“No vemos acciones que vayan encaminadas a darles solución”, afirmó Raczynska; y además consideró que la impunidad en México no permite avances a favor de las personas.
Anayeli García Martínez | Cimac
Durante 2010, la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH) y las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, fueron pasos importantes, sin embargo, la violencia contra las mujeres, la militarización de la seguridad pública y la impunidad auguran un panorama poco alentador para el siguiente año.
En entrevista con Cimacnoticias, Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), dijo que en un hecho preocupante, este año estuvo marcado por la ausencia de una agenda de DH y por las constantes agresiones contra activistas y trabajadores de los medios de comunicación.
Las dos sentencias que en octubre pasado emitió la CoIDH por la violencia sexual ejercida contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de DH, son una oportunidad para trabajar en estos temas, afirmó Raczynska.
En opinión de la secretaria ejecutiva de la Red TDT, conformada por 70 organizaciones en 23 estados del país, las sentencias de la CoIDH dieron la razón a las y los luchadores sociales, quienes en reiteradas ocasiones señalaron la responsabilidad del Estado en casos de violaciones a DH perpetrados por el Ejército.
Los casos de Inés y Valentina, quienes fueron violadas sexualmente por soldados en 2002, fueron resueltos por el máximo tribunal de Latinoamérica, quien condenó al Estado mexicano al encontrarlo responsable de violar la dignidad, la integridad personal y las garantías judiciales de una debida investigación en los casos de ambas mujeres.
Aunque en diciembre de 2009, la CoIDH ya había hecho públicas dos sentencias condenatorias, una por el feminicidio de tres de ocho mujeres ocurrido en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como “Campo Algodonero”; y la otra por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco en 1974, no se ve que éstas se estén cumpliendo.
“No vemos acciones que vayan encaminadas a darles solución”, afirmó Raczynska; y además consideró que la impunidad en México no permite avances a favor de las personas, pues dijo: “la nula política, la falta de investigaciones y la negación de las autoridades, son causa de la ausencia de una agenda de DH”.
Explicó que en reiteradas ocasiones, los organismos no gubernamentales que promueven y defienden los DH, han señalado que los casos que llegan al sistema interamericano son de especial interés público, sin embargo hay muchos otros que no llegan a instancias internacionales y que también deben ser atendidos.
Así por ejemplo, mencionó, el hostigamiento y las amenazas a defensores de DH y comunicadores; mencionó: “los casos que han recibido sentencia reflejan los obstáculos del sistema de justicia en México, pero me parece que este año hay que poner un acento especial en el hostigamiento contra defensores y periodistas”.
Información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), destaca los casos que en este año han constituido actos en contra de los DH de las personas, como el asesinato de la defensora, Josefina Reyes en Chihuahua el 3 de enero de 2010.
O bien, el hostigamiento que desde febrero de este año han vivido las activistas Silvia Vázquez y Blanca Mesina, quienes desde el 2 de marzo cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de DH; y desde el cuatro de junio con las mismas medidas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la actualización de su Informe sobre la situación de las y los defensores de DH en México, la OACNUDH también cita las amenazas contra las luchadoras sociales Emilia González Tercero, Alicia Salaíz Orrantia, Luz Estela Castro, Obtilia Eugenio Manuel y su hermana Andrea Eugenio Manuel y Mercedes Murillo.
En este 2010, indica esta oficina de Naciones Unidas, las agresiones a la comunidad triqui del Municipio Autónomo de San Juan Copala en Oaxaca, fueron actos violentos que cobraron la vida, entre otros, de los defensores Beatriz Cariño Trujillo y Jyry Jakkola.
Por tal razón, con Agniezka Raczynska, apuntó que hay un panorama poco alentador para empezar el 2011; aunque –precisó– la reforma constitucional en materia de DH, que el 15 de diciembre fue aprobada por la Cámara de Diputados servirá para hacer frente a los próximos retos.
“Es un avance importante. Es una reforma esperada desde hace mucho, sin embargo, lo que ahora toca es la implementación, es ahí donde se encuentran muchos obstáculos. Sabemos que falta un largo tiempo para que lo que está en el papel se haga realidad”.
Por último, la representante de la Red TDT dijo que hace falta que el gobierno federal y estatal, mantenga una interlocución con la sociedad civil para que pueda diseñar estrategias y políticas públicas que incluyan los derechos humanos.
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