“Hoy somos víctimas, pero nunca más”: Patricia Romero Torres

Sentencia reconoce que no cometió ningún delito en caso Atenco

“Hoy somos víctimas, pero nunca más. Nunca más vamos a ser las violadas de Atenco”, dice María Patricia Romero Hernández, comerciante que el 3 de mayo de 2006 fue detenida por decenas de policías locales, estatales y federales cuando se disponía a abrir su negocio, ubicado en el mercado Belisario Domínguez, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México.

Hace once años y siete meses, policías municipales, estatales y federales fueron desplegados en Texcoco y en el municipio aledaño de Atenco como una estrategia para impedir que floricultores instalaran sus puestos de venta. Fue allí donde detuvieron a Patricia, la golpearon y posteriormente la torturaron y violaron como respuesta al intento que ella y su padre hicieron para impedir que golpearan a su hijo, Arturo, de entonces 17 años de edad.

En estos años Patricia optó por cuidar su salud física y emocional, la de su padre y su hijo; por cuidar de su trabajo y la reconstrucción de su futuro, por esa razón pocas veces se presentó ante los medios pero esta vez decidió hablar con Cimacnoticias de lo sucedido en Texcoco y hacer un paréntesis en su demanda de justicia y reparación del daño para decir que por fin ha regresado un poco de luz a una vida que le fue opacada.

Cuando habla de la luz se refiere a que el pasado 30 de octubre una Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó que a pesar de que ella pagó su condena en prisión, la única manera de reparar las violaciones al debido proceso del que fue parte, era invalidando las pruebas que se usaron para condenarla y revoca la sentencia condenatoria. Con ello el Tribunal reconoció su inocencia.

“Siento que esta respuesta llega un poquito tarde y más que nada, para mí, el acudir a la Corte Interamericana representa sacar a la luz todos los hechos de represión”, expone la única mujer de un grupo de once sobrevivientes que además de ser detenida, torturada y encarcelada, fue encontrada culpable de los delitos de injurias, es decir, de insultar a los policías y de portación de arma prohibida, un machete.

Aunque el despliegue policiaco del 3 de mayo, que se extendió hasta el siguiente día, dejó al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual, sólo once sobrevivientes de tortura sexual mantienen su denuncia a nivel internacional. En 2008 ellas llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora está en análisis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

CONDENA SIN PRUEBAS

En 2006, cerca de las 7:30 de la mañana, la entonces comerciante de 38 años de edad, quien se preparaba para abrir la carnicería de su padre, se dirigió a Roberto Hernández Romero, entonces director de la Policía Municipal de Texcoco y a Sergio González Romero, subdirector de la policía, para preguntarles por qué estaban haciendo un operativo con centenas de policías.

Los servidores públicos habían ordenado no permitir que ningún comerciante se instalara, esto aun cuando días antes acordaron con los pobladores permitir la vendimia. En el momento que la mujer quiso preguntar, las fuerzas de seguridad golpeaban gente y lanzaban gases lacrimógenos a Arturo, su hijo, quien grabó con su cámara de manera casual lo que sucedía. De inmediato Arturo fue sometido por los policías y cuando su madre y su abuelo trataron de rescatarlo la golpiza se extendió contra todos.

“Hoy me siento libre… siento  que me ha devuelto parte de esa luz que se había opacado en mi vida porque todas las mujeres fuimos víctimas, no nada más yo. Para  mí, a lo mejor, la violación, la violencia que sufrí, la tortura no es nada más el hecho de que nos violentaron: los tocamientos, golpes, palabras, todo ese tipo de vejaciones. Todo eso es nada cuando tienen, frente a mis ojos, como golpean a mi hijo”.

Tras la detención ella fue trasladada a la Subprocuraduría de Texcoco y después a la Procuraduría de Toluca. En el trayecto fue violentada sexualmente. El 4 de mayo fue ingresada a un penal, donde permaneció acusada de lesiones; ultrajes, es decir de insultar a los elementos policiacos; y de portación de arma prohibida porque según los policías esa comerciante de 1.50 metros de estatura llevaba un machete en mano con el que los amenazó, algo que ella dice es mentira.

Las acusaciones, basadas sólo en los dichos de los policías, le valieron una condena de 3 años y 3 meses de prisión. Patricia fue puesta en libertad el 29 de agosto de 2008, después de cumplir su sentencia. Su hijo y su padre padecieron condiciones similares, fueron torturados, acusados y condenados. Los tres fueron considerados culpables.

Sin embargo, la resolución que la reconoce como inocente no fue producto de la buena voluntad de las autoridades mexicanas sino resultado del proceso de denuncia que ella y otras diez mujeres, de un total de al menos 26 víctimas de violación, emprendieron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 29 de abril de 2008, como una forma de encontrar la justicia que les era negada a nivel nacional.

SE RECONOCE INOCENCIA

Como resultado de un largo proceso de análisis que llevó prácticamente siete años, el tiempo promedio en el Sistema Interamericano, hace dos años, el 28 de octubre de 2015, la CIDH emitió un informe por el caso de las once sobrevivientes, expediente registrado oficialmente como “Mariana Selvas y otras” y conocido en México como “Las mujeres de Atenco”.

En ese informe que la CIDH envió a la Corte Interamericana, el organismo internacional reconoció a las mujeres de Atenco como víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, con lo cual ella pudo promover ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, una revisión extraordinaria de su caso, así lo explica la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Araceli Olivos Portugal, quien representa a Patricia.  

La revisión extraordinaria, expone la abogada, sirvió para que Patricia impugnara, a través de la Procuraduría estatal, la sentencia por la cual la condenaron, a pesar de que han pasado varios años de la acusación. Con el informe de la CIDH se constató que ella, como otras mujeres, fue detenida en un contexto de forma arbitraria y además fue víctima de tortura. 

Para Patricia la resolución llega tarde pero es una forma de mostrar que fue acusada con mentiras y sin pruebas y de decir que hay funcionarios responsables de las vejaciones que vivió. “Tiene que tener un nombre, no es justo que todos aquellos que orquestaron este movimiento, todo este hecho violento, fueran parte todavía de lo que es nuestro Estado mexicano”.

A la fecha no hay responsables por la violación. De acuerdo con información del Estado mexicano cinco policías fueron investigados por este caso pero fueron absueltos. Tampoco hubo señalamientos hacia los funcionarios que ordenaron el operativo como el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien era secretario de Seguridad Publica y Enrique Peña Nieto, entonces gobernador estatal y actual presidente de la República.

Por eso reclama: “Es como la vergüenza de un Estado, casi explicándole con manzanitas: Patricia Romero no es culpable porque no es posible que la acuses de tener un machete en la mano, cohetones, y golpear a siete, ocho, policías porque es una mujer menuda, de no más de 1.50 de estatura. Les tuvieron que decir con manzanas sus errores”.  

A causa de los golpes, Raúl, el padre de Patricia, está enfermo y no puede caminar bien; su hijo, Arturo, perdió visibilidad en un ojo. Las consecuencias físicas y emocionales persisten pero también sigue viva su lucha por el reconocimiento de que el Estado, sus funcionarios y policías, ejercieron tortura sexual y que debe reparar a las mujeres sobrevivientes y sus familias, que fueron afectadas indirectamente.

Ante estas irregularidades y con la finalidad de que la Corte Interamericana dicte una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano para que se reconozca la responsabilidad de las autoridades en la tortura sexual, Patricia se presentará ante los jueces el próximo 16 y 17 de noviembre en la sede del máximo tribunal del continente en San José, Costa Rica.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-