Amenazas para todo aquel que se atreva a exigir justicia
De la redacción
México, DF, 30 dic. 10 (CIMAC).- Por segunda vez en este mes, las autoridades impidieron que organizaciones de mujeres se manifestaran de manera pacífica para exigir fin a la impunidad y al feminicidio, mientras que Carlos González, vocero de la fiscalía de Chihuahua, admitió que no se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de la activista Marisela Escobedo.
En un comunicado de prensa, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, denunció que el Gobierno local y federal impidieron y reprimieron manifestaciones pacíficas, y que al no brindar las garantías mínimas de protección a las y los familiares de Marisela Escobedo, éstos se vieron obligados a salir del país. Exigieron garantías efectivas de protección para las y los defensores de Derechos Humanos (DH), que se organizan en más de 20 asociaciones civiles en Chihuahua y Ciudad Juárez, así como a las y los familiares de las víctimas, y el respeto irrestricto del “derecho de libre manifestación”. Detallaron que el pasado 24 de diciembre, fueron retiradas más de mil veladoras que habitantes de Chihuahua, colocaron a las afueras del Palacio de Gobierno, lugar donde fue asesinada Escobedo.
El 28 de diciembre, el gobierno de Chihuahua colocó elementos de la Policía Estatal fuertemente armados en lugar de las veladoras que la ciudadanía había vuelto a llevar, tratando de impedir que las manifestantes se acerquen. La organización afirmó que algunas de las personas presentes se cuestionaron por qué “no estuvieron esos policías para proteger a Marisela el 16 de diciembre, cuando fue asesinada”.
Entre los actos de represión de los que ha sido objeto la ciudadanía que se ha manifestado por el asesinato de la activista, la Red incluye la represión de que fueron víctimas las mujeres que se manifestaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre en la ciudad de México, identificadas claramente como “amenazas para todo aquel que se atreva a exigir justicia”. “Reprimir la exigencia pacífica de justicia por parte de la ciudadanía, reactiva los hechos por los cuales México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisaron.
INVESTIGACIÓN SIN AVANCES
Hoy en entrevista con W Radio, el vocero de la fiscalía de Chihuahua, Carlos González, informó que hasta hoy no se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de Marisela Escobedo. Señaló que la dependencia solicitó apoyo a la Procuraduría del Estado, y a la Interpol México para detener a Sergio Barraza, el principal sospechoso de la muerte de la activista Marisela y asesino confeso de Rubí la hija de ésta, así como de otra persona sospechosa. Respecto a la calidad migratoria que tiene la familia de la activista, quienes salieron del país por las agresiones y hostigamiento del que estaban siendo objeto, el funcionario no pudo precisar cuál es.
México, DF, 30 dic. 10 (CIMAC).- Por segunda vez en este mes, las autoridades impidieron que organizaciones de mujeres se manifestaran de manera pacífica para exigir fin a la impunidad y al feminicidio, mientras que Carlos González, vocero de la fiscalía de Chihuahua, admitió que no se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de la activista Marisela Escobedo.
En un comunicado de prensa, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, denunció que el Gobierno local y federal impidieron y reprimieron manifestaciones pacíficas, y que al no brindar las garantías mínimas de protección a las y los familiares de Marisela Escobedo, éstos se vieron obligados a salir del país. Exigieron garantías efectivas de protección para las y los defensores de Derechos Humanos (DH), que se organizan en más de 20 asociaciones civiles en Chihuahua y Ciudad Juárez, así como a las y los familiares de las víctimas, y el respeto irrestricto del “derecho de libre manifestación”. Detallaron que el pasado 24 de diciembre, fueron retiradas más de mil veladoras que habitantes de Chihuahua, colocaron a las afueras del Palacio de Gobierno, lugar donde fue asesinada Escobedo.
El 28 de diciembre, el gobierno de Chihuahua colocó elementos de la Policía Estatal fuertemente armados en lugar de las veladoras que la ciudadanía había vuelto a llevar, tratando de impedir que las manifestantes se acerquen. La organización afirmó que algunas de las personas presentes se cuestionaron por qué “no estuvieron esos policías para proteger a Marisela el 16 de diciembre, cuando fue asesinada”.
Entre los actos de represión de los que ha sido objeto la ciudadanía que se ha manifestado por el asesinato de la activista, la Red incluye la represión de que fueron víctimas las mujeres que se manifestaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre en la ciudad de México, identificadas claramente como “amenazas para todo aquel que se atreva a exigir justicia”. “Reprimir la exigencia pacífica de justicia por parte de la ciudadanía, reactiva los hechos por los cuales México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisaron.
INVESTIGACIÓN SIN AVANCES
Hoy en entrevista con W Radio, el vocero de la fiscalía de Chihuahua, Carlos González, informó que hasta hoy no se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de Marisela Escobedo. Señaló que la dependencia solicitó apoyo a la Procuraduría del Estado, y a la Interpol México para detener a Sergio Barraza, el principal sospechoso de la muerte de la activista Marisela y asesino confeso de Rubí la hija de ésta, así como de otra persona sospechosa. Respecto a la calidad migratoria que tiene la familia de la activista, quienes salieron del país por las agresiones y hostigamiento del que estaban siendo objeto, el funcionario no pudo precisar cuál es.
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