que echan de su piso y quien tiene que sacar adelante a un hijo sola. Por lo que se plasma una cuestión de desigualdad estructural de género, de pobreza femenina y de injusticia económica global. Esta situación de desigualdad y de cultura patriarcal-capitalista impuesta, nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿es realmente libre una mujer de ejercer la prostitución?

De esta manera, el film de Berneri da pie al debate sobre la prostitución y nos lleva, de forma automática, hacia la reflexión que hace Rosa Cobo, autora del libro ‘La prostitución en el Corazón del Capitalismo’, que afirma que la voluntariedad de las mujeres en prostitución es muy discutible ya que la mayoría de ellas están en situación irregular, son mujeres con escasísimos recursos económicos y culturales, muchas de las cuales vienen de situaciones de pobreza extrema. Y otra parte significativa son objeto de trata. Con este punto de partida, tal y como expone la autora, "hablar de voluntariedad es un sarcasmo. Están en la prostitución porque difícilmente pueden encontrar un espacio en el mercado de trabajo".

En su libro plantea cuestiones sobre el patriarcado, la prostitución, la desigualdad, y el capitalismo. Se expone que la prostitución en el siglo XXI es la fusión entre los intereses patriarcales y los intereses capitalistas. El resultado es un proceso creciente de mercantilización de los cuerpos y de la sexualidad de millones de mujeres en todo el mundo, que son expulsadas de los países periféricos y traídas a los países centrales para que varones de todas las clases sociales accedan sexualmente a sus cuerpos en una operación de colonialismo sexual.

Para concluir, lo que podemos afirmar con total certeza, es que estamos ante una película de la que nadie saldrá indiferente y que abrirá un amplio debate sobre la sexualidad, el poder, la desigualdad, la libertad y la injusticia.

Foto archivo AmecoPress

Mujeres colombianas reflexionan sobre el proceso de paz

Alianza por la Solidaridad presenta en Madrid el Seminario “El territorio como espacio de paz en Colombia”, con el objetivo de visibilizar, desde miradas diferentes a la alta política, la realidad actual del proceso de paz y los retos en cuanto al cumplimiento de la agenda de género y la paz territorial

Gloria López

Madrid, 14 noviembre 2017, Amecopress. El proceso de paz en Colombia está en riesgo. Con dos elecciones por delante –en marzo, al Congreso, y en junio, las presidenciales-, un “limbo jurídico” que dificulta la implementación de los acuerdos de paz y la incorporación a la vida cotidiana de exguerrilleros y militares, una militarización de los territorios que persiste y fuertes intereses económicos en la minería y el narcotráfico de coca, la agenda de género y la paz se ven amenazadas. A pesar de todo, los movimientos de mujeres indígenas, afrodescendientes, excombatientes y rurales, siguen apostando por la validez del Acuerdo que se firmó hace un año y que puede contribuir a acabar con 50 años de conflicto en Colombia. Hoy han compartido su mirada en el análisis de los logros y desafíos del proceso que está viviendo el país, desde el punto de vista de la sociedad civil.

Pilar Rueda, asesora de la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP (creado tras el acuerdo de paz) y participante en las negociaciones en La Habana; Charo Mina Rojas, líder afrocolombiana y responsable del capítulo sobre etnias del Acuerdo de Paz, y Camila Cienfuegos, exguerrillera de las FARC y participante en las negociaciones para el Acuerdo de Paz, están en España para participar en el seminario “El territorio como espacio de paz en Colombia”, que desarrollará la ONG Alianza por la Solidaridad el próximo 16 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.

“La extrema derecha en nuestro país no quiere la paz”

Hoy, acompañadas por Eliana Romero, coordinadora en Colombia de Alianza por la Solidaridad, han reflexionado sobre el camino hacia la paz en el país latinoamericano. De algún modo, saben que la implicación internacional, espacialmente de Europa, es decisiva para impedir el fracaso de un proceso que ha costado mucho y que algunos sectores, en especial la ultraderecha y gran parte de la Iglesia, están empeñados en dinamitar. “La extrema derecha en nuestro país no quiere la paz”, han reiterado.

El proceso de negociación hasta llegar a la paz estuvo marcado por la presión de organizaciones de mujeres para ser incluidas en las negociaciones, logrando que se creara una Subcomisión de Género. Hay que tener en cuenta que el conflicto colombiano ha tenido un tremendo impacto de género: el 50 por ciento de los casi ocho de millones de víctimas del conflicto son mujeres, siendo la violencia sexual un arma de guerra usada por ambos bandos, las FARC y los paramilitares. Sin embargo, las colombianas no se sienten suficientemente representadas en los acuerdos, en los espacios de toma de decisión, ni en las políticas o planes en desarrollo. Un año después, la violencia sexual no ha cesado y las más afectadas son las mujeres indígenas, afrocolombianas o rurales.

Pilar Rueda ha resaltado algunos retos conseguidos en el proceso de paz colombiano: “Es el primer Acuerdo de Paz que incorpora el enfoque de género”, con una subcomisión que apuesta por un “estrategia dual”, que busca incorporar acciones específicas para promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. También ha destacado la labor de mujeres como Patricia Linares, primera mujer que preside un Tribunal Espacial para la Paz que además está formado por un 51 por ciento de magistradas, o de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

A pesar de estos logros, las mujeres siguen siendo discriminadas y violentadas, a lo que contribuye el alto grado de impunidad que gozan algunos delitos como la violencia sexual. Además, en momentos de fragilidad en el proceso, como fue el plebiscito, “el tema del género fue usado para atacar el proceso de paz”, ya que se difamó la labor de la subcomisión de género diciendo que contribuiría al aumento de la homosexualidad, a romper la familia o que se obligaría a la vacunación contra el papiloma humano, entre otras cosas. 

Los medios de comunicación han tenido responsabilidad en este mal uso del “género” con intereses políticos y económicos. Y es que todos los poderes y también los grupos armados pusieron a las mujeres como objetivo, especialmente en los territorios –centros de interés económico y poder territorial-, donde hay situaciones muy preocupantes para las mujeres negras afrodescendientes. Así lo ha explicado Charo Mina Rojas, quien ha denunciado la hipocresía de aquellos que se hacen eco de discursos “moralistas”, pero promueven negocios de minería que acarrean prostitución, violencia sexual y violación de derechos económicos de las mujeres.

Para los pueblos, “los realmente afectados”, es fundamental apostar por el proceso y la integridad del acuerdo de paz, “aunque no estemos de acuerdo en todo”, ha dicho la líder afrocolombiana, definiendo tres puntos clave: “la perspectiva de género, el enfoque étnico y una justicia reparadora y restitutiva que permita la reconciliación, la verdad y el reconocimiento frente a lo que pasó”.

Por su parte, Camila Cienfuegos ha denunciado las dificultades para la incorporación a la vida de las exguerrilleras y la “persistente militarización de la vida de las mujeres dentro de los territorios y de las casas”. Ha defendido el enfoque antripatriarcal de las FARC, que pretenden trasladar al partido que han creado, y una perspectiva “colectiva” de la lucha feminista, que cuestiona la “violencia estructural” que permea todos los ámbitos de la vida y ubica la lucha de las mujeres como una conquista de derechos para todo el conjunto de la sociedad.

Seminario

El objetivo del Seminario “El territorio como espacio de paz en Colombia”, es visibilizar, desde miradas diferentes a la alta política, esta situación, así como la realidad actual del proceso de paz y los retos por delante que representa en cuanto al cumplimiento de la agenda de género y la paz territorial.

Las ponentes ofrecerán información de primera mano sobre cuáles están siendo los avances y dificultades para poner en marcha estos Acuerdos de Paz desde su posición como representantes de diferentes colectivos, así como los retos a abordar en los próximos años. 

Programa

18:30 -18:45 Registro de participantes
18:45 -19:10 Mesa inaugural: Alberto Furmanski, embajador de Colombia en España; Yago Pico de Coaña de Valicourt, ex embajador de España en Colombia; Adela Díaz Bernárdez, directora de la Oficina de DDHH del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Santiago de Torres Sanahuja, presidente de Alianza por la Solidaridad.
19:10 -20:45 Mesa Redonda. Moderadora: Lula Gómez, periodista. Ponentes: Charo Mina Rojas, Coordinadora Nacional de Promoción y Difusión del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Colombia; Aída Quilcué, Consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Pilar Rueda, Asesora en Género en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Camila Cienfuegos, Exguerrillera de las FARC e integrante del Estado Mayor Central y de la Comisión de Organización de las FARC-EP.

Fotos AmecoPress 

Mujeres en incertidumbre después del sismo del 19 de septiembre


  Políticas de reconstrucción ignoran zonas marginadas

A pesar de las promesas de las autoridades de apoyos sociales y la liberación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, muchas mujeres que se han hecho cargo de lo que quedó de sus hogares en la periferia de la capital, siguen a la espera de saber qué sucederá.  

Después de 58 días del sismo la información para las personas afectadas llega a cuentagotas y mientras el Gobierno capitalino busca restablecer la economía en las colonias Roma y Condesa, en lugares alejados, con pobreza y precariedad como San Gregorio Atlapulco en la delegación Xochimilco y la colonia Del Mar en Tláhuac, permanece la incertidumbre.  

Por el sismo de 7.1 grados 228 personas perdieron la vida en la Ciudad de México, de ellas 90 eran hombres y 138 mujeres; también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles principalmente en ocho zonas: Lindavista, Iztapalapa, Condesa, Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar).

Tras el desastre el Gobierno capitalino informó que la Secretaría de Obras y Servicios demolería 24 inmuebles, pero al recorrer albergues y delegaciones del oriente y sur de la ciudad, Cimacnoticias corroboró que para las mujeres como Laura que se refugió en un albergue de la delegación Cuauhtémoc; Karla que vive exiliada de su hogar en Tláhuac; o Guadalupe que radica en Xochimilco, reestablecer sus hogares y sus vidas será mucho más complejo.

Mujeres afectadas por el sismo en incertidumbre por la reconstrucción. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

VIVIR EN UN ALBERGUE EN TLÁHUAC

En la colonia Del Mar en Tláhuac, delegación al oriente de la Ciudad donde se asientan siete pueblos originarios, el pavimento se abrió a la mitad, las casas se despegaron de las banquetas y se hundieron. Las calles lucen desoladas y sólo se leen carteles colocados por los vecinos que advierten del riesgo de caminar cerca de los postes y bardas que podrían colapsar.

Los hoyos en el suelo muestran las tuberías de agua rotas por el movimiento de la tierra; ante el desabasto del líquido las pipas de las autoridades de la delegación recorren las calles para suministrar agua a las y los vecinos.

Bicitaxi recogiendo víveres de Centros de Acopio de la colonia Del Mar. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

En esta colonia el 21 de septiembre Karla con su hija de un año de edad, su esposo y su madre de alrededor de 50 años acudieron al albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar”. Llegaron allí porque una grieta en el suelo de la avenida Guillermo Prieto se extendió hasta su casa, derrumbó una barda y ocasionó múltiples fracturas en las paredes de su hogar.

Hace 40 años su familia comenzó a construir la casa de un sólo piso con paredes de concreto y techo de lámina. Con limitaciones lograron tener una sala, una cocina, la habitación de la madre y un nuevo cuarto que improvisadamente construyó la joven y su pareja para vivir juntos ante el nacimiento de su hija.

Después del temblor la primera autoridad que acudió a la zona fue la policía local para hacer un registro de las grietas, luego los bomberos llegaron a colocar polines en la vivienda y le indicaron a la familia que ya no había riesgo de ingresar, finalmente acudió personal de protección civil, quienes constataron que la vivienda era inhabitable.

Ante los derrumbes de casas en la colonia Del Mar, Karla y otras familias acudieron al Centro Comunitario en espera de ayuda, era una cancha de básquetbol abandona, pero los vecinos se encargaron de transfórmala en un albergue. Una semana después acudieron al lugar funcionarios de la delegación Tláhuac y se responsabilizaron de éste.  

“Vinieron unos arquitectos para saber cuánto mide cada terreno, si la vivienda era casa propia y dijeron que nos iban a dar una ayuda para el material de construcción, pero no quedaron en nada, sólo nos dieron la promesa”, declaró apresurada Karla porque tenía que formarse para bañar a su hija, apenas una semana después del sismo tuvo la oportunidad de hacerlo.

Albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar” donde vivió Karla y su familia. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Karla de 19 años de edad no tiene familiares que les brinden asilo así que permanece como refugiada, pero ahora en otro lugar porque las lluvias inundaron el Centro Comunitario. Las familias fueron trasladadas primero a la Universidad Marista, frente a la avenida Canal de Chalco, y finalmente al albergue del DIF en San Juan Ixtayopan. En la primera ubicación el lugar albergó a 46 personas (22 hombres, 10 mujeres, 8 niñas y 4 niños, 2 adolescentes).

Así como en Tláhuac la comunidad tomó un edificio abandonado para convertirlo en refugio, en Iztapalapa, otra de las delegaciones afectadas, el Centro Social “Violeta Parra” ubicado enfrente de la Central de Abastos detuvo las actividades de karate, baile y fiestas infantiles que impartía para convertirse en un albergue, relata su directora Alma.

Al espacio cultural convertido en albergue acudieron 10 personas de las colonias Aculco y Lomas Estrella, ambas entre las principales afectadas en Iztapalapa. Los registros de Protección Civil de esta delegación declararon en pérdida total mil 92 viviendas, 5 mil 214 tenían afectaciones de mediana magnitud y otras 11 mil las calificaron con daños menores.

Las y los vecinos hicieron posible el mantenimiento y sostén del albergue: se encargaron de preparar los alimentos, conseguir medicamentos, inclusive de calentar el agua para que las personas se bañaran, relata su directora Alma. La empatía por la pérdida del patrimonio hizo que Sandra, vecina de la colonia, realizara guardias nocturnas por la seguridad de las familias.

“Si me hubiera tocado dices ¿dónde voy? ¿Con quién me acerco? ¿Ya voy a vivir aquí en el albergue? ¿Qué va pasar con mis cosas?”, se imagina Sandra, porque aunque el sismo sacudió toda la Ciudad los estragos fueron diferentes para las colonias marcadas por la desigualdad social y económica. “Un albergue para una familia aquí significa la única posibilidad de vivienda”, dice la mujer de más de 30 años de edad.

En los años que la directora del Centro Social lleva viviendo en Iztapalapa, ha visto el crecimiento de la población acompañado de la desenfrenada construcción de “castillos”, llama así a los departamentos de hasta siete pisos de altura. “Se desbordó la construcción”, coincide su compañera Sandra. Actualmente Iztapalapa concentra la mayor población de la urbe, más de un millón 800 mil personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ambas piensan que una de las razones por las que se edificaron estos departamentos “sin planeación” es porque se desconoce la forma de construir correctamente.

Conmemoración a 32 años de las costureras fallecidas en el predio de San Antonio Abad en el sismo de 1985. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

CONSTRUCCIÓN INCONTROLADA

El movimiento de la tierra del pasado 19 de septiembre recordó el terremoto de 32 años atrás. Por coincidencia, tembló el mismo día que la Ciudad de México recordaba la sacudida de 8.1 grados de 1985. Hace más de tres décadas, se consideró el desastre natural más grave que había azotado a la urbe y orilló al gobierno local a crear la Comisión Evaluadora del Sismo.

La Comisión de 1985 fue responsable de la revisión de inmuebles dañados y de establecer nuevas normas en materia de construcciones a “fin de prevenir riesgos y propiciar una mayor seguridad de los habitantes”, como refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de aquel año.

Sin embargo, 32 años después se puede verificar que estas reglas no se respetaron y a pesar de reconocer que el valle de la Ciudad de México es una zona sísmica, el gobierno local no se abocó en crear política pública de planificación urbana, dice contundente la investigadora urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carla Filipe Narciso.

Rápidamente, el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el “Plan de Reconstrucción de la CDMX” con tres ejes de acción: la creación de una plataforma digital que reporta la información de viviendas, negocios e inmuebles públicos afectados por el sismo; los apoyos económicos temporales para las personas damnificadas y la conformación de la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación”, encargada de atender la situación de emergencia.

Más de un mes después del movimiento telúrico, en la Asamblea Legislativa sigue en análisis la iniciativa de Mancera de expedir la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

A un mes del sismo, cientos de damnificados marcharon para exigir a las autoridades atiendan sus viviendas. CIMACFoto: César Martínez López

Filipe Narciso indica que esta política de reconstrucción no atiende cuestiones sociales, se concentra únicamente en la reparación de edificios. La experta recuerda que “todos estamos en vulnerabilidad por el sismo, pero no todos tienen la misma respuesta ante ella”, y ejemplifica: “en la colonias como Condesa, las personas damnificadas buscaron amigos o familiares para refugiarse”, en contraste, en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa permanecen abiertos refugios por las necesidades de la población.

La última actualización informativa del portal oficial de la reconstrucción del sismo, del 9 de noviembre de 2017, precisa que ocho albergues permanecen en operaciones con un total de 137 personas, se estima que en total más de 34 mil se refugiaron en estos recintos.

“No tienen otra posibilidad”, sentencia la académica que dirige el área de Planificación y política urbana y regional del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM  y señala que una verdadera política de Estado implica establecerlos en zonas seguras, garantizándoles en todo momento el derecho a la vivienda. De no ser así, es seguro que busquen vivir en regiones más alejadas de la Ciudad, con mayor vulnerabilidad ambiental y social, señala.

Albergue en Colonia Centinela, en la delegación Coyoacán. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

PREGUNTAS EN EL AIRE

Luego de que la sociedad civil se desbordó a las calles para tratar de apoyar a las personas afectadas surgieron varias preguntas que hoy permanecen en el aire, dos son recurrentes: ¿por qué se cayeron edificios prácticamente nuevos y con ello el alto número de pérdida de vidas humanas? y ¿cómo reconstruir para evitar que vuelva a suceder algo similar?

Expertas en ingeniería y arquitectura coinciden en que el principal problema fue que tras 1985 las autoridades capitalinas se evocaron únicamente en crear normatividad sobre cómo debería construirse y en emitir recomendaciones al respecto, mas no en fomentar el trabajo interdisciplinario en las construcciones.

Es decir, en todo este tiempo las autoridades capitalinas no enfatizaron la importancia que tiene cada área involucrada en la construcción de un inmueble: dueños, arquitectos, directores responsables de obra y constructores. “Si alguien no hace su trabajo apegado a la ley, las probabilidades de que una casa colapse son mayores”, explica en entrevista María Martha Zavala Galina, Directora Responsable de Obra (DRO) con 30 años de experiencia.

La ingeniera afirma que urge revisar el reglamento de construcciones vigente para comenzar a responsabilizar a todas las personas involucradas en una construcción. Pues los dueños deben consultar a profesionistas ingenieros o arquitectos y asumir que si sus opiniones no avalan el proyecto no pueden continuar, las y los DRO tampoco deben ceder si los documentos no están en norma, además de ser necesario capacitar a los constructores para garantizar que los materiales y las técnicas usadas sean de la mejor calidad.

El Deportivo de Xochimilco fungió como albergue para personas damnificadas. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

Sin esta combinación todo apunta a que los inmuebles seguirán colapsando, particularmente en zonas donde las familias no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de personas expertas, razón que las orilla a la autoconstrucción, afirma la ingeniera civil especialista en estructuras de la UNAM, Mabel Mendoza Pérez y menciona como ejemplo las casas de Xochimilco e Iztapalapa construidas con años de esfuerzo por personas sin los conocimientos necesarios.

Además, conforme los años pasaron aumentó el desinterés por prevenir los estragos de un temblor, esto se vio reflejado en la falta de capacitación al personal DRO sobre cómo actuar ante emergencias sísmicas.

En 1987 Zavala Galina comenzó a ejercer como DRO y cuenta que desde hace 20 años, en 1997, la Secretaría de Obras dejó de capacitar a estos profesionistas como lo hacía anualmente para decirles cómo actuar ante desastres naturales, a cada uno les designaban las zonas específicas de la Ciudad que debían revisar, además de indicarles qué formatos usar y el lugar donde debían reportar los daños.

Sin esas capacitaciones, el pasado 19 de septiembre los DRO tuvieron que organizarse por su cuenta  para actuar, a días de cumplirse un mes del sismo las autoridades seguían sin reunirse con ellos, afirma Martha Zavala.

Actualmente de los 2 mil 54 DRO reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sólo 690 siguen activos. Zavala Galina explica que la mayoría no renovó sus licencias por la falta de confianza al Instituto para la Seguridad de las Construcciones -encargado de organizar, autorizar y evaluar a los DRO- que los culpa sólo a ellos en caso de derrumbes, “nos sanciona e ignora que en una construcción influyen también otros profesionistas”.

La ingeniera Mabel Mendoza también enfatizó la necesidad de continuar con una fase de estudios, pues, dijo, tras el sismo es necesario revisar los inmuebles y analizar qué tan funcionales son las recomendaciones y técnicas de construcción vigentes.

Las especialistas coinciden en que repartir responsabilidades y considerar los contextos que se viven en cada zona de la ciudad son dos elementos prioritarios en el proceso de reconstrucción. Recalcan la necesidad de no sólo crear grupos interdisciplinarios que permitan identificar las zonas en la que no conviene construir sino también en planear los lugares a donde se trasladará a las personas damnificadas y que los proyectos “no queden en papel”.

Damnificada por el Sismo en la CDMX es apoyada por una brigadista para sacar las pocas pertenencias que quedaron en su departamento. CIMACFoto: César Martínez López

APOYOS A PERSONAS DAMNIFICADAS

Como parte de las acciones para apoyar a las familias, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció 3 mil pesos durante tres meses para que las personas damnificadas puedan pagar una renta, pero mujeres como Laura no tienen esa opción.

Laura, vendedora ambulante de oficio, no tiene contrato de arrendamiento ni recibos por el pago de renta. Tampoco ningún comprobante de su situación. Sabe que no puede acceder a los 3 mil pesos ni a otro apoyo, sólo le queda agradecer a todos los voluntarios que apoyaron para que su familia estuviera segura durante los días difíciles.

Albergue en calle Izazaga 11 donde vivió Laura. Montserrat Antúnez Estrada

Laura, su esposo y sus hijas de dos, tres y nueve años se quedaron sin casa. La familia pasó casi un mes viviendo en el albergue que se instaló en la calle de Izazaga 11 de la colonia Centro. Laura contó su historia desde la litera número 11, esa donde le tocó dormir junto con mujeres que no conocía y que también quedaron damnificadas.  

Antes del 19 de septiembre ella pagaba dos mil 700 pesos al mes por vivir en un cuarto de azotea en un edificio de tres pisos ubicado en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Su casa no se derrumbó pero terminó con cuarteaduras por todas partes. “Cuando protección civil entró dijo que ya no era habitable”, recordó.

Después del 19 de septiembre pasó cuatro días como exiliada, primero viviendo en casa de su madre, que también renta, luego pagó una noche en un hotel, después en otro y en busca de un lugar donde dormir llegó a la Casa del Peregrino, albergue habilitado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no hubo lugar para ella.

Buscando información en internet llegó al albergue de la calle Izazaga, número 11, donde permaneció mientras buscaba un lugar para rentar.

Hasta el 9 de noviembre el Gobierno entregó 8 mil 508 cheques de apoyo de renta por medio del Instituto de Vivienda (Invi) y la Secretaría de Finanzas mil 622 “créditos rojos”, es decir, prestaciones de hasta 2 millones de pesos para las familias que perdieron por completo sus patrimonios. De acuerdo con el plan de Mancera, el financiamiento de este último crédito inmobiliario será de recursos del Fondo de Contingencias de la Ciudad de México.

De acuerdo al análisis de Carla Filipe generar créditos inmobiliarios responde a la necesidad del jefe de gobierno por legitimarse al actuar rápidamente y es la forma de escudarse de la responsabilidad que tiene de generar políticas públicas de habitación que piensen en los sectores más afectados.

La doctora en urbanismo y arquitecta de profesión menciona que con las facilidades a las inmobiliarias éstas adecuarán sus construcciones para los sectores populares que se vieron afectados, a precios que seguirán siendo inalcanzables para muchas personas.

Y denuncia: “los créditos no significan facilidades para las personas damnificadas, además, estos van a los bancos, a las agencias hipotecarias, realmente no hay un retorno al Estado, el único beneficiado será el sector privado”.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Hace diez meses Miriam y su esposo llegaron a vivir a un edificio de once pisos ubicado en la calle de San Antonio Abad, número 66. Después de una vida de trabajo la pareja dejó su casa en Tláhuac, vendió su carro e invirtió todo su patrimonio para comprar su departamento. Con él también adquirió una deuda de medio millón de pesos con un banco.

Hoy su casa, valuada en un millón 270 mil pesos, es inhabitable. Después de un mes del sismo algunas unas familias regresaron al lugar pero ella no quiere arriesgarse. “Estamos a la deriva, ¿qué va a pasar? No sabemos”, comenta.

Miriam muestra fotos de su departamento. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Desde el día del sismo Miriam y otras personas que vivían en el edificio han estado en contacto con una empresa administradora que sirve de enlace entre los vecinos y la empresa constructora Vertical Homes. La constructora les dijo que el edificio es habitable y sólo necesita unos arreglos.

Miriam tiene muchas dudas, primero porque la constructora pidió que las personas cobraran los seguros de sus viviendas y dieran el dinero para comenzar los trabajos de remodelación. La inconformidad ha crecido, pero los vecinos han hecho un pacto de silencio para no entorpecer las negociaciones con Vertical Homes.

“Estoy arrepentidísima de haber comprado, de haber invertido mi patrimonio”, dice al recordar que desde antes del sismo había filtraciones de agua, quejas porque los dos sótanos que no estaban terminados y peleas por el uso de los estacionamientos, algo que aceptaron pero que hoy atribuye a una irregularidad en la planeación y construcción del edificio.

Miriam no acudió a un albergue, tiene dos hijos y su plan es vivir una temporada con uno y después rentar. Ella fue una de las primeras en acudir por los tres mil pesos que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México. Para acceder a este beneficio llevó las fotos de su departamento y sus documentos en orden, pero opina que la cantidad no es suficiente a cambio de la inversión que hizo.

San Antonio Abad 66 es uno de los ocho expedientes de investigación por probables irregularidades administrativas en el proceso de construcción en el periodo 2013-2017. Los otros inmuebles son los de Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, Insurgentes Norte 1260 y Rancho Tamboreo 11 y 19, así como Calzada de las Brujas 34 y 40, según la Contraloría General de la Ciudad de México.

INCERTIDUMBRE A MÁS DE UN MES

Hace más de 40 años Andrés Jiménez Páez construyó su casa en la calle de Lázaro Cárdenas, número 7 en San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, una delegación caracterizada por sus paisajes rurales y la zona de embarcaderos y chinampas. Conforme la familia fue creciendo con la llegada de los nietos y los yernos, la casa también se amplió para albergarlos a todos.

Con el sismo la casa terminó con fracturas y cuarteaduras en los muros de carga, la losa se fracturó, el cuarto del primer piso se derrumbó, en general la casa se está hundiendo y ya no es habitable. Aun así el DRO que hizo la inspección dijo que la casa -que en su opinión estaba en construcción- tiene daños moderados.    

A pesar del dictamen del experto ya nadie vive allí, pero siempre hay alguien cuidando el inmueble, integrantes de la familia permanecen durante todo el día en medio de lo que quedó de su hogar vacío, sin muebles y algunos escombros. Allí están las mujeres, los varones e incluso los niños que aún no acuden a la escuela, están en espera de respuestas.

La familia Jiménez no se aleja de su hogar porque necesitan estar allí cuando llegue una autoridad. La vez que llegó el DRO sólo estaba el señor Andrés, un adulto mayor que no sabe leer ni entiende de programas sociales, a él le pidieron que firmara la hoja donde se leía que la casa tenía daños moderados.

Casa de la Familia Jiménez Pérez en San Gregorio Atlapulco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

A la casa ya pasó gente del  Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de Prospera. Hay dos etiquetas que lo comprueban como en casi todas las viviendas del pueblo y aunque el personal que acudió les prometió apoyos no les dijeron cuándo ni cómo, creen que tal vez en unos dos o tres meses tengan claridad.

Las hermanas Gloria Beatriz y Rosa Mireya Jiménez López cuentan que empresas particulares y voluntarios los han apoyado, ellas recibieron unos polines para su casa, también recibieron comida de quienes llegaron a apoyar y aclaran que esa es la única ayuda que han tenido.

Gloria y Rosa, amas de casa, creen que la casa debe derrumbarse. Aunque el dictamen que tienen dice que la casa tiene daños moderados sus ojos ven otra cosa, no saben qué hacer, con quién acudir, quién debe asumir los gastos ni cómo hacerlo de manera segura sin dañar las casas aledañas.

Casa y muebles en ruinas tras el sismo que sacudió Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

La familia, en su mayoría de agricultores de flores, cuenta con tres opiniones: una persona de Protección Civil les dijo que la casa no era habitable, unos ingenieros de Jalisco confirmaron dicha versión, después otros arquitectos dijeron lo mismo, pero el DRO les afirmó que sí es habitable.  No saben a quién creer.  

“Nos van a dar una tarjeta, pero es un apoyo, no es regalado”, se trata de un crédito de 120 mil pesos para reconstruir una casa que a tres familias les costó cuatro décadas.

El 4 de octubre Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal y de la capital crearía un fondo para otorgar créditos de hasta dos millones de pesos, a 20 años con 9 por ciento de interés, el gobierno asume el pago del capital y el damnificado los intereses.

Guadalupe es una adulta mayor que vivió el movimiento estudiantil de 1968 y después de septiembre dice que lo que más le ha dado tristeza en su vida es el desastre del sismo. El movimiento de la tierra acabó con su casa y dice que en este momento de su vida no tiene fuerza para empezar desde cero.

Guadalupe sigue visitando las ruinas de su casa en Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

De acuerdo con la Comisión de Gestión Integral del Agua en la zona ejidal de cultivo de San Gregorio Atlapulco, el suelo se hunde 25 centímetros al año y la región tiene grietas que datan desde la década de los 80 en canales, edificios, casas y calles, producto de la sobreexplotación de mantos acuíferos.

El sábado 4 de octubre, en recorrido por San Gregorio, diputados locales y funcionarios de gobierno aseguraron que la suma de esfuerzos haría posible sacar adelante esta zona. Ese día dijeron que había mil 250 casas afectadas, de las cuales se tendrán que reconstruir 250. La demolición ya comenzó pero el proceso aún es muy lento.

Guadalupe es jubilada de intendencia y su esposo es chinampero. Ambos rentan un cuarto porque no pueden regresar a su casa, una estructura que se está hundiendo. Regresan todos los días a las ruinas de su hogar. Ella está enferma y ni siquiera puede recoger las cosas que quedaron esparcidas por doquier, aun así prefiere estar allí, contemplando lo que quedó de su patrimonio.

En algunas colonias las casas se marcaron para identificarlas como inhabitables. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Ahora que los gobernantes están concentrados en los cargos que podrían obtener en las elecciones de 2018, Guadalupe y otras mujeres de Xochimilco y las demás delegaciones no creen poder iniciar una reconstrucción solas, sin el apoyo del Estado, por eso protestan desde los lugares donde se refugian, sin salir a las calles, porque no pueden y no quieren alejarse de la casas derruidas donde permanecen sus recuerdos.  

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, Montserrat Antúnez Estrada, Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

“Verdad a medias no es verdad”: Mujeres de Atenco


Sobrevivientes pidieron reconocer la tortura sexual de 2006



Cuatro horas y media tardó la primera parte de la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Angélica Patricia Torres Linares y Bárbara Italia Méndez Moreno dieron testimonio de lo ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México.

Cerca de las ocho de la mañana las once mujeres denunciantes de tortura sexual entraron a la sala de la sede de la Corte Interamericana, lugar donde decenas de estudiantes de Derecho hicieron fila para escuchar los testimonios y ver el desarrollo de la audiencia donde minutos más tarde se daría cuenta de cómo once años y seis meses atrás, policías municipales, estatales y federales detuvieron, golpearon y toquetearon sexualmente a unas 31 mujeres.

Tras escuchar la presentación del caso por parte de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que envió el caso a la CoIDH, las denunciantes comenzaron a narrar testimonios que por momentos causaron sorpresa a los jueces y que hicieron que la comitiva de funcionarios mexicanos enfocara sus participaciones en enfatizar que ya se han tomado medidas para reparar el daño.

Los interrogatorios comenzaron con la formalidad propia del organismo internacional, primero con la gente participante de pie para recibir a los seis jueces, sin contar al mexicano Eduardo Ferrer MacGregor que por su nacional no puede conocer el caso, y luego con un interrogatorio para cada una de las primeras cuatro, de cinco, víctimas que fueron llamadas a declarar.

El Juez Patricio Pazmiño Freire, interroga a la declarante, Sra. Norma Aidé Jiménez Osorio. Fotografía twitter @corteidh

--”¿Podría la declarante manifestar ante la Corte su nombre?

--Norma Aidé Jiménez Osorio

--¿Nacionalidad y lugar de residencia?

--Mexicana, Ciudad de México”.

Así comenzaron y siguieron los testimonios, declaraciones que repitieron las mismas frases una y otra vez: “era estudiante, me golpearon, me taparon la cabeza, metieron sus dedos en mi vagina… mi vida no volvió a ser la misma…. alguien lo ordenó, queremos que se investigue la cadena de mando”.

Los primeros en romper el protocolo fueron los funcionarios del Estado mexicano, quienes no dieron su nombre al tomar la palabra e hicieron comentarios  en vez de ceñirse a hacer preguntas a las víctimas. Así por ejemplo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, comenzó a dar un discurso hasta que fue interrumpido.

El también embajador dijo que el gobierno de México condenaba cualquier violación a Derechos Humanos y estaba a punto de continuar fijando su posición cuando una abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defiende a las mujeres, objetó el discurso porque, dijo, la audiencia de este jueves era para escuchar a las víctimas y no para presentar alegatos, algo que está previsto para este 17 de noviembre.

Las mujeres de Atenco, como se conoce a las sobrevivientes, escucharon atentas, sentadas todas juntas de lado izquierdo de la sala, mientras la delegación mexicana hacía preguntas enfocadas a que las denunciantes reconocieran que las instituciones del país habían realizado acciones para reparar el daño, por ejemplo, que 55 policías fueron investigados, aunque la respuesta de Norma Aidé dejó claro que  “una verdad a medias no es la verdad”.

Al concluir el primer testimonio, las emociones explotaron y los recuerdos no pudieron esperar. Cuando Norma Aidé bajó del estrado, ellas, las que fueron acusadas de mentirosas, se abrazaron, deshicieron el nudo en sus gargantas y una vez más se juntaron para tomar aire y seguir en esta reunión que será la última antes de que la Corte Interamericana emita un fallo por este caso, en 2018.

Después del testimonio de Bárbara Italia Méndez Moreno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, dio un giro a las intervenciones de los representantes del gobierno al comenzar a preguntar a las víctimas cómo el Estado podía colaborar para resarcir las consecuencias que padecieron por la violencia sexual.

Imagen retomada del twitter de la CoIDH

Por: Anayeli García Martínez, enviada

Cimacnoticias | San José, CR .-

Desapariciones de mexicanas se concentran en niñas y adolescentes de 14 a 17 años


 Estado de México, Puebla y Tamaulipas, los lugares con más casos



Más de la mitad de las 8 mil 456 mujeres desaparecidas en México durante los últimos 11 años fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, la mayoría tenía entre 14 y 17 años de edad.

Los familiares de estas mujeres lidian no sólo con la pérdida, sino con un Estado que también las desaparece, pues no facilita sus nombres completos ni fotografías en los registros oficiales para que cualquier persona interesada en buscarlas las encuentre.

De 2000 a julio de 2017 las niñas y adolescentes fueron las principales víctimas de desapariciones forzadas en el país ya que 52 por ciento (4 mil 321) del total de mujeres alejadas de sus círculos cercanos tenían entre cero y 20 años de edad, esto evidenció el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) consultado por Cimacnoticias.

A nivel nacional 30 por ciento de las mujeres víctimas de desaparición, es decir 2 mil 540, tenían entre 14 y 17 años de edad.

En el Estado de México, Puebla y Tamaulipas se registraron más desapariciones, no sólo de niñas y adolescentes sino de mujeres de todas las edades. En los tres estados las autoridades están obligadas a crear y aplicar políticas públicas que garanticen la seguridad y los derechos de las mujeres, y con mayor énfasis el Estado de México, pues ahí la Segob emitió desde 2015 la Alerta de Violencia de Género (AVG) por los altos índices de violencia contra las mujeres.

De acuerdo al RNPED en los últimos 11 años el Estado de México desaparecieron más mujeres que en otros estados del país: fueron mil 887, de las cuales 64 por ciento (mil 216) correspondieron a niñas y adolescentes de cero a 20 años de edad. A esa entidad le siguió Tamaulipas con mil 261 casos, en 393 de ellos fueron niñas y jóvenes en el mismo rango de edad.

De 2000 a 2017 Puebla ocupó el segundo lugar como el estado con más desapariciones de mujeres menores de edad, adolescentes y jóvenes pues las víctimas tenían entre cero y 20 años de edad en  65 por ciento de los 822 casos que se cometieron en total.

A Puebla organizaciones como la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) la han calificado de peligrosa para las mujeres por ser una zona de origen, tránsito y destino de víctimas trata de personas.

DESAPARECER DOS VECES

En México la desaparición de una mujer trae consigo una serie de violencias institucionales en contra de la afectada, de sus familiares y seres queridos: las víctimas indirectas. A estas personas el Estado debería garantizarles justicia y la reparación del daño, como establece la Ley General de Víctimas, pero en la práctica retrasan la búsqueda basándose en estereotipos de género y no llevan un registro fiel de los casos.

Ejemplo de ello fue lo que ocurrió con Cruz Alejandra Peña Beltrán de 24 años, quien desapareció en 2013 en Sinaloa junto con una amiga. Su mamá, Bertila Beltrán Cabanillas, se enfrentó a omisiones y errores por parte las autoridades sinaloenses desde que denunció la desaparición, lo que retrasó y obstaculizó la búsqueda.

A Bertila Beltrán la Procuraduría general de justicia estatal trato de hacerle creer que su hija fue la culpable de su desaparición pues recibió excusas como “se fue con su novio y después va a regresar” para no buscarla. Además, la instancia de justicia imprimió en las hojas de reconocimiento con las características físicas de Cruz Alejandra una fotografía que no era de ella.

Tres años después, en 2016, fue Bertila Beltrán, y no las autoridades, quien encontró a su hija en una fosa clandestina en Sinaloa, había sido víctima de feminicidio y en el mismo lugar se encontraron a otras tres mujeres asesinadas.

“La policía de Sinaloa me decía que la foto no importaba, que eso no era relevante para encontrarla, pero sí lo es. Sin ella, ¿cómo otras personas iban a identificar a mi hija?”, denunció esta semana durante la presentación del programa “Personas no renglones” de la organización Data Cívica.

A un año de haber sido localizada, Cruz Alejandra aún forma parte del RNPED, lo que evidencia la falta de organización y transparencia en los criterios de la Segob para registrar los casos, afirmó en entrevista con esta agencia la directora ejecutiva de Data Cívica, Mónica Meltis.

La defensora denunció que la Segob no transparenta en el RNPED “datos básicos y esenciales” (nombres completos, características físicas y fotografía) para la búsqueda de las 32 mil 277 personas desaparecidas de 1968 a julio de este año registrados como delitos del fuero común en su base de datos.

Además, cada tres meses la Segob actualiza el número de registros, pero no explica qué criterios se siguen para borrar a alguien de la base; incluso muchas de las personas cuya desaparición ya fue denunciada tardan meses en ser dadas de alta en el registro, denunció en entrevista con esta agencia Michael W. Chamberlin, director del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, organización que acompaña casos de desapariciones en Coahuila.

Por esa razón Data Cívica presentó esta semana el portal “Personas Desaparecidas”, donde reconstruyeron los nombres y características físicas de las y los incluidos en el RNPED con la intención de que las personas suban a la plataforma digital la foto de sus seres queridos desaparecidos.

Mónica Meltis y Michael Chamberlin coincidieron en que con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, promulgada hoy por el titular del ejecutivo Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano tendrá que comprometerse a elaborar registros fieles que permitan visibilizar la magnitud real del problema y actuar para erradicarlo.

Pues en estados como Nayarit la Segob no registró ninguna desaparición de mujeres en los últimos 11 años; mientras en Tlaxcala, en el mismo periodo, el RNPED sólo contabilizó 11 desapariciones pese a que sólo de 2016 a agosto de 2017 organizaciones civiles documentaron 35 casos.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Montserrat Antúnez Estrada

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

CDHDF debe pronunciarse por justicia para trabajadoras del IEMS

JLCyA retrasa por más de un año proceso



Trabajadoras de intendencia despedidas injustificadamente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y organizaciones civiles urgieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a pronunciarse enérgicamente contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) por violar el derecho de las mujeres a acceder a la justicia, pues la instancia ha retrasado casi dos años la demanda colectiva que 30 trabajadoras interpusieron.

Esto exigieron las mujeres despedidas en enero de 2016 durante un mitin realizado hoy frente a la JLCyA y a través de un pronunciamiento que también suscribieron las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular.

Desde febrero de 2016, 30 de las 59 trabajadoras despedidas demandaron al IEMS para que el Instituto reconozca la relación laboral que tenía con ellas y puedan retomar sus empleos con condiciones dignas, pero el proceso legal no avanza porque la JLCyA sigue sin citar a los testigos de las denunciantes que comparecerán en una audiencia testimonial, proceso indispensable para que, posteriormente, la instancia reguladora de conflictos laborales emita un fallo.

Además de la JLCyA, la CDHF también ha sido omisa: nunca se ha pronunciado contra el retraso del proceso legal, esto pese que el organismo conoce el caso porque existe una queja en la quinta visitaduría por las violaciones a los derechos laborales de las mujeres, denunció en entrevista con Cimacnoticias Alejandro Cerezo, defensor de los Derechos Humanos e integrante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México.

Por lo que pidió que la nueva presidencia de la CDHDF“realice su trabajo” e inste a la JLCyA a acelerar el proceso legal, pues las trabajadoras despedidas siguen en busca de justicia. Recordó que el acompañamiento de la CDHF ha sido deficiente pues no se ve reflejado en la verdadera protección de los derechos de las mujeres que siguen sin tener trabajos con condiciones dignas.

IEMS y JLCyA OBSTACULIZAN ACCESO A LA JUSTICIA

Las trabajadoras denunciaron que la actuación de la JLCyA les hace pensar que más que defenderlas la instancia “es cómplice de las autoridades del IEMS en la violación de sus derechos laborales”. Por lo que exigieron a la JLCyA realizar de forma inmediata y efectiva las diligencias necesarias para continuar con el proceso legal.

Desde octubre de 2016 la demanda no avanza, expuso en entrevista con Cimacnoticias la vocera de las trabajadoras, Guadalupe Carrasco Carrasco. El 28 de ese mes sería la primera audiencia, pero la JLCyA no citó a los testigos y la pospuso al 20 de abril de este año, sin embargo, y por la misma razón, la instancia volvió a postergarla y la audiencia sigue sin efectuarse.

Hasta ahora la JLCyA sólo ha citado a una de las al menos 12 personas empleadas del IEMS (profesoras e intendentes) que las trabajadoras despedidas nombraron como testigos. Guadalupe Carrasco explicó que si bien los testigos podrían presentarse voluntariamente buscan que la Junta los cite formalmente para impedir que, como sucedió con la profesora Karla Santoyo Hernández, autoridades de la instancia educativa tomen represarías contra ellos y los despidan por externar su apoyo a las trabajadoras.

Los actuarios, trabajadores de la Junta Local encargados de entregar los citatorios, no lo han hecho bajo el argumento de que “no tienen los recursos económicos suficientes para trasladarse”, denunció Guadalupe Carrasco, o porque afirman “no encontrar las direcciones”.

Los días 12 y 19 de septiembre pasados, actuarios acudirían a la preparatoria 2 del IEMS -donde las trabajadoras mantienen desde 2016 un plantón como protesta-para entregar los citatorios, pero no se presentaron.

“La justicia si no es pronta no es justicia”, opinó Guadalupe Carrasco, y reiteró que pese a los obstáculos refrendan su interés de ser reinstaladas. “Esta lucha también es por nuestras compañeras que siguen trabajando en el IEMS, contratadas por empresas de outsourcing y enfrentan acosos y salarios bajos”, afirmó.

La fecha que la JCyA fijó para la próxima audiencia testimonial será en febrero de 2018, informó Alejandro Cerezo.

La demanda con número de expediente 127/2016 agrupa las exigencias de trabajadoras de intendencia despedidas de los planteles del IEMS ubicados en Iztapalapa 2, los dos de la delegación Gustavo A. Madero, así como del de Coyoacán y Tlalpan 1.

CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

Por: Montserrat Antúnez Estrada

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

CoIDH escuchará testimonios de tortura sexual de mujeres de Atenco


Dos días de alegatos para determinar responsabilidad del Estado mexicano



Después de once años y seis meses de enfrentar cotidianamente a las instituciones del Estado de México para que las dejen de llamar mentirosas, once mujeres víctimas de tortura sexual se presentarán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para narrar cómo las fuerzas de seguridad pública las violentaron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. 

Por primera vez este 16 y 17 de noviembre la palabra de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela se escuchará durante una audiencia pública que se realizará en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica. 

Para ellas, Las Mujeres de Atenco, el reloj se detiene con está audiencia que será la última parada de un recorrido en búsqueda de justicia que ya suma 138 meses y que podría culminar en una sentencia del máximo tribunal del continente en la que se reconozca que el Estado mexicano, por orden de mandos superiores y a través de policías locales, estatales y federales, ejerció tortura sexual.

Este episodio no pinta para ser una rendición de cuentas de parte de la comitiva de funcionarios mexicanos porque el organismo internacional no está facultado para juzgar los procesos penales que se desarrollan en México por estos casos pero servirá para mostrar las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante un operativo que duró dos días y dejó secuelas permanentes.

DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LA REPRESIÓN

El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por el entonces gobernador y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó el despliegue de un operativo en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco para impedir que los floricultores vendieran sus productos, operativo que se extendió hasta el 4 del mismo mes.

El despliegue de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales dejó como saldo 207 detenidos, al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual; dos personas asesinadas: Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández y cinco personas extranjeras expulsadas del país.

Como resultado también se abrieron dos investigaciones, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un expediente penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente otro en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, hoy conocida como Fevimtra. 

La versión de altos funcionarios, empezado por Peña Nieto, fue que se trató de reestablecer el orden y la paz social amenazada por unos manifestantes pero las imágenes de televisión y de los medios mostraron lo contrario, se vio cómo policías con equipos antimotín, toletes, escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas del mismo gas, golpeaban y detenían gente al por mayor.

En este contexto 47 mujeres fueron detenidas de forma arbitraria, de ellas al menos 26 fueron golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, en contacto directo con la piel. Una de las sobrevivientes fue obligada a practicar “sexo oral” a los policías y, según las denuncias, cada humillación fue acompañada de insultos, amenazas, golpes y jalones a la ropa. 

Con toda la carga física y psicológica que implica esta violencia, once mujeres mantuvieron sus denuncias por tortura pero ante la falta de respuesta en las instancias nacionales, en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cejil) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Después de un largo proceso, en octubre de 2015 el organismo internacional emitió un informe sobre el caso, registrado como “Mariana Selvas y otras” y lo envió a la Corte Interamericana que finalmente escuchará la palabras de las denunciantes para analizar el fondo del asunto y eventualmente emitir una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos cometidas en Texcoco y Atenco.  

LA MEMORIA DE ATENCO

San Salvador Atenco es el municipio mexiquense donde surgió la lucha de los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), hombres y mujeres que se opusieron a la expropiación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto ensalzado por Peña Nieto y que en 2015, durante su administración como primer mandatario a nivel federal, finalmente comenzó su contracción. 

Cuando en mayo de 2006 el FPDT se solidarizó con los floricultores que eran reprimidos en un operativo que calificaron de desproporcionado, también hubo personas defensoras de Derechos Humanos y estudiantes que acudieron al lugar a ayudar, fue el caso de las mujeres de Atenco. Algunas eran estudiantes que querían documentar la violencia, otras comerciantes que estaban en el lugar y unas más ciudadanas que simplemente pasan por allí.

Como si la finalidad fuera decretar la falsedad de los dichos de las mujeres torturadas sexualmente, el 16 de junio de 2006 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.

Con una intención similar, el 27 de junio de 2006 el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, atribuyó lo que consideró eran “supuestos abusos” por parte de la policía a los “altos niveles de estrés” y declaró que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque les había hecho nada”.

A pesar de esos intentos por desestimar las denuncias y cerrar el caso, las Mujeres de Atenco es la sombra que acompaña a Enrique Peña Nieto. El episodio incluso hizo tambalear su campaña presidencial cuando en el 11 de mayo de 2012 fue increpado por estudiantes durante una presentación en la Universidad Iberoamericana, quienes le señalaron el uso excesivo de la fuerza en Atenco y Texcoco.

Ante la insistencia de los estudiantes el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que en Atenco se reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”. Este episodio más tarde dio vida al movimiento estudiantil YoSoy132.

ASUMIR REPARACIÓN DEL DAÑO

La CoIDH es la última instancia para Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Es la última instancia porque a pesar de que en México la PGJ del Estado de México mantiene un expediente abierto, la indagatoria lleva más de once años y actualmente 16 policías de la Agencia de Seguridad Estatal son acusados de la tortura pero todos llevan su proceso en libertad; además, de 21 médicos auxiliares de la autoridad ministerial que fueron acusados por no revisar a las víctimas y certificar las lesiones, 10 fueron absueltos por deficiencias en el proceso.

Tampoco hay responsables a nivel federal. Ningún alto mando fue investigado, ni quien fuera secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; tampoco el secretario General del Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; ni el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, mucho menos el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado. 

Al contrario, todos los funcionarios siguieron haciendo carrera política y los ejemplos más claros son los de Peña Nieto que fue electo como presidente de la República en 2012 y Eduardo Medina Mora que en 2015 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta ahora la CIDH determinó que las once mujeres fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, que no fueron informadas de las razones, vivieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, entre ellas la violación sexual, y que todo indica que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.

Para el organismo internacional el Estado mexicano reconoció “la comisión de actos de violencia de género y tortura” por lo que los alegatos y testimonios que se presenten este 16 y 17 de noviembre ante la Corte Interamericana servirán para profundizar sobre la violencia contra la mujer y, particularmente, la violación sexual y tortura así como las formas de reparación del daño.

Así, en el último capítulo ante una instancia internacional, las mujeres de Atenco esperan que los jueces valoren su palabra y el próximo año emitan una sentencia donde se obligue al Estado mexicano a reparar los daños, reformar su visión de modelo de seguridad pública y evitar que actos similares se repitan.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Fraudes, Estafas y Malversaciones Electorales


La mentira como proyecto cultural y comunicacional del neoliberalismo.

Fernando Buen Abad Domínguez

Rebelión/Instituto del Cultura y Comunicación UNLa

Una democracia seria debería sancionar con todo rigor las mentiras electorales. Antes, durante y después. Debería haber tribunales populares instruidos con todo el poder para ejecutar leyes que resguarden el voto, como documento histórico que es, y como exigencia de cumplimiento político inexcusable. Justicia exigente al máximo que debería encarcelar al que promete falsedades, para ejecutar traiciones, tanto como al que corroe votos para imponer fraudes. La voluntad democrática de los pueblos debería contar con blindajes de hierro y con castigos ejemplarísimos. Para que nadie se atreva a la falacia y para que nadie se sorprenda del castigo ejemplar y contundente. Por el engaño (también electoral) nos han traicionado más que por la publicidad… y ya es mucho decir. Es que estamos verdaderamente hartos de la democracia burguesa… urge el avance de la democracia participativa y de las bases.

Debería haber un comité popular de ética que sometiera a escrutinio y sanción el papel de aquellos “medios de comunicación” que solidarizaran con el plan de las mentiras en campaña y que, como resultado de su connivencia delincuencial probada, perdieran todo permiso para el uso de “medios” de manera definitiva… de por vida. Para garantizar la legitima libertad de expresión de la voluntad democrática. Por salud cultural y comunicacional para todos.

Debería exigirse, al lado de los requisitos para gozar de una candidatura (y del dinero del pueblo que eso conlleva en muchos países) la firma de compromisos de promesas, pasar de la palabrería de la “buena voluntad” aparente, a los proyectos realizables con explicación del sustento conceptual, político, técnico y financiero. Uno por uno caso por caso. Debería ser una exigencia pasar la prueba, el examen, que las bases decidan para garantizar el nivel de conocimiento y aceptación que desde la base debe tener cualquier candidato a cualquier cargo “público” o “privado”. Sin excusas porque de los cargos “privados” también salen dediciones que involucran a lo “público”.

Reina el desparpajo de la impunidad. Reina la alevosía en el descaro premeditado. Reina la estratagema del engaño que “embriaga” con demagogia a los votantes para traicionar lo dicho haciendo lo indecible. Reina el absolutismo de la desfachatez oligarca, irresponsable e impúdica, borracha de munición “antidisturbios” y oropel de “informativos” centrales. Ellos sonríen, bailan y cantan. Ellos se aplauden, se abrazan y se besan. Reina el relato de empresarios triunfadores de avaricia macabra sobre el abismo de las falacias donde pende de un hilo inflacionario la verdad que teje la amargura. Por decreto de “necesidad y urgencia”. Hay que ver el desastre que han hecho en México, en España, en USA…

Así las cosas nos llenan con “frases hechas” inyectadas de estafa. Nos llenan las calles con propaganda de “cambios” y “futuro”. Nos llenan el oído con promesas endulzadas entre nepotismo promiscuo y capitalismo de amigos. Nos infectan la vida con su oratoria esculpida con cinceles de predicadores. Hablan de progreso a cambio de votos; hablan de felicidad a cambio de votos; hablan de empleo, educación, justicia, salud y vivienda a cambio de votos y prometen oportunidades a granel, aquí y allá, oportunidades a raudales, oportunidades para todos y en todas partes… igualdad de de oportunidades pero no igualdad de condiciones. Eso es sólo para ellos. La mentira como moneda de curso legal.

Es la pachanga desaforada de la  “plus-mentira” convertida en parte del paisaje y en forma de resignación. Muchas personas aceptan que los “políticos” mientan porque andan en “campaña”. Como si fuese lógico o natural. La mentira premeditada queda liberada de toda culpa o penitencia. Reina la inmoralidad misma y se hace Cultura. El vacío de principios. La desfiguración alevosa de la realidad cómo signo de clase. El dogmatismo de la falacia, el fundamentalísimo de la irracionalidad impune. Y entonces lo falso es real.

Y, entonces, parece que la gracia es competir para ver quién miente “más bonito”. Quién promete “pobreza cero”, “hambre cero”, “desempleo cero”, “insalubridad cero”, “analfabetismo cero”… con desparpajo, sonrientes, rozagantes y cínicos. Acaso el “plus” de la mentira en la “pos-verdad” sea su capacidad de consenso aplastante, su manera de obturar la duda. Incluso su glamour autoritario. La “plus-mentira” basada en componentes dinámicos de usurpación simbólica para asesinar la verdad con las banderas de lo que se niega o se combate. Hitler se hizo llamar “socialista”, Franco en nombre de Dios produjo matazones diabólicas. Así que ni la “pos-verdad” ’ni la “plus-mentira” son novedades ni hallazgos teóricos actuales y acaso un factor decisivo, o de su vigencia, sea el uso de las tecnologías subordinándolas a sus fechorías. La tecnología aporta su “prestigio” para hacer más contundente el desprestigio de la verdad. Total pasará nada. Y todo conduce a la anti-política. Los procesos electorales convertidos, por las mafias en el poder, en emboscadas ideológicas.

Estamos en una encrucijada de importancia suprema donde toda idea de “democracia” está en peligro y bajo amenaza. Es litigio filosófico profundo y crítico que atañe a la “verdad” sus búsquedas, encuentros y desencuentros siempre históricos. No sobre el valor de su existencia social e histórica sino sobre sus depredadores aunque en la “pos-verdad” se los niegue. Y todo esto pone de relieve la responsabilidad social por la verdad, su lugar y sus desafíos.

Es fundamental desplegar fuerzas políticas empeñadas en sellar con la verdad cada pliegue de las luchas sociales; marcar con el fuego de la verdad cada hecho social o individual de las masas y para las masas. La verdad que expresa la ética política de la lucha emancipadora. La verdad desde las bases con sus derrotas y sus victorias. La verdad y sus procesos, sus logros reveladores como saltos cualitativos de conciencia y compromiso. La verdad que es táctica inmediata de combate, la verdad revolucionaria siempre. En suma, si el capitalismo anhela manipular la percepción, las creencias y la confianza de los pueblos con mentiras, rumores y calumnias, con promesas prefabricadas para que se conviertan en todo lo contrario, para venderse en campañas políticas modelo farándula; para imponer “guerras económicas” y convencernos de que la voluntad popular no es confiable o lograr que nadie pueda reconocer la verdad de las luchas y eso deje de tener importancia… entonces hay que doblar la apuesta por la verdad que habita en las bases, en los pueblos y en sus luchas. Mentir no es una gracia.