Escrito por Arantza Díaz
Fuente: Jorge León / Cortesía Archivo Histórico del PRD para el Informe Final 2024 del Mecanismo por la Verdad
Ciudad
de México.- Luego de darse a conocer el Informe Final del Mecanismo
para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que evidencia la
violencia política y crímenes de Estado durante la Guerra Sucia en
México, también se da paso fundamental a visibilizar el papel de las
mujeres quienes también enfrentaron violaciones sistemáticas a Derechos
Humanos.
Dentro de este Informe Final del Mecanismo por la Verdad
«se profundiza en aquellas violencias y casos en contra de: movimientos
y organizaciones político-militares, comunidades campesinas y
afromexicanas, disidencias político-partidistas movimientos
urbano-populares, luchas contra el narcotráfico, así como personas y
grupos que se opusieron a proyectos de desarrollo.
En el tomo II
se documentaron las principales agresiones cometidas en contra de
mujeres e infancias bajo el lema del progresismo mexicano que, más allá
de apostar por el bienestar colectivo, ejerció un profundo ejercicio de
violencia con secuelas que, a la fecha, no han sanado.
De 1965 a
1990, el Estado mexicano cometió diferentes violaciones graves a los
derechos humanos bajo el escudo intencional de imponer mega proyectos y
combatir el sembradío de narcóticos, como resultado, se produjeron
fenómenos violentos como desplazamiento forzado, despojo de tierras,
represión, discriminación y desaparición forzada, circunstancias que se
recrudecieron con más violencia en contra de los pueblos indígenas
purhépecha, tsotsil, tseltal, chol, zoque y mixe.
El Estado
Mexicano se coordinó durante ese lapso de 30 años con diferentes cuerpos
de gobierno como la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de
la Reforma Agraria o la Secretaría de Recursos Hidráulicos para
amedrentar e imponer las obras públicas a costa de las resistencias de
las comunidades y de los movimientos ambientalistas, estudiantiles o
socioculturales de todo el país.
El músculo de la violencia era el
Ejército mexicano, que ejecutaba órdenes de control territorial,
ejecuciones extrajudiciales, intimidaciones y amenazas.
Estas
prácticas de represión sistémica se recargan en un profundo pensamiento
de colonialismo y correspondía a la orden capitalista de impulsar el
supuesto progreso y la producción que exigía la dinámica internacional.
La entrada de la guerra narcotráfico, el Ejército y criminalización
En
mayo de 1978 el Ejército mexicano se colgaba las medallas por sus
valerosas ofensivas en contra del narcotráfico, sin embargo, el panorama
terminaría por tornarse sombrío cuando dos activistas y abogados,
presentaran un informe que recapitulaba toda la violencia que habían
cometido los elementos de seguridad en su paso por las operaciones
antinarcóticos.
Los abogados, Carlos Morán, Norma Corona y Jesús
Jacobo recopilaron información sobre las detenciones arbitrarias y las
condiciones de las personas al interior del Centro de Readaptación
Social de Sinaloa; 8 de cada 10 personas que estaban ahí, eran
jornaleras y campesinas.
En el listado de tortura se encontraban
golpes en oídos para romper el tímpano, introducción de gasolina por la
nariz, toques eléctricos en órganos sexuales, introducción de la cabeza
en excusados con excremento, reclusión en espacios estrechos en
condiciones de calor y forzar al hombre a presenciar la tortura de
esposa, hijas e hijos.
En materia de mujeres, el informe
recuperaba abortos producidos por golpes, tortura sexual, traumatismos
psíquicos y ejecuciones extrajudiciales que, para el Ejército mexicano,
no eran novedosas. De hecho, 7 años antes de que los activistas
recuperaran estos datos, se presentó la Masacre de El Realito donde
asesinaron a:
- Linda Contreras Villa de 17 años
- Martha Rodríguez de 33 años
- Bertila Coronel Payán (embarazada de 7 meses), 35 años
- Hermelinda Contreras Villa de 15 años
- Griselda N. de 25 años
- Mujeres heridas de gravedad:
- Mireya Ramos de 18 años, herida por arma de fuego en rostro
- María Trinidad Páez de 23 años, herida por arma de fuego en la región dorsal
- Lilia Leyva Bárez de 19 años, herida de fuego en la región dorsal
- Silvia Contreras Villa (sin datos), herida por arma de fuego en la espalda
- Sinaloa en los años 80s
En
el marco de la implementación de la Fuerza de Tarea Cóndor, pobladores
de las zonas rurales de Sinaloa fueron víctimas de detención arbitraria,
tortura y desaparición forzada. Manuel de Jesús Elizalde, víctima
indirecta de este proceso, reconstruyó para el Mecanismo por la Verdad
cómo sucedieron los hechos en estas comunidades sinaloenses.
La
población de Badiraguato se encontraba en situación de extrema pobreza
cuando inició la siembra de amapola; el objetivo de las familias era
obtener algo de dinero para sostenerse, por supuesto, también
continuaron sembrando maíz y frijol. La necesidad de las familias
empujaba a buscar otras vías para sostenerse, hasta que el ejército
arribó; Manuel recuerda que eran personas armadas con palos y resorteras
en contra de elementos del ejército fuertemente armados.
«Las
redes comunitarias en su totalidad, padecieron violaciones graves a sus
derechos, hombres y mujeres de todas las edades que, sin haber cometido
delito alguno, también sufrieron detenciones arbitrarias, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y
violaciones contra niñas, niños y adolescentes, por el sólo hecho de
vivir en comunidades donde se cultivaban enervantes o tener algún
vínculo familiar o afectivo con quienes sí estaban involucrados en la
producción de enervantes»
Cuando se veían militares
en la zona, las mujeres tomaban a sus hijos y huían hacia los montes
para esconderse. Aquellas que se quedaban, eran víctimas de tortura
sexual y abuso multitudinaria entre los elementos castrenses.
Este
modus operandi en Sinaloa también se repitió en el poblado de San
Ignacio, donde las mujeres eran víctimas de abuso sexual por miembros
del Ejército y también, las obligaban a realizar trabajos forzados y
como parte de su resistencia, las adolescentes, niñas y mujeres
obedecían con la esperanza de que no hicieran daño a su familia. Les
preparaban comida y echaban tortillas; este mismo fenómeno se repitió en
Chihuahua.
Simojovel, Chiapas, mujeres ante los desplazamientos forzados
El
Estado arribó a la comunidad de Chanival y de forma violenta, inició un
proceso de desplazamiento forzado; querían despejar la comunidad y
llevar a las personas a migrar a Marqués de Comillas, pues el gobierno
construiría en esa zona la presa de Itzantún.
El Mecanismo refiere
que a las personas las llevaron por la fuerza a espacios de difícil
acceso donde era selva y no había, siquiera, caminos.
Algunas
mujeres se encontraban embarazadas al momento de este desalojo ilegal y
con el forcejeo con elementos del Ejército, algunas de ellas, perdieron a
sus bebés, dejando serios problemas físicos, psicológicos y emocionales
tras el aborto incidental.
Aunado a esto, son las mujeres y las
infancias quienes no gozaban en aquel entonces de un reconocimiento
pleno de sus derechos lo que imposibilitó un acceso a la justicia que
reparara los daños del Estado.
El derecho a la niñez que se violó
con mayor incidencia fue el acceso a la educación; sacaban a las
infancias de sus comunidades, las trasladaban a otros lugares y
prometían que construirían escuelas nuevas.
Tardaron años en
hacerlo y durante un periodo de tiempo muy largo, las adolescencias e
infancias indígenas fueron privadas de asistir a la escuela, como
consecuencia, el analfabetismo aumentó hasta un 50%.
Además de la
educación, los sistemas de salud eran aún más escuetos y no había
personal médico en estos «nuevos poblados» de víctimas de desplazamiento
forzado.
El informe recopila la historia de Leonila, una mujer
chinanteca en Oaxaca que perdió a sus dos hijos; al no haber médicos, su
bebé murió al interior del vientre y su otro hijo, un niño de 6 años
enfermó y murió sin la posibilidad de haber recibido ninguna clase de
valoración médica.
Maribel, otra mujer, narra que cuando tenía 7
años también enfermó a causa de la picadura de un animal que, para ella y
su comunidad era desconocido, «un bicho que hay allá».
Sin acceso
a servicios de salud, su papá la montó en un caballo y juntos viajaron a
otro poblado donde sí había médico; Maribel, siendo una niña, pudo
recibir atención y su caso expone la negligencia del Estado al trasladar
a comunidades enteras a territorios que les resultan desconocidos -en
flora, fauna y clima-, y además, sin acceso a servicios médicos.
Entre
las brechas de género también se presentó el fenómeno de la injusticia
agraria, pues durante el proceso de asignación de tierra, las mujeres no
fueron contempladas como ejidatarias, es decir, muchas de ellas, madres
autónomas y trabajadoras fueron expulsadas de sus hogares por la fuerza
y posteriormente, al momento de luchar por un nuevo terreno, el Estado
les negó la posibilidad de ostentar la titularidad.
Por otro
lado, las familias que sí fueron reubicadas a nuevas casas de lámina
sufrieron estragos importantes, pues el espacio era inhóspito; el frío
se colaba entre las láminas y en días de calor, la casa alcanzaba
temperaturas extremas. Aunado a esto, se aumentó la carga de trabajo de
las mujeres quienes se encargaban exclusivamente del trabajo de
cuidados, preparación de alimentos y limpieza.
Resultaba
imposible cocinar al interior de la casa, no había fuentes de agua
potable y dedicaban más tiempo a sus actividades de cuidado –
domésticas.
Chihuahua
En
Guadalupe y Calvo, al sur de Chihuahua se vivió el desplazamiento
forzado entre 1970 y 1980. Una de las sobrevivientes, narra el
Mecanismo, es Verónica quien junto a otras mujeres de la comunidad las
obligaban a trabajar a tiempo completo como cocineras; preparaban mucha
comida y cuando algún familia de estas cocineras hacía enojar a los
elementos, las mujeres eran golpeadas: ¡Les vamos a dar una friega!, repetían.
«Les
hacíamos comida a los militares, mucha comida, hacíamos para darles. En
una ocasión el teniente nos ordenaba que les teníamos que dar comida y
hacer la comida. Yo acababa de dar a luz a una niña, estaba en
cuarentena, así les hacía comida todos los días. Eran muchos militares.
La comida la hacíamos en las casas y ahí la dábamos». (Verónica,
sobreviviente)
En este mismo poblado chihuahuense se presentó una serie de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Una
familia, conformada por Manuel, Carmen y su hija, Luz fue detenida
arbitrariamente. El hombre fue llevado por agentes federales y Carmen
junto a su hija regresaron a casa, sin embargo, poco después elementos
ingresaron a la propiedad donde las violentaron verbalmente. A causa del
shock y del temor, la señora Carmen que en ese momento se encontraba
embarazada, terminó por perder a su segunda hija.
Impacto diferenciado: Tortura y aborto incidental
A
manera de reivindicar el papel de las mujeres que no sólo fueron
acompañantes de estos fenómenos de represión, es necesario apuntar a que
las mujeres también estuvieron al frente de las familias que cultivaban
enervantes; fueron parte activa contra la lucha sistémica y la
organización por resistir.
El rol de género es palpable en este
mapeo general y el machismo de las fuerzas armadas queda expuesto en los
testimonios recopilados por el mecanismo; mientras los hombres se
escondían para no ser detenidos -y a quienes detenían les ponían ropa de
mujeres y los forzaban a besarse los unos a los otros-, muchas mujeres y
adultas mayores se quedaban en el pueblo a pesar del peligro a la
violencia sexual que ello representaba.
El objetivo era claro:
apaciguar a las fuerzas armadas. Les ofrecían tortillas recién hechas :
«se ponían en chinga a darles para que no lastimaran a sus maridos o
hermanos», dice uno de los testimonios.
Pero como el cuerpo –
territorio de la mujer también es botín de guerra para el control, se
documenta la desaparición de mujeres con el objetivo de amedrentar a las
comunidades; los elementos se las llevaban para dar mensajes
específicos sobre el control de sus tierras.
Asimismo, como se ha
advertido, la violencia obstétrica fue una constante. Carmen Buelna,
una de las mujeres sobrevivientes refiere para el Mecanismo que, a pesar
de estar embarazada de 8 meses, recibió toques eléctricos en la PJF de
Culiacán en el 78. Posteriormente, los agentes llevaron a su hija y
comenzaron a torturarla enfrente de Carmen; a causa de las lesiones y el
estado de crisis, la mujer perdió a su bebé poco después.
En
estas mismas instalaciones de la Policía Judicial Federal, una mujer
rarámuri identificada como Alejandrina también fue golpeada en el
estómago en reiteradas ocasiones a pesar de haberles pedido a los
agentes que se detuvieran, pues estaba embarazada.
El Mecanismo
sostiene que los elementos de seguridad parecieron ensañarse
particularmente con las mujeres embarazadas y practicaban modos de
tortura para forzarlas a abortar. Rita Villa López, otra de las mujeres
sobrevivientes, sostiene que fue detenida y torturada; la mujer les
explicó que estaba embarazada y que «por piedad» la liberaran, sin
embargo, un agente la acostó boca arriba, se subió en su vientre y
comenzó a saltarle encima. El aborto fue inmediato.
Pero, ¿por
qué estas mujeres eran agredidas de forma tan cruenta? El Mecanismo
refiere que muchas veces bastaba con que pertenecieran a alguna
comunidad y bajo un discriminatorio «perfilamiento racial«,
eran detenidas arbitrariamente y torturadas para que hablaran sobre la
siembra de droga; muchas de ellas, no tenían conocimiento de ello.
Paralelamente, se tiene registro de otros elementos de seguridad que
simplemente robaban pertenencias y desalojaban los hogares de las
familias; robaban lo que se encontraban a su paso.
Febronia
Acosta Pérez, una mujer de la tercera edad fue torturada por soldados
que le exigían que les diera todo lo que poseía. La adulta mayor fue
sometida a ahogamiento y sólo refería que no tenía nada de valor.
«Y
ya que no sacaron nada, entonces me metieron a un charco y con las dos
manos me aplastaban la cabeza pa ahogarme. Yo me hacía pa’cá y pa’llá
hasta. que me desbalagaba. Y decían: ‘ay, esta viejilla tan valerosa que no nos quiere dar lo que tiene ni aunque la estemos matando’ …Y me volvían a sambutir»
El
Mecanismo refiere que no sólo el Ejército cometía estos delitos, sino
también, la fuerza policiaca. Estos cometidos se lograban a través de
dos circunstancias propiciadas:
- Detener a parejas en lugares
solitarios con fines de extorsión y que posteriormente, derivaban en la
violencia sexual de la mujer.
- Fabricar delitos a mujeres para
detenerlas arbitrariamente y una vez en los separos, se propiciaba el
espacio de vulnerabilidad; una vez privadas de su libertad, eran
abusadas y violentadas.
Esto último, con mayor incidencia
en zonas conurbadas, en esta línea, se tiene el registro de una mesera
abusada por 8 elementos de la Academia de Policía o las obreras, Roberta
Moncada y Martha, quienes al salir de su jornada laboral fueron
atacadas; Martha logró escapar y pidió ayuda a dos policías, Rodrigo
Flores y Álvaro Álvarez, quienes le pidieron subir a la patrulla para
ayudar a su amiga Roberta. Una vez adentro, fue víctima de violación.
Esto
evidencia que las y los trabajadores urbanos – rurales, siempre han
sido objetos de una violencia sistémica coludida por el Estado mismo que
se articula con sus fuerzas armadas para abusar, torturar, desaparecer,
ejecutar y amedrentar desde la criminalización y el punitivismo. La
única regla en este panorama es focalizar esta violencia sobre los
cuerpos de las mujeres, las niñas, niños, personas racializadas,
migrantes y de comunidades indígenas.
Te compartimos la nota informativa del volumen 1 del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico:
Indígenas, afromexicanas y campesinas: Los crímenes cometidos por el Ejército
