Madre de Nadia señala que el Estado las dejó en la indefensión
El Estado mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitir el caso por el feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez alegando que a la fecha la familia y su defensa no ha agotado todos los recursos legales internos para obtener justicia y porque en la investigación “no se violó ningún Derecho Humano”.
Con un retraso de cinco meses, el Estado mexicano dio respuesta a la petición que le hizo la CIDH en mayo de 2016 para dar información sobre el caso de Nadia Muciño, joven asesinada por su esposo Bernardo López Gutiérrez y el hermano de este, Isidro alias el “El Matute”; crimen que se cometió enfrente de sus hijos de entonces cinco, cuatro y dos años de edad, el 12 de febrero de 2014 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.
El 5 de octubre de 2010, la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández y su defensa legal, los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CDMPDH), solicitaron a la CIDH admitir el caso ante las omisiones e irregularidades que cometió la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a la hora de investigar el caso.
Asimismo por las violaciones a los Derechos Humanos de la madre de Nadia y sus tres nietos, y por los malos tratos que han recibido durante del proceso (petición P-1402-10).
Sobre estas dos acusaciones a nivel internacional, el Estado mexicano entregó un informe el 10 de enero de 2017 a la CIDH, donde argumentó que ninguno de estos supuestos es cierto pues la familia de Nadia “no ha agotado todos los recursos legales dentro del país” como debe suceder antes de acudir al organismo; y porque la autoridad ha realizado todas las diligencias necesarias para corroborar el asesinato de Nadia.
La familia de Nadia denunció ante la Comisión Interamericana las demoras en el proceso penal en contra de los feminicidas, a lo que el estado respondió, en el reporte del cual Cimacnoticias tiene copia, que el retraso es debido a los recursos legales que han interpuesto ambas partes: las víctimas y los acusados.
En el informe del Estado indicó que no existieron “supuestas dilaciones injustificadas en el proceso penal” como lo denunció Antonia, pues ella misma, dice el Estado, interpuso a lo largo del proceso penal 13 recursos legales, mientras el acusado, Bernardo López, “únicamente 10”.
En contradicción indica que los amparos interpuestos por Bernardo fueron para evadir la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, y en respuesta a ellos, los de Antonia fueron para evitar la libertad el feminicida y la impunidad del caso de su hija.
Asimismo el Estado mexicano reconoció que 12 años atrás “no tuvo éxito para cumplir la orden de aprehensión” en contra del ex esposo y asesino de Nadia, pues tardó siete años en detenerlo desde marzo de 2005 cuando se dictó la orden de aprehensión.
De acuerdo con el documento, el retardo en la detención fue responsabilidad de la PGJEM mientras que el Estado envió varios oficios para que se cumpliera el arresto de Bernardo. En ese lapso, de casi una década, la autoridad “estuvo buscando líneas de investigación” hasta que finalmente el 14 de junio de 2012 logró encarcelar a López Gutiérrez en el Centro Preventivo y de Readaptación Social del Edomex.
“En ese sentido, es claro que el Estado mexicano llevó a cabo los medios a su alcance para lograr la aprehensión del señor Bernardo López, la cual incluso, cumplimentó” –y continuó- “la dilatación en el cumplimiento de la orden de aprehensión, no caracteriza una violación a los Derechos Humanos”, concluyó el gobierno mexicano.
Al momento en que el Estado rindió el informe, en enero pasado, aún continuaba con letargo el proceso penal contra Bernardo López ya que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no contaba con peritos en criminalística para el desahogo de pruebas y dictaminar que Nadia no cometió suicidio.
Recientemente, después de 13 años, el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli condenó a Bernardo López a 42 años y seis meses de prisión por el delito de “homicidio agravado”.
EL SEGUNDO ASESINO: “EL MATUTE”
Respecto al segundo asesino de Nadia, su cuñado Isidro López alias “El Matute”, el Estado mexicano insiste que no habían pruebas para acreditar que él participó en el asesinato puesto que los testimonios de los hijos de Nadia no era suficientes pruebas.
Tres años después del asesinato, “El Matute” fue detenido y la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla ratificó el auto de formal prisión sustentándose en las declaraciones de los tres hijos de Nadia e insistió que no se podía minimizar estos testimonios.
Sin embargo, en febrero de 2010 ante un recurso de apelación por parte de la defensa “del Matute” y el Ministerio Público, los magistrados se retractaron de su criterio y ordenaron su inmediata libertad; argumentaron que por la edad los hijos de Nadia eran incapaces de diferenciar entre una “fantasía” y “un hecho real”. Con ello el proceso contra Isidro concluyó.
En el informe enviado a la CIDH, el Estado mexicano apoya la decisión de los magistrados: “las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, de los hijos de Nadia Alejandra Muciño Márquez, son insuficientes y no aptas para tener por acreditado el elemento núcleo del tipo penal de homicidio, ya que las mismas no se encuentran apoyadas en las periciales de necropsia, criminalística, ni con el acta médica.”
EL ESTADO “CUMPLIÓ CON LA INVESTIGACIÓN”
Asimismo, el Estado dice que es inadmisible el caso porque no presenta ninguna violación a los Derechos Humanos por la “falta de una investigación diligente”, por el contrario, asevera que se “recabaron todas las pruebas necesarias y se realizaron todas las diligencia periciales correspondientes”.
En su denuncia, la familia y la Comisión Mexicana indican que desde que la Procuraduría mexiquense recogió el cuerpo de Nadia omitió resguardar la escena del crimen y pruebas, tal es el caso, que cuando regresaron para ampliar la investigación notaron que alguien entró al inmueble sin vigilancia y quemó evidencias del feminicidio: ropa, objetos y la soga con la que presuntamente se suicidó Nadia.
Además no se tomaron pruebas de sangre que se encontraron en el lavadero de la casa y en la blusa que portaba la hija de Nadia de dos años de edad, porque “no eran suficientes” se excusó la PGJEM.
De estas omisiones en la indagación da cuenta la denuncia que interpuso la defensa de Nadia en 2009 contra los funcionarios de la PGJEM: Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández. De ello, no se tiene registro en el reporte del Estado.
En este sentido el gobierno mexicano indica que permitió participar a la familia durante el proceso de investigación, resalta que en junio de 2012 a petición de Antonia, la reconoció en su calidad de coadyuvante del caso con el fin que de aportará pruebas del feminicidio.
“Por lo tanto, el Estado considera que la petición debe ser declarada inadmisible por no existir violaciones a Derechos Humanos en el presente caso”, exige al final del documento.
Esta respuesta la tendrá que analizar la CIDH y pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, de acuerdo con el reglamento también podrá invitar a ambas partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia.
“EL ESTADO NOS DEJÓ EN LA INDEFENSIÓN”
Hoy, a un mes de que se dictó sentencia en contra de Bernardo, en conferencia de prensa Antonia Márquez y su hija Viviana Muciño, quienes han luchado por justicia para Nadia durante estos 13 años, señalaron que el Estado mexicano “las dejó en indefensión con una justicia a medias” que no fue “ni pronta ni expedita” y que tampoco garantizó la reparación del daño para los hijos de Nadia, dijo firme la madre de Nadia.
Antonia repasó los obstáculos que ha enfrentado en estos años y la vida que vivió Nadia con Bernardo previó a su asesinato: la privó de su libertad, vivió violencia familiar y económica.
La hermana de Nadia, Viviana, también recordó que estos procesos desgastantes son los que recorren las familias de víctimas de feminicidio en México por lo que hizo aún llamado a las familias de otras mujeres asesinadas a no desistir en su búsqueda de justicia “por ellas, aunque cueste 13 años”, concluyó.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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