Dos días de alegatos para determinar responsabilidad del Estado mexicano
Después de once años y seis meses de enfrentar cotidianamente a las instituciones del Estado de México para que las dejen de llamar mentirosas, once mujeres víctimas de tortura sexual se presentarán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para narrar cómo las fuerzas de seguridad pública las violentaron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.
Por primera vez este 16 y 17 de noviembre la palabra de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela se escuchará durante una audiencia pública que se realizará en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica.
Para ellas, Las Mujeres de Atenco, el reloj se detiene con está audiencia que será la última parada de un recorrido en búsqueda de justicia que ya suma 138 meses y que podría culminar en una sentencia del máximo tribunal del continente en la que se reconozca que el Estado mexicano, por orden de mandos superiores y a través de policías locales, estatales y federales, ejerció tortura sexual.
Este episodio no pinta para ser una rendición de cuentas de parte de la comitiva de funcionarios mexicanos porque el organismo internacional no está facultado para juzgar los procesos penales que se desarrollan en México por estos casos pero servirá para mostrar las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante un operativo que duró dos días y dejó secuelas permanentes.
DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LA REPRESIÓN
El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por el entonces gobernador y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó el despliegue de un operativo en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco para impedir que los floricultores vendieran sus productos, operativo que se extendió hasta el 4 del mismo mes.
El despliegue de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales dejó como saldo 207 detenidos, al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual; dos personas asesinadas: Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández y cinco personas extranjeras expulsadas del país.
Como resultado también se abrieron dos investigaciones, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un expediente penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente otro en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, hoy conocida como Fevimtra.
La versión de altos funcionarios, empezado por Peña Nieto, fue que se trató de reestablecer el orden y la paz social amenazada por unos manifestantes pero las imágenes de televisión y de los medios mostraron lo contrario, se vio cómo policías con equipos antimotín, toletes, escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas del mismo gas, golpeaban y detenían gente al por mayor.
En este contexto 47 mujeres fueron detenidas de forma arbitraria, de ellas al menos 26 fueron golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, en contacto directo con la piel. Una de las sobrevivientes fue obligada a practicar “sexo oral” a los policías y, según las denuncias, cada humillación fue acompañada de insultos, amenazas, golpes y jalones a la ropa.
Con toda la carga física y psicológica que implica esta violencia, once mujeres mantuvieron sus denuncias por tortura pero ante la falta de respuesta en las instancias nacionales, en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cejil) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Después de un largo proceso, en octubre de 2015 el organismo internacional emitió un informe sobre el caso, registrado como “Mariana Selvas y otras” y lo envió a la Corte Interamericana que finalmente escuchará la palabras de las denunciantes para analizar el fondo del asunto y eventualmente emitir una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos cometidas en Texcoco y Atenco.
LA MEMORIA DE ATENCO
San Salvador Atenco es el municipio mexiquense donde surgió la lucha de los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), hombres y mujeres que se opusieron a la expropiación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto ensalzado por Peña Nieto y que en 2015, durante su administración como primer mandatario a nivel federal, finalmente comenzó su contracción.
Cuando en mayo de 2006 el FPDT se solidarizó con los floricultores que eran reprimidos en un operativo que calificaron de desproporcionado, también hubo personas defensoras de Derechos Humanos y estudiantes que acudieron al lugar a ayudar, fue el caso de las mujeres de Atenco. Algunas eran estudiantes que querían documentar la violencia, otras comerciantes que estaban en el lugar y unas más ciudadanas que simplemente pasan por allí.
Como si la finalidad fuera decretar la falsedad de los dichos de las mujeres torturadas sexualmente, el 16 de junio de 2006 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.
Con una intención similar, el 27 de junio de 2006 el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, atribuyó lo que consideró eran “supuestos abusos” por parte de la policía a los “altos niveles de estrés” y declaró que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque les había hecho nada”.
A pesar de esos intentos por desestimar las denuncias y cerrar el caso, las Mujeres de Atenco es la sombra que acompaña a Enrique Peña Nieto. El episodio incluso hizo tambalear su campaña presidencial cuando en el 11 de mayo de 2012 fue increpado por estudiantes durante una presentación en la Universidad Iberoamericana, quienes le señalaron el uso excesivo de la fuerza en Atenco y Texcoco.
Ante la insistencia de los estudiantes el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que en Atenco se reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”. Este episodio más tarde dio vida al movimiento estudiantil YoSoy132.
ASUMIR REPARACIÓN DEL DAÑO
La CoIDH es la última instancia para Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
Es la última instancia porque a pesar de que en México la PGJ del Estado de México mantiene un expediente abierto, la indagatoria lleva más de once años y actualmente 16 policías de la Agencia de Seguridad Estatal son acusados de la tortura pero todos llevan su proceso en libertad; además, de 21 médicos auxiliares de la autoridad ministerial que fueron acusados por no revisar a las víctimas y certificar las lesiones, 10 fueron absueltos por deficiencias en el proceso.
Tampoco hay responsables a nivel federal. Ningún alto mando fue investigado, ni quien fuera secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; tampoco el secretario General del Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; ni el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, mucho menos el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado.
Al contrario, todos los funcionarios siguieron haciendo carrera política y los ejemplos más claros son los de Peña Nieto que fue electo como presidente de la República en 2012 y Eduardo Medina Mora que en 2015 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta ahora la CIDH determinó que las once mujeres fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, que no fueron informadas de las razones, vivieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, entre ellas la violación sexual, y que todo indica que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.
Para el organismo internacional el Estado mexicano reconoció “la comisión de actos de violencia de género y tortura” por lo que los alegatos y testimonios que se presenten este 16 y 17 de noviembre ante la Corte Interamericana servirán para profundizar sobre la violencia contra la mujer y, particularmente, la violación sexual y tortura así como las formas de reparación del daño.
Así, en el último capítulo ante una instancia internacional, las mujeres de Atenco esperan que los jueces valoren su palabra y el próximo año emitan una sentencia donde se obligue al Estado mexicano a reparar los daños, reformar su visión de modelo de seguridad pública y evitar que actos similares se repitan.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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