Punto de acuerdo para demandar políticas de seguridad
De la redacción
México, DF, 30 dic. 10 (CIMAC).- Ante el aumento de agresiones contra defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH), en México, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitaron al Ejecutivo asegure las condiciones de seguridad para ellas y ellos.
Información difundida por la Cámara de Diputados, señala que el diputado priísta, Noé Fernando Garza Flores, presentó un punto de acuerdo en el que asegura que la inseguridad se ha convertido en el principal problema para la sociedad, y en particular para la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Dichas agrupaciones, han jugado un papel fundamental en el país por su trabajo en la defensa de los DH de las mujeres, de la infancia, de y las poblaciones indígenas, así como de la democracia en sí misma.
Es necesario, dijo, que las OSC tanto nacionales como internacionales, puedan ejercer plenamente la promoción, difusión y defensa de las garantías individuales en total seguridad y libertad.
En el punto de acuerdo que analiza la Comisión de Seguridad Pública, señala muchas OSC han sido obligadas a restringir sus actividades “afectando a miles de personas que viven bajo niveles de extrema pobreza, pues no sólo es la delincuencia organizada quien agrede y amenaza, sino agentes estatales, policías ministeriales y militares”, destacó el diputado.
Garza Flores sostuvo que debido a la inseguridad se han suspendido diversas actividades sociales gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades fronterizas de Chihuahua y Tamaulipas, donde han adoptado protocolos de seguridad en previsión de agresiones.
De acuerdo con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de los activistas, por lo que la ausencia de un enfoque de DH en el diseño e implantación de algunas políticas de seguridad, puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor.
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