Sobrevivientes pidieron reconocer la tortura sexual de 2006
Cuatro horas y media tardó la primera parte de la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Angélica Patricia Torres Linares y Bárbara Italia Méndez Moreno dieron testimonio de lo ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México.
Cerca de las ocho de la mañana las once mujeres denunciantes de tortura sexual entraron a la sala de la sede de la Corte Interamericana, lugar donde decenas de estudiantes de Derecho hicieron fila para escuchar los testimonios y ver el desarrollo de la audiencia donde minutos más tarde se daría cuenta de cómo once años y seis meses atrás, policías municipales, estatales y federales detuvieron, golpearon y toquetearon sexualmente a unas 31 mujeres.
Tras escuchar la presentación del caso por parte de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que envió el caso a la CoIDH, las denunciantes comenzaron a narrar testimonios que por momentos causaron sorpresa a los jueces y que hicieron que la comitiva de funcionarios mexicanos enfocara sus participaciones en enfatizar que ya se han tomado medidas para reparar el daño.
Los interrogatorios comenzaron con la formalidad propia del organismo internacional, primero con la gente participante de pie para recibir a los seis jueces, sin contar al mexicano Eduardo Ferrer MacGregor que por su nacional no puede conocer el caso, y luego con un interrogatorio para cada una de las primeras cuatro, de cinco, víctimas que fueron llamadas a declarar.
El Juez Patricio Pazmiño Freire, interroga a la declarante, Sra. Norma Aidé Jiménez Osorio. Fotografía twitter @corteidh
--”¿Podría la declarante manifestar ante la Corte su nombre?
--Norma Aidé Jiménez Osorio
--¿Nacionalidad y lugar de residencia?
--Mexicana, Ciudad de México”.
Así comenzaron y siguieron los testimonios, declaraciones que repitieron las mismas frases una y otra vez: “era estudiante, me golpearon, me taparon la cabeza, metieron sus dedos en mi vagina… mi vida no volvió a ser la misma…. alguien lo ordenó, queremos que se investigue la cadena de mando”.
Los primeros en romper el protocolo fueron los funcionarios del Estado mexicano, quienes no dieron su nombre al tomar la palabra e hicieron comentarios en vez de ceñirse a hacer preguntas a las víctimas. Así por ejemplo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, comenzó a dar un discurso hasta que fue interrumpido.
El también embajador dijo que el gobierno de México condenaba cualquier violación a Derechos Humanos y estaba a punto de continuar fijando su posición cuando una abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defiende a las mujeres, objetó el discurso porque, dijo, la audiencia de este jueves era para escuchar a las víctimas y no para presentar alegatos, algo que está previsto para este 17 de noviembre.
Las mujeres de Atenco, como se conoce a las sobrevivientes, escucharon atentas, sentadas todas juntas de lado izquierdo de la sala, mientras la delegación mexicana hacía preguntas enfocadas a que las denunciantes reconocieran que las instituciones del país habían realizado acciones para reparar el daño, por ejemplo, que 55 policías fueron investigados, aunque la respuesta de Norma Aidé dejó claro que “una verdad a medias no es la verdad”.
Al concluir el primer testimonio, las emociones explotaron y los recuerdos no pudieron esperar. Cuando Norma Aidé bajó del estrado, ellas, las que fueron acusadas de mentirosas, se abrazaron, deshicieron el nudo en sus gargantas y una vez más se juntaron para tomar aire y seguir en esta reunión que será la última antes de que la Corte Interamericana emita un fallo por este caso, en 2018.
Después del testimonio de Bárbara Italia Méndez Moreno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, dio un giro a las intervenciones de los representantes del gobierno al comenzar a preguntar a las víctimas cómo el Estado podía colaborar para resarcir las consecuencias que padecieron por la violencia sexual.
Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .-
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