OSC en Chihuahua luego del asesinato de Marisela Escobedo
De la redacción
México, DF 28 dic. 10 (CIMAC).- Ante el clima de violencia que priva en Chihuahua contra las mujeres, organizaciones de la sociedad civil (OSC), solicitaron una reunión urgente con Felipe Calderón, el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y el Fiscal, Óscar Salas.
En un comunicado, las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), de Chihuahua, solicitaron el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, así como de la ciudadanía en general para exigir al Estado mexicano asuma su responsabilidad en los asesinatos de mujeres en la entidad en particular de los casos de Marisela Escobedo, y su hija Rubí Frayre Escobedo.
Escobedo Ortiz fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua, el 16 de diciembre. Ahí se había instalado en un plantón, para exigir cárcel para el asesino confeso de su hija Sergio Barraza Bocanegra, liberado en abril de 2010.
En el documento, las organizaciones detallan la información derivada del acompañamiento que realizaron a Marisela Escobedo, en su búsqueda de justicia, y solicitan a la ciudadanía en general que llame, envíe correos electrónicos o mensajes vía twitter, solicitando a las autoridades una reunión para revisar los resultados del trabajo de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubí y reanudar los trabajos de la misma.
Recordaron que el 30 de abril de 2010, cuando fue absuelto el asesino confeso de Rubí, Barraza Bocanegra, ante la presión de la propia Marisela por el fallo, el entonces gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza ordenó la creación de dicha Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubí.
Dicha Comisión estaba integrada por: la Secretaría General de Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Procuraduría de Justicia, la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, el Congreso del Estado, la Defensoría Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mesa de Mujeres de Juárez; las representantes del CEDEHM y de Justicia para Nuestras Hijas, a estas dos últimas pertenecía Marisela, y fueron representantes legales de la víctima.
El texto de las organizaciones precisa que en dicha Comisión se documentaron las omisiones y negligencias de funcionarios públicos y jueces tales como: “la negativa a recibir la denuncia de Marisela por la desaparición de su hija; la omisión en la aplicación del protocolo Alba, que obliga a la coordinación de instituciones y corporaciones policíacas federales, estatales y municipales ante la desaparición de una mujer en Ciudad Juárez”.
“El retraso injustificado de más de 40 días para buscar los restos de Rubí en el lugar donde se les había señalado; entre otras muchísimas irregularidades”, afirman.
Y agregan que dichas observaciones se fundamentaron en la revisión jurídica del expediente, además de que se elaboraron recomendaciones concretas para los tres poderes del Estado y para la federación que sin embargo, “hasta ahora han sido desestimadas”.
Así el 20 de mayo de 2010, se realizó un nuevo juicio, esta vez, ante un tribunal de casación, integrado por los magistrados José Alberto Vásquez, Flor Mireya Aguilar y Roberto Siqueiros Granados, en donde participaron como coadyuvantes Marisela Escobedo y Luz Estela Castro.
El Tribunal de Casación anuló la sentencia absolutoria, emitió una sentencia contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra, condenándolo a 50 años de prisión, y giró una orden de aprehensión.
La Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado de Chihuahua tuvieron más de 200 días, hasta el día en que Marisela fue asesinada, para detener al asesino de Rubi.
La misma Marisela constató, cuando acudió a las representaciones de la PGR en diversos estados, así como a las procuradurías locales, que nadie estaba buscando al asesino de su hija y que no había acuerdos de cooperación.
En este contexto, las organizaciones también solicitan implementar de inmediato medidas de protección y garantías para las defensoras de Derechos Humanos (DH) de Chihuahua, en especial para las integrantes de Justicia para Nuestras Hijas y el CEDEHM.
También exigieron que se cumplan las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el caso “Campo Algodonero”, y se realice una consulta entre la ciudadanía y organizaciones de DH, sobre las iniciativas para reformar el sistema penal de la entidad.
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