Violencia contra la niñez y la adolescencia en México (II)

Miguel Concha

En mi colaboración anterior ofrecí ocuparme en una segunda entrega las deficiencias legales y las recomendaciones que propone la Red por los Derechos de la Infancia en México en su informe La Infancia cuenta en México 2010, para proteger debidamente los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Para lograrlo, en el ensayo denominado La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales se señalan al final temas pendientes para una agenda nacional en materia legislativa, institucional y de política pública.

A continuación expongo algunos de ellos. Conferir a los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario el mismo rango que la Constitución. Lo que significaría que la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados relativos tengan un impacto real en el sistema de justicia mexicano. Legislar a nivel federal y estatal sobre la prohibición del castigo corporal y tratos humillantes contra la niñez y la adolescencia en cualquier espacio donde se encuentren (familia, escuela, centros residenciales, etcétera). Crear un mecanismo permanente de evaluación y monitoreo de la violencia contra niños y niñas en esos espacios. Contar con un Sistema Integral de Protección de los Derechos de la Infancia, en el que los programas de apoyo social tengan como ejes la no discriminación, la participación, el desarrollo y el interés superior de niños y niñas. Aún cuando se percibe al DIF como el encargado de la infancia, en los hechos carece del marco legislativo, recursos y diseño adecuados para la garantía de los derechos de la niñez. Visibilizar que la violencia contra los niños y las niñas de la primera infancia es más común de lo que la sociedad mexicana está dispuesta a reconocer. Por lo que es necesario desarrollar también una política pública focalizada para la creación de entornos seguros para ellos, impulsando la gestión de riesgos en las redes familiares, comunitarias y educativas. En materia de espacios residenciales, se insiste en que la ausencia de normatividad homologada y supervisada permite la violación de sus derechos; y en que, al privarlos de su libertad y del derecho a vivir en familia, y mantenerlos por largos años en esas instituciones, argumentado la pobreza de sus comunidades, se provoca que éstas criminalicen la pobreza. Que se garantice que cuando no sea posible que los niños y las niñas permanezcan en su familia, y/o ésta no esté en situación de cuidarlos, el Estado intervenga para asegurar el interés superior del niño, buscando que la separación sea temporal y con tratamiento profesional para las familias en cuestión. Las observaciones finales a México del Comité de los Derechos del Niño en 2006, así como las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, recomiendan que, mediante reglamentos, programas y revisiones periódicas de las instituciones donde se encuentren, se garantice los derechos de las niñas y niños privados de su entorno familiar.

Tema éste aún pendiente de generalización en todo el país. Es urgente que los DIF federal y estatal rindan informes públicos sobre el número, lugar y situación de los niños y niñas en albergues temporales y agencias especializadas. Y que den cuenta de los protocolos y procedimientos que emplean para su canalización, así como para la supervisión de esos espacios residenciales. La ausencia de responsabilidad financiera y supervisión de las instituciones privadas que atienden a la infancia, crea un gran vacío que ha sido aprovechado por grupos que pueden tener perspectivas alejadas de la protección de los derechos de los niños y niñas, incluso con intenciones delictivas. Para garantizar un cambio significativo en las condiciones de vida de los niños y niñas en México, es necesario que a todo nivel las autoridades establezcan mecanismos de planeación, ejecución y supervisión de las políticas públicas dirigidas a la infancia, que incluyan la participación real de las organizaciones de la sociedad, así como de las mismas niñas y niños. En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, que emprendió la presente administración, es necesario exigir al Estado mexicano la entrega de información detallada sobre el número de niños y niñas que han sido asesinados, heridos o detenidos en este periodo. Y exigir a las autoridades encargadas de esa lucha que dejen de criminalizar y estigmatizar a las y los adolescentes presuntamente vinculados con el crimen organizado, pues con ello se impide la investigación imparcial de los hechos.

Es además urgente avanzar en la construcción del Sistema de Justicia Especializado para adolescentes en conflicto con la ley, con instituciones, jueces y tratamientos diferenciados del sistema adulto, así como reconocer y atender la condición de vulneración de sus derechos, que los lleva a infringir la ley. Se debe exigir también que se esclarezcan plenamente los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, sometiendo a la justicia a sus autores y cómplices, castigando a los responsables, e indemnizando a las familias que han perdido a sus hijos. Es igualmente urgente que el Estado Mexicano defina acciones preventivas para frenar el asesinato y daños en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad. Y que se prohíba que el personal militar y policial participe en cualquier acción que viole los derechos humanos, independientemente de la orden que se dicte en ese sentido.